Fallo Completo STJ

Por lo tanto, en caso de confirmarse la versión de la actora, claramente resultará aplicable la normativa consumeril (arts. 1, 2 y 3 Ley 24.240, en adelante LDC; y art. 1092 CCyC). Pues la firma demandada resulta prestadora de un servicio (transporte terrestre de personas/pasajeros) y la actora –según su afirmación- fue usuaria de dicho servicio como destinataria final en beneficio propio.

Además, dentro de ese marco genérico o noción más amplia que implica tal relación de consumo, se configuraría en el caso de autos un contrato de consumo (art. 1093 CCyC).

Por todo ello, la accionante quedaría amparada por el microsistema protectorio -de orden público- que se establece a partir de los artículos 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 30 de la Constitución Provincial, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, ley 24.240 y el Código Civil y Comercial (vgr. arts. 1, 2, 7, 11, 1092, sigs. y ccds.).

La activación del estatuto de defensa del consumidor mediante la detección de la relación de consumo eleva el umbral protectorio y califica la relación jurídica en su misma naturaleza y con una jerarquía superior a cualquier subsistema legal de derecho común.

De ese modo, aun cuando la relación subyacente discutida en este proceso resulta encuadrable en el tipo especial del contrato de transporte (art. 1280 y sigs. CCyC), no varía su primaria caracterización como relación y contrato de consumo.

Por ende, a los fines de la solución judicial de la contienda, las normas relativas al contrato de transporte (de consumo) coexistirán con la centralidad y prevalencia del régimen tuitivo de consumidores y usuarios.

5.2.- El deber de conducir al viajero sano y salvo hace a la esencia del contrato de transporte.

Tal deber de indemnidad y -en su caso- la consiguiente responsabilidad del transportista, además de tener como fuente el propio contrato, tiene sustento en el art. 42 de la Constitución Nacional y en los arts. 5 y 40 de la ley 24.240.

Según lo previsto en el art. 5 de la LDC, "Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios."

Mientras que en el art. 40 de la misma ley, se dispone: "Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena."

Tales normas ponen en cabeza del proveedor una obligación de seguridad de resultado, como consecuencia de la cual cualquier daño sufrido por el consumidor en el ámbito de la relación de consumo compromete su responsabilidad objetiva.

De allí que, como el objeto de esa obligación consiste, justamente, en una garantía de indemnidad, su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de producir ninguna otra prueba adicional. En otros términos, no es necesario que el damnificado demuestre el contacto material con la cosa viciosa o riesgosa. Si acredita que el perjuicio se produjo durante la relación de consumo, será el proveedor quien deberá acreditar la causa ajena (esto es, la ruptura del nexo causal).

Por otro lado, la responsabilidad objetiva del transportista por daños a las personas transportadas resulta de lo previsto en el art. 1286 del CCyC, que remite a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1757 y sigs. del mismo código (daño causado por el riesgo o vicio de las cosas).

Además, en el CCyC está expresamente regulada su obligación de garantizar la seguridad del pasajero (art. 1289 inc. c), como así también la de responder por los siniestros que afecten a su persona (art. 1291).

De ese modo, frente al caso concreto y a partir de la integración de las normas referidas -las propias del régimen protectorio de consumidores y usuarios y las relativas al contrato típico de transporte regulado en CCyC-, se debe comenzar por analizar si se dan los requisitos necesarios para que funcionen las presunciones de responsabilidad objetiva del transportista.

Ello implicará inicialmente, dada la negativa realizada por las accionadas, la prueba de la propia relación/contrato de consumo (transporte). Y de ello podrá derivarse la demostración de la calidad de pasajera de la actora.

Y además de tales cargas, la damnificada deberá probar los daños invocados y que los mismos han sido experimentados mientras era transportada, o sea, la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño (cfr. arts. 1734 y 1736 del CCyC. y art. 377 del CPCC).

Efectivamente, se aprecia que el auxiliar ilustró su pericia con tres imágenes (fotografías), que claramente refieren a distintos momentos de evolución de la quemadura: “antes de las ampollas”; “Aparición de ampollas” y “Secuela”. Siendo esta última la que refleja el estado de la lesión a la fecha del examen pericial.

De la misma puede observarse que, más allá de la objetivación de la cicatriz, es decir de su misma existencia y características visibles de localización, tamaño y color (pigmentación aumentada), ha curado y evolucionado favorablemente. Así, por ejemplo, no resulta del dictamen que el experto haya constatado alteraciones de la sensibilidad cutánea (vgr. picazón, entumecimiento, hormigueo), e incluso descartó expresamente signos o síntomas de dolor (respuesta al punto pericial 2). Además, afirmó que las secuelas no ameritan más tratamiento (respuesta al punto pericial 10).

De ese modo, la determinación y gradación de la incapacidad que efectúa el perito no lo es considerando en concreto el aspecto funcional, que denote una efectiva disminución de aptitudes físicas, sino valiéndose -como pauta orientadora- del baremo para el fuero civil de Altube-Rinaldi, cuya fórmula valora exclusivamente tamaño y características de una cicatriz.

Si bien el dictamen pericial no es vinculante para el juez, tratándose de la especialidad médica (ajena al saber de aquél) y especialmente en lo relativo a la constatación de lesiones y/o patologías y su calificación diagnóstica, para apartarse de las conclusiones del mismo deben mediar razones muy fundadas para hacerlo.

Pero ello no aplica, con igual alcance, a lo referente a relación causal y/o bien a la determinación de la incapacidad (extensión del daño), que involucra –además de las connotaciones propiamente médicas- aspectos jurídicos. En esa dirección, doctrina y jurisprudencia reiterada señalan que la valoración de la incapacidad es en definitiva una decisión que compete a los jueces.

De tal forma, aunque el citado baremo utilizado por el perito (Altube-Rinaldi) contempla cierto porcentual incapacitante para cicatrices de determinadas características, sobre ello tiene preeminencia el criterio doctrinario y jurisprudencial que sugiere que carecen de entidad para graduar una incapacidad permanente cuando no afectan la productividad laboral de la damnificada, es decir, en la medida que no generan disfunción para el trabajo, ni la colocan en una situación de inferioridad (como por ejemplo podría ocurrirle a una modelo), ni repercute en sus posibilidades económicas presentes o futuras (vgr. fallo de Cámara de Apelaciones local en autos “ALARCÓN…c/ COFRÉ…” Expte. 3838-SC-19, Sentencia de fecha 17/12/2019). Siendo esta la situación del caso, en tanto de la pericia y las demás pruebas no se desprende lo contrario.

Además, importa precisar que tal multa puede ser aplicada para sancionar ilícitos anteriores, concomitantes o posteriores al daño resarcible (especulación previa, omisión de controles elementales, ocultamiento de información o encubrimiento luego del hecho, entre otros supuestos).