Sumarios Jurisdiccionales

Corresponde al Juez de Garantías designado la solución del pedido de sobreseimiento formulado, en tanto se advierte que no existe ninguna de las cuestiones planteadas por el Juez de garantías, en ningún momento se está violentado el principio constitucional del juez natural, toda vez que su designación fue establecida bajo las facultades que ejerce la Oficina Judicial. Tampoco existe una “etapa” precluida cuando no existió la audiencia de control de acusación en contra de los imputados según las constancias del legajo electrónico. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)

Fallo

TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN

Corresponde dejar en claro es que conceptualmente y en sentido jurídico “el aborto consiste en la muerte del feto mediante su destrucción en el seno materno o por su expulsión prematuramente provocada” (Grisetti Romero Villanueva, Código Penal Comentado, Parte Especial T. I. art. 85). Ergo, asiste razón a la fiscalía cuando sostiene que el aborto en el derecho penal contempla los procesos interruptivos del embarazo como el de marras y resulta indistinta la clasificación técnica y la denominación que se realicen en otros ámbitos y en otras disciplinas con base en criterios de gestación o mecanismos interruptivos de la gestación. Lo contrario, como también lo expresó la fiscalía, llevaría a sostener el absurdo de que las interrupciones ilegales de los embarazos previstas en los arts. 85 a 88 del Código Penal, pasadas las 22 semanas de gestación, no resultarían alcanzados por la norma penal. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Fallo

TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN

La descripción de la conducta reprochada al imputado debe tener el mayor grado de determinación posible que se haya podido alcanzar sobre el lugar y tiempo en que se hayan producido los hechos acreditados y, también, la intervención concreta que en ellos hubieren tenido las personas contra las que hayan sido dirigidas las acciones ejercitadas; siempre dentro del marco fáctico incluido por las acusaciones en sus conclusiones definitivas, del que el relato no podrá exceder, a riesgo de incidir en el derecho de defensa de la parte. (voto del Dr. Carlos Mohamed Mussi en minoría)

Fallo

TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN

En la norma del artículo 86 del Código Penal como de la Ley 4796, no hay ninguna regla de la proporcionalidad, es decir alguna restricción al derecho de la mujer de acceder al aborto no punible. En este caso no existe ningún límite para la realización del aborto, de tal modo una “guía” –como norma- no puede ser una legislación superior a la ley federal (Código Penal). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella por la mayoría)

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TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN

Asiste razón a la acusadora cuando sostiene que el recaudo de “médico diplomado” previsto por la ley es en favor de la mujer, por lo cual mal podrían utilizarse como excusa para denegarle los derechos que la Constitución, en orden al principio de reserva, le reconoce a las personas gestantes en el ámbito de su libertad. (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Fallo

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La violencia de género y violencia obstétrica integraban el hecho de la acusación, la acción del imputado tuvo como consecuencia la pérdida de la autonomía y capacidad de decidir libremente por parte de la joven mujer violada cuando una ley le daba derechos a esa práctica médica en el sector de la salud pública. Eso protegen las citadas leyes; la 26.485 que habla de violencia obstétrica cuando la ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales (artículo 6to, inciso e), y 25.929, por la cual toda mujer en relación con el embarazo tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella por la mayoría)

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La adecuada interpretación de las guías deben contemplar que las mismas no tienen entidad jurídica para limitar, vía administrativa, derechos consagrados ni puede erigirse en barreras para la adecuada atención sanitaria. Por el contrario son guías de actuación cuyo fin es el remover barreras al acceso a la salud y obligan al acompañamiento del proceso abortivo poniendo máxima atención el respeto a la autonomía, voluntad y dignidad de las personas gestantes y para garantizar el acceso al aborto reconocido por el plexo constitucional y legal (art. 19 CN, art. 86 inc. 2 CP y art. 1 y 3 de la ley 4796). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

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Para la resolución de este caso es de aplicación la perspectiva de género. Este estándar implica ese abordaje al verificarse una situación de violencia de un hombre contra una mujer, donde las juezas y jueces debemos resolver “como criterio de interpretación de la normativa aplicable, de los hechos y de las pruebas del caso, parte de la consideración de la situación de discriminación en que se hallan las mujeres y ha sido concebida por un sistema normativo que obliga a la adopción de políticas públicas a las que el Poder Judicial no es ajeno (“Carus-STJ-2018, “Varela-STJ2016” y “Cortés-STJ-2017”). (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella por la mayoría)

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La ley 4796 tiene por objeto regular el procedimiento a llevar a cabo por el personal de salud de los establecimientos asistenciales públicos, privados y de obras sociales, del sistema de salud de la Provincia de Río Negro, respecto de la atención de abortos no punibles contemplado por los incisos 1° y 2° del Artículo 86 del Código Penal, y su finalidad es garantizar la salud integral de las mujeres, entendida como el completo bienestar físico, psíquico y social. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella por la mayoría)

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El Ministerio de Salud ha establecido que “cualquier imposición de exigencias adicionales tales como autorización de más de un profesional de la salud, revisión o autorización de auditores, comités de ética, jueces u operadores jurídicos, peritos y listas de espera y demás tramite que puedan representar una caga para la mujeres, representa una violación del derecho de la mujer a acceder al aborto en los casos permitidos por la ley y el ejercicio de la violencia reproductiva y obstétrica en los términos de los definido por el art. 6 inc. d y e de la ley 26.485” (Guia 2010). (voto de la Dra. María Rita Custet Llambí por la mayoría)

Fallo

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