Sumarios STJ

<70120> En consecuencia, si la cuantía del reclamo era absurdo, esto es impensable, inconcebible, que no pueda ser de ninguna manera, en definitiva una aventura procesal, luego resulta razonable (o al menos, no es arbitrario) que el “a quo” haya fijado un monto del proceso a los efectos de la regulación de honorarios, inferior a la suma reclamada por los actores, adecuándolo conforme a la merituación de los trabajos realizado con utilidad (art. 19, L.A.). A todo evento, y sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar que con la reforma introducida por la Ley 24432, el segundo párrafo del art. 1627 del Código Civil prevé que: “Las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales. Cuando el precio por los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio, los jueces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida”. Y es en el marco de dicha facultad, prevista por la norma citada, que el Tribunal “a quo”, a fin de establecer los estipendios profesionales prudentemente, también ponderó la naturaleza de la cuestión planteada, el resultado obtenido y su proporción y adecuación con los trabajos realizados con utilidad. (Del voto del Dr. Balladini sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<17646> Es pertinente destacar la conducta contradictoria que, también, se observa por parte de los recurrentes en cuanto a la aplicación del acuerdo transaccional, ya que los mismos por una parte pretenden, y así lo sostienen, que dicho convenio les sea de aplicación ya que en el mismo se determina la responsabilidad del pago de los honorarios a la codemandada; pero, sin embargo, pretenden que no se tome para la regulación de sus honorarios, el monto base allí convenido. Es decir, los recurrentes pretenden una doble interpretación respecto de los efectos provocados por el convenio transaccional, primero en cuanto aceptan su aplicación, respecto de quien es el responsable del pago de sus emolumentos; y segundo, cuando rechazan el monto allí determinado. Evidentemente, la conducta contradictoria que pretenden imponer los recurrentes, en autos, entra en pugna con la teoría de los actos propios, y el principio de la buena fe del cual aquella deriva.

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<42526> En la especie no se han cumplimentado los requisitos formales sin los cuales el remedio no puede ser receptado. En efecto, ab initio se advierte que el ahora quejoso ha equivocado la vía recursiva, al elegir atacar por medio del recurso de apelación la decisión de la Cámara del Crimen que le reguló honorarios. La parte recurrente no tuvo en cuenta que, cuando se pretende impugnar una decisión como la de marras, la única vía con que se cuenta es la del recurso de casación. Igual consideración cabe aplicar cuando se regulan los honorarios de una Cámara Civil o, en su caso, en un Tribunal Laboral, ocasiones en las que sólo cabe, de acuerdo con los Códigos Procesales aplicables la impugnación casatoria. En consecuencia, el recurrente no cumplió con el recaudo de presentar su reclamo casatorio ante el tribunal competente dentro del término previsto legalmente, circunstancia que de por sí resultará suficiente para que el remedio sea rechazado. El posterior intento casatorio ha llegado en forma extemporánea.

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<77299> El agravio sobre la supuesta violación al art. 19 de la Ley Nº 2212 -por excluir del monto base del proceso el valor de las costas-, ya fue tratado y resuelto por la Cámara, quien fundó su decisión en doctrina autorizada en la materia y manifestó que el monto base se integra por el capital de la pretensión y sus accesorios, y que las costas no son accesorias del capital; en el recurso en examen el recurrente no realiza una crítica capaz de rebatir fundadamente la solución. Por el contrario, lo que sí se advierte es una discrepancia subjetiva con la tarea de valoración efectuada por los Jueces de grado, tanto de la fijación del monto del proceso (conf. art. 19 L.A.), como de las pautas adoptadas para fijar finalmente el monto de los honorarios, cuestiones estas de hecho, y por ende ajenas al recurso de casación. (Conf. [STJRNS1 Se. 25/10 “LASTRETO”). Sobre la cuestión resuelta puede recordarse que tiene dicho la Corte que “en los casos en que es rechazada la demanda debe computarse como monto del juicio el valor íntegro de la pretensión” (CSJN, “Acuña, G. R. J. c/ F., H. A. y otros”, Fallos: 317:1123 y 315:2353, entre otros.) Por lo tanto, es de lógica que si los emolumentos de los abogados no integran lo reclamado inicialmente por el justiciable, no resulta razonable que los mismos sean incluidos en el monto base del art. 19 de la L.A.. (Voto del Dr. Barotto, Dra. Zaratiegui y Dr. Mansilla sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<70119> A poco que analicemos los fundamentos de la sentencia impugnada como los argumentos esgrimidos por los recurrentes, se advierte que la Camara no sólo dió las razones por las cuales fijó el monto del proceso a los fines regulatorios en la suma de $ xxx (conf. arts. 6, 6 bis, 19 y concs. de la L.A., y arts. 505, 1627 y concs. Cód. Civil) y estableció los estipendios prudentemente, ponderando a tales efectos la naturaleza de la cuestión planteada, el resultado obtenido y su proporción y adecuación con los trabajos realizados con utilidad; sino que fueron los propios recurrentes, primero en representación de la demandada, al contestar la demanda, y luego por derecho propio, quienes ponen de manifiesto la exorbitancia del reclamo, calificando a la pretensión de la actora como un absurdo, una pluspetición inexcusable. Luego tal calificación, inexorablemente conspira contra la ahora invocada arbitrariedad, so pena de incurrir en la violación de la doctrina de los actos propios. (Del voto del Dr. Balladini sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<71254> […] es de destacar, que la cuestión que hoy pretende discutir, relativa al monto por el cual debe rendir cuentas, ya ha sido debatida, y no cabe extraer de la sentencia de Cámara que incluso recepta uno de los puntos planteados en la apelación, una errónea valoración del informe del veedor. No cabe extraer que el “a quo” deba valorar, merituar y fallar de acuerdo a la interpretación que su parte efectúa de la prueba, máxime si la propia Cámara ya dio razones validas, acordes con lo evidenciado en autos, para no conceder al incidentado una retribución por administrador.

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<26575> La particular situación planteada en autos no puede minimizarse, y asumiendo una tesitura de carácter excepcional estimo que corresponde entender que estamos en presencia de un recurso equiparable a una apelación arancelaria. Por ello voto por la afirmativa respecto del recurso deducido.... y reenviar la misma al Tribunal de origen para que practique la regulación definitiva, a fin de evitar de este modo un perjuicio irreparable al profesional que ha actuado en las presentes actuaciones, y conforme a las merituaciones que ya se han realizado al practicar la regulación provisoria. (Voto del Dr. Balladini).

Fallo

SECRETARÍA CAUSAS ORIGINARIAS Y CONSTITUCIONAL STJ Nº4

<72301> Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que - a contrario de lo argumentado por el letrado ex - apoderado de la actora-, este Cuerpo, lejos de excluir los intereses a fin de estimar el monto del proceso discutido en el recurso, los tuvo especialmente en cuenta, tanto en los honorarios regulados a fs. […] ($ xxx) como en los honorarios diferidos por el planteo de caducidad de incidente de caducidad, al punto que tal estimación la hizo teniendo presente la doctrina legal, en cuanto se ha sostenido que los intereses moratorios para el cliente no condenado en costas sólo cabe computarlos a partir de la fecha en que se produjo la mora de éste; esto es, treinta días contados a partir de la notificación del reclamo del profesional. (conf. [STJRNSC in re: “GOLDMAN” Se. 128/10 del 28-12-10]; arg. arts. 50 y 51, L.A.). Tampoco le asiste razón al quejoso en su pretensión de actualización de los honorarios, estimándolos en más de $ xxxx. Ello es así, puesto que la Ley 25561 (prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2013, por el art. 1* de la Ley Nº 26729), prohíbe expresamente la indexación, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, encontrándose incluidos en tal disposición las deudas por servicios profesionales (honorarios). (Del voto de la Dra. Piccinini, Dr. Apcarián y Dr. Barotto sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<70093> En tal orden de ideas, sería ilógico y contrario a la seguridad jurídica, que este Cuerpo sostuviera para los honorarios regulados judicialmente, obligación también de carácter alimentario, el plazo de prescripción decenal de la “actio iudicata”, y para los alimentos fijados por sentencia, un plazo distinto. Máxime, considerando que el Superior Tribunal de Justicia como Tribunal de casación, en ejercicio de la función nomofiláctica, debe inexorablemente propender a la unidad en los criterios de interpretación de la ley. (Voto de los Dres. Sodero Nievas y Balladini).

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<70000> [...] en cuanto al planteo acerca de que la excepción de falta de personería se trató de un incidente y no una incidencia - como resolvieron en las instancias anteriores -, hay que señalar que tal controversia no tiene sentido de ser analizada; ya que, si bien la Cámara reafirmó el criterio de Primera Instancia de que lo resuelto era una incidencia, igualmente, efectuó un análisis donde se consideró a tal acto procesal como un incidente. Así, expresó que: “existe cierta doctrina judicial que sostiene que ante la falta de previsión normativa específica, debe aplicarse en todos los casos el precepto del que nuestro ordenamiento contempla en el citado art. 33”; pero, no obstante, igualmente entendió que la regulación en base a dicha normativa resultaba desproporcionada, y dentro de sus facultades, aplicó la norma del art. 13 de la ley 24432. En suma, efectuó una doble consideración sobre esta cuestión, en la cual incluyó un análisis de la excepción como si se tratara de un incidente, dando – en ese hipotético caso - los motivos por los cuales mantenía la regulación efectuada por el Juez de grado. Por lo cual, no se logra vislumbrar cual es el sentido de que el recurrente insista en un agravio que ya ha sido debidamente resuelto por la instancia de grado.

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1