Sumarios STJ

<37289> Adelantamos nuestra postura contraria a la sostenida por los colegas preopinantes y nuestro criterio acorde a sostener la vigencia de la doctrina legal mantenida por este Cuerpo, a través de las distintas integraciones, con respecto a la no integración de los intereses al monto base tenido en cuenta para la regulación de honorarios cuando no hay condena […] (Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Mansilla y Dra. Zaratiegui por la mayoría)

Fallo

SECRETARÍA LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL STJ Nº3

<37284> La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sostuvo que "Ante el rechazo de la demanda y a los fines de la regulación de honorarios profesionales debe computarse como monto del proceso el valor íntegro de aquélla, aplicando analógicamente las reglas que rigen el supuesto de demanda totalmente admitida. De ahí que corresponde tener en cuenta el monto cuantificado en el escrito de demanda, al que deben incluirse los intereses reclamados, en tanto el principio según el cual los réditos son accesorios y por ende meros resultados de una contingencia variable, no se diferencia esencialmente de la repotenciación monetaria expresamente prevista por el art. 22 de la Ley 21839. Es necesario incluir tales réditos dado que su variabilidad, sujeta a la contingencia del resultado del pleito y ajena al mérito del desempeño profesional, se configura tanto con anterioridad cuanto con posterioridad a la notificación de la demanda". ("Banco Río de la Plata S.A. C/ Muro G. J. S/ Ejecución Hipotecaria", 12/04/2007). (Voto del Dr. Apcarián en disidencia)

Fallo

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<37288> Si se interpretase el Artículo 20 de la Ley G Nº 2212 como lo indica la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "Serenar SA", por ejemplo), o como surge de la actual doctrina judicial de este Superior Tribunal de Justicia - elaborada con distinta integración a la actual - y emergente de los casos "PAPARATTO" [STJRNS1 Se. 15/91], "BAQUERO LAZCANO" [STJRNS1 Se. 36/08], "RIO NEGRO FIDUCIARIA SA" [STJRNS1 Se. 52/06], "SCOTIABANK QUILMES" [STJRNS1 Se. 13/07] y "RAILAF" [STJRNS3 Se. 121/08]- referenciados todos en el voto del Dr. Apcarián, al cual me remito -, según la cual los intereses integran el monto base de regulación de honorarios solamente en caso en que la demanda deducida ha prosperado (y no cuando la misma acción ha sido desestimada), se estará introduciendo una discriminación o separación conceptual donde la ley no disgrega, y ello se da de bruces con la pauta antes enunciada. (Voto del Dr. Barotto en disidencia)

Fallo

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<37287> Compartiendo aquella jurisprudencia que ha indicado que "Tanto si una demanda es admitida o rechazada, los intereses no constituyen una contingencia variable y ajena a la actividad profesional, por cuanto su admisión o rechazo se traduce en un claro beneficio económico, por lo que corresponde incluirlos en el cómputo de la base regulatoria de honorarios. Máxime teniendo en cuenta que la ley 21839 no determina nada al respecto, por ello no cabe interpretar que quedan excluidos de la base regulatoria". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos "Vizioli, N. y otros c. Constructora del Alba SA y otros s. Cobro de sumas de dinero", 06.03.2009, Id. Infojus: FA09020064); y teniendo presente que tampoco el Artículo 20 de la Ley G Nº 2212 efectúa señalamiento alguno al respecto, que considero que corresponde la aplicación en la especie de la máxima "ubi lex non distinguit, nec distinguere debemus" (donde la ley no distingue, no cabe distinguir), pauta interpretativa que, interesante es señalar, ha sido mantenida incólume por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde tiempos inveterados (Fallos: 294:74; 304:226; 333:735) y, más recientemente, en pronunciamiento de 24.11.2015 en autos "Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa C/ Nación Seguros S.A. S/ Ordinario", Expte. N° COM 39060/20ll/l/RHl). (Voto del Dr. Barotto en disidencia)

Fallo

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<31757> El recurrente impugna el fallo por violación del art. 23 de la ley 1504, como también del art. 277, último párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que, por incorporación del art. 8 de la Ley 3235 (BO. 29. 10. 98). y en el caso del art. 277 por incorporación del art. 8 de la ley 24432 (BO. 10. 01. 95). se agrega, en ambos casos, en lo pertinente que: “... Los honorarios profesionales de todo tipo devengados y correspondientes a la primera instancia, no podrán en ningún caso exceder del veinticinco por ciento (25 por ciento). del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al litigio. Para el cómputo del porcentaje indicado precedentemente, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas, si la hubiere ... . ”. No es pacífica la doctrina en lo atinente a esta modificación de la ley 24432, ya que hay disparidad de criterios con respecto a su aplicación, precisamente si es aplicable también a las causas que se están tramitando y que no se hayan regulado honorarios. Algunos autores sostienen que si se ha regulado el honorario y el auto o resolución pertinente se encuentra firme, la ley no es aplicable. Unicamente el honorario con una regulación firme es pasible de ser exigido en cuanto al pago y, por ende, ya no puede modificarse. En cambio, todo honorario, aun devengado -en el sentido de que el trabajo se está realizando por el profesional-, no haya sido pasible de la “valoración” judicial o arbitral cae dentro de la órbita de esta ley. Otros estiman que el momento en el cual se fija el derecho al cobro del honorario es cuando se efectúa la tarea o se realiza el trabajo, por lo cual si el profesional ya comenzó a actuar tiene derecho a que se le regulen los honorarios conforme la normativa vigente en el momento del desenvolvimiento profesional. Los que discrepan con esta postura entiende que resulta aplicable a esta situación el art. 3° del Código Civil que dice: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes ... ”; asimismo que “Los hechos pasados que ha agotado la virtualidad que le es propia, no pueden ser alcanzados por la nueva ley y si se los afectara se incurriría en retroactividad. En cuanto a los hechos in fieri o en curso de desarrollo, pueden ser alcanzados por el nuevo régimen”. ( conf. Honorarios Profesionales, Ley 24432 (una reforma al Código Civil). J. E. Gandolla, pág. 161 y sigtes. ). (Voto del Dr. Lutz sin disidencia). .

Fallo

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<37283> Si -como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación- en los casos de condena los honorarios deben guardar una adecuada proporción con los valores en juego, idéntico criterio se impone adoptar cuando la demanda ha sido rechazada. En mi opinión, cuando el art. 20 de la Ley G 2212 refiere que en tal supuesto los "montos desestimados" conformarán la base de cálculo, necesariamente deben considerarse incluídos aquéllos que de haber prosperado la demanda integrarían la sentencia condenatoria. (Voto del Dr. Apcarián en disidencia)

Fallo

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<37285> Los intereses no mudan su naturaleza en función de la suerte de la pretensión; siempre son accesorios y también en todos los casos se suman como indicativos de los valores económicos en disputa, asumiendo inclusive su función resarcitoria - de la mora - una trascendencia mayor en el contexto macro económico actual. (Voto del Dr. Apcarián en disidencia)

Fallo

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<31762> Manteniendo el criterio ya fijado por este Superior Tribunal entiendo que, los trabajos realizados por los distintos profesionales intervinientes fueron llevados a cabo integramente con posterioridad a la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones legales (agregado como última parte al art. 277 de la ley 20744 por ley 24432, B. O. 10. 01. 95). por lo que asiste razón al recurrente en el tópico en tratamiento, porque si bien como se refirieran los letrados de los actores en la contestación al recurso, el agregado al art. 23 de la ley 1504 fue obra de la ley provincial N° 3235 (B. O. 29. 10. 98). el mismo agregado había sido efectuado al art. 277 como último párrafo de la L. C. T. por la ley 24432 (B. O. 10. 01. 95). por lo que corresponde hacer lugar al agravio articulado, en tanto la regulación de los honorarios practicada conforme a las leyes arancelarias correspondientes a todos los profesionales y especialidades, tal como dispone la norma, ha superado el 25 por ciento (veinticinco por ciento). del monto de la sentencia, por tal razón deberá el juez a-quo prorratear los montos entre los beneficiarios, correspondiendo a tal efecto el reenvío del presente a fin de que se cumpla con lo dispuesto en la norma ya citada, debiendo en consecuencia también adaptarse los montos surgidos de los porcentajes regulados por la actuación de los profesionales ante esta instancia extraordinaria. (Voto del Dr. Lutz sin disidencia). .

Fallo

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<37281> Como bien lo señalaba el Juez Antonio Boggiano al fundar su disidencia en "Caja Complementaria de Previsión para la actividad docente C/ Corrientes Provincia de S/ Ejecutivo" (C.1235. XXXI, 02-12-99) "... el pronunciamiento que concluye con una sentencia que acepta o rechaza el rubro en examen comprende un valor económico cuyo reconocimiento o desestimación ha obedecido a la tarea profesional del abogado. Por lo tanto, no pueden prescindirse de factores que resulten esenciales para asegurar la justa retribución de los servicios profesionales, con respeto de la justicia conmutativa y del derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional [...] En el orden de ideas expuesto resulta forzoso arribar a la conclusión de que no existen razones sustanciales para excluir los accesorios para determinar el valor del litigio (Fallos: 293:239). De lo contrario, se dejaría de lado un aspecto cuantitativo, inherente a la apreciación pecuniaria del asunto, que junto con la faz cualitativa, fija las pautas para determinar la retribución del trabajo profesional ...". (Voto del Dr. Apcarián en disidencia)

Fallo

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<37282> En la medida en que la norma no establece distinción alguna - ni sería desde mi óptica razonable que lo hubiera hecho -, no existen razones jurídicamente atendibles que habiliten al juez a incluir los intereses en el monto base cuando la demanda prospera, y a excluirlos cuando se rechaza. El trabajo profesional del abogado debe ser ponderado con las mismas pautas e idénticos criterios en uno y otro caso, dado que, haciendo mías las palabras del Dr. Augusto C. Belluscio al votar en el plenario "Multiflex" (La Ley Online AR/JUR/258/1975), tanto se beneficia quien obtiene una sentencia de condena, como quien se libera de la pretendida obligación de pagarlos, y tanto se perjudica el que deba pagarlos como el que no puede obtener su pago. (Voto del Dr. Apcarián en disidencia)

Fallo

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