Sumarios STJ

<46550> Atento a que no surge de las actuaciones esta excepción (esto es, cargo oficial de la perito ni vinculación entre las funciones que originarían la retribución con la materia específica del peritaje), rige el referido art. 251 (C. procesal penal) en cuanto establece: “Los peritos nombrados de oficio o a pedido del Ministerio Público tendrán derecho a cobrar honorarios”, porque “hace referencia a los peritos que hubiere designado obligatoriamente el juez al disponer el peritaje, de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal, estableciendo su derecho a percibir honorarios” (Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal de la Nación, ed. Hammurabi, 2004, Tº 1, pág. 652). Con ello se demuestra la ineficacia de los agravios del recurrente en cuanto pretende excluir de la condena en costas los honorarios de la perito contadora. (Voto del Dr. Lutz)

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<46551> El recurrente incurre en un evidente error de derecho en lo que hace a la aplicación de los arts. 501 y ccdtes.(costas) del Código Procesal Penal y en una manifiesta discrepancia subjetiva con la valoración de las constancias de la causa, lo que no alcanza para invalidar la sentencia atacada, puesto que en este caso en concreto no se observan errores lógicos del razonar o desvíos o ausencias en los fundamentos legales que impidan considerar el fallo como la sentencia fundada en ley a que aluden los arts. 110 del rito y 18 de la Constitución Nacional (CSJN, Fallos 313: 62; STJRNSP in re “CORBALAN” Se. 205/06, del 12-12-07 entre otros). (Voto del Dr. Lutz)

Fallo

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<83678> La circunstancia de que hayan podido tener algún que otro error, finalmente corregido como reconocieron expresamente en la sentencia en el tramo que cita el recurrente, en nada resta valor a la tarea realizada, sino más bien da cuenta de la evidente complejidad que ella entrañaba. […]”. (Del voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Fallo

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<83679> […] el auto interlocutorio recurrido se encuentra adecuadamente motivado pues sigue los parámetros correspondientes para la regulación de los honorarios de los peritos contadores, ajustándose así a las pautas vinculadas con la naturaleza y la complejidad del asunto o proceso, el resultado obtenido, y la calidad, la eficiencia y la extensión del trabajo realizado. (Del voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Fallo

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<81100> […] los procesos penales son juicios de monto indeterminado, por lo que no corresponde aplicar una porcentualidad arancelaria matemática sobre algún monto en disputa y es aplicable la última parte del art. 38 [Decreto Ley 199/66]. (Del voto del Dr. Balladini sin disidencia).

Fallo

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<83677> […] en lo que respecta a la etapa recursiva, surge del análisis de las constancias de la causa principal que el aludido remedio federal incoado por la defensa de I. solo fue concedido por este Cuerpo “en lo que hace a la impugnación por el monto y la modalidad de ejecución de la pena de prisión impuesta, incluyendo la doble valoración de la calidad de funcionario público del imputado, y denegarlo, con costas, respecto del resto de las cuestiones sobre las que se desarrollaron agravios” (cf. […] [STJRNSP in re “FERRARI” Au. 13/11 del 11-05-11]). Así, todo lo relativo a la acreditación de la conducta delictiva por él desarrollada y su consecuente responsabilidad penal sí han adquirido firmeza, aspectos en los que precisamente incidió de modo fundamental la labor de los peritos contadores. En otras palabras, si bien en el recurso extraordinario federal incoado su entonces defensor, […], había planteado otros agravios que ponían en crisis tales extremos, esas críticas no prosperaron. (Del voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Fallo

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<42526> En la especie no se han cumplimentado los requisitos formales sin los cuales el remedio no puede ser receptado. En efecto, ab initio se advierte que el ahora quejoso ha equivocado la vía recursiva, al elegir atacar por medio del recurso de apelación la decisión de la Cámara del Crimen que le reguló honorarios. La parte recurrente no tuvo en cuenta que, cuando se pretende impugnar una decisión como la de marras, la única vía con que se cuenta es la del recurso de casación. Igual consideración cabe aplicar cuando se regulan los honorarios de una Cámara Civil o, en su caso, en un Tribunal Laboral, ocasiones en las que sólo cabe, de acuerdo con los Códigos Procesales aplicables la impugnación casatoria. En consecuencia, el recurrente no cumplió con el recaudo de presentar su reclamo casatorio ante el tribunal competente dentro del término previsto legalmente, circunstancia que de por sí resultará suficiente para que el remedio sea rechazado. El posterior intento casatorio ha llegado en forma extemporánea.

Fallo

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