Sumarios STJ

<87106> En este sentido, destaco “que lo resuelto por la Cámara es conteste con la doctrina legal de este Superior Tribunal que rige el punto: “'«Mediante sentencia [STJRNS2 43/06 “INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS DE LOS PERITOS CONTADORES … ”] […], este Superior Tribunal de Justicia resolvió (con el alcance de doctrina legal en los términos del art. 43 segundo párrafo L.O.) que, para los fines de la regulación de honorarios profesionales, en principio, el proceso penal es de '«monto indeterminado»’ y '«para la regulación cabe atender a aquellas pautas que se vinculan con la naturaleza y la complejidad del asunto o proceso, el resultado obtenido, la calidad, la eficiencia y la extensión del trabajo realizado, la relación de esta labor con el principio de celeridad procesal y la trascendencia jurídica, moral y económica que el asunto o proceso tuviera para casos futuros, para el cliente y para la situación económica de las partes'». [...] En tal orden de ideas, no corresponde aplicar una porcentualidad arancelaria matemática sobre monto alguno en disputa. Por ello, resulta acertada la sentencia recurrida que ratifica la regulación de los honorarios profesionales sobre la base del art. 38 última parte del Decreto Ley [G] 199/66, sin desatender a su vez que, más allá de que el proceso de autos no tiene un monto concreto en los términos de la primera parte del citado artículo, hay en juego un interés económico indirecto y que dicha cuestión tiene también trascendencia [...]” […] [STJRNSP Se. 244/07 “FISCALIA II”)'” [STJRNS2 Se. 122/12 “IRIGOYEN”]. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<86271> Cabe destacar la Resolución Nº 275/08 PG [de la Procuración General] que dispone: “Instruir a los Señores Fiscales de Cámara y de grado para (...) el caso de tratarse de personas carentes de recursos, que deseen constituirse en parte querellante, se les hará saber que los honorarios del letrado de su elección que le sean regulados, serán sufragados por la Procuración General”. Ello se ha dispuesto así dado que el derecho de asistencia a la víctima carente de recursos que desea constituirse como parte querellante en procesos iniciados por delitos de acción pública, según lo establece el ritual (actual art. 75 inc. 16 C.P.P.), implica contar con un servicio técnico de calidad (conforme Carta de los Derechos de los Ciudadanos incorporada como Anexo I a la Ley K 2430 por Ley B 3830), que el Estado deberá proveer gratuitamente. Vale decir que nos encontramos ante un supuesto de actuación de un abogado con características diferenciadas de las de la contratación regular y habitual de un profesional del derecho por parte de un particular para su asistencia legal, pues sus tareas son a cargo del Estado por la carencia de recursos de la parte querellante. Empero, la Ley H 2959 (“Sentencias judiciales firmes. Centralización de pago en partida presupuestaria anual”) […] no tiene un específico trámite de regulación de honorarios para la tarea realizada por la recurrente; en consecuencia - como esta sostiene - su actuación debe ser analizada de acuerdo con la Ley G 2212, que sí lo prevé y por tanto resulta de aplicación, de modo que no puede regulársele un monto menor a los 20 Jus, en atención a las previsiones de los arts. 9 y 46 de tal norma. (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Fallo

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