Sumarios STJ

<45828> Concuerdo con Cafferata Nores (Cuestiones actuales sobre el proceso penal. Ministerio Público Fiscal: perfil funcional, situación institucional y persecución penal, pág. 69) en que estas “... propuestas atienden también a la idea de hacer más efectivo el derecho a la tutela jurídica de la persona víctima, que es de nivel constitucional (art. 25, CADH; art. 75, inc. 22, CN), que exige no sólo no dejarla sin la protección jurídico - penal a su derecho afectado por el delito, sino además que se prioricen sus intereses (entre los que se encuentra el volver a estar en la situación que estaba antes de la comisión del delito), por sobre el interés estatal en la imposición de la pena, en todos aquellos casos en que esto sea social y jurídicamente tolerable...”. Destaco que el derecho a la tutela judicial efectiva también deriva del art. 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es que el derecho a dicha tutela es un fundamento insustituible de la legitimación del ejercicio del poder punitivo y, en este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 34/96 del caso 11228, consideró a la persecución penal como un corolario necesario del derecho de todo individuo a obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente, en la que se establezca la existencia o inexistencia de la violación de su derecho, se identifique a los responsables y se impongan las sanciones pertinentes. (Mayoría de los Dres. Balladini y Sodero Nievas).

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2