Sumarios STJ

<34157> Cabe señalar que tradicionalmente se ha estimado que, además de la "sentencia definitiva" que dirime la controversia, sólo serían equiparables a ella, por sus efectos, aquellos pronunciamientos que impidan la prosecusión del pleito, o priven al interesado de otros medios legales para la obtener la tutela de sus derechos, o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio, o causen un gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior (víd. A. Bianchi, "La sentencia definitiva ante el recurso extraordinario", Ed. Abaco, pág. 33).

Fallo

SECRETARÍA LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL STJ Nº3

<46961> Sólo excepcionalmente y conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se le ha asignado carácter de sentencia definitiva al rechazo de una recusación - para el caso de mediar una situación de “gravedad institucional” o por la necesidad de proveer a la adecuada tutela del derecho de defensa en juicio ante la verificación de causas graves con incidencia perniciosa en el adecuado servicio de administración de justicia (ver Navarro y Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Tº 1, ed. Hammurabi, 2004, págs. 229/230), circunstancias que no se demuestran ni advierten en el sub exámine. (Voto del Dr. Lutz).

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<46028> En este sentido, no puedo dejar de recordar la necesidad de una interpretación discreta y mesurada del mérito de la situación que permitiría superar la exigencia de definitividad para las decisiones sometidas al recurso de casación, desde que ésta “... no es una formalidad vacua ni un ritualismo estéril. Fuera que de lo contrario implicaría imposibilitar el funcionamiento del tribunal por la multiplicación de las causas que se someterían a su decisión, y trastornar el orden de los procesos estableciendo una tercera o, aún, una cuarta instancia que los prolongaría indefinidamente, permitirle inmiscuirse en los procesos en trámite significaría conferirle una misión que no le cabe en el régimen republicano...” (CSJN in re “VILLEGAS”, del 05-03-97, causa 9160 - 70 XXXII, en LL 1997 - C, 861). (Voto del Dr. Lutz).

Fallo

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<34041> Adviértase que en las presentes actuaciones la parte demandada opuso la excepción de prescripción, cuyo tratamiento fue derivado por el Tribunal para la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva. Es decir que, más allá de que en virtud de las vicisitudes procesales del trámite tal defensa no fue resuelta por el a quo, el reclamo aquí planteado podría ver afectada su renovación a posteriori, y ello coadyuva a que el pronunciamiento en cuestión - como se dijo - sea equiparable a sentencia definitiva. Es en este sentido que la declaración de caducidad puede proyectar efectos sobre la acción y provocar en forma indirecta su extinción. (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<46949> Es necesario reiterar que, además “... de los casos especialmente previstos por la ley y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes, podrá deducirse este recurso contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena...” (art. 427 CPP). En consecuencia, la decisión cuestionada no reúne tales características en tanto sólo tiene como consecuencia el reenvío de las actuaciones para la continuación del proceso, a lo que se suma que no es dable asimilar la nulidad de un acto de prueba con la de una sentencia o auto, aunque aquélla pueda ser irrepetible, puesto que tampoco se pueden aventurar - dada la libertad probatoria del rito - las consecuencias procesales que podría tener aparejadas al trámite. Esto es, en oposición a la idea de justicia de la acusación pública y privada, la declaración de nulidad podría ser revisada por este Cuerpo en oportunidad de un pronunciamiento desincriminatorio - éste sí definitivo - originado en la ausencia de autopsia y de prueba que la reemplace, lo que vuelve al agravio en tratamiento en eventual, abstracto y futuro. (Voto del Dr. Balladini)

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<33993> Este Superior Tribunal de Justicia se ha manifestado en igual sentido al decir que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad del art. 52 inc. a) de la ley 1504, que remite a los art. 300 a 303 del CPCyC, está referido únicamente a aquellas sentencias definitivas cuando en el proceso se haya controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la Provincia y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema (cf. STJRNSL in re “LEUQUEN MAYORGA” Se. 168/00 del 04-12-00; “ALVARADO” Se. 158/05 del 07-12-05). (Voto de los Dres. Balladini y Sodero Nievas).

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<47200> Así, en el precedente “RIVAS” (del 07-06-05, LL 2005 - F, 724, sumario 9), la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que es “... equiparable a definitiva a los fines del recurso extraordinario, la sentencia que rechazó el recurso de casación interpuesto contra la resolución desestimatoria de la excepción de falta de acción opuesta por un legislador nacional querellado por calumnias e injurias, pues está en discusión el sometimiento a proceso al que se refieren los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional, de modo que lo resuelto causa un gravamen actual de imposible reparación ulterior porque no podrá subsanarse una vez que se ordene la continuidad del proceso”. (Voto del Dr. Balladini).

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<34009> En el especial caso de autos, la sentencia dictada en la etapa de ejecución reviste atributos de definitividad. Ello así por cuanto las decisiones en cuestiones de competencia son equiparables a sentencia definitiva cuando existe denegatoria del fuero federal (STJRNSL in re “ALBARRACIN” Se. 139/05 del 05-10-05). Por otra parte, no obstante resolver una cuestión incidental, lo decidido clausura la posibilidad de una oportuna revisión ulterior que disipe el perjuicio que alega el demandado. (Voto del Dr. Sodero Nievas)

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<26307> Al ingresar al análisis del recurso de apelación intentado se advierte en primer término que la sentencia aquí atacada no es definitiva. Sin embargo se verifica uno de los supuestos de excepción en el sentido en que este Cuerpo ha delineado su doctrina, a través de los distintos pronunciamientos que se encuentran reseñados en “TECSA S.A.” (STJRNSC Se. 36/98 del 11-05-98); “MORON” (STJRNSC Se. 44/99 del 08-09-99); “GASPARINI” (STJRNSC Se. 54/02 del 30-08-02). En efecto en ellos se han trazado las siguientes excepciones fundadas en casos particulares a saber: 1) cuando se debatiera la materia contencioso administrativa misma; 2) cuando lo decidido en la instancia anterior terminase la litis; 3) cuando se trate de decisiones en cuestiones de competencia, en la que medie denegación del fuero federal, y 4) cuando se encuentra en discusión la habilitación o no de la instancia contencioso administrativa. Queda claro entonces que encuadrado en el inciso 4) resulta admisible el recurso de apelación presentado. (Voto del Dr. Balladini)

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SECRETARÍA CAUSAS ORIGINARIAS Y CONSTITUCIONAL STJ Nº4

<26758> Por otro lado, no cumple con lo previsto en el art. 3° de la mencionada Acordada de la CSJN, al no demostrar que la decisión apelada proviene del Superior Tribunal de la causa y de que es definitiva o equiparable a tal según la jurisprudencia de la Corte (inc. a). (Voto del Dr. Balladini)

Fallo

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