Sumarios STJ

<71315> […] en el libelo recursivo, el quejoso sostiene – con razón en este punto - que la sentencia atacada es equiparable a definitiva por que deniega el fuero federal; de lo que deviene que la sentencia de Cámara de fecha 11-06-08 – que confirmó el rechazo de la excepción de incompetencia -, es definitiva; siendo ello así era dicha sentencia la que debió recurrir, dentro del plazo de 10 días contados a partir de la notificación de fecha 17-06-08; y no una vez resuelta la cuestión de fondo, puesto que para entonces ya se hallaba consentida la competencia decidida en aquella anterior oportunidad procesal. Es entonces la extemporaneidad del recurso extraordinario articulado lo que determina la inviabilidad de la queja planteada.

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<76589> La quejosa no logra demostrar que la sentencia del Tribunal “a quo”, confirmatoria de la decisión del Juez de Primera Instancia, que resolviera la devolución del escrito de contestación de la demanda por extemporáneo (por presentarse fuera de término), tenga en los términos de la doctrina establecida por este Cuerpo el carácter de sentencia definitiva y/o equiparable a tal, pues no decidió de modo definitivo la cuestión de fondo debatida en autos. Máxime, considerando que en el caso nos encontramos frente a un incidente de modificación de cuota alimentaria, y que las sentencias dictadas en dicha materia no causan estado, pues siempre queda abierta la posibilidad de que la carga alimentaria que allí se fije - si correspondiera - sea modificada en un futuro inmediato. (Voto de la Dra. Piccinini, Dr. Mansilla, Dra. Zaratiegui y Dr. Apcarian sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<19188> En tal orden de ideas, y más allá de la ausencia de un pronunciamiento expreso respecto de las quitas que voluntaria y unilateralmente el Banco había concedido, no se advierte de modo alguno que la resolución impugnada y que tiende a hacer efectiva la sentencia definitiva resulte ajena a tal decisión que se pretende ejecutar o importe un apartamiento palmario de lo resuelto por ella. Consecuentemente, si la parte actora tenía alguna duda respecto a las quitas, debió intentar aclarar y/o sanear la supuesta omisión y/u oscuridad en el pronunciamiento definitivo en la oportunidad pertinente mediante la vía del art. 166, inc. 2) del CPCyC. Luego como reiteradamente ha dicho este Cuerpo, no puede acudirse en casación con argumentos que, más allá de su acierto o error, no se hicieran valer oportunamente. (cf. STJRN sum nro. 03570 in re “MILLA” Se. 33/94 del 17-03-94); STJRNSC sum nro. 18734 in re “YACOPINO” Se. 119/07 del 01-08-07).

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<86549> No surge de autos que haya atacado en forma oportuna el dictado de la prisión preventiva, ni la parte lo menciona en su escrito, sino que alude a la imposición de una medida cautelar recién ante este Cuerpo, con la pretensión de probar la definitividad de lo resuelto, en una mera mención desprovista de todo sustento argumental, lo que a todas luces resulta ineficaz para promover la revisión de las decisiones adoptadas. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

Fallo

SECRETARÍA LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL STJ Nº3

<81760> Es decir que, en definitiva, los recurrentes dejaron vencer el plazo de 24 horas establecido en el art. 49 último párrafo del Código Procesal Penal, que – a falta de notificación formal de tal intervención - debía correr desde que tomaron conocimiento de esta última, al serles notificada la primera resolución que adoptó el subrogante en el expediente, por lo que debe entenderse que consintieron su intervención. (Del voto del Dr. Balladini sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<86213> Analizadas las constancias del expediente principal, desde la citación a juicio hasta la sentencia definitiva, no observo que se hiciera petición alguna de grabación de las audiencia de debate ni se hubiera dictado resolución al respecto. Tal situación determina el rechazo de todo planteo vinculado con la cuestión, dado que no ha sido introducida en tiempo y forma ante el Tribunal a quo (art. 418 C.P.P.). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<43946> El recurso de reposición contra el rechazo de la prueba ofrecida en oportunidad del artículo 326 del Código Procesal Penal se interpone durante el juicio y, para evitar la ausencia de firmeza de lo decidido, se debe hacer la reserva casatoria respectiva, que se contemplará en ocasión de fallo final de la causa. Ésta es la doctrina legal del precedente "LÓPEZ" (Se. 13/01), a cuyos términos y citas doctrinarias cabe remitir en honor a la brevedad. Por lo tanto, el auto que deniega la prueba no es la sentencia definitiva o equiparable a tal que exige el artículo 427 del rito, como tampoco lo es el que no hace lugar a recurso de reposición.

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<37254> El recurso extraordinario deducido por la recurrente […] debía ser directamente interpuesto, en tiempo oportuno, contra el pronunciamiento de fs. (respecto del cual resulta ahora extemporáneo) y no contra la resolución que dispone rechazar la aclaratoria incoada en función de aquél. Desde tal perspectiva, la resolución adjunta […] no constituye la "sentencia definitiva" susceptible de ser atacada por la vía extraordinaria (art. 56 y ccdtes. de la ley 1504, ref. Ley 3202). (Voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL STJ Nº3

<42000> Cabe concordar con el criterio puesto de manifiesto por el a quo cuando sostiene que la resolución de la Cámara que revocó el último procesamiento no dejó -por sus fundamentos- expedita la posibilidad de continuar la investigación, debiendo equiparársela a una sentencia definitiva recurrible en casación. Ello conforme con lo previsto en los términos del art. 427 del C. P. P. y más allá del acierto o error del Tribunal respectivo. En el caso, ante la ausencia de actividad recursiva útil en aquella oportunidad por parte del Ministerio Público en modo alguno puede ser suplida por la posterior vía elegida por el ahora quejoso. Aquella decisión ha quedado firme y consentida y no puede ser atacada sin que se afecte la garantía del debido proceso legal, consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2