Sumarios STJ

<19671> El recurrente no logra demostrar el carácter de sentencia definitiva y/o asimilable a tal según lo exigido por el art. 285 del CPCyC., ni que el pronunciamiento impugnado, al hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta [...], se haya expedido sobre la invocada nulidad de la cláusula [...] del contrato de locación agotando en forma definitiva su discusión, y que en consecuencia dicho planteo de nulidad no pueda hacerse valer, en los términos del art. 553 del CPCyC., en un juicio de conocimiento posterior.

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<16557> Los fundamentos enunciados por el recurrente no logran convencer sobre la definitividad o la excepcionalidad que habilite esta instancia extraordinaria. No logra demostrar que la sentencia que da por reconstruido el expediente tenga en los términos de la doctrina establecida por este Cuerpo, el carácter de sentencia definitiva que se pretende asignarle. Tampoco pone de manifiesto cuál es el error en la aplicación del artículo 129 del CPCyC., ni demuestra: a) la imposibilidad de replantear la cuestión en un juicio ordinario posterior, y b) que la Cámara haya ingresado en el análisis de la causa de la obligación o de cualquier otro extremo que exceda los límites propios del proceso de reconstrucción o en otra cuestión que invalide su replanteo en este juicio ejecutivo o más aún, en un juicio ordinario posterior.

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<15970> Es precisamente esa posibilidad de juicio posterior lo que no permite equiparar a sentencia definitiva la resolución aquí cuestionada - que hace lugar a la denuncia de daño temido -.

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<16717> En cuanto a la irreparabilidad alegada, el recurrente pretende traer como fundamentación de la misma que al término de otro juicio (ordinario posterior) la ejecutante bien podría ser insolvente y el inmueble del actor se habría perdido en la subasta, ante un adquirente de buena fe. Es decir, que no solamente no estamos ante una sentencia que no reúne el carácter de definitiva exigido por el rito, sino que además el quejoso no intenta demostrar el gravamen ocasionado por esta medida, sino que por el contrario trata de justificar que el mismo se podría llegar a configurar en caso de acaecer el supuesto hipotético antes señalado, con lo cual no estaría reunido el requisito de definitiva exigido para la procedencia del remedio procesal intentado.(Idem Sum 16798)

Fallo

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<16798> En cuanto a la irreparabilidad alegada, el recurrente pretende traer como fundamentación de la misma que al término de otro juicio (ordinario posterior) la ejecutante bien podría ser insolvente y el inmueble del actor se habría perdido en la subasta, ante un adquirente de buena fe. Es decir, que no solamente no estamos ante una sentencia que no reúne el carácter de definitiva exigido por el rito, sino que además el quejoso no intenta demostrar el gravamen ocasionado por esta medida, sino que por el contrario trata de justificar que el mismo se podría llegar a configurar en caso de acaecer el supuesto hipotético antes señalado, con lo cual no estaría reunido el requisito de definitiva exigido para la procedencia del remedio procesal intentado.(Idem Sum 16717)

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<18631> Este Superior Tribunal de Justicia ha dicho que: “...no logra la recurrente demostrar la alegada imposibilidad de acceder a la vía ordinaria para articular su reclamo de cobro, tal como señala la Cámara para descartar la definitividad del pronunciamiento recurrido en casación. Al respecto, cabe señalar que las cuestiones que la quejosa intenta hacer aparecer como vedadas al planteo en sede ordinaria, no son tales; puesto que el tribunal “a quo” no ha ingresado a un análisis de la causa de la obligación que signifique generar el impedimento de reeditar la cuestión en el juicio ordinario posterior.” (cf. STJRNSC in re “FERRUCCI” Se. 70/00 del 29-12-00)

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<70255> Constituye una verdad de Perogrullo que en materia de juicios ejecutivos, no podemos hablar de la sentencia definitiva, puesto que en principio, siempre queda expedita la posibilidad de juicio ordinario posterior, en los términos del artículo 553 del CPCyC.

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<76527> La quejosa no logra demostrar que la sentencia del Tribunal “a quo” que resolviera rechazar las excepciones de falsedad e inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva opuestas - confirmatoria de la decisión del Juez de Primera Instancia -, tenga en los términos de la doctrina establecida por este Cuerpo, el carácter de definitiva y/o equiparable a tal. En efecto, por un lado, no acredita la imposibilidad de replantear la cuestión en un juicio ordinario posterior; y por el otro omite en su análisis considerar que, conforme a las constancias agregadas en la queja, se encontraría en pleno trámite la instancia contencioso administrativa, ámbito este donde la ejecutada podría debatir tanto los planteos atinentes a la causa de la obligación, como a la invocada inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal que impone el tributo en cuestión. (Voto del Dr. Apcarián, Dra. Piccinini y Dra. Zaratiegui sin disidencia)

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<18298> El quejoso no consigue demostrar que la sentencia que confirma la decisión del “a - quo”, que decide rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta, tenga en los términos de la doctrina establecida por este Cuerpo - ni tampoco de la fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación - el carácter de sentencia definitiva que pretende asignarle. Ello así en tanto no prueba: a) la imposibilidad de replantear la cuestión en un juicio ordinario posterior, y b) que el mérito haya ingresado en el análisis de la causa de la obligación o de cualquier otro extremo que exceda los límites propios de la excepción analizada quedando invalidado su replanteo en el juicio ordinario posterior en razón de encuadrar en alguno de los supuestos previstos en el art. 553, párrafos 3* y 4* del CPCyC.

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<76442> En los procesos ejecutivos la sentencia dictada sólo hace cosa juzgada formal, pues queda a salvo para el actor y el ejecutado el derecho de promover el declarativo que corresponda. Y si bien el recurrente, para tratar de sortear el requisito de definitividad afirma que el juicio ordinario posterior, en todo caso, debiera proponerlo el ejecutado y no su parte; ello no pasa de una mera afirmación sin contener una adecuada y suficiente fundamentación, que demuestre de forma fehaciente cual sería el impedimento que tiene su parte de replantear en un juicio de conocimiento la revisión del contrato de fianza para determinar la legitimidad de su crédito respecto a la [co –ejecutada - fiadora]. (Voto de los Dres. Mansilla, Apcarián y Barotto sin disidencia)

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