Sumarios STJ

<35029> En resumen, puede decirse lo siguiente: a) La bonificación por antigüedad debe ser considerada como parte integrante del salario de los agentes municipales de General Roca. b) La emergencia sólo habilita a suspender o restringir temporalmente un derecho, no a eliminarlo. c) Cuando, bajo el pretexto de la reestructuración, el Estado suprime o aniquila definitivamente derechos adquiridos, éstos deben ser reestablecidos en su estado anterior. d) La rebaja injustificada de la remuneración ocurre cuando, sin dar razón plausible para ello, se limitan o restringen derechos por tiempo indeterminado. e) Los empleados de la Municipalidad de General Roca que al 31-01-00 tenían ganada una mejor bonificación por antigüedad, tienen derecho al mantenimiento de dicho adicional en los términos del art. 120 de la Ord. 465/86 (conf. art. 198 Ord. 3215). (Voto del Dr. Sodero Nievas)

Fallo

SECRETARÍA LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL STJ Nº3

<35030> Ahora bien, sacada del contexto de la emergencia - tal como expresamente postula la demandada- resulta arbitraria la decisión de aplicar el nuevo tope (reproducido en similares términos en el art. 104 del estatuto aprobado por Ord. Nº 3215/00) a quienes ya venían cobrando más del 30% -treinta por ciento- de antigüedad, pues ello implica consagrar de modo permanente y definitivo la reducción de los salarios únicamente de quienes habían superado ese límite de acuerdo con la escala del estatuto anterior (la contundencia del reconocimiento efectuado por la propia demandada a fs. vlta., segundo párrafo, me exime de mayores comentarios). En tales condiciones, debe preferirse una interpretación que permita mantener la vigencia del nuevo estatuto y, al mismo tiempo, dejar a salvo el derecho de aquéllos a quienes su aplicación pudiera causarles un perjuicio, lo que, a mi modo de ver, se logra sosteniendo la inoponibilidad del tope del 30% a los que ya lo habían superado al momento de la entrada en vigencia del nuevo reglamento. Mi discrepancia con el criterio de los colegas que conforman la mayoría reside en sostener que, finalizada la emergencia, los agentes que estaban emplazados en un porcentaje de antigüedad superior al 30% tienen derecho a recuperarlo en la exacta medida en que lo venían percibiendo antes de ella, pero sin posibilidad de que quienes entonces no habían alcanzado el tope anterior del 54% -cincuenta y cuatro por ciento- puedan en adelante hacerlo, pues ello implicaría reconocer una suerte de ultraactividad a un estatuto ya derogado (Ord. 465/86), lo que tampoco se condice con el criterio según el cual “nadie tiene derecho al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a su inalterabilidad” (Conf. Fallos 315: 839, 315: 2769, 315: 2999; 316: 204, 316: 2483, 318: 1237; 318: 1531, por citar sólo algunos). (Disidencia parcial del Dr. Balladini)

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<35028> En cuanto a la pretensión de que se compute la correcta liquidación del adicional por antigüedad a los efectos de la realización de los aportes previsionales, corresponde destacar que la ley 23449 consagra el derecho de los trabajadores a controlar el pago de los aportes a los organismos previsionales (art. 1º), y lo propio ocurre con la ley 24241 en cuanto establece la obligación de denunciar al empleador por incumplimiento de leyes previsionales (art. 13, inc. "a", punto 3), por lo que debe entenderse como un derecho - deber de los trabajadores y, en su caso, de sus representaciones gremiales, razón por lo que también corresponde acceder a esta pretensión tal como se halla formulada. (Voto del Dr. Sodero Nievas)

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<35027> […] concluida la emergencia - siempre temporal según la conocida doctrina "Peralta" de la CSJN -, los salarios de los empleados municipales que prestaban servicio con anterioridad al 31-01-00 (Ord. 3150) debieron volver a los valores percibidos según el último sueldo anterior a ella. No se trata de que no puedan reestructurarse los sistemas remuneratorios del sector público, sino que, cuando se los sustituye, se debe hacer sin causar daño a los trabajadores en ese tiempo en servicio activo. (Voto del Dr. Sodero Nievas)

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<35023> Si partimos de la premisa de que - aun desde la perspectiva con que se ejerce el control de constitucionalidad de las normas de emergencia - podría haberse objetado la medida que disminuía del cincuenta y cuatro por ciento [conf. Ord. 465/86] al treinta por ciento el tope de la bonificación por antigüedad hasta el 31-12-00 (art. 6, Ord. 3150) por no cumplir con el requisito de "generalidad" de la afectación (piénsese que no alcanzaba a todo el universo de empleados municipales, sino sólo a los de mayor antigüedad que - como los aquí actores - eran los únicos que veían concretamente reducido su salario), con mayor razón resulta censurable la pretensión de consagrar dicho perjuicio de manera definitiva [art. 104 del nuevo Estatuto del Agente Municipal, Ordenanza Nº 3215]. Profundizando en este aspecto, interesa poner de resalto que, al momento de la entrada en vigencia de la norma de emergencia, los empleados municipales con hasta once años de servicio no sufrieron afectación alguna en sus salarios (siguieron percibiendo íntegramente el adicional por antigüedad de acuerdo con la escala del art. 120 de la Ord. 465/86) y sólo los más antiguos sufrieron recortes efectivos en sus haberes mensuales, situación que quedó consolidada para el futuro con el dictado del nuevo estatuto municipal. (Voto del Dr. Sodero Nievas)

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<35031> Las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario en estudio resultan sustancialmente análogas a las consideradas y decididas por este Superior Tribunal de Justicia al resolver en los autos “FLORES" (Expte. Nº 22751/08-STJ-), [STJRNSL Se. 56/09 del 12-08-09], a cuyos fundamentos - que se dan íntegramente por reproducidos a los fines del presente - corresponde remitirse en lo pertinente, por razones de brevedad, con la postura individual allí expresada de cada Juez actuante.

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<35022> La emergencia económica implica una restricción de derechos individuales por un tiempo determinado y no puede - como en este caso - constituirse en la plataforma para lanzar una reforma al estatuto que implique consolidar jurídicamente una situación de precariedad que fue concebida para regir transitoriamente. (Voto del Dr. Sodero Nievas)

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<35024> En tales condiciones, la reforma inicialmente introducida por vía de la norma de emergencia pasó a afectar el sistema remuneratorio de un modo definitivo, pues consagró sin ningún tipo de límite temporal la rebaja al tope de la bonificación por antigüedad del cincuenta y cuatro por ciento al treinta por ciento para quienes - como los aquí actores - ya estaban posicionados dentro de ese rango, lo que implica, lisa y llanamente, una rebaja injustificada de la remuneración, contraria al principio de razonabilidad y a la relación de medios a fines (proporcionalidad), ya que no se ha demostrado en ningún momento que el dictado de esa medida hubiera conllevado un resultado justificado en orden al cumplimiento de las funciones de gobierno y administración del municipio, o que su cese hubiera impedido la ejecución concreta de determinados programas de gobierno, por lo que se colige que en el fondo es una resolución arbitraria, carente de motivación y reñida con la temporalidad propia de la emergencia que determinó su adopción primigenia. Además, el desvío notorio de sus fines expresa una forma de abuso de poder, ya que la suspensión por un plazo determinado habría resultado justificada, pero cuando la resolución muda de fundamentos o exterioriza uno sólo aparente es arbitraria e implica el reconocimiento de fines totalmente ajenos al sistema jurídico, contrarios a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y especialmente a los principios protectorios del régimen de empleo público rescatados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de "Vizzoti" y "Madorrán", de lo que surge una clara afectación de los arts. 14 bis, 17 y 28 de la Constitución Nacional. (Voto del Dr. Sodero Nievas)

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<35025> Si bien - como se ha afirmado - la sujeción a un régimen jurídico implica su aceptación a todos los efectos legales, y también la de sus reformas en los sucesivos estatutos que rigen la relación de empleo publico, ello debe entenderse en el marco del principio de razonabilidad y no retrocesión de los derechos en expectativa que se habían generado en función de la carrera administrativa, tal como ocurre precisamente con el rubro que aquí se ha reclamado (bonificación por antigüedad), el cual, como ya se ha dicho en otros pronunciamientos, puede ser suspendido transitoriamente, pero no aniquilado. (Voto del Dr. Sodero Nievas)

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