Sumarios STJ

<35328> […] la falta de idoneidad jurisdiccional de una resolución aclaratoria como la de autos, en tanto halló a la postre algún fundamento técnico para apartarse de la sentencia definitiva, implica a la vez que lo decidido otrora en aquella sentencia definitiva se alejaba de algún modo al menos de una justa solución del caso, lo cual se advierte sin dificultad en autos cuando se observa que lo dispuesto en la parte resolutiva del fallo […] en realidad no se derivaba necesariamente de sus propias premisas, conceptualmente confusas y luego “aclaradas” en lo tocante al concreto alcance del carácter definitivo o provisorio de los porcentuales de incapacidad por daño físico y por daño psíquico, dictaminados por los respectivos peritos médico y psicóloga y asumidos sin más en el pronunciamiento definitivo, ya por afección física, ya por afección psíquica, para concluir en la incapacidad total adjudicada. Pero ello, obviamente, no salva el exceso jurisdiccional en que incurrió a su vez la resolución aclaratoria, que se halla sobre todo en el cambio de lo determinado en la parte resolutiva de la sentencia definitiva, sin perjuicio – reitero - de la falta de distinción precisa entre las implicancias de los diversos modos de incapacidad portados por el actor, esto es, de su índole definitiva o provisoria en los términos mismos de la Ley de Riesgos del Trabajo. (Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL STJ Nº3

<70892> La sentencia aquí atacada no es la definitiva ni es equiparable a tal, y tampoco se verifica ninguno de los supuestos de excepción. Pero además, la recurrente no expone argumento convincente que induzca a prescindir, en el caso, de la exigencia de “definitividad”; ni se avoca a la tarea de brindar razones jurídicas atendibles que ameriten incurrir en una excepción a la regla, como sería que estemos frente a un perjuicio irreparable.

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<70891> […] con respecto a la ausencia de definitividad del pronunciamiento recurrido, es dable concluir que en el libelo recursivo no se advierte una actividad concreta en tal sentido ya que el recurrente no desarrolla un fundamento de la entidad que en esta instancia extraordinaria es exigible, a los efectos de desvirtuar tal extremo. Con lo cual, no sólo no logra demostrar la definitividad, alegada, del decisorio recurrido, sino que además, tampoco demuestra en que consistiría la irreparabilidad. Es preciso establecer que el agravio de insusceptible reparación ulterior debe demostrarse y no sólo alegarse. [Cf. STJRNSC in re “NOVES” Se. 121/05 del 10-11-05].

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<81954> […] no logran demostrar la existencia de un supuesto de excepción a esa regla general que no le reconoce características de definitividad a la revocación de un sobreseimiento, a lo que se suma que [el imputado] se encuentra en libertad y la decisión recurrida de ningún modo ordena al Juez de Instrucción la imposición de una medida cautelar a su respecto, extremo que sí podría ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior que permitiría la equiparación de aquélla con una sentencia definitiva, dada la afectación de un derecho que requiere tutela inmediata (ver CSJN Fallos 314: 791 y 320: 2326). (Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<81911> Asimismo, las “… consideraciones expuestas para justificar la definitividad de la decisión recurrida no son aptas para conmover la respuesta del a quo [el auto de procesamiento no causa estado y es modificable en cualquier momento en la instrucción] y que fue expuesta en el auto interlocutorio… [] La alusión a la arbitrariedad o a la violación de las garantías constitucionales no autoriza a suplir la ausencia de definitividad y que nada obsta a que este Cuerpo analice los defectos de actividad alegados en ocasión del fallo final de la causa” ([ver STJRNSP in re “GALLARDO” Se. 50/09 del 06-05-09] y [STJRNSP in re “VELAZQUEZ BARRIENTOS” Se. 211/09 del 23-12-09]). (Del voto del Dr. Balladini sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<81569> En definitiva, la sentencia cuestionada se encuentra adecuadamente motivada y las críticas planteadas por el casacionista no logran demostrar los vicios que alegan, por lo que deben ser desestimadas. (Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<70888> En definitiva, tanto la ausencia de una crítica jurídica formalmente apta para revertir las razones que andamiaron la denegatoria, como la falta de demostración de los agravios vertidos (errónea apreciación de la prueba y arbitrariedad en su valoración), justifican el rechazo de la queja deducida.

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<81953> […] como ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la resolución que revocó el sobreseimiento definitivo…, pues las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva a que se refiere el art. 14 de la ley 48” (CSJN in re “GOIJMAN”, Se. del 05-02-87), criterio que ha sido adoptado por este Cuerpo en numerosos pronunciamientos (v.gr., [STJRNSP in re “CORTES” Se. 234/07 del 12-12-07]; [STJRNSP in re “Actuaciones… REBORA” Se. 72/08 del 28-05-08] y [STJRNSP in re “LUNA” Se. 102/09 del 21-08-09], entre otras). (Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<70956> En tal orden de situación, nunca podría verificarse la violación de la doctrina legal fijada por este Cuerpo para las obligaciones contraídas en dólares estadounidense, pues en el caso en examen, el precio del contrato, que es en definitiva en objeto de readecuación del presente litigio, fue fijado desde su origen, en pesos.

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<81849> En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto, es evidente que el recurso no puede prosperar, pues queda fuera de toda duda que el querellante particular – esto es, la parte legitimada para recurrir - es el señor J. B. y que el recurso de casación se interpuso con la sola firma del letrado patrocinante. Queda así claramente evidenciado que, a la hora de resolver la temática que nos ocupa, resulta terminante el no afectar etapas que por preclusión estarían cerradas. De tal modo, dado que no se observa actividad recursiva alguna de la parte querellante posterior a la sentencia definitiva, entiendo que no es posible arribar a otra solución en el sub lite que no sea la que propongo, en aras de resguardar los más elementales principios que rigen la materia. Es más, hacer lugar a la pretensión del querellante significaría la violación del debido proceso legal respecto de J.J. Q. (art. 18 C. Nac.), quien cuenta con una sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada [cf. STJRNSP in re “ASTORGA” Se. 26/07 del 21-03-07]. (Del voto del Dr. Balladini sin disidencia).

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2