Sumarios STJ

<34733> También ese Alto Cuerpo ha sostenido que "el cumplimiento de la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional) sólo requiere, como condición de validez constitucional, que la decisión de los órganos administrativos (en el caso, de personas de derecho público en ejercicio de funciones administrativas) esté sujeta a un control judicial suficiente, y ello supone asegurarle al afectado la oportunidad de ocurrir ante un órgano judicial, en procura de justicia, por una vía ordinaria, mediante una pretensión por medio de la cual pueda solicitar la revisión de las cuestiones de hecho y de derecho comprendidas o resueltas en la decisión administrativa" (SCBA, "Carrefour S.A.", 12-02-03; "Morán", 29-12-04). (Voto de los Dres. Lutz y Sodero Nievas).

Fallo

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<34574> La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: “No obsta a la declaración de la nulidad de la sentencia no suscripta por todos los miembros del tribunal colegiado, el hecho de que dicha irregularidad no fuera motivo de agravio, pues si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe limitarse a resolver lo pedido en el recurso extraordinario, el ejercicio de la facultad de corregir la actuación de las cámaras de apelación se impone como un deber indeclinable a fin de preservar la defensa en juicio garantizada por el art. 18 de la Constitución Nacional” (CSJN in re: “Cisneros, Á. L. c/ Instituto Nac. de Prev. Social Caja Nac. de Prev. para Trabajadores Autónomos”, 30-04-96, LL 1996 – D - 796). (Disidencia del Dr. Lutz)

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<34687> Tampoco se advierte la violación del principio de congruencia invocada por la recurrente [...], pues lo resuelto guarda concordancia razonable con las pretensiones deducidas en el pleito y las defensas opuestas al progreso de la acción. En el caso de autos, la parte actora fundó su pretensión en la existencia de vínculo dependiente y tal fue - precisamente- lo que tuvo por acreditado la Cámara. El hecho de que, en su defensa, la demandada negara la existencia de relación laboral e invocara que los actores eran socios de una cooperativa de trabajo que no fue demandada ni citada a juicio en calidad de tercero, no enerva la posibilidad de que el Tribunal resuelva la cuestión dando efectiva operatividad a los principios generales que sirven de fundamento a la persecución del fraude laboral y, especialmente, a aquellas normas que constituyen el basamento del orden público laboral (arts. 7, 8, 12, 13, 14, 17, 58 de la LCT).

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<34541> Cabe señalar que no hay impedimento para contestar la demanda por el hecho de haberse decretado la suspensión del juicio principal. Tal suspensión opera en la etapa en que el proceso se encuentra porque la naturaleza de la cuestión que constituye el objeto del incidente torna absolutamente imposible continuar la sustanciación de aquél (véase Carlos E. Fenochietto: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ...", Ed. Astrea, Tº I, pág. 661), pero en modo alguno supone que tenga ninguna incidencia en el cómputo del plazo para contestar la demanda contado desde la fecha en que el propio nulidicente manifiesta haber tomado conocimiento de la existencia de las actuaciones. El legislador no protege el derecho de defensa en abstracto, sino el derecho de "ejercitar" las defensas concretas que impone la carga procesal referida como condición de admisibilidad de la petición de nulidad. (Voto del Dr. Balladini).

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<34545> "Vemos cómo Couture emplea el mismo verbo (ejercer el Derecho) para concluir: 'Desde este punto de vista, la carga funciona, diríamos, a double face, por un lado el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar, en ese sentido es una conducta de realización facultativa, pero tiene, al mismo tiempo, algo así como el riesgo de no contestar, de no probar y de no alegar. El riesgo consiste en que si no lo hace oportunamente, se falla el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones'” (STJRNSL in re “VALCARCEL” Se. 258/03 del 24-09-03). (Voto del Dr. Balladini).

Fallo

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<34781> Si bien se ha admitido que algunas veces la sentencia de declaración de certeza pueda contener una providencia accesoria, por la cual se ordena a alguna oficina pública practicar una anotación, o variación o cancelación en un registro público (véase "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", op. cit., pág. 109), tal situación no se condice con una condena patrimonial como la que se termina imponiendo en el presente caso. No se condice no sólo por una cuestión meramente conceptual o dogmática, sino por otra más profunda, estrechamente vinculada con la garantía del debido proceso y la defensa en juicio, [...] y que tiene que ver con la necesidad de que la Cámara se hubiera pronunciado acerca del nivel de ocupación del hotel, lo que a su vez habría requerido de una concreta actividad probatoria enderezada a esos fines. (Mayoría de los Dres. Balladini y Sodero Nievas)

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<34725> Se advierte que la vía de hecho interpuesta a fs. [...] no puede prosperar. Ello es así pues no puede admitirse que una incidencia sucedida en el trámite de habilitación de la instancia extraordinaria dé lugar a la promoción de un nuevo recurso extraordinario. Plurales razones concurren para que ello así sea: a) para comenzar, cabe destacar que en el caso de autos la “sentencia definitiva” es, indudablemente, aquélla por la que se hizo lugar a la demanda y se condenó [...] a abonarle a los actores los montos reclamados [...], por lo que tal ha de ser – como de hecho lo fue - el “objeto” del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 56 Ley K Nº 1504); b) la circunstancia de que se haya tenido a la accionada por desistida de dicho recurso extraordinario por providencia simple podría dar lugar a que se discutiera si la vía impugnaticia pertinente es la del art. 299 del CPCCm o la del art. 55 de la Ley de Procedimiento Laboral K Nº 1504; evidentemente, ante las opciones, el STJ debe asegurar tanto la vigencia como la aplicación de los principios liminares de defensa en juicio y del debido proceso, por lo que no podría descartarse a priori ninguna de tales alternativas; c) ahora bien, elegida la opción del recurso de revocatoria, el rechazo de éste – como sucedió en el presente caso - viene a conformar la “resolución denegatoria” del recurso principal, susceptible de ser atacada por vía del recurso de queja previsto en el art. 299 del CPCCm; d) de ninguna manera podría pensarse que tal resolución es a su vez atacable por un nuevo recurso de inaplicabilidad de ley pues, además de no tratarse de una sentencia definitiva ni equiparable a tal, ello significaría retrotraer el procedimiento a una etapa procesal ya cumplida, lo que comprometería gravemente el principio de preclusión, en el que se hallan interesados las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio. (Voto de los Dres. Sodero Nievas y Lutz).

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<34535> Más allá de que los jueces valoran "en conciencia" la prueba (art. 53 ley P - 1504), en lo que hace a la testimonial, deben hacerlo de manera integral y no fragmentando indebidamente los elementos que conforman la declaración, con riesgo de desarticularla, pues una decisión así recortada, como sostienen las grandes líneas de la doctrina de la Corte Nacional, no constituiría derivación razonada del derecho vigente en orden a las constancias de la causa e impediría legitimarla como acto jurisdiccional válido. Tampoco pueden resolver apartándose de los hechos de la causa y de los términos en que ha quedado probada la litis a partir del contenido de las pretensiones de las partes, pues ello importaría menoscabo del derecho de defensa en juicio garantizado por el art. 18 de la C.N. y una evidente violación del principio de congruencia (Fallos 328: 1695). (Voto del Dr. Sodero Nievas)

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<34420> Ingresando en el análisis del recurso en examen, comenzaré por dejar sentado que la materia sustancial del “sub examine” remitiría a examinar el acierto o error de la Cámara en la apreciación de cuestiones eminentemente fácticas y circunstanciales, tal como es dilucidar si ha existido o no injuria para justificar el despido indirecto en que se colocaron las actoras. Dicha materia se encuentra usualmente exenta de censura en casación, salvo el excepcional supuesto de absurdidad en la apreciación y valoración de dichos extremos. Sin embargo, en el presente caso advierto la concurrencia de una anomalía formal que vicia el fallo y habrá de conducir a su descalificación como acto jurisdiccional válido. Ello así, teniendo en cuenta que la adecuada y suficiente fundamentación de la sentencia remite a una exigencia de orden constitucional (art. 200 Const. Pcial.) vinculada con la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. (Voto del Dr. Lutz)

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<34580> Es decir, es deber de esta alta magistratura evitar la dilación indefinida de los procesos cuando, empleando los mecanismos propios del recurso de inaplicabilidad de ley, se puede lograr una satisfacción suficiente de la contienda sin afectar el principio de congruencia ni el derecho de defensa en juicio, anticipando una resolución que finalmente habrá de coincidir con las ya existentes. Así también es de remarcar que la propia CSJN ha tenido pronunciamientos diferentes para supuestos análogos, tal como lo ha puesto de manifiesto el doctor Santiago Petracchi en su voto en disidencia al resolver la causa "CADE MARTORI S.A." (Fallos 312: 139, en particular consid. 7º). Tampoco surge de autos que alguno de los integrantes haya sido marginado o que en forma deliberada se haya impedido su participación en el decisorio, sino que, más bien, lo ocurrido se condice con la praxis judicial de proceder de esa manera para este tipo de resolutorios. (Mayoría de los Dres. Balladini y Sodero Nievas)

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