Sumarios STJ

<33375> La doctrina de la arbitrariedad es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales de Provincia cuando la insuficiencia de la impugnación es manifiesta y deciden sobre recursos extraordinarios de orden local (fallos 305: 515), si no se invoca ni se advierte una cuestión de entidad suficiente que afecte el debido proceso legal.(Voto del Dr. Sodero Nievas).

Fallo

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<35827> En virtud de lo expuesto, los argumentos vertidos en la queja en análisis no alcanzan para superar el examen de admisibilidad que este tipo de recursos requiere. Ello deja sin sustento a los agravios sobre arbitrariedad, errónea aplicación del derecho y absurdidad relativos a la omisión de valorar prueba esencial y/o a la erroneidad en la valoración efectuada. Al respecto se ha resuelto que las testimoniales en sede policial, sin incorporar ni siquiera los resultados del proceso, no se toman en cuenta, toda vez que carecen de virtualidad probatoria pues las partes no comparecieron a declarar con el control judicial pertinente para garantizar el debido proceso (CNAT, sala X, “Moreno, L. del V. c. V., N. B. y otros”, 09-10-06, DT 2007 (enero), 123). (Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia)

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<32107> En casos similares al presente, en tanto declaraban anticipadamente la inconstitucionalidad de la L.R.T. al resolver la excepción de incompetencia a modo de previo y especial pronunciamiento, este Superior Tribunal ha dicho que no corresponde tal declaración en abstracto si no hay previo debate y prueba que acredite en el caso concreto el contenido dañoso del que deviene la tacha. Ello máxime cuando, como en la cuestión de autos, las partes no efectúan planteo alguno que amerite una decisión de carácter previo. En efecto, el actor demanda al que era su empleador con una “sui generi” reserva de traer al pleito a la A.R.T., y el demandado contesta pidiendo la citación en garantía de ésta, la que comparece, contesta demanda, interpone como defensa de fondo la incompetencia y solicita se desestime cualquier tipo de reclamo contra ella. Corrido traslado al actor, éste nada dice sustancialmente sobre tal planteo y omite expresarse concretamente sobre la ampliación de la demanda a la A.R.T.. Por el atajo de resolver una excepción de incompetencia no interpuesta – ya que ha sido opuesta como defensa de fondo por la citada en garantía -, el “a quo” decide de un modo extemporáneo e impropio, carente de motivación suficiente y sin observar la jurisprudencia de la C.S.J.N. respecto del debido proceso en esa materia ni la ya referenciada y reiterada doctrina del Superior Tribunal de Justicia en los precedentes: “ANTIGNIR” Se. 172/02; “ESPINOZA” Se. 144/04; “MELLADO” Se. 148/04. (Voto del Dr. Lutz).

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<35173> No podemos suplir la inidoneidad o negligencia, pero sí evitar la arbitrariedad en la producción de la prueba. (Opinión personal del Dr. Sodero Nievas)

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<35174> […] sólo habré de señalar que si bien el Tribunal de grado es soberano en su actividad procesal en tanto y en cuanto se cumpla con la Constitución y con las leyes, para tener una mayor claridad en la definición de este proceso laboral sería necesario que los aspectos que definen la cuestión tengan el aporte probatorio adecuado a los efectos de que los sentenciantes puedan alcanzar una visión completa del "tema decidendum". (Opinión personal del Dr. Balladini).

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<34900> Conforme reiterada y añeja doctrina de este Cuerpo, la determinación de la existencia o inexistencia de relación laboral constituye una clara cuestión de hecho y prueba, reservada en principio a los Jueces de grado, en tanto no se invoque y demuestre el excepcional supuesto de absurdidad o arbitrariedad en la valoración de los componentes – de aquella naturaleza - en juego en cada caso [doctr. STJRNSL in re: “LOPEZ” Se. 12/06 del 13-03-06], o no se adviertan vicios en el razonamiento del grado que afecten necesariamente la motivación de la sentencia y se traduzcan en el defecto de “falta de fundamentación” del fallo, tópico que a su vez remite a una exigencia de orden constitucional vinculada con la garantía del debido proceso y la defensa en juicio [doctr. STJRNSL in re: “GOMEZ SALGADO” Se. 100/08 del 01-10-08]. (Voto del Dr. Balladini).

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<33209> La pretensión de acceder a la instancia de legalidad se perfila, en el presente caso, por vía de la invocación - con serios fundamentos - de una anomalía de orden formal, como es la argüída “falta de fundamentación” del fallo. Asimismo, dicho tópico remite a una exigencia de orden constitucional vinculada con la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. Es en ese marco de excepcionalidad que habrá de ser analizado el recurso incoado, pues en éste se explican sólidas argumentaciones - que exceden el ámbito de la discrepancia subjetiva - que cuestionan la estructura del razonamiento sentencial y su validez como acto jurisdiccional. En el caso de autos el recurso se funda, en primer término, en la pretendida nulidad de la sentencia por considerar que no existen votos coincidentes para sostener el rechazo de la demanda, pues el primer y tercer votante lo hacen por distintos argumentos. (Voto del Dr. Balladini).

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<36784> Si bien lo atinente a la existencia de relación laboral remite al examen de cuestiones de hecho y prueba, ajenas a la instancia extraordinaria local (cfr. STJRNS3 Se. 28/09 “STAGNARO” entre muchos), cabe hacer excepción a ese principio cuando, como aquí ocurre, los jueces de la anterior instancia no han dado adecuado tratamiento a la controversia de acuerdo con las constancias del caso y la normativa aplicable, pues ello revela la existencia de vicios en el razonamiento judicial que afectan necesariamente la motivación de la sentencia y derivan en el defecto de falta de fundamentación, tópico que a su vez remite a la exigencia constitucional de garantizar el debido proceso y la defensa en juicio (cf. doctrina de este STJRNS3 Se. 100/08 “GOMEZ SALGADO”). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

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<36180> En suma, la sentencia no aparece suficientemente fundada (art. 200 Const. Prov.) en cuanto a la situación del codemandado […] – padre - y su eventual vinculación con los demás codemandados en calidad de co - empresario de la panadería donde trabajó [C.], de suerte tal que también resultara co - empleador suyo –cf. art. 26, LCT- y, por ende, en definitiva co - responsable de las resultas del juicio. Tal insuficiencia conspira contra el cumplimiento de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 Const. Nac.) e impide considerar al pronunciamiento como un acto jurisdiccional válido. (Del voto de los Dres. Balladini y Sodero Nievas)

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<36178> En suma, la sentencia no aparece suficientemente fundada (art. 200 Const. Prov.) en cuanto a la situación del codemandado […] – padre - y su eventual vinculación con los demás codemandados en calidad de co - empresario de la panadería donde trabajó [C. ] , de suerte tal que también resultara co - empleador suyo –cf. art. 26, LCT- y, por ende, en definitiva co - responsable de las resultas del juicio. Tal insuficiencia conspira contra el cumplimiento de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 Const. Nac.) e impide considerar al pronunciamiento como un acto jurisdiccional válido. (Del voto de los Dres. Balladini y Sodero Nievas)

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