Sumarios STJ

<51666> La extensión del trámite sumarial durante un plazo que a la fecha lleva quince (15) años, claramente incumple con los estándares y reglas fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada en el caso "Losicer" (Fallos: 335: 1126) con expansión para todo proceso en que se ventilen responsabilidades disciplinarias; y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en oportunidad de examinar ciertas cláusulas sentadas en tratados internacionales sobre la materia que allí se alude. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

Fallo

SECRETARÍA CAUSAS ORIGINARIAS Y CONSTITUCIONAL STJ Nº4

<51665> [De los artículos artículos 31 y 32 de la ley K 2434, 35 del Reglamento Judicial] surge con claridad que el trámite endilgado al sumario disciplinario excedió largamente los plazos legales, resultando éstos irrazonables y -por ende- injustificada la demora incurrida; sin que -por otro lado- se haya verificado una conducta o actividad procesal del magistrado que obstaculizara el avance de la causa. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

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<51667> La razonabilidad del retraso en la solución de la controversia se debe analizar conforme el plazo razonable previsto en el art. 8 .1º de la Convención, que debe ser apreciado en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva. Respecto de las actuaciones desempeñadas por el recurrente en el pasado en su rol de fiscal, ha operado el cese de la potestad disciplinaria estatal por el transcurso del tiempo; esto es, por violación de la garantía del plazo razonable (cf. 18 de la C.N.; 8.1 de la CADH; 14.3.c del PIDCyP; XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).(Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

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<23086> La violación del principio del debido proceso articulada como nulidad por el magistrado -recurrente- con motivo del rechazo de la prueba testimonial que ofreció oportunamente fue desestimada por el CM -Consejo de la Magistratura- diciendo que se trata de una cuestión de hecho y prueba propia del Tribunal de enjuiciamiento, irrevisible en la instancia casatoria, conclusión que considero desacertada puesto que el art. 44 del Reg. Jud. consagra la garantía del derecho de defensa afirmando la presunción de inocencia y sobre todo el respeto de las normas vinculadas con la carga de la prueba y demás principios tutelares del CPP, que le permiten al imputado ofrecer toda la prueba necesaria para demostrar que no es culpable, ya que si bien es la Acusación la que debe probar los cargos, ello no quita que el imputado pueda acreditar su inocencia haciendo uso de todos los medios de prueba que tenga a su alcance (arts. 326, 353 y 197 CPP) . (Voto del Dr. LABORDE LOZA) .

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<50384> Al fundar su decisión en una prueba controvertida sin que se haya abierto a prueba u oficiado al municipio al respecto, el tribunal desconoce principios elementales respecto a la materia probatoria, que debe necesariamente tutelar como director del proceso. Ello es así, pues con este modo de actuar la Cámara desvirtuó la necesidad de que los litigantes conozcan de antemano las "reglas claras de juego" a las que atenerse, tendientes a afianzar la seguridad jurídica y a evitar situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales (Fallos: 311: 2082; 312: 767, 1908; 313: 326 y 325: 1578) y, de ese modo, convirtió al proceso en un "juego de sorpresas" que desconoce el principio cardinal de buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas (Fallos: 329: 3493 y 331: 2202). (Del voto del Dr. Apcarián sin disidencia).

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