Sumarios STJ

<25681> Los extremos invocados por la Cámara Tercera no encuadran en los supuestos del artículo 325 bis del CPP. cuando expresa: “...habíamos tenido en nuestras manos su reconocimiento expreso de culpabilidad firmado, y ello nos imposibilita ser imparciales y objetivos, debido a que no podemos abstraernos en nuestra convicción, en un nuevo juicio oral, del documento que fuera presentado con confesión firmada del imputado, y cuya firma fue reconocida por este mismo”, tal afirmación no es causal suficiente para proceder al apartamiento de los señores jueces por cuanto la manifestación del imputado respecto a su culpabilidad en modo alguno debería condicionar la imparcialidad del juzgador quien debe procurar en el proceso el esclarecimiento de la verdad objetiva. Teniendo presente que se encuentra preservada la administración de justicia, con el ejercicio imparcial que integra la garantía del debido proceso reconocida en el art. 18 de la Constitución Nacional (cf. CSJN., “FAYT”, 14-07-99), considero que deberá seguir entendiendo la Cámara Tercera del Crimen de la ciudad de General Roca, Tribunal que deberá resolver en autos .(Voto del Balladini).

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<50305> Como bien señala la Sra. Procuradora General, el parámetro a tener en cuenta para discernir la competencia en razón de la materia a la hora de juzgar, está dado por la calificación contenida en el auto de procesamiento. Subsunción típica de carácter primigenio y provisorio que le es dada a la jurisdicción como facultad y como deber. Ese encuadre liminar de la conducta reprochada, que el Juez elabora al procesar, al adquirir firmeza, fija la competencia de aquél que habrá de decir el derecho frente al caso y otorga al imputado una certeza, de la que no se puede prescindir, so pena de vulnerar el debido proceso y esta radica en la individualización del Juez Natural. (Del voto del Dr. Barotto sin disidencia)

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<25343> La acción en cuestión debe tramitar en la Cámara Laboral de General Roca hasta el dictado de la sentencia, por no resultar atraída en este estadio del proceso por la sucesión del demandado. (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<25682> Debe aclararse para evitar confusiones que en la presente causa el tribunal no conoció sobre el fondo de la cuestión. Es decir, que el desistimiento del imputado implica la imposibilidad de que la Cámara ejerza la facultad establecida en el inc. 4º y sg. del art. 325 bis. Concretamente el Tribunal no ha podido deliberar del modo en que lo pretende, ni hacer ninguna evaluación que comprometa la imparcialidad. Es más, técnicamente, al no existir conformidad por el procesado el juicio abreviado no puede existir y en consecuencia es improcedente la remisión a otro tribunal, sino que debe continuarse con el juicio común. (Opinión personal del Dr. Sodero Nievas).

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<51393> De las constancias de la causa se observa que el Juez […] ha sido reticente en avocarse al trámite de la acción impetrada, generando una dilación innecesaria en el curso del proceso, resultando de ello una conducta que no se corresponde con el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo del Magistrado, previstas por la Constitución Provincial, la Ley K 2430, el CPCC y la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. […] [Cf. Dictamen de la Procuración General que se comparte]. (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)

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<51259> [La señora Procuradora General] tiene presente que este Superior Tribunal de Justicia (en su anterior integración) y si bien sobre la base de otros fundamentos vinculados al alcance de la derogación del art. 265 de la LCT, ha arribado a similar conclusión frente a un supuesto como el de autos, determinando que la acción en cuestión debía tramitar en la Cámara Laboral respectiva hasta el dictado de la sentencia, por no resultar atraída en ese estadio del proceso por la sucesión del demandado (STJRNS4 AU. 158/05 “SANCHEZ”).[Cf. Dictamen de la Procuración General]. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

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<51258> La señora Procuradora General dictamina proponiendo que el conflicto negativo de competencia debe resolverse a la luz de lo normado en los arts. 6, 7 y cdtes. de la Ley 1504 en favor de la intervención de la Cámara Laboral de la III Circunscripción Judicial, hasta el dictado de la sentencia respectiva, la que una vez firme, habilitará la remisión de lo actuado al Juzgado en el que tramita el respectivo proceso sucesorio. Esto último, en virtud de las prescripciones art. 3284 del Código Civil. [Cf. Dictamen de la Procuración General]. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

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<26104> El falso testimonio se habría producido en la declaración efectuada en Cipolletti y sabido es que la competencia - territorio en el proceso penal, es el poder - deber del juez por razón de la materia para conocer y juzgar de un determinado delito, conforme la relación entre el lugar del hecho y el lugar en que el juez ejerce su jurisdicción, resultando indispensable que para proceder a tal determinación, el juez se atenga a los hechos ciertos comprobados en el expediente, a partir de los cuales pueda surgir con cierta nitidez cómo se han desarrollado los acontecimientos en orden a dilucidar la actuación que le cupo a quien resulte imputado. (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<20291> La cláusula del pacto punto 12 capítulo I del Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento, no resulta operativa, y requiere para su aplicación en la Provincias signatarias -que como la de Río Negro tengan prevista una competencia distinta y especial para las causas laborales- una reforma procesal específica. Es por ello que, mientras la ley 2743 no sea completada con otra de naturaleza procesal regirá la normativa provincial arts. 6 inc. 1º, 25 y cc. de la ley 1504 y 50 inc. 3º apart. a de la ley 2430. Asimismo, el cambio de competencia implicaría un retroceso, que iría a contramano del avance procedimental que significa el art. 139 inc. 14 de la Constitución Provincial, al pasarse en estos casos de un sistema oral al proceso escrito, cuando nuestra Alta Carta propugna justamente por lo contrario. En segundo término, obliga al obrero al tránsito de la doble instancia en detrimento de la rapidez del trámite, propósito que debe perseguirse en procesos que involucran créditos de naturaleza alimentaria. Y a más de ello, implicaría una vulneración al beneficio de pobreza y el principio de gratuidad (Cf. "Almaza", Se. Int. Nº 129/95) .

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<27208> Como bien indica la señora Procuradora General, tiene dicho el Alto Tribunal de la Nación: “…Si el hecho a investigar ha tenido desarrollo en distintas jurisdicciones, la elección del juez competente debe hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación, mayor economía procesal y mejor defensa de los procesados.” (Del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo; LL., Corte Suprema de Justicia de la Nación, 06-03-07, C., N. M. y otro). (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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