Sumarios STJ

Fallo

SECRETARÍA CAUSAS ORIGINARIAS Y CONSTITUCIONAL STJ Nº4

<22847> La excusación, al igual que la recusación, son procedimientos que la ley provee para garantizar el debido proceso. (conf. SCBA, P 33417, se. del 15-04-86 en AyS 1986 I, 423; SCBA, P 49996, se. del 01-04-97 en DJBA 153, 47) . (Voto del Dr. Lutz sin disidencia) .

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<20299> Una vez que a cada parte le ha sido asignado el lugar propio, el equilibrio alcanzado ha de ser mantenido por normas universales respetadas. Así, la instauración de una cierta igualdad entre las partes y el respeto de la legalidad son las dos condiciones para la institución y la conservación del orden y la armonía del todo, que es, para quien se ponga en el punto de vista de la totalidad y no de las partes, el sumo bien. Estas dos condiciones son ambas necesarias para que actúe la justicia pero sólo conjuntamente son también suficientes. La igualdad consiste en una relación: lo que da a ésta relación un valor, es decir lo que hace de ella una línea humanamente deseable, es el ser justa. (Cf. Bobbio N., Igualdad y libertad, Barba, Paidós, Ibérica, Barcelona 1993, pág. 58/59, Nº 2 y 3) . Voto del Dr. Corres (conjuez) .

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<20296> La sumariedad encarecida y extrema del procedimiento del amparo no puede privar de audiencia, del debido proceso, de un minimun de oportunidad defensiva a quien se atribuye la lesión constitucional (Cf. Morello, Augusto M. "El proceso de amparo es bilateral", en "Jus", Nº 1, pág. 65) . Voto del Dr. Corres (conjuez) .

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<20533> El tribunal resuelve admitir la recusación de los señores jueces, atento que no cabe duda que el proceso substanciado ante el Consejo de la Magistratura en el que se enjuició irregularmente la conducta del recusante, según sus propios dichos, y la acción por éste intentada tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de dicho proceso, comparten la misma materia judiciable que es el debido proceso legal, de raigambre constitucional; proceso en el cual los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, en diversas situaciones y oportunidades han contribuido a substanciarlo en todo su desarrollo, comprometiendo opinión en grado tal que autoriza su apartamiento de la causa (art. 17 inc. 7º CPCC. ) .

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<25681> Los extremos invocados por la Cámara Tercera no encuadran en los supuestos del artículo 325 bis del CPP. cuando expresa: “...habíamos tenido en nuestras manos su reconocimiento expreso de culpabilidad firmado, y ello nos imposibilita ser imparciales y objetivos, debido a que no podemos abstraernos en nuestra convicción, en un nuevo juicio oral, del documento que fuera presentado con confesión firmada del imputado, y cuya firma fue reconocida por este mismo”, tal afirmación no es causal suficiente para proceder al apartamiento de los señores jueces por cuanto la manifestación del imputado respecto a su culpabilidad en modo alguno debería condicionar la imparcialidad del juzgador quien debe procurar en el proceso el esclarecimiento de la verdad objetiva. Teniendo presente que se encuentra preservada la administración de justicia, con el ejercicio imparcial que integra la garantía del debido proceso reconocida en el art. 18 de la Constitución Nacional (cf. CSJN., “FAYT”, 14-07-99), considero que deberá seguir entendiendo la Cámara Tercera del Crimen de la ciudad de General Roca, Tribunal que deberá resolver en autos .(Voto del Balladini).

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<26906> Más aún debe considerarse afectado el debido proceso por tan sustancial omisión de anoticiar en legal forma a quien es parte necesaria, más allá de las disposiciones de la propia ley ritual en el art. 341 y cc. del CPCCm. (“…parte necesaria y legítima en todo proceso en el que se controviertan intereses de aquellos…” o sea la Provincia y sus entes descentralizados, en consonancia con el texto constitucional), con afectación de la defensa en juicio y el compromiso del orden público, ya que el trámite accede al carácter de “proceso” en el sentido jurisdiccional a partir de fs . La situación por tanto, acarrea la nulidad susceptible de ser decretada de oficio, en atención a la jurisprudencia de antigua data del STJRN desde “ZGAIB” Se. 29/93 del 05-03-93) y tal como lo vengo reafirmando desde mi voto en STJRNSC in re “BPRN” SE. 13/05 del 02-03-05. (Disidencia del Dr. Lutz).

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<26342> Efectivamente se advierte que no se ha notificado la sentencia al domicilio legal del IPROSS ni a la Fiscalía de Estado tal como las normas procesales lo requieren a fin de garantizar la defensa en juicio y el debido proceso al requerido. (Voto del Dr. Balladini).

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<26909> La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso - administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Expte. N° 5005/0 (“VILLA”), con voto de los Dres. DANIELE y RUSSO, dijo: “…El carácter estrictamente formal de la notificación comporta una consecuencia capital: una notificación que no haya sido hecha en debida forma no produce efectos, de lo cual se sigue que la propia resolución notificada tampoco podrá producirlos en contra del interesado, ya que la notificación demora el comienzo de la eficacia del acto…”. “Las cuestiones que afecten a las formas de las notificaciones, son de orden público y deben ser objeto por ello de un pronunciamiento preferente por los órganos de la jurisdicción, incluso como en el caso, de oficio, de modo que si se aprecia la existencia de una infracción formal con entidad para afectar gravemente el derecho de defensa en juicio…haciendo uso del principio iura novit curia debe declarase sin más la nulidad de la notificación…”. (Disidencia del Dr. Lutz).

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