Sumarios STJ

<18657> En el sub - lite surge evidente que las argumentaciones sustentatorias de la invocada arbitrariedad de sentencia, resultan una discrepancia subjetiva con la selección y apreciación de los elementos de información reunidos en el proceso, y por medio de los cuales pretende debatir nuevamente el porcentaje de incapacidad establecido por el grado, como así también el monto de indemnización fijado en cada uno de los rubros reclamados (incapacidad parcial y permanente, daño moral y daño psicológico), cuando dichas temáticas, por su naturaleza fáctica y probatoria, son propia de los jueces de grado y ajenas a la casación.

Fallo

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<18795> El actor (recurrente), interpuso en autos una demanda por cobro de pesos que persigue se declare la responsabilidad contractual por incumplimiento de la demandada, con la consiguiente obligación de reparar el daño causado (lucro cesante, daño emergente y moral); y en base a esa pretensión es que la Cámara resolvió la cuestión, interpretando que resultaba de aplicación la Ley (Nº 20216) que regula la responsabilidad de los prestadores de servicios postales privados. Ahora bien, de tales fundamentos debió agraviarse el casacionista, y no pretender la aplicación de una normativa que tiene un procedimiento propio, y que, además, de haber perseguido su aplicación hubiera correspondido que inicie las acciones conforme lo establece su propia reglamentación (Leyes Pciales. Nº 2817 y 4139 y Ley Nac. Nº 24240).

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<18475> Asimismo, en este sentido, se ha dicho que: “El medio de prueba utilizado de ordinario es el de presunciones, a cuyo respecto la doctrina y la jurisprudencia (Rev. LA LEY, t. 136, p. 1109; t. 120, p. 459; t. 129, p. 420; t. 134, p. 146) tienen establecido que deben ser graves, precisas y concordantes. Para ser graves deben revestir tal grado de probabilidad que, en el ánimo del magistrado, se traduzca en certeza moral. Para ser precisas, han de resultar inequívocas, que no se presten a interpretaciones inciertas o dubitativas. Por último, resultarán concordantes cuando, por su número y calidad, permitan un encadenamiento persuasivo y lógico. Como afirma Cámara, es una prueba que "depende única y exclusivamente de la prudencia del juez ... siendo la mejor guía el común buen sentido, la práctica de la vida y el conocimiento de la astucia de los hombres" Acuña Anzorena (y algunas decisiones judiciales antiguas dan un valor probatorio preponderante a la causa simulandi (Rev. LA LEY, t. 115, p. 344; t. 138, p. 943 y t. 145, p. 235), pero la doctrina moderna la considera tan sólo una presunción más, no imprescindible para obtener la declaración de la simulación (CAMARA, H.: “Simulación en los actos jurídicos”, núm. 140, p. 199, 2* ed., Ed. Depalma, Buenos Aires) y así lo entiende la jurisprudencia prevaleciente (Rev. LA LEY, t. 1978-D, p. 700 y E. D., t. 75, p. 533 y t. 78, p. 206). (Voto de los Dres. Sodero Nievas y Balladini).

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