Sumarios STJ

<37011> La circunstancia de que la Cámara haya valorado como injuria un motivo diferente del invocado por la demandada para despedir, no supone de por sí un caso de violación del principio de invariabilidad de la causa de despido, sino que configura un supuesto de defectuosa motivación de la sentencia, por violación del principio de congruencia. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)

Fallo

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<32621> “Fácil resulta colegir la conexión existente entre la congruencia y el principio dispositivo, cuando se rememora que éste implica el señorío pleno de las partes sobre el proceso; dominio que se perdería si se permitiera al órgano jurisdiccional que, verbigracia, sopesara hechos no alegados por los litigantes o concediera cosas no reclamadas” (Conforme, Lexis Nº 70007668, 29-08-02 - Grande Orlando J. v. Comuna de Elisa S/ Recurso de Inconstitucionalidad -Laboral-, 08-08-04). Ello implica, sin más, fracturar el escrupuloso respeto que merece el derecho de defensa en juicio de la contraparte, porque – en el caso - se cambia la pretensión entablada por los actores y, en definitiva, la Cámara termina desarticulando el equilibrio que consagra la congruencia procesal, con evidente violación del art. 18 de la Const. Nac..(Voto del Dr. Balladini).

Fallo

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<34774> El recurso plantea como uno de sus agravios centrales la violación del principio de congruencia por el exceso en que incurrió la sentencia al establecer una condena pecuniaria en el marco de una acción meramente declarativa. Concuerdo con ello, lo que - en mi opinión - habrá de conducir a la nulidad del fallo controvertido en los términos de los arts. 34, 163, 296 y ccdtes. del CPCCm. (Mayoría de los Dres. Sodero Nievas y Balladini)

Fallo

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<32618> Son los escritos constitutivos del proceso los que limitan y determinan la materia objeto de controversia y sometida a la decisión jurisdiccional. Sobre esa base, y luego de una detenida lectura del escrito de demanda, ampliación y su contestación, se advierte que las sumas descontadas con fundamento en el art. 5 de la ley 2990 no fueron peticionadas por la gran mayoría de los actores en estas actuaciones - con excepción dos únicas personas -, por lo que el pronunciamiento del grado, al otorgar al conjunto de accionantes un derecho diferente del solicitado, incurre en una decisión “extra petita” y, consecuentemente, transgrede la regla de congruencia. (Voto del Dr. Balladini).

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<30638> En función de entroncar con la cláusula del debido proceso, la decisión de este Superior Tribunal se vé amparada desde un doble orden de razones: el primero se desprende por mediar -en el fallo de Cámara una exorbitancia de los componentes en que se desarrolló la litis; y el segundo se vincula con la sanción nulificatoria que la propia ley procesal inexorablemente impone ante este tipo de situaciones.

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<32619> El sentenciante no podía avocarse a examinar la procedencia de las sumas descontadas por el art. 5 de la ley 2990 a todos los actores, por ser un aspecto que en rigor procesal no integraba la litis. Al hacerlo sin disquisición alguna, incorporó en forma indebida una cuestión que no estaba habilitada para ser tratada como punto de debate e incurre en una decisión que afecta la regla de la congruencia, por fallar por fuera de lo pedido, circunstancia que descalifica y provoca la nulidad de la sentencia. Por otro lado, dable es destacar que el quo omitió pronunciarse con relación a la pretensión de todos los accionantes, referida al descuento basado en el art. 6 del Dec.- Ley 1/92. (Voto del Dr. Balladini).

Fallo

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<32617> Efectuado un cotejo básico entre lo peticionado en el escrito de demanda y lo decidido por la sentencia recurrida, puede advertirse que el a quo ha resuelto ciertas cuestiones por fuera de lo que fue llevado a su jurisdicción, circunstancia ésta que constituye una decisión “extra petita”, y conduce a la nulidad del fallo controvertido en los términos de los art. 34, 163, 296 y ccdtes. del CPCyC y la jurisprudencia de este Superior Tribunal. (Voto del Dr. Balladini).

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<34073> El fallo atacado ha juzgado los presentes a la luz de disposiciones de la ejecución fiscal y que la falta de consideración de la normativa invocada y consentida por las partes implica que el fallo incurrió en un error jurídico vinculado con el deber de congruencia, dejando de considerar un tema que podría provocar una solución distinta para el litigio, con menoscabo del derecho de defensa. Siendo ello así, no cabe duda alguna de que la impugnación deducida debe hallar acogida favorable desde que el pronunciamiento del grado presenta deficiencias que ocasionan su nulidad absoluta, toda vez que al situarse en un camino jurídicamente incorrecto al momento de resolver, el impedimento de acceso a la vía judicial se vuelve carente de fundamento. (Voto de los Dres. Balladini y Sodero Nievas)

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<30500> La decisión adoptada por la primera instancia conlleva una demasía decisoria que importa una transgresión al “principio de congruencia”, en virtud de resolver más allá de lo que fue objeto del pleito, modificando las pretensiones formuladas. Es así que, efectuado un cotejo básico entre lo peticionado en el escrito de demanda -cese de la reducción salarial implementado por la ley 2989, devolución de sumas retenidas y declaración de inconstitucionalidad de la ley- y lo decidido por la sentencia recurrida -declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 2989 y los decretos 1/97 y 5/97-, puede advertirse que el “a quo” ha resuelto ciertas cuestiones por fuera de lo que fue llevado a su jurisdicción, circunstancia ésta que constituye una decisión “extra petitia”, y conduce a la nulidad del fallo controvertido en los términos de los arts. 34, 163, 296 y ccdtes. del CPCC .

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