Sumarios STJ

<33065> El recurrente pretende que este Cuerpo se aboque al reexamen del plexo probatorio rendido en la causa, lo que resulta impropio de la casación, máxime si consideramos que en la normativa del fuero rige el sistema de apreciación en conciencia de las pruebas (art. 49 inc. 1 de la ley 1504), el cual resulta mucho más amplio que el de la sana crítica que rige en otros órdenes adjetivos. (Voto de los Dres. Balladini y Lutz).

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<35824> […] la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires sostuvo: “Los jueces del trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que proponen las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el pronunciamiento, pues al prevalecer la apreciación en conciencia de las pruebas aportadas, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria, si no se demuestra absurdo” (cf. SCBA in re: “Bidalun, M. y otros c. B., A. S.A.C.I. y otros”, 14-04-10, La Ley Online AR/JUR/14863/2010). (Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia)

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<36646> En este sentido, es dable recordar que no es del resorte de la instancia extraordinaria el revisar todo el contenido fáctico del litigio, ni estudiar los antecedentes que le dieron origen, ni merituar la conducta de las partes en ocasión del distracto, ni ponderar las probanzas para asignarles una determinada significación. Todo ello queda reservado a la razonable discreción de los jueces de grado, que en el ordenamiento procesal local valoran “en conciencia” las pruebas y los hechos (art. 53 de la Ley 1504), lo que impide la casación si no se demuestra la falta de razonabilidad o logicidad de lo resuelto, elementos que están objetiva y definitoriamente ausentes del discurrir del recurso en consideración. (Del voto del Dr. Mansilla sin disidencia)

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<31308> El impugnante insiste en planteos de nítida raigambre fáctica y probatoria, como son los atinentes a la valoración del comportamiento de las partes -así como de otros sujetos involucrados- en los hechos históricos que dieron motivo a la contienda. Valga destacar que el sistema del rito laboral, además de consagrar el sistema de “apreciación en conciencia” de las pruebas, también se caracteriza por la oralidad del procedimiento, que impide a la casación reeditar algunas probanzas en virtud de su irreproductibilidad (vgr. testimoniales en la audiencia de vista de causa). .

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<81664> Por lo tanto, y tal como fue corroborado en la Sentencia “MARTINEZ” [STJRNSP Se. 175/09 del 11-11-09], el trastorno mental transitorio puede ser incluido en el art. 34 inc. 1º del Código Penal como grave perturbación de la conciencia, y la gravedad o entidad de la emoción pueden conducir tanto al art. 81 inc. 1º del mismo cuerpo normativo como a la inimputabilidad de quien lo padezca o, por ser la capacidad de control un concepto graduable - se trata del esfuerzo para poder motivarse en la norma -, de encontrarse ésta, pero disminuida, pueden aplicarse las reglas de la cuantificación de pena en el art. 41 del código de fondo. Todo depende del grado de perturbación de la conciencia por la intensidad de la emoción. La valoración de tal intensidad es propia del mérito probatorio de los señores Jueces, lo que es “del todo correcto toda vez que es ‘… característica de este grupo, como, además de muchos otros ya señalados, que las soluciones jurídico - penales dependan del grado de perturbación de la conciencia. Las emociones admiten, en efecto, una rica escala de matices. Ordinariamente cualquier delincuente (con exclusión de algunos) está emotivamente conmovido cuando realiza el hecho, sobre todo si se trata de un delito de sangre. Pero, a partir de aquí, la exaltación de la emotividad puede alcanzar planos de diversa intensidad. Desde luego, en esta escala se halla la simple emoción violenta, por ejemplo, del art. 81, C.P., que constituye simplemente un motivo de atenuación de la pena del homicidio simple. Pero esto no impide que la tensión emotiva alcance niveles de explosividad capaces de comprometer seriamente y aun de arrasar la posibilidad de inhibición y aun de actuación consciente. Según el grado de ese trastorno se tratará, en consecuencia, de una situación de inimputabilidad e incluso de una inexistencia de acto (como en el caso del sujeto que se halla aterrado o aterrorizado)’ (Jorge Frías Caballero, ‘Estados de Inconciencia’, en Doctrina Penal, Año 13, Nº 49 a 52, págs. 151 y ss.). Por lo tanto, la cuestión se dirime en cuanto al mérito de la intensidad de la emoción presente en el imputado al momento de los hechos y, por lo antedicho, el recurrente no alcanza a demostrar la sinrazón de la valoración del juzgador” [STJRNSP in re “MARTINEZ” Se. 175/09 del 11-11-09]. (Del voto del Dr. Balladini sin disidencia).

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<34848> Determinar el acierto o error con que la Cámara de grado tuvo por acreditado la existencia de tareas acordes con la incapacidad del trabajador a la época del distracto remite irremediablemente al análisis de cuestiones de hecho y prueba ajenas a esta etapa casatoria. Todo ello queda en el margen de la razonable discreción de los jueces de grado, que en el ordenamiento procesal local valoran “en conciencia” las pruebas y los hechos (art. 49 ley 1504), lo que impide la casación si no se demuestra la falta de razonabilidad o ilogicidad de lo resuelto. (Voto del Dr. Lutz).

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<36852> No es propio de la instancia extraordinaria revisar todo el contenido fáctico del litigio, ni estudiar los antecedentes que le dieron origen, ni merituar la conducta de las partes en ocasión del distracto, ni ponderar las probanzas para asignarles una determinada significación, porque todo ello queda en el margen de la razonable discreción de los jueces de grado, que en el ordenamiento procesal local valoran en conciencia las pruebas y los hechos (art. 53 de la Ley P  Nº 1504), lo que impide la casación si no se demuestra la falta de razonabilidad o logicidad de lo resuelto [(STJRNS3 Se. 146/03 “ANDION”); (STJRNS3 Se. 26/08 “SCHMALL”), entre otros)].

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<36030> Valga recordar que en el procedimiento laboral rige el sistema de “apreciación en conciencia” de las pruebas (art. 53 Ley P Nº 1504), y no el de la “sana crítica” imperante en el procedimiento civil. Ello le confiere al Tribunal del Trabajo una soberanía valorativa más amplia de las pruebas, que impide la injerencia de la casación en dichas cuestiones, excepto que se acredite la falta total de razonabilidad de las conclusiones (Conf. [STJRN in re “GONZALEZ DIAZ” Se. 8/91 del 26-02-91], [STJRN in re “SESSI” Se. 78/92 del 26-06-92], [STJRN in re “CALFIN” Se. 180/92 del 08-10-92], [STJRN in re “ARTOLA” Se. 182/93 del 09-11-93], entre muchas). No es ese el caso de autos, en el cual el a quo brinda plurares razones que sustentan y dan andamiaje a la conclusión a la que arriba. (Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia)

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<43599> "El recurrente que invocó el art. 34 inc. 1º del Código Penal debe recordar que se trata de una fórmula mixta (médico - legal y jurídica) que parte de una definición previa de intoxicación alcohólica como hipótesis, pero no alcanza si no demuestra que la misma es suficiente para producir una grave alteración o perturbación de la conciencia que le impida comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones". (STJ in re "PAINEFIL", Se. 69/02)

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<80506> Además, en cuanto es materia de análisis, es adecuado en los términos del art. 41 del Código Penal el análisis de los antecedentes del imputado - condena a la pena de tres años y tres meses de prisión en orden a los delitos de abuso sexual agravado y lesiones leves -, puesto que aquella sanción le permitió al autor actualizar el grado de conciencia sobre los alcances de la norma y las consecuencias de su violación (D'Alessio, Código Penal. Parte General, pág. 432). (Del voto del Dr. Balladini sin disidencia).

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