Sumarios STJ

<27803> Tal como lo señala el Juez de primer voto, citando precedentes de este Cuerpo, la calidad de convencional o ex convencional, como así también la de representante de un partido político o la de simple ciudadano no son suficientes para poseer la Legitimatio ad causam que se necesita para la presente causa, ante la omisión de su tratamiento por la vía correspondiente [STJRNCO in re “CARO” Se. 47/07 de fecha 17-04-07]. (Opinión personal de los Dres. Balladini y Maturana).

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<27864> No es que los derechos privados pierdan relevancia, ni que la habilitación de la jurisdicción constitucional pueda hacerse oficiosamente, sino simplemente que la finalidad de esa protección privilegiada impone atender antes y preferentemente a la preservación del interés público objetivo que emana, precisamente de las normas de la Constitución. Por ello, en las acciones declarativas que persiguen la invalidación de actos de naturaleza institucional debe reconocerse suficiente legitimación a toda persona que, como integrante de una categoría o conjunto afectado, reclame invocando la protección jurisdiccional para asegurar la vigencia o el adecuado funcionamiento de las instituciones que la propia Constitución provincial ha creado (cfr. Berizonce, Roberto, "El control de constitucionalidad local en la Provincia de Buenos Aires", JA, 1985 - IV, 781). (Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia).

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<27863> […] se suma la circunstancia de presentarse cuestiones de interés institucional en las que el máximo tribunal puede intervenir, si es que se fundamentan en intereses concretos de trascendencia social, política o institucional; y en este sentido cabe considerar que se está ante un supuesto excepcional en el que existe habilitación para conocer y decidir una cuestión que traspasa el interés de las partes; comprendiendo los de la comunidad, proyectándose en el tiempo (“Gravedad e Interés Institucional, cf. Barrancos y Vedia - R.E. y Gravedad Institucional -, pág.51 y ss.), razón que justificaba un tratamiento diferenciado de la legitimación y alcances de la acción interpuesta. (Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia).

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<27964> Al respecto, es oportuno señalar que la Corte Suprema de Justicia también ha dicho que: Las cuestiones de recusación sólo pueden ser introducidas por quienes intervienen en el proceso en calidad de parte (Cf. art. 14, 15 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; ED. 17-09-99, nro. 34.; Fayt, C. S. C/ Estado Nacional S/ proceso de conocimiento; 19-08-99; T. 322, P. 1641).

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<27939> En definitiva, desconocer la legitimación a la actora en las presentes actuaciones sería un rigor formal innecesario, atento la declaración de abstracto que se propone, atento a que como bien señala la actora a fs. , ha perdido interés en la continuación de este pleito puesto que los Poderes Legislativo y el Ejecutivo han puesto en funcionamiento el sistema de unificación de cuentas, con especial respeto de la división de Poderes y la jurisdicción del Poder Judicial. Por todo ello, corresponderá declarar que la cuestión propuesta al Tribunal ha devenido abstracta […] (Opinión personal del Dr. Sodero Nievas)

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<27866> Tengo en cuenta además que se impugna expresamente el presupuesto y eventualmente su importancia como ley de leyes, y su impacto en la finalidad de gobernar al Poder Judicial y afianzar la justicia. En tal sentido, la Constitución provincial en su Artículo 99 dispone: “Todo gasto de la administración debe ajustarse a la ley de presupuesto. Las leyes especiales que dispongan o autoricen gastos, deben indicar el recurso correspondiente. Estos gastos y recursos son incluidos en la primera ley de presupuesto que se apruebe, bajo sanción de caducidad.”. Como es de público y notorio, el presupuesto del Poder Judicial se destina en un más del 90% (noventa por ciento) a sufragar remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados. En consecuencia, es previsible que la interpretación constitucional que se efectúe del conjunto de normas que rigen el presupuesto público y su ejecución puedan generar potencialmente perjuicios a la masa salarial que en la parte pertinente tienen asignado los empleados del Poder Judicial conforme el régimen de equiparación activa fijadas por acordadas 9 y 11 del 2005 y que es el aplicable hacia el futuro. En síntesis, si bien el daño es potencial, puede llegar a existir, y por sobre otra consideración la interpretación constitucional que se refieren a la organización del Poder Judicial, su conducción y la facultades que corresponden al Superior Tribunal de Justicia y también al Ministerio Público (art. 206 y ss. 215 CP.) deben ser materia de un pronunciamiento expreso ya que la protección del sistema republicano de gobierno comprende no solo la división de poderes sino además la relación inter - institucional y es preciso interpretar qué significa en concreto autonomía funcional, superintendencia e intangibilidad presupuestaria y garantía institucional, por señalar solo los temas más trascendentes que surgen del escrito analizado; y eventualmente decidir si algún artículo de la ley 4199 es inconstitucional. Todos estos razonamientos confirman, entonces, la trascendencia institucional de la cuestión a decidir aún cuando no fuera planteado por el SITRAJUR, como ha ocurrido en los precedentes que hemos citado. (Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia).

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<27938> En síntesis, los sindicatos con personería gremial son personas jurídicas que actúan con plenitud de facultades y deberes, como el resto de las personas jurídicas, con el plus de las garantías especiales que le otorga el art. 14 bis de la CN, el art. 41 de la C. Provincial, 33, 35, 42, 46 y cc. del C. Civil, y los ya citados de la OIT, según la naturaleza del conflicto, quedando así enmarcada la primera condición para evaluar la legitimación en las presentes actuaciones, la que como se verá, no puede merecer otra respuesta que la afirmativa. (Opinión personal del Dr. Sodero Nievas)

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<27860> Pasando a considerar la excepción planteada por el representante legal de la Fiscalía de Estado, es dable considerar en primer lugar que la Constitución Nacional en su art. 14 bis y 75 inc. 22, con referencia especial a los convenios de la OIT aplicables, garantiza la existencia de las asociaciones sindicales libres y democráticas que tienen, como toda institución, una ley de regulación – Ley 23551 y su Decreto Reglamentario 467/88 - de la que surgen las tradicionales categorías de asociaciones simplemente inscriptas (arts. 21 a 24 de dicha ley) y con personería jurídica. (arts. 25 y ss. de la misma). En este caso estamos en presencia de una asociación con personería jurídica, y por lo tanto la representación libre del colectivo de los trabajadores ante el Estado y los empleadores, y la posibilidad de negociar las condiciones de trabajo, aparecen como los rasgos más salientes, siempre en concordancia con la Convención 87 de la OIT. En síntesis, los sindicatos con personería gremial son personas jurídicas que actúan con plenitud de facultades y deberes, como el resto de las personas jurídicas, con el plus de las garantías especiales que le otorga el art. 14 bis de la CN, el art. 41 de la C. Provincial, 33, 35, 42, 46 y cc. del C. Civil, y los ya citados de la OIT, según la naturaleza del conflicto, quedando así enmarcada la primera condición para evaluar la legitimación en las presentes actuaciones, la que como se verá, no puede merecer otra respuesta que la afirmativa. (Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia).

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<27861> Cabe tener presente lo expresado por la CSJN en la causa M. 970. XXXIX; “Mujeres por la Vida - Asociación Civil sin Fines de Lucro – filial Córdoba – C/ E.N. – P.E.N.– M° de Salud y Acción Social de la Nación S/ amparo” (31-10-06, Fallos T. 329, P. 4593) en cuanto existen situaciones en las que la legitimación autorizada por la Constitución Nacional se refiere a bienes e intereses que no reconocen titulares individuales y que, por ende, pueden ser alcanzados por decisiones de los órganos estatales, sin violar, por ello, el derecho de defensa en juicio de personas afectadas. (Del voto del Dr. Sodero Nievas sin disidencia).

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<27965> En referencia a la Legitimación del Procurador General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: “El titular del Ministerio Público Fiscal carece de aptitud para deducir la recusación, pues su actuación está inequívocamente limitada (art. 33, inc. a), ap. 5 de la ley 24946) a determinar si corresponde a la competencia de la Corte la cuestión federal articulada en el recurso extraordinario, sin asumir la condición de parte como, en cambio, prevé dicho texto legal para otro tipo de situaciones (art. 40, inc. b) y 41, inc. a)”. (Cf. ED. 01-09-99, nro. 34; F. 100. XXXV; REX Fayt, C. S. C/ Estado Nacional S/ proceso de conocimiento, 14-07-99, T. 322, P. 1408).

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