Sumarios STJ

<70705> Pero también a la afirmación de Bustamante Alsina respecto de la inexistencia de penas privadas en nuestro ordenamiento, se pueden enumerar varios elementos que contradicen tal afirmación. Es que la fundamentación dada en el marco del derecho civil encuentra un tratamiento diferencial en el derecho comercial, en especial en el derecho societario, que no es más que un capítulo de este Código. Así, el art. 133, Ley de Sociedades Comerciales 19550 (t.o. 1984, LA 1984 – A - 46) y modif., al tratar el régimen de la sociedad colectiva, expresamente establece: “Actos en competencia. Un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que importen competir con la sociedad, salvo consentimiento expreso y unánime de los consocios. Sanción. La violación de esta prohibición autoriza la exclusión del socio, la incorporación de los beneficios obtenidos y el resarcimiento de los daños". Ese artículo dispone manifiestamente, dentro del marco del Derecho Comercial, una pena privada a favor de la persona jurídica lesionada. (Disidencia parcial del Dr. Sodero Nievas)

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<70727> […] es evidente que el daño punitivo es una figura que, si bien ha sido receptada en la legislación argentina a través del art. 52 bis de la Ley Nº 24240, la misma ha sido únicamente para las relaciones de consumo, en tanto y en cuanto, tiene como presupuesto de procedencia los daños que pueden causarse a los consumidores por los productos elaborados. Sin embargo, no se ha dictado, en igual sentido, una norma que recepte este instituto dentro del derecho civil, más específicamente dentro del derecho de daños. (Mayoría de los Dres. Lutz y Balladini)

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<70701> […] en el ámbito local se han asumido tres posiciones diferentes acerca de esta materia. Así tenemos que Bustamante Alsina es precursor de la tesis negatoria de los daños punitivos en nuestro derecho; por entender que “no son de aplicación en nuestro sistema de responsabilidad civil ni puede propiciarse de lege ferenda, ninguno de los principios jurídicos que en otras legislaciones foráneas pueden dar sustento a penas civiles o sanciones represivas, retributivas o ejemplares en el ámbito del derecho privado. Las legislaciones de todos los países que tienen origen en la tradición escrita del derecho romano a través del derecho continental europeo, no toleran la aplicación de este tipo de sanciones en el derecho privado y las reservan exclusivamente a los ilícitos penales que por su carácter público tienen un régimen particular de estrictas garantías en la administración de justicia represiva”. Bustamante Alsina Jorge “Los llamados “daños punitivos” son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil” (LL 1994-B, pág. 860). A su vez la posición intermedia, es sostenida en nuestro derecho por la Dra. Kemelmajer de Carlucci, quien observa que este tipo de situaciones no pueden ser toleradas pasivamente por el ordenamiento legal y que frente a determinados situaciones, como “la invasión a la intimidad por medio de la prensa, daños al medio ambiente, a la propiedad industrial, a los derechos intelectuales, los causados a través de productos elaborados, etc. el ordenamiento debe permitir que el dañado opte por reclamar o el daño efectivamente sufrido, o las ganancias obtenidas por el dañador.” Admite que la adopción de este sistema rompe el “régimen de la relación de causalidad adecuada”, pero podría traducirse en un beneficio en el derecho nacional. Como tercera posición, en las antípodas de la tesis negatoria, se ubica Pizarro, quien entiende que el modelo norteamericano debe ser adoptado sin más en la legislación Argentina. Para concluir en este sentido, dice que “la mera reparación del perjuicio puede resultar insuficiente para desmantelar los efectos de ciertos ilícitos, particularmente cuando quien contraría el ordenamiento jurídico causando un daño a otro, actúa deliberadamente con el propósito de obtener un rédito de esa actividad o con grave menosprecio de los derechos de terceros. La idea de que, en tales supuestos, es necesario mandar a pagar algo más que la mera reparación del daño, fluye como un sentimiento de justicia, no disociado en modo alguno de los valores seguridad y equidad....” (Pizarro, Ramón “Daños Punitivos”, en Derecho de Daños, Seg. Parte, La Rocca, 1993, págs. 333/334). (Disidencia parcial del Dr. Sodero Nievas)

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

<42532> Así, dice Zaffaroni ("Derecho Penal, Parte General", 4, p. 413) que "el derecho penal es la rama del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo, para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho".

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<43633> La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en "B., G. P. s/ recurso de inconstitucionalidad..." (Se. del 11-09-02), dijo: "... En el derecho argentino actual constituye una 'communis opinio' tanto doctrinaria como jurisprudencial que las condiciones que debe reunir un acto procesal para comportar secuela del juicio son: a) ser suscriptos o producidos por aquellos a quienes la ley penal confía el ejercicio de la acción penal y/o la actualización de la pretensión punitiva del Estado; y b) ser persecutorios, es decir, estar dirigidos contra una persona determinada con el objeto de actualizar la pretensión punitiva del Estado, mediante la aplicación de la pena prevista para el delito cometido". En coincidencia, la Sala 2 de la Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal, con voto de los doctores Cattani e Irurzun (in re "DOZO MORENO", Se. 19673/03), entiende persecutorios los actos que encaminen el juicio contra persona determinada, pues permitirían afianzar su imputación.

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<36772> […] la naturaleza claramente punitiva o sancionatoria de la Ley 25323 impone su interpretación restrictiva y, consecuentemente, impide extender su aplicación a supuestos de hecho no enumerados o previstos de manera expresa en el articulado. (Mayoría: Dr. Apcarian, Dr. Barotto y Dr. Mansilla) [OBSERVACIONES: Doctrina relacionada con: STJRNS3 Se. 81/05 “MARTINEZ”; entre otras]

Fallo

SECRETARÍA LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LABORAL STJ Nº3

<80581> La extinción de la acción penal por prescripción con fundamento en dicha razón es la vía jurídica idónea para hacer cesar la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo para evitar que se dilate un estado de indefensión, por lo que no puede aplicarse cuando aquélla ya se ha ejercido mediante una sentencia condenatoria. (Del voto de los Dres. Gallinger y Bollero)

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<85158> La simple constatación del quantum punitivo superior que impuso el sentenciante respecto de la acusación fiscal denota la afectación del principio de congruencia por ultra petitum. Esa extralimitación en relación con la acusación significó, a su vez, una restricción esencial al derecho de defensa y la violación del derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. (Disidencia: Dra. Zaratiegui)

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1

Fallo

SECRETARÍA CIVIL STJ Nº1