Sumarios STJ

<80340> Esos límites a la competencia funcional del Tribunal ad - quem resguardan garantías constitucionales que en el sub lite se advierten de forma palmaria e insoslayable en función de la improcedencia sustancial del recurso de casación de la querellante particular (por la referida carencia de legitimación para pretender una incriminación) lo que obsta al análisis de sus agravios. (Del voto del Dr. Bustamante sin disidencia).

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<80341> Igual carencia de jurisdicción tiene este Superior Tribunal de Justicia respecto de la ausencia de pretensión punitiva del titular de la acción pública y en razón de sus conductas procesales (“atento a la unidad de acción exigida por los arts. 71 y 73 de la Ley K 2430; 2 de la Ley K 4199 y 215 de la Constitución Provincial” al Ministerio Público Fiscal - conf. STJRNSP in re “GARCIA” Se. 128/08 del 23-09-08, entre otras -). (Del voto del Dr. Bustamante sin disidencia).

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<80339> Establecido lo anterior es dable recordar que esta instancia se encuentra “signada por el principio dispositivo, donde el ejercicio de la jurisdicción está limitado por el alcance de los medios impugnativos y por la motivación del agravio que afecta a la parte que resiste el pronunciamiento al que se atribuye injusticia o ilegalidad... No cabe dudar, entonces, que la competencia funcional del tribunal de alzada es restricta. La congruencia exige correspondencia entre la decisión y lo que es materia de la impugnación. El objeto se depura por los términos en que la impugnación se ha interpuesto y sustentado” (Norberto J. ITURRALDE, “Disposiciones sobre los recursos en el Código Procesal Penal de la Nación”, en LL 1995 - C, Sec. Doctrina, pág. 1256). Este principio debe ser completado con el reconocimiento de las atribuciones de este Cuerpo - en los casos en que abra su jurisdicción por un recurso - para ingresar en el tratamiento de oficio ante el supuesto de nulidades absolutas en el proceso, en cuyo marco cabe destacar la última parte del art. 418 del Código Procesal Penal que establece la prohibición de la reformatio in pejus, que impide que la resolución en crisis se modifique en perjuicio del imputado cuando sólo ha sido recurrida por él o a su favor. En este sentido, el imputado no puede quedar en peor situación que la que tenía a la de la interposición del recurso (ver Miguel A. Almeyra, “Reformatio in pejus y juicio de reenvío”, DJ 1986 - II, 1 y ss.; conf. “KIELMASZ” [STJRNSP Se. 154/02 del 19-12-02] y “CALVO” [STJRNSP Se. 157/05 del 10-11-05], entre muchas otras. En igual sentido, ver CSJN in re “LIMA”, del 04-11-08; ver “ÑANCUCHE” [STJRNSP Se. 27/09 del 31-03-09]). (Del voto del Dr. Bustamante sin disidencia).

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<80342> En consecuencia, y reiterando lo antedicho, es jurídicamente imposible que este Superior Tribunal de Justicia realice la revisión integral de la sentencia absolutoria […], conforme el fallo “CASAL” de la Corte Suprema de Justicia nacional, por la carencia de legitimación de la parte querellante particular (que impide siquiera ingresar en el análisis de los agravios de su recurso de casación) y la omisión de acusación (en la audiencia de debate) e impugnación casatoria del Ministerio Público Fiscal. (Del voto del Dr. Bustamante sin disidencia).

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<80343> El recurso de casación deducido por la parte querellante en estas actuaciones resulta manifiestamente inadmisible. Ello es así en tanto la remisión a juicio de los imputados prosperó sólo en función del requerimiento del Agente Fiscal, mientras que el querellante no produjo en la etapa procesal oportuna (del entonces vigente art. 318 CPP) ninguna actividad útil tendiente a ejercer la pretensión punitiva, por lo que quedó privado de su facultad de acusar en el debate. De esta forma, y ante la absolución de aquéllos, pedida en forma expresa por el Fiscal, no es posible retrogradar el proceso a etapas ya superadas, como pretende en esta instancia extraordinaria el abogado de la querellante, cuando en el juicio no se han observado las formas sustanciales, so pena de incurrir en una violación del art. 18 de la Constitución Nacional. Lo dicho tiene fundamento en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expuesta en el fallo dictado el 11-07-06 en autos “DEL'OLIO” (Expte. D. 45. XLI), ya citado. (Opinión personal del Dr. Estrabou).

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<80336> “Es decir, la decisión de los querellantes de no hacer uso del derecho de acusación en la oportunidad del Título VII [VIII conf. Digesto Jurídico de la provincia de Río Negro -] del Libro segundo del Código Procesal Penal aparejó la pérdida de los derechos procesales vinculados con el acto precluido. En esta cuestión, como ha dicho este Cuerpo, rigen plenamente los principios de progresividad y preclusión procesal, reiterados tantas veces por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De no respetarse tales principios, 'que emanan precisamente de las garantías del debido proceso legal y de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), se permitirían no sólo la dilación indefinida del proceso en el tiempo sino el replanteo de cuestiones procesales ya superadas y la impugnación del Tribunal interviniente hasta el momento antes de dictar sentencia, lo que constituye realmente un absurdo' [STJRNSP in re “INC…. BUSTAMANTE” Se. 30/02 del 11-04-02 y “HERNANDEZ” Se. 81/06 del 05-07-06]. (Del voto del Dr. Bustamante sin disidencia).

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<80338> Atento a los fundamentos expuestos, la parte querellante dejó de ejercer su derecho de acusación en la etapa de elevación a juicio y por tanto precluyó su posibilidad de procurar una incriminación en este proceso penal (art. 18 de la Constitución Nacional). (Del voto del Dr. Bustamante sin disidencia).

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<80337> “En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la sentencia es el modo más importante de concluir el proceso y el principal acto procesal - al decir de Alcalá y Castillo, es 'la declaración de voluntad del juzgador acerca del problema de fondo controvertido u objeto del proceso' -, el ejercicio del derecho de defensa debe ser eficaz, para lo que es imprescindible que se cumplan los requisitos de forma que lo aseguren. Entre ellos se encuentra la exigencia del art. 319 del código adjetivo, que prescribe que el requerimiento de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, pues ello hace a la adecuada intervención del imputado en el proceso (art. 148 inc. 3º íd.). Además, el acto procesal mencionado debe respetar la base fáctica de la intimación realizada en la declaración indagatoria y del auto de procesamiento. “Tales exigencias son de importancia relevante e igualmente exigibles a la parte querellante particular, toda vez que la hipótesis fáctica que contiene la acusación para la elevación a juicio de cada parte procesal determina y circunscribe su actividad, de tal modo que sobre ella incide toda actividad ulterior: la defensa del imputado, la prueba, la discusión, la incriminación y la decisión definitiva del Tribunal de juicio” [ver STJRNSP in re “SORIA” Se. 176/06 del 09-11-06; en sentido concordante, […] STJRNSP in re “GONZALEZ” Se. 102/07 del 22-06-07]. (Del voto del Dr. Bustamante sin disidencia).

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