Sumarios STJ

<42687> La queja debe prosperar en tanto rebate adecuadamente lo sostenido en el auto interlocutorio. Ello en tanto el a quo equivoca la interpretación del art. 5 2º párrafo de la Ley 2222, al determinar que la decisión adoptada es irrecurrible. La norma en cuestión señala que si la petición se presentara durante la etapa del juicio y correspondiese la intervención de la Cámara del Crimen como Tribunal del Debate, la decisión será inapelable. Asiste razón entonces al recurrente al señalar la diferencia entre "inapelable" e "irrecurrible". La primera hace referencia a la imposibilidad de interponer el recurso de apelación contra una resolución adoptada por un juez Correccional o una Cámara del Crimen en virtud de la instancia única instituida en nuestro sistema procesal vigente. Ello no significa que contra tales resoluciones no pueda recurrirse en uso de los remedios previstos por el ritual como el de reposición (art. 416 C. P. P. ) o la casación (art. 426 C. P. P. ) , cuya admisibilidad o procedencia deberá analizarse luego conforme con los requisitos pertinentes.

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<42689> En el análisis del acto impugnado -revocación del beneficio de trabajo extramuros- no se advierte ausencia de motivación suficiente que pudiera dar andamiento al progreso del recurso de casación en estudio. Las alegaciones que efectúa el recurrente invocando un supuesto de arbitrariedad no van más allá de la exposición de un particular criterio que, aunque discordante con el del resolutorio, no logra demostrar la condición de palmaria ilogicidad que caracteriza al razonamiento arbitrario.

Fallo

SECRETARÍA PENAL STJ Nº2

<42688> A mayor abundamiento, en materia de recursos, el beneficio instituido por la Ley 2222 debe equipararse con las previsiones adoptadas por los arts. 476 en función del 460 del Código de rito, que posibilita el recurso de casación contra las resoluciones que se adopten frente a una solicitud de libertad condicional pedida por un condenado, teniendo en cuenta que aquellas previsiones se adoptan respecto de una persona en prisión preventiva. A ello debe agregarse, además, que la resolución que revoca la autorización para desempeñar actividades laborales remuneradas fuera de los muros y sin custodia policial, fundada en el incumplimiento de las condiciones establecidas en el auto que la acordó -tal el caso de autos-, caduca el derecho a solicitarla de nuevo. Ello asimila la decisión aquí cuestionada a una sentencia definitiva en los términos del art. 427 del Código Procesal. Que, sin embargo, es doctrina de este Superior Tribunal de Justicia que la eficacia del remedio de hecho no habilita automáticamente la instancia extraordinaria, sino que es posible -con el fin de resguardar el derecho de defensa, evitando la situación de incertidumbre que todo trámite procesal penal conlleva- realizar un examen de admisibilidad del recurso principal, para evitar el acceso de aquéllos que manifiestamente no pueden prosperar (conf. Se. 97/02 STJ del 04-09-02 in re "ARIAS") .

Fallo

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