Sumarios STJ

<82035> […] Este Cuerpo tiene dicho que la determinación del monto de la pena aplicable debe seguir los parámetros correspondientes para tal fin. Concretamente, la ponderación de las constancias conducentes del proceso para seguir las pautas vinculadas con la pena, que “es la herramienta que emplea el derecho penal para ejercer su función de control social de carácter formal. Se trata de una temática que exige la máxima prudencia en los jueces y en cuya individualización judicial deben liberarse de los prejuicios personales, las simpatías y las emociones, y orientar su sentencia exclusivamente atento a criterios objetivos de valoración. Además, hemos establecido que la argumentación de la imposición de pena – dentro de la escala penal aplicable - de acuerdo con el art. 40 del Código Penal manda a merituar la totalidad de los atenuantes y agravantes que surgen de las constancias de la causa; el inc. 1º del art. 41 reconoce cuatro elementos posibles, mientras que el inciso siguiente se refiere a diez, más el conocimiento ‘de visu’ del imputado, la víctima y las circunstancias del hecho en la medida requerida para el caso” [STJRNSP in re “FISCALIA NRO. 2” Se. 190/06 del 27-11-06; in re “FURLAN” Se. 131/07 del 07-08-07; in re “ROMERO” Se. 45/08 del 21-04-08; in re “CARRASCO” Se. 134/08 del 30-09-08 e in re “MARQUEZ” Se. 190/08 del 19-12-08, entre otras]. (Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).

Fallo

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<82039> En el sub lite, esta última peligrosidad referida al caso concreto reprochado fue ponderada por el a quo (fs.) y no controvertida por el impugnante. En este sentido, el juzgador ponderó las pautas de los arts. 40 y 41 del código de fondo (fs.) y, entre ellas, las que dice omitidas la defensa (antecedentes penales, juventud y modalidades de vida […]). Además, el mínimo de pena no es un imperativo legal cuando estas últimas sean favorables al encartado [cf. STJRNSP in re “LINAI” Se. 172/09 del 09-11-09], sino que se deben merituar con el resto del conjunto de pautas que la normativa prevé. Como se advierte, el contenido del injusto se intensifica desde la propia calificación a la que se arriba, por lo que no podría la defensa pretender el mínimo de pena de la escala y por ende la modalidad de ejecución de pena de prisión en suspenso. (Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).

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<82036> Además, “el objetivo del cumplimiento de la pena es la resocialización o readaptación social del penado. Este fin de prevención especial de la pena está en consonancia con lo dispuesto por la Constitución Nacional al incorporar con jerarquía constitucional los tratados sobre derechos humanos. Al respecto, el art. 5º ap. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) dispone que ‘las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados’. En igual sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 10 ap. 3, establece que ‘el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados’ (conf. Carlos Enrique Edwards, Régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad. Ley 24660. Revisado y comentado, ed. Astrea, 1997, págs. 30/31)” [STJRNSP in re “MENDEZ” Se. 39/10 del 31-03-10]. (Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).

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<82037> […] la invocación a la peligrosidad “constituye claramente una expresión del ejercicio del ius puniendi estatal sobre la base de las características personales del agente y no del hecho cometido, es decir, sustituye el Derecho Penal de acto o de hecho, propio del sistema penal de una sociedad democrática, por el Derecho Penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor jerarquía… En consecuencia, la introducción en el texto legal de la peligrosidad del agente como criterio para la calificación típica de los hechos y la aplicación de ciertas sanciones, es incompatible con el principio de legalidad criminal y, por ende, contrario a la Convención” (CIDH, Serie C. N° 126, caso Fermín Ramírez contra Guatemala, del 20-06-05, conf. CSJN in re “GRAMAJO”, citado en [STJRNSP in re “CALVO” Se. 4/08 del 12-02-08]). (Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).

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<82038> Así, la “peligrosidad como fundamento de la pena sólo es admisible cuando se concibe al ser humano como una cosa más entre todas las cosas, movido mecánicamente al igual que el resto de los entes y, por ende, susceptible de ser calificado según reales o supuestas fallas mecánicas que colocan al Estado en la disyuntiva de corregirlas y, en caso de imposibilidad, de eliminar al sujeto” [STJRNSP in re “PORMA” Se. 109/07 del 03-07-07]. (Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).

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<82040> Así, establecida la indiscutible razonabilidad que las penas deben respetar para su cumplimiento - sea cual fuere su fin -, en el sub exámine no se demuestra ni se advierte desproporcionalidad ni irrazonabilidad en la escala punitiva sobre cuya base se impuso el monto elegido. En este sentido, este se encuentra sensiblemente por encima de la media respecto del mínimo y el máximo posibles, el que resulta justo atendiendo a las pautas de mensuración adecuadas para la pena impuesta en conformidad con los arts. 40 y 41 del Código Penal [cf. STJRNSP in re “FASANELLA” Se. 26/10 del 17-03-10], tal como lo fundamentó el a quo: “siguiendo las argumentaciones expuestas recientemente… el suceso que nos convoca debido a su gravedad y daño causado se acerca al máximo de la escala penal aplicable. Toda vez, que el mínimo (2 años) sería para los casos más leves, su medio (3 años y medio), para los moderados y el máximo (5 años) para los más graves. No obstante, deberá conjugarse también a la hora de fijar la pena aplicable, las atenuantes…” (fs.).[…]. (Del voto del Dr. Lutz sin disidencia).

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