Sumarios STJ

<33669> Así se ha dicho: "La culpa laboral se informa en principios distintos a los que constituyen la responsabilidad penal y, debido a ello, no tiene por qué guardar siempre correspondencia, ni es necesariamente obligatoria la existencia de denuncia penal, pues el comportamiento del trabajador puede constituir injuria a los intereses morales o de otro tipo del empleador no obstante que el mismo pueda ser considerado exento de responsabilidad penal en la jurisdicción respectiva (sala 7°, 06-03-02, 'Albisetti, E. J. v. Lotería Nacional Sociedad de Estado')", (Grisolía, Julio Armando: "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Tomo II, Lexis Nexis, pág. 1150). (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<33670> En el caso nos hallamos frente a los mismos hechos que se invocan como causal de injuria laboral y, al mismo tiempo, como objeto de la denuncia en sede penal. En dicho contexto, y ante la evidencia incontrastable del sobreseimiento por parte del Juez federal al entender que, si bien existió una afiliación irregular, la afiliada optó libremente por quedarse en la AFJP de la demandada, era determinante el resultado del proceso penal, toda vez que recién es allí cuando se manifiesta con un claro contenido de certeza el hecho generador de reponsabilidad y la situación que podría hacer procedente la indemnización. Ello así por cuanto la prescripción, en este caso, debe computarse desde que el hecho dañoso es cierto y susceptible de apreciación y, respecto del reclamo de daño moral, ello acontece, en el particular caso de autos, recién cuando la sentencia penal resuelve sobreseer a la actora. Es ése el momento en el cual se tiene la certeza de su exigibilidad. (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<33673> Así, resulta menester destacar que, a partir de la reforma constitucional del año 1994 y en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna Nacional, se otorga jerarquía constitucional a aquellos tratados internacionales que protegen especialmente los Derechos Humanos. En este sentido, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre de Bogotá de 1948 establece: "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley, contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar". En este sentido, también se pronuncia la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10-12-48. A ello deben agregarse nuevas normas de la legislación nacional, en especial, las que prevén resarcimientos de carácter civil y laboral para los supuestos de discriminación, ley 23592. Tampoco puede soslayarse en este análisis la responsabilidad de carácter penal, como consecuencia de los delitos de calumnia (falsa imputación de un delito) e injurias (acción de deshonrar o desacreditar) (Conf. González, Rodolfo Aníbal: "Los depidos por justa causa: Una especie en extinción"). (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<33678> La Sala IV de la CNAT in re: "Prado, R. c. Idapli S.R.L." del 22-11-89, sostuvo: "La imputación de un delito constituye un ilícito extracontractual que debe ser reparado en los términos que prevé el Código Civil, no pudiendo entenderse que se encuentra dicha reparación comprendida por la indemnización tarifada de la ley de contrato de trabajo". (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<33667> Lo resuelto por el grado respecto de la excepción de prescripción referida a las indemnizaciones derivadas del distracto resulta razonable, en atención a lo prescripto por los arts. 256 LCT y 4037 del Código Civil. Es decir que el plazo para los créditos laborales vence una vez cumplidos los dos años desde que el actor fue despedido, momento a partir del cual se torna exigible su crédito (indemnizaciones de la LCT). (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<33671> Se advierte que el a quo omite considerar - en tal aspecto - el efecto suspensivo de la acción penal. En este sentido es clara la norma que resulta aplicable al caso, el art. 3982 bis del C.C., que establece: "Si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido querella criminal contra los responsables del hecho, su ejercicio suspende el término de prescripción civil, aunque en sede penal no hubiera pedido el resarcimiento de los daños. Cesa la suspensión por terminación del proceso penal o desistimiento de la querella". Entiendo que, en este caso, debe aplicarse la norma por analogía (art. 16 C.C.) al supuesto del denunciante como equivalente (conf. LL – 1993 – B - 69 y E. D. T 89 –1 64) pues, si bien ésta se refiere a la víctima, debemos interpretar que, por los principios de unidad de jurisdicción e igualdad de las partes en el proceso, rige igualmente para quien ha sido incriminado en la misma causa en la que luego recayó sobreseimiento. Es entonces a partir de dicho acto que el plazo debe reanudarse (conf. art. 3983 C.C.). (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<33676> En el mismo orden de ideas se ha dicho: "Corresponde discernir claramente entre dos facetas, el acto extintivo puro, único necesario para concluir con el vínculo y cuyas consecuencias se ven abarcadas por la indemnización tarifada y las distintas actitudes que podríamos llamar 'contemporáneas' con el acto de despedir, que afectan injustificadamente al dependiente y cuyo daño corresponde reparar de acuerdo con la teoría general del derecho” (del dictamen del Procurador General del Trabajo in re: "Laguna M. A. c. Syncro Argentina S.A.", CNTrab., sala I, 09-06-95). (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<33679> Igualmente, la CNATrab. Sala 6° in re: "Cámpora v. García" del 21-04-94; voto del Dr. Capón Filas en mayoría, sostuvo: "... cuando la ruptura de un vínculo obedeció a un delito imputado al trabajador, quien fuera sobreseído en sede penal, surge la reparación del daño moral”. (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<33675> Autores tales como Fernández Madrid sostienen que la reparación autónoma del daño moral puede prosperar únicamente en el supuesto de que el perjuicio sufrido resulte indemnizable, aun en ausencia de vinculación contractual y no cuando el daño se hubiera ocasionado por la extinción del contrato. En igual sentido, Rodríguez Brunego señala que debe descartarse la idea de que la ley de contrato de trabajo constituya un sistema cerrado y excluyente de la posibilidad de aunar en un litigio laboral reclamos que surgen de ésta junto con otros previstos en el Código Civil. Aduce que a partir de su reforma, dispuesta por la ley 17711 de 1968, puede el Juez, tanto en los casos en que se reclame indemnización por responsabilidad contractual (art. 522 C.C.) como en aquellos donde se persiga la reparación de daños provenientes de actos ilícitos (art. 1078 C.C.) ordenar también indemnizar el agravio moral. (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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<33668> No se advierte impedimento alguno para que el actor promoviera el reclamo judicial en relación con las indemnizaciones derivadas de la LCT, sin necesidad de aguardar al resultado del proceso penal. Ello es así por cuanto nada obsta a que un Juez laboral determine que la conducta de un trabajador eventualmente pueda configurar injuria a los intereses del principal, dado que ambos tribunales, el penal y el laboral, ejercen sus potestades en campos diversos y con finalidades distintas, porque disímiles son los bienes tutelados en uno y en otro fuero. Es decir que bien pueden existir ciertas conductas que, sin alcanzar la dimensión de un delito criminal, constituyan la violación de una obligación de tipo laboral que, en su caso, justifique la ruptura del contrato de trabajo. (Voto del Dr. Sodero Nievas).

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