Fallo Completo STJ

Por otro lado, y más allá de la sintomatología de la paciente, quienes estaban a su cuidado debieron ponderar especialmente las circunstancias de lugar y -para minimizar riesgos- dar oportuno aviso al Dr. Fontaine. Porque como refirió el perito Schoua en su dictamen, el hospital de Catriel no cuenta con la infraestructura para superar posibles complicaciones de una cirugía como la que se le practicó a la paciente Chavarría. Por lo tanto, la detección temprana u oportuna de una complicación como la que se presentó en el caso (peritonitis biliar), resultaba crucial.

11.- Situación de las citadas en garantía.

Con relación a la citada en garantía FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., ninguna duda cabe que en tanto se desestimará la acción contra el cirujano Javier Darío Fontaine, y siendo éste el asegurado a través de la póliza colectiva de seguro de Responsabilidad por Praxis Médica tomada por FEDERACIÓN MÉDICA DE RÍO NEGRO (fs. 374/375), dicha aseguradora también quedará liberará del deber de responder frente al reclamo de los actores (sin condena a su asegurado ninguna obligación de indemnidad se le puede oponer ni exigir a la compañía).

En el caso de HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A., su citación fue instada por la Provincia de Río Negro -a fs. 106- bajo la manifestación de encontrarse cubierta por dicha aseguradora "en relación al Hospital de Catriel, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro."

En oportunidad de presentarse en el juicio y asumir la citación en garantía, esta última compañía presentó la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Médica que corre agregada a fs. 128/223.

De la misma resulta que el tomador es efectivamente el Ministerio de Salud y Acción Social de Río Negro y que el asegurado -cuyo patrimonio la aseguradora se obliga a mantener indemne- es el Médico Cirujano Javier Darío Fontaine (cfr. Póliza N° 303886, fs. 128/129).

Dado que se trata también de una póliza colectiva, que incluye una nómina de profesionales del rubro de la salud y auxiliares, debe remarcarse que el Ministerio de Salud es tomador, pero no asegurado. O sea, que contrató un seguro exclusivamente en beneficio de terceros; puntualmente, 3996 dependientes asegurados (cfr. fs. 132), quienes en rigor resultan ser las personas protegidas por el seguro a título personal o individual.

De esta manera, al no hallarse configurada la responsabilidad profesional de Fontaine, tampoco deberá responder la aseguradora con quien contrató el organismo público provincial.

Y ello aun cuando otros asegurados (dependientes del Ministerio de Salud e incluidos en la nómina de póliza) estuvieran a cargo de la atención de la paciente Chavarría en el Hospital de Catriel, a la postre fallecida. Porque aun así, resultaron ajenos a esta litis, en la que no se juzgó propiamente la responsabilidad profesional individual de ninguno de ellos (riesgo cubierto). Es decir, que al no existir demanda ni -obvio- tampoco una condena personal contra otro asegurado (aparte de Fontaine), la compañía claramente no debe responder.

Debiendo distinguirse que si bien el obrar de los dependientes del Ministerio de Salud pudo determinar la responsabilidad del Estado Provincial por falta de servicio, se trata -como fue explicado- de una responsabilidad directa y, sin duda, supone una contingencia diversa al riesgo asegurado en la mentada póliza (responsabilidad profesional individual), de la que aquél solo resulta tomador, más no asegurado a quien se le haya garantizado indemnidad.

12.- Daños reclamados.

Establecida entonces la responsabilidad del Estado Provincial por el fallecimiento de la esposa y madre de los accionantes, corresponde analizar la procedencia del reclamo indemnizatorio, pues acreditada la existencia de una acción antijurídica y corroborada la titularidad del derecho en cabeza de los damnificados, se impone la obligación de reparar el daño causado (arg. arts. 1067, 1068, 1069 Cód. Civil).

Antes de comenzar con ello, importa aclarar que las sumas pretendidas en el escrito de inicio no configuran límite alguno a la facultad decisoria del órgano jurisdiccional, si el pedimento no se sujetó estrictamente a una suma determinada, sino provisional, que quedó diferida a "lo que en más o en menos resultara de la prueba" (o a alguna enunciación afín); y en tal sentido, por tratarse de uno de los supuestos mentados por el art. 330 última parte del Código Procesal, es posible que en la sentencia su fijación supere lo estimado por la parte, si se acredita que la cuantificación del daño debe ser mayor. Sin que lo anterior importe incongruencia.

12.1.- Valor "vida humana" - Daño económico.

Refirieron los pretendientes que la repentina desaparición de su esposa y madre, respectivamente, significó un verdadero perjuicio económico de un alcance y magnitud inesperados, pues no solo era ama de casa con todas las obligaciones que ello implica, sino que también trabajaba en el Hospital de Catriel, por lo que entienden que en este caso existe un perjuicio económico proveniente de ambas situaciones cesantes: uno derivado de su trabajo remunerado, y el otro de sus tareas de ama de casa (también susceptible de apreciación económica).

Para contextualizar tal pretensión en el perfil personal y familiar, se describió en la demanda que Exequiel Carrillo Barra se encontraba casado con la víctima desde el 13/07/1984 y que ambos convivían –en el hogar familiar situado en Catriel- con sus 4 hijos, Liliana Esther Carrillo Chavarria; Juan Exequiel Carrillo Chavarria; Ana Gabriela Carrillo Chavarria y A.D.C.C., quienes a la fecha del deceso de su madre tenían 21, 20, 13 y 4 años de edad respectivamente.

Cuantificaron este rubro indemnizatorio en la suma de $2.000.000.-, solicitando para el viudo la suma de $500.000.-, para cada una de las hijos menores de edad $600.000.- y para cada uno de los dos hijos mayores de edad la suma de $150.000.-

Cuando a resultas de un hecho ilícito se produce el fallecimiento de una persona, tienen dicho nuestro STJ que: “En principio, el art. 1084 del Código Civil prevé como reparación en caso de homicidio lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto; el art. 1085 dispone -en su segunda parte- que esa indemnización sólo podrá ser exigida por el cónyuge sobreviviente y por los herederos necesarios del fallecido, siempre que no fueren culpados del delito como autores o cómplices, o si no lo impidieron pudiendo hacerlo; y, además, el artículo 1079 admite la resarcibilidad del perjuicio sufrido indirectamente por toda otra persona. Las primeras dos normas mencionadas constituyen excepciones a la regla general que señala que todo aquel que invoca un daño debe probarlo, ya que la ley presume un daño cierto respecto de esos damnificados indirectos, consistente en la privación que experimentan de lo que les es necesario para la subsistencia; al par que la cuantía de este perjuicio -en favor de quienes tienen un estrecho vínculo que los une a la víctima del hecho ilícito- queda librada a la prudencia de los Jueces (conf. Cazeaux - Trigo Represas, “Derecho de las obligaciones”, t. 4, pág. 246 y sgtes.).” (Se. Nº 81/14 cit.). (Sentencia 4 - 22/02/2018 - A-2RO-966-C2016 - TAMBONE DANIELA VIVIANA Y OTROS C/ MAIDANA JORGE OMAR Y OTROS S/ ORDINARIO S/ CASACION. Expte. Nº 29518/17-STJ).

Y en estos casos la indemnización que sus deudos requieren no es por la pérdida de la vida en sí, sino por las chances de ayuda, amparo o beneficio que el causante les dispensaba. Ello así porque la vida humana no es en sí misma un valor económico cuya pérdida deba ser indemnizada, sino que lo que cabe reparar es el perjuicio patrimonial que los damnificados puedan experimentar al quedar desprovistos de los bienes de ese orden que aportaba la víctima.

Al respecto la jurisprudencia explica: "La vida humana no tienen un valor económico per se, sino en consideración de lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda perturbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente la vida humana, reducirla a valores crematisicos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de la vida humana, no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue" (CSJN. 6/7/99 "Schauman de Scaiola, Martha S c/ provincia de Santa Cruz y otro").

Si bien la Corte se expidió allí, al igual que en "Aróstegui", en que ello no debe reducirse a la aplicación de una fórmula matemática que se desentienda de las concretas circunstancias del caso, "con dicha jurisprudencia no se ha proscrito en sí el empleo de fórmulas de cálculo indemnizatorio sino, en definitiva, propendió a evitar un apego formalista a cualquier fórmula en general, sin marginar su uso, siempre que se evite el reduccionismo tarifario y se halle prudentemente ordenada a una reparación integral", tal como lo entendiera el STJRN, estableciendo a su vez que "la utilización de fórmulas propende a una mayor seguridad jurídica para empleadores y aseguradoras, facilita la autocomposición del conflicto y permite arribar a soluciones con menor desgaste jurisdiccional y mayor prontitud, todo lo cual se logra mediante la aplicación de un criterio uniforme" (doctr. STJ in re: “PROVINCIA DE RIO NEGRO”, Se. Nº 48/11 y “DA SILVA”, Se. Nº 51/11, ambas del 16.06.11), siempre y cuando ello no conduzca a un resultado manifiestamente injusto o irrazonable (STJRN se.14, Expte. 26010/12 "Mesa Roberto Tomas c.Skanska S.A.") (precedente citado).

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con la reclamación por lesiones que generan incapacidad definitiva, al menos en principio, no se tiene en cuenta tanto la expectativa de vida de la víctima directa, sino que el límite temporal de la indemnización está dado fundamentalmente por la edad del damnificado indirecto (cónyuge, padres, hijos, etc.). Aunque obviamente, siempre igual habrá de ponderarse la edad de aquél que murió y su expectativa de vida, en tanto la chance de ayuda o colaboración en relación a aquellos damnificados, no es razonable extenderla más allá de la otorgable al muerto.

Y desde tal perspectiva, conforme a lo fijado por el Superior Tribunal de Justicia en el precedente "Huinca c/ Flores”(sentencia de fecha 13/11/2014 correspondiente al Expte. 26930/14) y "Tambone c/Maidana" (ya citado), corresponde tener en cuenta para la presente liquidación el límite de expectativa de la contribución alimentaria de la occisa a sus hijos en la edad de 25 años.

Así también, a los efectos de determinar la indemnización por la pérdida de la vida o la afectación de la integridad psicofísica de las personas, cabe señalar que no es posible considerar exclusivamente el aspecto laboral o rentístico de la víctima -los ingresos del empleo o por sus actividades remuneradas-, sino que es menester que, más allá de lo que se reconozca por daño moral, se pondere también las demás actividades susceptibles de una apreciación pecuniaria, que la misma desplegaba o podía realizar, en el caso, en beneficio de los actores.

Y es que entiendo, tal como lo postulan los actores, que corresponde estimar a la víctima en toda su dimensión y más aún en el caso de una mujer sobre la que cabe presumir –sin que exista prueba que lo contradiga- que cumplía el rol de ama de casa, donde además de la colaboración con lo que obtenía de su empleo remunerado, contribuía al hogar con una actividad no remunerada pero sí de significativo impacto en la economía familiar.

En tal sentido, y siguiendo aquí a Matilde Zavala de González (“Daño material por muerte de ama de casa y madre de familia”, Publicado en: RCyS2007, 135 Cita: TR LALEY AR/DOC/2190/2007), se entiende que los valores económicos o beneficios cesantes por muerte de la cónyuge y progenitora no se ciñen a tareas retribuidas dinerariamente o que generan réditos monetarios: también los servicios que se prestan en interés propio y del grupo familiar, útiles para el desenvolvimiento práctico de la vida y sin compensación pecuniaria, tienen clara significación patrimonial.

Así, por ejemplo, en relación con los hijos, esa prestación incluye educarlos -conforme con la condición y fortuna de los padres-, lo cual alcanza la instrucción o capacitación, recreación y formación de su personalidad. Tales contribuciones son factibles con medios pecuniarios, pero requieren también gestiones y ocupaciones de la más diversa índole, que en hogares integrados brindan generalmente ambos cónyuges de modo mancomunado, y en las que participa el ama de casa y madre de familia con protagonismo esencial.

Su actividad conyugal y maternal tiene fundamental trascendencia familiar y social, y más allá de los llamados "quehaceres domésticos".

Así, aun cuando como en este caso la víctima también cumplía actividades remuneradas, la privación de la propia actividad doméstica también constituye un daño patrimonial indemnizable que procede reconocer adicionalmente. Pues la productividad (en sentido amplio) de la mujer que "trabaja" no se agota en lo que hace "afuera", pues el descanso no termina cabalmente con el regreso al hogar, sobre todo cuando hay hijos y máxime si son de corta edad.

Y en este sentido, a fin de compensar esas tareas del hogar y asistencia de sus hijos hasta la edad referida, como en relación a su marido, hasta la edad de 75 años de aquélla, optare por computar el total (100%) del capital que resulte de la fórmula matemática financiera aplicable al caso; o sea, sin detraer aquella proporción de sus ingresos que la víctima hubiera utilizado para su propio sostenimiento, que -dada la conformación del grupo familiar- estimo en el orden del 20 %.

Así, para establecer el monto indemnizatorio, según lineamientos del STJRN en el ya citado precedente “TAMBONE” (Se. 4/2018) –entre otros similares-, se debe partir de la fórmula de aplicación en el fuero civil según la doctrina sentada por ese mismo tribunal en los autos “HERNANDEZ, Fabián Alejandro c/EDERSA s/Ordinario” (Se. 52 del 11/8/2015), aplicando la siguiente fórmula: C = A * (1 - Vn) * 1 / i * % de incapacidad.

En la que (A) = a la remuneración anual, que no sólo resulta de multiplicar por 13 (teniendo en cuenta la incidencia del S.A.C.) el ingreso mensual devengado en la época de la ocurrencia del accidente, sino que procura considerar además la perspectiva de mejora del ingreso futuro que seguramente el daño ha disminuido, teniendo en cuenta la estimación de que aproximadamente a los 60 años de edad el trabajador medio ha culminado su desarrollo laboral y su ingreso se estabiliza hacia el futuro, lo que se plasma al multiplicar por 60 el ingreso anual y dividirlo por la edad del actor a la fecha del siniestro; (n) = es i la cantidad de años que le faltaban al actor para cumplir 75 años; (i) = la tasa de interés compuesto anual del 6% (= 0,06); (%) = el porcentaje de incapacidad laboral; (Vn)= Valor actual, componente financiero de la fórmula que se obtiene del siguiente modo: Vn = 1 / (1 + i) elevado a la "n".

Sostuvieron los accionantes que la víctima directa se desempeñaba como empleada del Hospital de Catriel. Y al respecto, mediante informe agregado a fs. 545/547 el Ministerio de Salud certificó que Elsa Liliana Chavarria revistó y prestó servicio en el Hospital Área Programa Catriel, dependiente del Ministerio de Salud, como agente de la Ley N° 1844 -Servicio de Apoyo- Categoría 15 - Planta Permanente, produciéndose su ingreso el 01/01/1983, hasta el 04/01/2012, disponiendo la baja por fallecimiento mediante Resolución N° 733/12 "MS" de fecha 06/03/2012.

Asimismo, acompañó actualización del haber percibido por dicha agente en el mes de diciembre de 2011, según escala salarial vigente a octubre/2016.

Sin embargo, y conforme criterio ya sentado por el STJ: “Los datos que permiten despejar la fórmula (C = Ax (1–Vn) x 1/i x % de incapacidad) establecida en “PEREZ BARRIENTOS”, ratificada recientemente en los autos caratulados “HERNANDEZ, Fabián Alejandro c/EDERSA s/ ORDINARIO s/CASACION” (Expte. N° 27484/14-STJ, Se. N° 52 del 11 de agosto de 2015), refiere expresamente que, para calcular el capital del daño material por incapacidad parcial y permanente, debe tomarse el ingreso mensual devengado a la época de la ocurrencia del accidente." (STJRNS1 - Se N° 75/15, in re: “E., K. R. c/M., N. A.; Se. N° 100/16, in re: “T., L. M. y Otros c/MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO y Otra”; Se. N° 46/17, in re: “A., M. G. c/PROVINCIA DE RIO NEGRO”).

Por tanto, estaré para el cálculo de la indemnización –no a la referida actualización informada por el Ministerio de Salud (fs. 546)- sino a los ingresos efectivamente devengados a la fecha de la ocurrencia del hecho desencadenante (04/01/2012), que según copia del recibo obrante a fs. 16, correspondiente a diciembre de 2011, ascendían a la suma de $ 4.153.89.-

Entonces, se computará tal remuneración, la edad de la víctima a la fecha de su fallecimiento (48 años) y el porcentaje íntegro de la capacidad laborativa extinguida con su muerte (100 %).

De tal forma, tras aplicar tales variables, la fórmula matemático financiera señalada arroja un resultado de $ 891.720,42.- (capital histórico).

A dicho importe se deben adicionar los intereses devengados desde el 04/01/2012 (fecha de la evento luctuoso), hasta el momento de su efectivo pago, según tasa activa del Banco de la Nación Argentina -en adelante BNA- hasta el 22/11/2015; desde el 23/11/2015 tasa del BNA para préstamos personales libre destino -operaciones de 49 a 60 meses- hasta el 31/8/2016; desde el mes de septiembre de 2016, la tasa vigente en el BNA para préstamos personales libre destino, en operaciones de hasta 36 cuotas mensuales y desde el 1° de agosto de 2018 la tasa establecida por dicha institución oficial para préstamos personales libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro se establezca como de plazo menor. Todo ello de acuerdo con la Doctrina Legal obligatoria del STJRN adoptada en los precedentes “LOZA LONGO” [Se. Nº 43/10]; “JEREZ” [Se. 105/15], “GUICHAQUEO” [Se. 76/16] y “FLEITAS” [Se. 62/2018].

Practicada la correspondiente liquidación hasta el momento del presente pronunciamiento (a través de la respectiva herramienta incorporada al sitio oficial de Internet del Poder Judicial), los intereses ascienden a $ 3.746.637,66.-

Y añadidos al monto de capital, se alcanza un total de $ 4.638.358,08.- que, a esta fecha, establezco como condena por el presente rubro (sin perjuicio de los intereses posteriores al dictado de la presente, que eventualmente se devenguen, según la tasa judicial de aplicación).

Suma que teniendo en cuenta el número de legitimados que concurren como acreedores, sus respectivas edades cuando se produjo el hecho dañoso y el lapso individual de devengamiento –en el caso de los hijos, como fue dicho, hasta el límite de 25 años de edad-, se distribuye y asigna del siguiente modo: El 35 % para la hija –aun menor de edad- A.D.C.C. ($ 1.623.425,32); el 25 % para el viudo Exequiel Carrillo Barra ($ 1.159.589,52); el 25 % para la hija Ana Gabriela Carrillo Chavarría ($ 1.159.589,52); el 8 % para el hijo Juan Exequiel Carrillo Chavarría ( $ 371.068,64) y el 7 % para la hija Liliana Esther Carrillo Chavarría ($ 323.985,06).-

12.2.- Daño psicológico patrimonial (incapacidad sobreviniente).

Diferenciándolo de las aflicciones morales –que más adelante se considerarán- los accionantes reclamaron un resarcimiento por el daño psíquico (patrimonial) que afirman haber sufrido como consecuencia del fallecimiento de su esposa y madre, respectivamente. Estimaron tal pretensión en la suma de $1.000.000.-, a dividir en partes iguales (1/5).

Relacionado con ello, además, demandaron el costo del tratamiento psicológico que determine el experto, tasándolo provisoriamente en $ 150.000, también a dividir en partes iguales para cada reclamante.

Desde la psicopsiquiatría forense se entiende por daño psíquico toda forma de deterioro, detrimento, disfunción, disturbio, alteración, trastorno o desarrollo psicogénico o psicoorgánico que, impactando sobre las esferas afectiva y/o intelectiva y/o volitiva, limita, sea en forma transitoria o permanente, la capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y/o recreativa. Dentro de las notas constitutivas del daño psíquico, tenemos: 1) exigencia de un hecho traumático significativo en la historia vital del sujeto; 2) constatación pericial de un síndrome claro y preciso (cuadro esencialmente desadaptativo y, por ende, psicopatológico); 3) causal de limitación real del psiquismo; 4) nexo causal o concausal debidamente acreditado; 5) cronificado o jurídicamente consolidado (conf. CASTEX, Mariano N., "El daño en psicopsiquiatría forense", Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2010, ps. 29 y 31).

Desde una perspectiva jurídica, Daray delimita al daño psicológico como “la perturbación transitoria o permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológico, producida por un hecho ilícito, que genera en quien la padece la posibilidad de reclamar una indemnización por tal concepto a quien la haya ocasionado o deba responder por ella” (Hernán Daray, “Daño Psicológico”. Ed. Astrea, 2° Edición, pág. 16).

Empero, no toda alteración anímica a consecuencia del hecho constituye lesión psíquica en sentido propio. Ésta constituye una enfermedad (más o menos estable o bien transitoria o accidental); en su virtud y por ejemplo, no hay daño psíquico en el sentido estudiado respecto de la perturbación anímica que de ordinario acompaña a dolores emergentes de un daño físico, en tanto no se advierta aquel matiz patológico.

Ahora bien, aunque admito tal autonomía (solo conceptual) del daño psíquico o psicológico, considero –en consonancia con la postura tradicional- que los daños a la persona concebidos desde las consecuencias que de ellos derivan y consiguientemente en su faz resarcitoria, solo pueden ser de tipo patrimonial (o material) o extrapatrimonial (o moral), según produzcan o representen un menoscabo directo sobre el patrimonio, o no (sobre el espíritu).

Partiendo de ello, concuerdo con la tesis mayormente afianzada en doctrina y jurisprudencia (entre otras diversas), que concluye que el daño psicológico no constituye un tercer género de daños entre el moral y el patrimonial, sino que – como remarca Galdós - tiene un carácter dual. Pues el padecimiento de una lesión de este tipo puede incidir en forma indistinta y aún simultánea tanto en el daño moral como en el daño patrimonial (Galdós, Jorge M., “Acerca de daño psicológico” JA 2005-I-1197 – SJA 3/3/2005).

En esa línea se pronunció la CSJN, señalando que “aunque se reconozca autonomía conceptual al daño psíquico o psicológico por la índole de la lesión que se causa a la integridad psicofísica de la persona, ello no significa que haya de ser individualizado como un rubro resarcitorio autónomo para ser sumado al daño patrimonial o moral” (CSNJ, “Mochi, Ermanno y otra c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, 20/03/2003. Fallos: 326: 847).

Implica lo que se viene exponiendo -y es importante distinguir- que el daño resarcible (esto es, lo que se indemniza y que constituye el presupuesto necesario para el surgimiento de la obligación pertinente) no es la lesión en sí misma, sino las concretas consecuencias perjudiciales que acarrea, sean patrimoniales y/o espirituales. Tal visión, desde mi punto de vista, es la que ha receptado el nuevo Código Civil y Comercial en los arts. 1726, 1738, 1740 o 1741, entre otros. Y si bien ese cuerpo normativo no resulta aplicable al caso en discusión (art. 7 CCC), es indudable su valor como pauta interpretativa.

Así, en general el daño psíquico puede constituir un daño patrimonial emergente o lucro cesante, por las erogaciones de asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, farmacológica etc. y por la incapacidad que produce, y simultáneamente un daño extrapatrimonial por las aflicciones, dolores, molestias y padecimientos que provoca en el sujeto.

Considero entonces que la pretensión resarcitoria en cuestión -daño psicológico- debe analizarse bajo tal enfoque.

Y, por lo tanto, establecerse ahora si en el caso particular de autos se verifica un perjuicio en la psiquis de los pretendientes, que –tal como se postuló en la demanda- conlleve a una disminución de las aptitudes o capacidades ya referidas.

Sin que ello obste a que luego, además, se pondere la eventual repercusión extrapatrimonial (o moral) del daño psicológico, en caso de hallárselo configurado.

A los fines del presente rubro fue ofrecida y producida prueba pericial psicológica, a cargo del profesional designado, Lic. Luis Alejandro Ramallo (psicólogo).

A fs. 550/574 obran sus dictámenes, relativos a cada uno de los pretendientes (elaborados por separado o de modo individual).

Y en sustancia, en cada caso se enuncian los respectivos datos personales de los peritados, sus antecedentes familiares y personales, a la vez que se describe lo recabado en cada entrevista pericial, el resultado de las pruebas diagnósticas efectuadas (diferentes test que se mencionan), sintomatología hallada y las respectivas observaciones, conclusiones y/o recomendaciones, según criterios explicados por el especialista.

Bajo ese esquema, emitió los siguientes diagnósticos y consideraciones psicológicas:

Con respecto a la joven Ana Gabriela Carrillo Barra, de 17 años a la fecha de la entrevista: “…el Trastorno de su Personalidad tiene vinculación causal con los hechos relatados y mencionados en autos, en GRADO AGUDO”, y luego enumeró:

“TRASTORNO GENERALIZADO DE LA ANSIEDAD (F.41.1), con síntomas observados de APRENSIÓN Y TENSIÓN MUSCULAR (AGITACIÓN Y PSICOMOTRICIDAD ALTERADA)”; y “TRASTORNO MIXTO ANSIOSO DEPRESIVO (F.41.2) FRENTE A CAMBIOS VITALES ESTRESANTES (el fallecimiento de su madre)…”

“…se recomienda a criterio profesional…iniciar un Tratamiento Psicológico con el correspondiente seguimiento dado que su estado actual compromete seriamente su Estado de Salud Psicosomática.

Ello le significa un gasto semanal de $ 600 pesos y por el término de 3 (dos) años, con un gasto total aproximado de $ 86.400 pesos.” (sic) (fs. 553/554).

Con relación a Exequiel Armando Carrillo Barra, de 62 años a la fecha de la entrevista: “…TRASTORNO POR STRESS POSTRAUMÁTICO DSM IV; TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE; F-337 CIE 10 (DAÑO PSÍQUICO-SECUELA PSICOLÓGICA). Trastornos adquiridos en relación causal y vinculante con los hechos ocurridos…”

“…el Trastorno de Personalidad manifiesta actualmente como Depresión”.

“…Las secuelas propias del daño psicológico posicionan al sujeto al día de la fecha en un estado de AGUDA DISFUNCIONALIDAD…que se relaciona directamente con el hecho traumático sufrido…INCAPACIDAD ADQUIRIDA en grado GRAVE o AGUDO en lo emocional, afectivo, familiar y social...”

“…se sugiere que realice Tratamiento Psicológico con un especialista, lo que le significaría poder contener el cuadro depresivo. Ello le significa un gasto semanal de $ 600 pesos, por el término de 2 años, con un gasto total aproximado de $ 57.600 pesos.” (fs. 557/558).

Sobre Liliana Esther Carrillo Chavarría, de 26 años a la fecha de la entrevista: “…TRASTORNO POR STRESS POSTRAUMÁTICO DSM IV; TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE; F-337 CIE 10 (DAÑO PSÍQUICO-SECUELA PSICOLÓGICA). Trastornos adquiridos en relación causal y vinculante con los hechos ocurridos…”

“…el Trastorno de Personalidad manifiesta actualmente como Depresión”.

“…Las secuelas propias del daño psicológico posicionan al sujeto al día de la fecha en un estado de DISFUNCIONALIDAD…que se relaciona directamente con el hecho traumático sufrido (según el Baremo de Castex y Silva, se trataría de un Desarrollo Neurótico Reactivo de Grado III).

Es importante mencionar que los síntomas asociados hacen referencia a que su estado de salud compromete de manera determinante su integridad psicosomática…

…se sugiere que realice Tratamiento Psicológico, lo que le significaría contener el cuadro depresivo. Ello significa un gasto semanal de $ 600 pesos, por el término de 3 años, con un gasto total aproximado de $ 86.400 pesos.” (fs. 562/563).

En cuanto a la hija menor, A.D.C.C. (FN. 7/2/2007): “…“TRASTORNO GENERALIZADO DE LA ANSIEDAD (F.41.1), con síntomas observados de APRENSIÓN Y TENSIÓN MUSCULAR (AGITACIÓN Y PSICOMOTRICIDAD ALTERADA)”; y “TRASTORNO MIXTO ANSIOSO DEPRESIVO (F.41.2) FRENTE A CAMBIOS VITALES ESTRESANTES (el fallecimiento de su madre)…”

“…se recomienda a criterio profesional…iniciar un Tratamiento Psicológico con el correspondiente seguimiento dado que su estado actual compromete seriamente su Estado de Salud Psicosomática.

Ello le significa un gasto semanal de $ 600 pesos y por el término de 3 (dos) años, con un gasto total aproximado de $ 86.400 pesos.” (sic) (fs. 567/568).

Por último, respecto de Juan Exequiel Carrillo Chavarría, de 25 años de edad a la fecha de la entrevista: “…TRASTORNO POR STRESS POSTRAUMÁTICO DSM IV; TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE; F-337 CIE 10 (DAÑO PSÍQUICO-SECUELA PSICOLÓGICA). Trastornos adquiridos en relación causal y vinculante con los hechos ocurridos…”

“…el Trastorno de Personalidad manifiesta actualmente como Depresión”.

“…Las secuelas propias del daño psicológico posicionan al sujeto al de día de la fecha en un estado de DISFUNCIONALIDAD…que se relaciona directamente con el hecho traumático sufrido…(según el Baremo de Castex y Silva, se trataría de un Desarrollo Neurótico Reactivo de Grado III SEVERO)…”

“…se sugiere que realice Tratamiento Psicológico, lo que le significaría poder contener el cuadro depresivo. Ello significa un gasto semanal de $ 600 pesos y por el término de 2 años, con un gasto total aproximado de $ 57.600 pesos.” (fs. 573/574).

Sustanciadas las pericias (fs. 575), el apoderado de la parte actora solicitó –a fs. 576- que el especialista responda ciertos puntos ofrecidos oportunamente y omitidos en sus dictámenes.

Mientras que la apoderada de la citada en garantía impugnó la pericia, mediante una crítica común aplicable al dictamen individual de cadas peritado, en el que cuestionó los diagnósticos inferidos por el perito (y que la impugnante caracterizó en detalle), por falta de elementos, información y datos fehacientes que permitan convalidarlos. Y en línea con sus objeciones, solicitó la ampliación de los informes periciales sobre ciertos aspectos puntuales que enunció (fs. 579/582).

A fs. 586/590 el perito se expidió sobre lo requerido por la actora (puntos omitidos), remitiéndose en gran parte a los ya expuesto en sus anteriores dictámenes, e introduciendo –como novedad más relevante- la ponderación de la incapacidad psíquica por su grado (leve, moderado o agudo) y porcentaje respectivo. Afirmando en tal sentido, que la adquirida por cada uno de los actores, es la siguiente:

En cuanto al cónyuge, Exequiel Armando Carrillo Barra, y a la hija mayor Liliana Esther: “…se le diagnostica una Incapacidad Adquirida en Grado AGUDO lo que se corresponde con un 45% de manera CRÓNICA E IRREVERSIBLE (Esto es que debe necesariamente realizar un tratamiento con una duración no menor a un año).”

Juan Exequiel y Ana Gabriela: “…se le diagnostica una Incapacidad Adquirida en Grado MODERADO lo que se corresponde con un 25 % de manera CRÓNICA E IRREVERSIBLE (Esto es que debe necesariamente realizar un tratamiento con una duración no menor a un año).”

Hija menor, A.D.C.C. “…se le diagnostica una Incapacidad Adquirida en Grado MODERADO lo que se corresponde con un 35 % de manera CRÓNICA E IRREVERSIBLE (Esto es que debe necesariamente realizar un tratamiento con una duración no menor a un año).”

Y posteriormente, a fs. 597/602, el Lic. Ramallo contestó el pedido de explicaciones (ampliación) e impugnaciones de la citada en garantía, defendiendo y ratificando su labor y conclusiones.

Con todo ello, toca ahora la tarea de estimar la fuerza probatoria del dictamen pericial, según pautas que establece el art. 477 del CPCC.

Si bien las normas procesales no otorgan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando comporta la necesidad de una apreciación específica del saber del perito -como en el caso-, para desvirtuarlo es imprescindible advertir fehacientemente el error o insuficiente aprovechamiento de los acontecimientos científicos que debe tener por su profesión o título habilitante. Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe prueba de parejo tenor que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquél.

Ahora, la referida fundabilidad e inobjetabilidad del dictamen también supone -bajo las propias reglas de las sana crítica (art. 386 CPCC)- que la opinión del perito no se encuentre reñida con principios lógicos y máximas de experiencia, o bien que a sus conclusiones no se le opongan otros elementos no menos convincentes.

Partiendo justamente de la lógica y de la experiencia del hombre común, hay un primer dato que me llama ciertamente la atención; y es que no haya -en ninguno de los cinco (5) dictámenes individuales, referidos a cada peritado y en el contexto de análisis de las consecuencias psíquicas o psicológicas que habría aparejado la muerte de la cónyuge y madre de los pretendientes, respectivamente- una sola mención a la noción de "duelo". Siendo esta la idea más básica que define al proceso que acostumbra experimentar una persona después de una pérdida semejante.

Duelo que a su vez puede ser "normal" y no causa perjuicio patrimonial indemnizable (cfr. Baremo Castex y Silva), en cuyo caso se pasa de un apego al dolor por la pérdida a una progresiva desvinculación con ausencia de dolor, pero manteniendo en la memoria los aspectos del ser perdido; o bien patológico.

Tipo calificado de duelo, este último, que ni siquiera aparece enunciado por el especialista -Lic. Ramallo-, cuanto menos como diagnóstico diferencial respecto de los restantes hallazgos o cuadros sobre los que informa en su pericia (es decir, efectuando una comparación que descarte cualquier posible confusión entre los mismos).

Es más, no hay en rigor en su dictamen descripción del proceso de duelo atravesado por cada peritado, salvo con relación al viudo, sobre quien citó -muy brevemente- lo que refirió en la entrevista (fs. 556). Por lo demás, y en el punto analizado, el dictamen se limita a referencias genéricas tales como "la joven se expresa con angustia y con pesar por lo que vive a diario a partir del fallecimiento de su madre" (fs. 551); "se solicita que relate en forma cronológica los hechos ocurridos a partir del momento de los eventos ocurridos" (sic) (fs. 561); otra vez: "la joven se expresa con angustia y con pesar por lo ocurrido" (fs. 566) y "se le solicita que relate de manera cronológica los hechos que hacen a la causa observándose sus expresiones verbales y gestuales, siéndolas expresiones corporales-gestuales coincidentes y concordantes con el discurso verbal" (fs. 571). Lo que en todos los casos se ignora -con la salvedad indicada (viudo)- es precisamente el discurso; un relato circunstanciado mínimo, incluso con palabras del perito, sobre el proceso de duelo vivenciado por cada uno.

Otro dato significativo, en mi apreciación, es que la pericia se practicó una vez transcurridos más de cinco (5) años del hecho luctuoso y aparentemente desencadenante de los cuadros detectados en todos los peritados. O sea, que en ese extenso lapso ninguno de los pretendientes habría conseguido sortear -sin lesión psíquica- las diferentes etapas o fases del proceso de duelo que distinguen ciertos autores (Lindemann, Parkes y Bowlby, Engel Kübler-Ross, Rando, Neimeyer) y suponen: (a) aceptar la realidad de la pérdida, (b) trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, (c) adaptarse a un medio en el que el ser querido está ausente y (d) recolocar emocionalmente al fallecido (Gil-Juliá, B., Bellver, A., & Ballester, R.-2008. Duelo: evaluación, diagnóstico y tratamiento. Psicooncología Vol. 5, Núm. 1, 103-116).

Cuestión particular sobre la que el perito no enuncia razones que den cuenta de los motivos concretos que, en cada caso, impidieron superar el trance o bien atravesarlo con resultados menos gravosos. Lo que a su vez permitiría descartar cualquier eventual concausalidad, más allá de la genérica mención en cuanto a que los peritados no refieren antecedentes de interés médico legal. Porque incluso, y máxime en ese largo tiempo, pudieron establecerse concausas posteriores al propio fallecimiento (vgr. reacción negativa del entorno).

Del mismo modo, tratándose los pretendientes de personas disímiles en edad, sexo, historia, carácter, factores de resiliencia o de vulnerabilidad, etc., es decir, con su propia subjetividad, y siendo una máxima de la experiencia que no todas las personas reaccionan de igual manera frente a los mismos acontecimientos, provoca cierto grado de asombro -para mí al menos- que todos ellos hayan experimentado cuadros semejantes. Así, por ejemplo, son idénticos los cuadros constatados en Ana Gabriela y su hermana menor A.D.C.B. Mientras que también los diagnósticos determinados para Liliana Esther, Juan Exequiel y su padre, son -entre sí- sustancialmente coincidentes (al margen de una mínima variante en lo tocante a la intensidad de la afectación). Tal vez ello responda a que todos derivan del mismo "trauma" (escapa a mi saber).

Desde otra óptica, he de coincidir con lo apuntado por la citada en garantía al impugnar la pericia, relativo a las técnicas administradas, en cuanto a que no se adjuntaron los protocolos e indicadores de evaluación (fs. 579). Cuestión que el experto tampoco suplió en su posterior respuesta de fs. 597/602.

Al respecto, entiendo que la evaluación psicológica debe regirse por los mismos principios que cualquier otra actividad científica, es decir, debe ser un proceso estructurado que permita su replicabilidad (transparencia en el proceso de evaluación); por lo tanto, las pruebas psicodiagnósticas administradas -algunas de las cuales introducen una elevada subjetividad en su interpretación- y los indicadores psicométricos, deben en principio adjuntarse al dictamen pericial. Ya que de lo contrario lo priva de una importante apoyatura objetiva y contrastable por otro idóneo, como podría ser un consultor técnico, que sin embargo en este caso no se ha propuesto ni nombrado para la especialidad (perdiendo virtualidad práctica la ausencia de los propios tests, en tanto no hay nadie en este proceso con igual ideoneidad que el perito y, por lo tanto, que pueda contrastar los resultados y/o bien disentir -a la altura de aquél- con sus conclusiones).

Ya reparando en los diagnósticos, su grado y porcentual de incapacidad, ante todo observo que -como fue visto- en el caso de cada peritado se informan simultáneamente cuadros diversos, concurriendo, por ejemplo, el “trastorno generalizado de la ansiedad (F 41.1)” con el “trastorno mixto ansioso depresivo (F. 41,2)”; o bien el “Trastorno por stress postraumático DSM IV” con el “Trastorno Depresivo Recurrente” y, a la vez con “F-33 7 CIE 10 (Daño Psíquico-Secuela Psicológica)”.

A lo que incluso luego -en consideraciones psicológicas relativas al viudo y a los dos hijos mayores (Liliana y Juan)- el experto agrega otras nociones como “trauma psíquico” y “Trastorno de la Personalidad” manifestada como “Depresión”; para luego referir también -ya con relación a las secuelas- que según el baremo de Castex y Silva se trataría de un “Desarrollo Neurótico Reactico de Grado III”.

Como se ve, una multiplicidad de cuadros y nociones que, en su abundancia y aparente superposición, restan claridad al dictamen. E incluso parecen contradecir al propio baremo supuestamente seguido por el experto (en rigor no asevera que se base en el mismo, ni tampoco en otro distinto), en el cual se explica: “Se puede, de paso, destacar la producción de algunas confusiones como, por ejemplo, cuando se adiciona en un mismo peritado, varios ítems diversos, con resultado por sumatoria absolutamente inaceptable. Es posible por cierto, en algunos casos, hallar convergencia de cuadros diversos, pero no puede asumirse cada uno de estos por separado y concluir por simple sumatoria, en un porcentual de incapacidad, como si coexistieran en el evaluado varios daños psíquicos.“ (BAREMO PARA VALORAR INCAPACIDADES NEUROPSIQUIATRICAS, Dres.MARIANO CASTEX &DANIEL SILVA, pág. 2).

En el aspecto señalado, nótese que al referirse a la "incapacidad adquirida" – a fs. 589/590- el perito no especificó cuál es, en concreto, el cuadro o patología que allí mensuró con altos porcentajes, que llegan incluso al 45 %. Distingue el grado (agudo en el caso de algunos peritados y moderado en el de otros) y alude a su manera o condición "crónica e irreversible", pero falta el diagnóstico tasado. Si bien ello supone la remisión a sus anteriores dictámenes, en los mismos es donde justamente convergen variados cuadros.

Surgiendo incluso claras inconsistencias, ya que cuando por ejemplo refiere que los hallazgos y secuelas incapacitantes de algunos peritados se corresponderían con el Desarrollo Neurótico Reactivo de Grado III del citado baremo de Castex, en rigor este último contempla -como desarrollos no psicóticos- a los “DESARROLLOS REACTIVOS”, fijando para los de grado severo un porcentaje de incapacidad que pude oscilar entre el 25 y el 35 %; y las “DEPRESIONES NEURÓTICAS REACTIVAS”, estableciendo para las severas y/o involuntarias un porcentaje que puede variar entre el 25 y el 40 % (o sea, en ambos supuestos una incapacidad bastante inferior a la que determinó el perito Ramallo).

Otra inconsistencia se advierte respecto del cuadro de Juan Exequiel Carrillo Chavarría, ya que mientras primero el perito dijo que la disfuncionalidad hallada se trataría de un Desarrollo Neurótico Reactivo Grado III SEVERO (fs. 573), luego sostuvo que su incapacidad adquirida es de grado MODERADO (fs. 589). A la inversa, sobre Ana Gabriela, refirió primero -a fs. 553- que su cuadro era de grado "AGUDO", y más adelante afirmó que la incapacidad por ella adquirida era de grado "MODERADO" (fs. 590).

Ahora bien, aun cuando las consideraciones que vine realizando disminuyen la fiabilidad del dictamen y su fuerza probatoria, no alcanzan la contundencia necesaria -conforme el criterio de STJ in re “IDIARTE” (Se. 99-31/08/2020), por citar solo alguno- para apartarme totalmente de sus conclusiones. Pero sí para convalidar el daño, su extensión y también la del tratamiento sugerido, solo en la medida que -desde mi óptica- la pericia ofrece un grado de inteligibilidad, certeza y convencimiento razonable.

Así, con relación a todos los pretendientes optaré por reconocer la configuración del daño psicológico, en tanto de la pericia surge aquella connotación patológica y crónica (consolidación) a la que se hizo mención al caracterizarlo. Pues aun con las salvedades que efectué, no puede desconocerse la potencialidad de un hecho trágico como el que afectó a los pretendientes para producir desajustes en el estado mental de la persona (su capacidad traumática). Y en este aspecto, no encuentro elementos ni razones –de igual peso- que desvirtúen las conclusiones del experto (cuya idoneidad no sido puesta en duda) en cuanto a que tales perturbaciones efectivamente se produjeron.

Sin embargo, y en base a las omisiones e inconsistencias que anticipé, para mensurar el daño patrimonial indemnizable consideraré:

En el caso de Ana Gabriela Carrillo Barra y su hermana menor A.D.C.C., tomando en cuenta el desarrollo psíquico post traumático de grado moderado -en respuesta a la pérdida de su madre-, un 10 % de incapacidad, que se corresponde con el mínimo que se fija en el baremo de Castex & Silva (punto 2.6.7.); y que también coincide –ese porcentaje mínimo- con el que se establece en el Baremo del Dto. 696/98 para la “Reacción Vivencial Anormal Neurótica R.V.A.N. con manifestación depresiva”.

Con relación a Juan Exequiel Carrillo Chavarría, también un 10 % de incapacidad, que se corresponde, en el baremo de Castex (puntos 2.6.5. y 2.6.9.), con el mínimo de la escala para el Desarrollo Neurótico Reactivo Grado II MODERADO, como así también para la DEPRESION NEURÓTICA REACTIVA, también moderada (recordándose que no es factible la sumatoria de cuadros convergentes).

Y en cuanto a Exequiel Armando Carrillo Barra y su hija mayor Liliana Esther Carrillo Chavarría, un 25 % que, según la misma tabla de valoración de incapacidades (Castex & Silva), corresponde al mínimo de la escala por Desarrollo Neurótico Reactivo Grado III SEVERO, o bien a la DEPRESIÓN NEURÓTICA REACTIVA SEVERA.

Establecido ello, cabe abordar lo relativo a la cuantificación económica del perjuicio.

En esa dirección, ante todo pongo de resalto que, desde el punto de vista de la legitimación sustancial, no advierto impedimento para que a la par que los pretendientes reclaman la indemnzación por muerte de su madre y cónyuge, respectivamente (art. 1084 y 1085 C.C.), lo hagan también por el perjuicio que aquél suceso causó en su salud psíquica (daño psíquico incapacitante).

Pues ese daño propio y la consiguiente obligación de repararlo también resulta admisible en el caso de los damnificados indirectos, conforme art. 1079 del C.C., siempre que exista relación de causalidad adecuada (arts. 903 , 904 y 906 CC.), en este caso confirmada por la propia pericia psicológica, de la que se desprende que todos los desarrollos experimentados por los actores fueron en respuesta al factor traumático que significó la pérdida parental padecida.

Tampoco nada indica, ni sería aceptable (principio de igualdad), que en esos supuestos y a los fines de la compensación del detrimento sufrido, deba acudirse a parámetros diferentes de aquellos que rigen cuando se indemniza la incapacidad física y/o psíquica permanente del damnificado directo (supuesto de supervivencia del lesionado).

De tal forma, corresponde establecer la cuantía resarcitoria del rubro daño psicológico patrimonial (incapacidad sobreviniente), según la fórmula ya citada y utilizada para cuantificar el "valor vida" (“HERNANDEZ, Fabián Alejandro c/EDERSA s/Ordinario”, aplicando la siguiente fórmula: C = A * (1 - Vn) * 1 / i * % de incapacidad).

Atendiéndome a las constancias de autos, y puesto que no se ha rendido prueba tendiente a demostrar ingresos que efectivamente percibieran los pretendientes al momento del hecho causal -aparte de la situación de las menores de edad-, tomaré como base el salario mínimo vital y móvil a la fecha del evento -conforme el precedente “Elvas, Katya Rocío c/Matus, Néstor Arturo y Otros s/ Ordinario s/ Casación” Expte. N° 27737/15 (STJRNS1 - Se. N° 75/15, del 27.10.15)-, estos es al 04/01/2012, cuando ascendía a la suma de $2.300 mensuales (Resolución 2/2011, Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, B.O. 30/8/2011).

En el caso de Juan Exequiel Carrillo Chavarría, computaré entonces el 10 % de incapacidad antes determinado, la edad de 20 años al momento del suceso, y el referido salario mínimo vital de $2.300.- Aplicando tales variables, la fórmula matemático financiera señalada arroja un resultado de $143.435,17.- (capital histórico).

A dicha suma se deberán adicionar los intereses devengados desde la fecha del fallecimiento de su madre (04/01/2012) hasta el momento de su efectivo pago, según tasa activa del Banco de la Nación Argentina – en adelante BNA- hasta el 22/11/2015; desde el 23/11/2015 según tasa del BNA para préstamos personales libre destino -operaciones de 49 a 60 meses- hasta el 31/8/2016; desde el mes de septiembre de 2016, la tasa vigente en el BNA para prestamos personales libre destino, en operaciones de hasta 36 cuotas mensuales y desde el 1° de agosto de 2018 la tasa establecida por dicha institución oficial para préstamos personales libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro se establezca como de plazo menor. Todo ello de acuerdo con la Doctrina Legal obligatoria del STJRN adoptada en los precedentes “LOZA LONGO” [Se. Nº 43/10]; “JEREZ” [Se. 105/15], “GUICHAQUEO” [Se. 76/16] y “FLEITAS” [Se. 62/2018].

Practicada la correspondiente liquidación hasta el momento del presente pronunciamiento (a través de la respectiva herramienta incorporada al sitio oficial de Internet del Poder Judicial), los intereses ascienden a la suma de $ 602.654,82.-

Y añadido ello al monto de capital, se alcanza un importe total de $ 746.089,99.- que, a esta fecha, establezco como condena por el presente rubro y a favor del nombrado accionante (sin perjuicio de los intereses que se devenguen con posterioridad a la sentencia).

En el caso de Liliana Esther Carrillo Chavarría, teniendo en cuenta el 25 % de incapacidad fijado, la edad de 21 años al momento del suceso, y el sueldo mínimo vital y móvil vigente a dicha fecha de $2.300, la fórmula matemático financiera arroja un resultado de $340.645,91.- (capital histórico). Mientras que la liquidación de intereses -según pautas ya indicadas- asciende a la suma de $ 1.431.252,18.- En total, entonces, se alcanza un monto de $ 1.771.898,09.- que, a esta fecha, establezco como condena por el presente rubro a favor de la nombrada accionante (sin perjuicio de los intereses que se devenguen con posterioridad a la sentencia).

Mediante igual método, considerando la incapacidad otorgada al viudo Exequiel Armando Carrillo (25 %), su edad al momento del suceso (58 años) y el aludido salario mínimo ($ 2.300). Aplicando entonces tales variables, la fórmula matemático financiera arroja un resultado de de $81.018,12.- (capital histórico). Mientras que los intereses ascienden a la suma de $ 340.404,39.-, Resulta de esa forma un importe total $ 421.422,51.- que, a esta fecha, establezco como condena por el presente rubro a favor del nombrada pretendiente (sin perjuicio de los intereses que se devenguen con posterioridad a la sentencia).

Ahora bien, a los fines de la cuantificación del perjuicio en favor de Ana Gabriela Carrillo Barra y su hermana A.D.C.C.,quienes al momento del luctuoso hecho eran menores de edad (13 y 4 años respectivamente), corresponde seguir los lineamientos fijados por nuestro STJ en los autos "Torres, Liliana María y Otro c/Ministerio de Salud de la Pcia. de Río Negro y Otra s/ordinario s/casación" (Se. 100/16), reiterado recientemente en autos "Muñoz Bustamante María Magdalena c/ Reyna Mónica Beatriz y Otro s/Daños y Perjuicios (Ordinario) s/ Casación" (Se. 16/20 de fecha 04/05/2020), que oficia como precedente de doctrina legal obligatoria (cf. art. 42, Ley 5190).

En el citado antecedente el niño afectado tenía 8 años de edad, por lo que se cuestionaba la aplicación de la fórmula matemática en el período comprendido de los 8 a los 18 años, resolviendo entonces ese Cuerpo que no se puede recurrir a la fórmula matemática para determinar el monto indemnizatorio correspondiente a tal lapso, atento que aquella se integra, esencial e inmodificablemente, con datos que se relacionan con el ingreso económico y el desarrollo laboral de la víctima.

En "Torres", citado, se dijo así que "Es cierto que la indemnización por incapacidad sobreviniente, tiene por finalidad cubrir no solo las limitaciones de orden laboral, sino también la proyección del menoscabo sufrido con relación a todas las esferas de la personalidad del damnificado; y que frente a minusvalías de carácter permanente de la víctima, es razonable conceder un resarcimiento que compute las proyecciones integrales de su personalidad -cualquiera fuese su edad- que afectan todas las manifestaciones que atañen a la realización plena de su existencia individual y social (cf., Llambías, Obligaciones, t. IV-A, n° 2373; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio- Zannoni, Código Civil comentado, t. 5, pág. 219, n° 13; Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, t. II-B, pág. 191, n° 232; Borda, Obligaciones, t. I, n° 149, etcétera). No obstante ello, el error que se advierte en la sentencia en examen es el método utilizado para la determinación del monto indemnizatorio por el período en cuestión." "Es decir, cuando lo que se está cuantificando es el perjuicio en la afectación de la integridad física y el menoscabo que surge de la minusvalía en el proceso de formación del menor durante los diez primeros años posteriores a la lesión, indudablemente no corresponde recurrir a una fórmula matemática cuyos datos están estrechamente relacionados al ingreso salarial y al desarrollo laboral de la víctima.".

De este modo, conforme tales pautas, la cuantificación del daño por incapacidad sobreviniente debe efectuarse segmentada en dos períodos, a saber: el primero de ellos desde los 13 y 4 años respectivamente de las nombradas (edades de la víctima a la fecha del injusto) hasta los 18 años de edad; y luego para el segundo tramo, desde los 18 años (potencial inicio de la actividad laboral o productiva de las afectadas) hasta los 75 años de edad (expectativa media de vida).

Y para el último período señalado -de los 18 a los 75 años de edad- debe utilizarse la fórmula de matemática financiera ("Pérez Barrientos" (STJRN, Se. N° 108/09, del 30/11/2009; y luego, para el fuero civil, en “Hernández c/ Edersa” (STJRN, Se. 52/15, del 11/08/2015).

Así entonces, en el caso puntual corresponde considerar el salario mínimo, vital y móvil de $ 2.300 vigente a la fecha del acto lesivo injusto -04/01/2012-, la edad de las damnificadas desde sus 18 años (inicio de actividad laboral o productiva) y el porcentaje de incapacidad psíquica determinado en 10%.

Tras aplicar tales variables, la fórmula matemático financiera arroja un resultado de $ 160.113,69.- (capital histórico) para cada una de ellas. Y practicada la liquidación de los intereses correspondientes hasta el momento del presente pronunciamiento, los mismos ascienden a la suma de $ 672.731,01. Añadido ello al monto de capital, se alcanza un importe total de $ 832.844,70.- para cada una de las jóvenes.

Por el lapso adicional a indemnizar a Ana Gabriela Carrillo Chavarría, comprendido entre los 13 y los 18 años de edad, y de la menor A.D.C.B. desde los 4 y los 18 años, si bien in re "Torres" se ha impuesto su cuantificación, no se ha sujetado a fórmula matemática alguna, ni a otro método concreto para su estimación.

Que tal como reconociera el Superior en el antecedente citado, la edad de la afectada carece de toda trascendencia a fin de acordarle reparación por la integridad física comprometida.

En efecto, "...cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida... Por tal razón, aunque no se haya acreditado la existencia del lucro cesante, ello no es óbice para resarcir la incapacidad que soporta el actor..." (C.S.J.N., 01-12-92, Pose José D. c/Provincia de Chubut y Otra, L.L. 1994-B, 432, con nota de Patricia Pilar Venegas y María Fabiana Compiani, La incapacidad permanente es indemnizable "per se" como daño patrimonial).

Sin embargo, aunque igualmente se impone en tales condiciones conceder reparación del perjuicio, se reitera que durante el tiempo que transcurre entre la lesión y hasta que la afectada adquiera la mayoría de edad (en el supuesto de autos entre los 13, 4 respectivamente y los 18 años), no corresponde recurrir a una fórmula matemática, en tanto sus variables están estrechamente relacionadas al ingreso salarial y al desarrollo laboral de la víctima.

De modo contrario, su determinación queda librada al prudente arbitrio judicial (arg. art. 165 CPCC).

En consecuencia, considerando la edad de la Ana Gabriela -13 años al momento del hecho-, lapso temporal a considerar -5 años hasta sus 18 años de edad-, el porcentaje de incapacidad que la afecta -10%-, incidencia de las lesiones en su vida personal y de relación -doméstica, escolar y social-, condición social de la afectada y su grupo familiar, y demás circunstancias propias del caso, juzgo razonable fijar el monto del perjuicio por el rubro en cuestión -por el período que se analiza- en la suma de $ 120.000.-, calculada a la fecha del presente pronunciamiento, atento tratarse de una deuda de valor cuyo contenido económico debe fijarse a valores actuales a fin de dar concreción plena al principio de reparación integral.

Y con los mismos lineamientos, por este periodo corresponde a la menor A.D.C.C., quien al momento del evento tenía 4 años de edad, un lapso de 14 años hasta sus 18, fijo el monto del perjuicio por el rubro en cuestión -por el período que se analiza- en la suma de $ 350.000.-, calculada a la fecha del presente pronunciamiento.

A ello –y tal como también fuera precisado por el STJ en “Torres”- debe agregarse intereses a la tasa pura del 8% anual desde el día del hecho -04/01/2012- hasta la fecha de la presente sentencia, y a partir de entonces y hasta el momento del efectivo pago según la tasa establecida en el precedente “FLEITAS”.

Practicada la respectiva liquidación, el capital de $ 120.000.- devenga intereses que ascienden a $ 101.812,56.-, arrojando un monto total de $221.812,56.- para Ana Gabriela; y el capital de $ 350.000.- devenga intereses que ascienden a $ 296.953,31.-, arrojando un monto total de $ 646.953,31.- para la menor A.D.C.C., que en definitiva se reconocerá como indemnización del rubro por el período mencionado para cada una de las nombradas.

En suma, computando ambos períodos indemnizables, el presente rubro prospera –a esta fecha- para Ana Gabriela: por la cantidad de $ 1.054.657,26.- ($ 832.844,70.- + $ 221.812,56); y para la menor A.D.C.C.: por la cantidad de $ 1.479.798,01.- ($ 832.844,70.- + $ 646.953,31).

12.3.- Tratamiento psicológico.

Como derivación de las lesiones psíquicas sufridas y para destinar a una terapia rehabilitante, la actores demandaron una partida resarcitoria que estimaron provisoriamente en la demanda -para todos ellos- en $ 150.000.-

Sobre este rubro, que tiene naturaleza de daño emergente futuro, señalo que en línea con mi visión que ya expuse sobre el daño psicológico, comparto la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K -entre otra afín-, en sentido que “no existe incompatibilidad entre los gastos de tratamiento psicológico futuro y la inclusión del daño psíquico como integrante de la incapacidad. Este último responde a la incapacidad ya ponderada y el tratamiento sugerido no asegura que se superará la incapacidad psíquica.“ (conf. “Medina Hilda Azucena c/ Empresa de Transporte Automotor Plaza S.A s/ daños y perjuicios” 462.468; 6/06/07; “Piaggio, Eduardo c/ Consorcio de Propietarios 25 de Mayo s/ Daños y Perjuicios”).

También concordantemente se ha sostenido que "el daño psicológico posee una entidad distinta a la que pudiera corresponder por el rubro "gastos de tratamiento psicológico", pues la primera tiende a reparar la disminución en la capacidad genérica de la víctima derivada de las afecciones psíquicas que ésta padece, en tanto la segunda tiene por fin resarcir el costo de la terapia consecuente como para menguar la incidencia del daño psíquico en la víctima," (CNCiv., sala H, 23/12/2009, "Achler, Nélida Marta c/ Siemens y otros s/ daños y perjuicios", voto del Dr. Kiper).-

De tal forma, el reclamo por este concepto también procede.

Empero, según adelanté al estimar la fuerza probatoria del dictamen pericial, la convalidación del tratamiento sugerido por el especialista solo será en la medida que su certeza y grado de convicción aparezca razonable (desde su fundamentación).

Al respecto, si bien la regla o pauta común que utilizó el perito indica que todos los accionantes deben realizar necesariamente un tratamiento con una duración no menor a un año, luego -como fue apuntado- diferenció la situación de cada peritado, sugiriendo para cada uno un tratamiento de cierta extensión. Aclarando en sus explicaciones brindadas a fs. 601/602, que ello responde al criterio profesional y será luego tarea del profesional tratante la evolución y consideración en función del avance terapéutico del paciente.

Aun así, ese criterio profesional al que alude el experto (el suyo propio) no aparece suficientemente explicitado, y así por ejemplo, recomendó para el viudo, Sr. Carrillo Barra, un tratamiento de dos (2) años, frente al tratamiento de tres (3) años que sugirió para la Liliana Esther, aun cuando a ambos les asignó el mismo grado de "incapacidad". Optaré por admitir un tratamiento similar para ambos, durante dos (2) años.

Con relación a los demás peritados, y la incapacidad que se les reconoció en la presente en base a los cuadros diagnósticos mensurados, se estará al lapso mínimo sugerido: un (1) año, que aparece suficiente según baremo Castex & Silva, en el que se indica -con referencia a la intensidad del cuadro- que “En lo que hace al grado moderado, pueden incluirse aquellos que satisfaciendo un requerimiento de psicoterapia breve de entre tres meses a un año de duración pueden también eventualmente necesitar apoyo psicofarmacológico.“

De esa forma, corresponde a Exequiel Carrillo Barra y Liliana Esther Carrillo Chavarría reconocer por el presente rubro la suma de $ 57.600.- a cada uno de ellos por tratamiento de dos (2) años de terapia semanal, a razón de $600.- por sesión ($600 x 4= $2400 x 24 meses= $57.600.-), que debe tomarse como valor vigente a la fecha de presentación del dictamen pericial (13/02/2017). Y por lo tanto, al que corresponde adicionar intereses desde esa oportunidad, hasta el dictado de la presente, según la tasa establecida por la Doctrina Legal obligatoria del STJRN definida en el precedente “FLEITAS” [Se. 62/2018].

Efectuada la respectiva liquidación, los intereses ascienden a $ 164.853,10.-.

Sumados al capital antes obtenido, se arriba a la suma de $ 222.453,10.-, que fijo para cada uno de los nombrados por tratamiento psicoterapéutico.

Para los restantes accionantes se fija por tratamiento psicológico la suma de $ 28.800.- a cada uno de ellos, correspondiendo a un (1) año de terapia semanal, a razón de $600.- por sesión ($600 x 4= $2400 x 12 meses= $28.800.-). Y añadido los intereses calculados desde la fecha del dictamen y hasta el presente pronunciamiento ($ 82.426,57.-), se alcanza la cifra de $ 111.226,57.-.

Por lo que el presente rubro prospera, a esta fecha, por la suma total de $ 778.585,91.-, distribuidos en la forma antes indicada.-

12.4.- Daño moral.

En lo tocante a este rubro, que en la demanda fue estimado en $ 2.500.000 para todos los pretendientes, la parte actora postuló que en cuanto al Sr. Carrillo Barra no hay duda alguna que la muerte de la esposa produce los dolores y sufrimientos íntimos que caracterizan el agravio moral, resultando incuestionable la lesión que al equilibrio espiritual del accionante ha ocasionado la pérdida de quien fuera su compañera de vida. Que Liliana tenía sólo 48 años cuando falleció y habían cumplido 31 años de matrimonio, y fruto de esa relación habían nacido sus cuatro hijos.

Y en igual medida, se adujo que tampoco puede dudarse de que la muerte de la madre produce en los hijos afecciones a sus más hondos sentimientos que merecen reparación. Que al ocurrir la muerte de Liliana, sus hijos se han visto sumergidos en el dolor, padeciendo una profunda angustia además de una evidente y dolorosa confusión, esto evidenciado mayormente en sus dos hijas menores, ya que les ha resultado mucho más dificultoso entender plenamente la muerte de su madre, situación esta que los ha llevado a estar confundidos acerca de lo que esto significa para ellos y porque no, para su futuro.

También, que los hijos de Liliana durante el proceso de duelo por la pérdida de su madre han tenido que soportar un aterrador caos, y sin lugar ha dudas ha incidido en su desempeño diario, tanto en el hogar como en la escuela, lo que también ha afectado en su aprendizaje, sin dejar de lado que en lo social también se han visto profundamente aquejados.

Se ha dicho que "El daño moral importa una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible -humana en términos actuales-, derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, lo que se traduce en un modo de estar diferente de aquel en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial" (PIZARRO, Ramón D. y VALLESPINOS, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 2, p. 641). "Así pues, el daño moral puede traducirse en sentimientos, situaciones psíquicas dolorosas, incómodas o aflictivas, pero igualmente en la pérdida de afectos puntuales o expectables y hasta de la aptitud para experimentar afectividad, o en una imposibilidad para encontrarse o arribar a una condición anímica deseable, valiosa o siquiera normal". (ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Tratado de daños a las personas. Disminuciones psicofísicas, Astrea, Buenos Aires, 2009 t. 2, ps. 393-394).

"En cualquier hipótesis, se valora no sólo la emotividad conculcada, sino el mal existencial mismo: pérdidas de beneficios espirituales, que se constatan en adelante, y captables objetivamente aunque conciernan a la subjetividad de la víctima. Hay un capital moral del ser humano, integrado por todo lo que éste es en sustancia; no únicamente sus bienes espirituales presentes sino también los futuros previsibles. Esa riqueza existencial de la persona se lesiona no sólo por vía de pérdida actual, sino igualmente impidiéndole gozar en el porvenir alguna faceta de plenitud, realización o superación, en sentido amplio: individual o social. Esta concepción desborda la identificación del daño moral con el dolor, y lo proyecta a un menoscabo en donde la persona vive peor que antes, aun cuando no exprese padecer alguno y hasta logra adaptarse de algún modo a la situación nociva" (Zavala, ob. cit., 2009, t. 2, p. 395).

En general se afirma que, a partir del vínculo familiar íntimo dado por la calidad de ascendiente, descendiente o cónyuge del damnificado con respecto a la víctima fallecida, opera una presunción de daño (in re ipsa), siendo el responsable del hecho dañoso quien debe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral. "Aunque no se hubiese rendido prueba alguna sobre el sufrimiento, éste es presumible en familiares cercanos, salvo demostración en contrario; aunque, desde luego, los elementos de juicio que se aporten puedan ser eficaces para redimensionar la indemnización en comparación con un padecimiento evaluado sólo a nivel presuntivo" (ob. Cit.).

Por eso, en la jurisprudencia se valora tanto la gravedad objetiva del menoscabo como su repercusión individualizada según la situación de la víctima: "Dado que la reparación no se hace en abstracto sino concretamente en cada caso, es justo que la indemnización del daño moral esté en relación con la magnitud del perjuicio, dolor o afección cuyo menoscabo, lesión o ataque se repara, lo que no se desvirtúa por el hecho de que el método de conocimiento de ese perjuicio opere inicialmente por criterios medios, es decir, a través de generalizaciones u objetivaciones de índole presuncional" (CNCiv., sala B, 4-5-2005, D. J. 2005-3-252).

Analizada las características particulares del caso, deviene natural que la desaparición física de la esposa y madre de los actores haya importado un enorme dolor espiritual, agravado por las circunstancias súbitas e inesperadas en que se produjo y su natural incidencia sobre los sentimientos de los damnificados.

Y en este caso, a esas dolencias emocionales presuntas, se suman otras más específicas que resultan de la pericia psicológica y configuran el daño psíquico ya analizado y establecido.

A los fines de la determinación de los montos correspondientes al daño moral, ha de tenerse en cuenta que dicha indemnización no repara in natura el daño, sino que cumple la finalidad de permitir establecer eventuales placeres compensatorios o satisfacciones sustitutivas, como actualmente refiere el art. 1741 del Código Civil y Comercial, como ya venía siendo sostenido por la doctrina y jurisprudencia.- "En tal sentido, se recuerda que la indemnización por daño no patrimonial no es una pena, sino que se debe "comprender que significa un resarcimiento: se entrega a la víctima un bien por su mal, cualquiera sea el destino que confiera a la indemnización [...] Se ha precisado que, como no es factible establecer una ecuación entre dolor e indemnización, debe introducirse un tercer término: el valor de los bienes elegidos al efecto del consuelo. Esa tesis sobre los p.c. conduce a la indagación de los b.o.s.s. del daño moral, que podrían adquirirse o gozarse con la indemnización". "Precisa con razón Iribarne que "es imposible sostener la demasía o la insuficiencia de una indemnización sin cotejarla con los valores de los bienes corrientes que permite adquirir, o sin evaluar su virtualidad como fuente generadora de rentas". Pero así como "el daño moral no se reduce al dolor sino que comprende todo desmedro existencial, la indemnización también debe cubrir una amplia función satisfactoria o compensatoria, no circunscripta a placeres en sentido hedonista o a satisfacciones sensuales. Existen muchos bienes y servicios para asistir y satisfacer intereses espirituales (salud, educación, recreación) que tienen valor de mercado, y no procuran lujos sino que cubren necesidades". ("La cuantificación de los daños en los supuestos de lesiones, incapacidad física, psíquica o muerte", Autor Werlen Cristian. Cita: RubinzalCulzoni D 119/2018 Tomo: 2017 3 Cuantificación del daño. Revista de Derecho de Daños).

Ahora bien, no es fácil determinar el importe tendiente a resarcirlo porque -justamente- no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas del perjudicado, a los padecimientos que experimenta y a la incertidumbre sobre su restablecimiento, en síntesis, a los agravios que se configuran en el ámbito espiritual de la víctima, que no siempre resultan claramente exteriorizados.

Su monto, así, queda librado a la interpretación que debe hacer el sentenciante a la luz de las constancias aportadas a la causa, tratando siempre de analizar, en cada caso, sus particularidades, teniendo siempre presente que su reparación no puede ser fuente de un beneficio inesperado o enriquecimiento injusto, pero que debe satisfacer, en la medida de lo posible, el demérito sufrido por el hecho, compensando y mitigando las afecciones espirituales sufridas.

Bajo tales pautas, y aun cuando no puede sostenerse válidamente que la muerte de la madre y cónyuge de los actores haya causado más -o menos- dolor a unos que a otros (no hay forma de establecer esa medida), al solo efecto de la reparación del perjuicio moral optaré por atender ciertas particularidades de los pretendientes, como así también la extensión de las consecuencias psicológicas que, para caso, resultan de la respectiva pericia (reiterándose que lo aquí se mensura es su implicancia extrapatrimonial).

Así, con relación a las hijas menores, Ana Gabriela Carrillo Barra y A.D.C.C., pondero que a la fecha del sorpresivo hecho luctuoso tenían apenas 13 y 4 años, respectivamente. No puede ponerse en duda que la muerte de una madre -con todo lo que simboliza como figura primaria de vínculo- es uno de los acontecimientos estresantes más intensos que puede padecer un niño o un adolescente. Y que, al margen de la aflicción misma que ello supone, acarrea inmediatos e indefectibles cambios en la vida diaria a la que deben adaptarse. La ausencia materna, en esa etapa de la vida, cobra una relevancia especial.

En el caso de ellas, el impacto emocional por la pérdida tomó un curso patológico e implicó -según lo descripto en la pericia psicológica- un trastorno ansioso-depresivo manifestado, entre otra sintomatología, por episodios de angustia, dificultad para el descanso (insomnio), como así también para concentrarse .

Con relación a la hija mayor, Liliana Esther Carrillo Chavarría (21 años cuando falleció su madre), también la pericia psicológica da cuenta de la fuerte repercusión que para ella tuvo la pérdida sufrida, con variada sintomatología que incluyó preocupación, miedo intenso, angustia generalizada, insomnio, emociones negativas, retraimiento social y episodios recurrentes de depresión. En suma, una disminución o deterioro que se proyectó en sus diferentes áreas subjetivas, con la intensidad y consecuencias que describió el Lic. Ramallo en su dictamen. Su rol de hija mayor -mujer-, también supone una posición especial tras es el fallecimiento de su madre, al menos como figura femenina de cuidado y referencia para sus dos hermanas menores. Recuerdo ahora, que, al declarar en la causa penal, refirió con pesar las últimas palabras que le dijo su madre, antes de ser trasladada desde Catriel a Cipolletti:“Te encargo a las nenas“.

En cuanto a Juan Exequiel Carrillo Chavarría (20 años al momento del hecho), ponderaré especialmente que aún con las disfuncionalidades que refirió el perito a su respecto, presenta un cuadro menos intenso que su hermana mayor (moderado). De allí que habrá algún tipo de distingo al fijar la indemnización.

Finalmente, con respecto Exequiel Armando Carrillo Barra (58 años a la fecha del hecho), además de la implicancia del cuadro patológico que se le diagnosticó y el indiscutible dolor que supone la muerte de su compañera (por más de 30 años), tendré en cuenta la consiguiente desorganización -crisis- que implica en una familia como la del caso la muerte, nada menos, de la esposa y madre, y el inevitable cambio de roles que impone. Ese estado de viudez, aparte, se produjo cuando el nombrado estaba próximo a llegar a su sexta década de vida, lo que lógicamente incide a la hora de afrontar y proyectar su etapa final en esa nueva condición.

Basándome en todo ello (características propias de los legitimados y del grupo familiar, afectaciones puntuales, edades a la fecha de ocurrencia del hecho y la índole del mismo), y tratando de respetar cierta equivalencia con casos análogos resueltos por la Cámara de Apelaciones de esta ciudad (vgr. “CURIHUINCA C/ MONTAÑO“, Se. 56 de fecha 16/7/2020), sin prescindir en esa comparación de la pérdida de valor adquisitivo que viene experimentando nuestra moneda, fijo el resarcimiento por daño moral -conf. Art. 165 CPCC-, del siguiente modo: 1) para Ana Gabriela Carrillo Barra y A.D.C.B., en la suma de $ 1.000.000 para cada una; 2) para Juan Exequiel Carrillo Chavarria, en la suma de $ 800.000; 3) para Exequiel Armando Carrillo Barra y su hija Liliana Esther Carrillo Chavarria, en la suma de $ 1.200.000 para cada uno de ellos.

Aun cuando tales sumas se determinan a valores actuales (deuda de valor), cobra especial relevancia en esta causa el prolongado tiempo hasta aquí transcurrido desde que la fecha del hecho luctuoso, por lo que no puede omitirse aplicar a tales importes una tasa de interés pura anual del 8 % desde que se produjo el perjuicio (04/01/2012) hasta la fecha del presente pronunciamiento.

Al respecto, el STJRN ha expuesto que “Cuando las sumas de condena representan obligaciones de valor cuantificadas al momento de la sentencia, no existe ningún impedimento de aplicar a las mismas una tasa pura de interés, desde el momento en que el perjuicio se produjo y hasta la fecha de la sentencia de Primera Instancia; ya que la misma está destinada a retribuir el uso del capital. Así se ha sostenido que: Los intereses de una indemnización de daños deberán computarse desde la producción del perjuicio hasta el pronunciamiento apelado a una tasa del 8% anual, como tasa pura, dado que resulta suficientemente compensatoria ante una deuda de valor fijada a valores actuales..." (STJRN SC SE. 4/18. T., D. V. Y OTROS C/ M., J. O. Y OTROS S/ ORDINARIO S/ CASACION, EXPTE. Nº 29518/18-STJ, 21-02-18).

En consecuencia, calculados y adicionándose tales intereses (8% anual), el resarcimiento por daño extrapatrimonial o moral queda reconocido, a esta fecha, en los siguientes montos: 1) para Ana Gabriela Carrillo Chavarría y A.D.C.C., en la suma de $ 1.848.438.- para cada una; 2) para Juan Exequiel Carrillo Chavarría, en la suma de $ 1.478.750,43.-; 3) para Exequiel Armando Carrillo Barra y su hija Liliana Esther Carrillo Chavarría, en la suma de $ 2.218.125,65.- para cada uno de ellos.-

Ello, sin perjuicio de los intereses que pudieran devengarse con posterioridad a la sentencia.

12.5.- Gastos de sepelio.

Por gastos de sepelio se reclamó para el accionante Exequiel Carrillo Barra una indemnización de $ 12.000, más intereses.

El art. 1084 del CC establece la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del fallecido y la jurisprudencia es amplia en el reconocimiento del rubro, aún a falta o insuficiencia de la prueba, aclarando luego el art. 1085 del C.C que la indemnización compete a quien hubiera hecho los gastos.

En autos no se ha acompañado comprobante alguno por los gastos que el cónyuge dice haber afrontado, ni se ha rendido prueba al respecto.

Sin perjuicio de ello, como fue anticipado, no caben dudas que los mismos configuran un daño emergente que ha de resultar a consecuencias vinculadas al hecho lesivo. Y cabe presumir que tales gastos hechos en la asistencia de la fallecida y en su funeral han sido afrontados por sus parientes más cercanos, en el caso, el actor cónyuge de la extinta Elsa L. Chavarría.

Aun cuando lo anterior no conlleva a que sin más se deba receptar la cuantía pretendida, en este caso puntual -y aun en ausencia de toda prueba- la misma no parece en absoluto excesiva, sino que prudencialmente puede suponerse suficiente para costear un servicio funerario básico al tiempo del deceso (04/01/2012) (art. 165 CPCC).

En consecuencia, se admitirá tal importe, con más los intereses desde el momento del hecho hasta el dictado de la presente, según las tasas y respectivos períodos de vigencia establecidos por la Doctrina Legal obligatoria del STJRN ya referida: precedentes “LOZA LONGO” [Se. Nº 43/10], “JEREZ” [Se. 105/15], “GUICHAQUEO” [Se. 76/16] y “FLEITAS” [Se. 62/2018].

Efectuada la respectiva liquidación hasta el momento de la presente sentencia (a través de la respectiva herramienta incorporada al sitio oficial de Internet del Poder Judicial), los intereses ascienden a la suma de $ 50.419.-

Y adicionado ello al monto de capital histórico, se alcanza un importe total de $ 62.419.- que, a esta fecha, establezco como condena por el presente rubro (sin perjuicio de los intereses que se devenguen con posterioridad a esta sentencia).

13.- Monto total de condena.

En definitiva, la demanda prospera por los siguientes rubros e importes indemnizatorios, establecidos a esta fecha: a) Daño material - "valor vida": $ 4.638.358,08.-; Daño psicológico: $ 5.473.865,86.-, Gastos de tratamiento: $ 778.585,91.-; Daño Moral: $ 9.611.877,73.-; Gastos de sepelio: $ 62.419.-. Lo que totaliza la cantidad de $ 20.565.106,58.-

Distribuidos del siguiente modo:

A EXEQUIEL ARMANDO CARRILLO BARRA corresponde: a) Daño material - "valor vida": $ 1.159.589,52.- (25%); Daño psicológico: $ 421.422,51.-, Gastos de tratamiento: $ 222.453,10.-; Daño Moral: $ 2.218.125,65.-; Gastos de sepelio: $ 62.419.-. En total: $ 4.084.009,78.-

A la menor A.D.C.C. corresponde: a) Daño material - "valor vida": $ 1.623.425,32.- (35%); Daño psicológico: $ 1.479.798,01.-, Gastos de tratamiento: $ 111.226,57.-; Daño Moral: $ 1.848.438.-. En total: $ 5.062.887,90.-

A ANA GABRIELA CARRILLO CHAVARRIA corresponde: a) Daño material - "valor vida": $ 1.159.589,52.- (25%); Daño psicológico: $ 1.054.657,26.-, Gastos de tratamiento: $ 111.226,57.-; Daño Moral: $ 1.848.438.-. En total: $ 4.173.911,35.-

A LILIANA ESTHER CARRILLO CHAVARRIA corresponde: a) Daño material - "valor vida": $ 323.985,06.- (7%); Daño psicológico: $ 1.771.898,09.-, Gastos de tratamiento: $ 222.453,10.-; Daño Moral: $ 2.218.125,65.-. En total: $ 4.536.461,90.-

Por último, a JUAN EXEQUIEL CARRILLO CHAVARRIA corresponde: a) Daño material - "valor vida": $ 371.068,64.- (8%); Daño psicológico: $ 746.089,99.-, Gastos de tratamiento: $ 111.226,57.-; Daño Moral: $ 1.478.750,43.-. En total: $ 2.707.135,63.-

14.- Costas.

Las costas serán impuestas a la PROVINCIA DE RÍO NEGRO por su condición objetiva de vencida (art. 68 CPCC).

Ello con excepción de los honorarios de los letrados/as del codemandado Javier D. Fontaine y de las citadas en garantía Federación Patronal Seguros S.A. y Horizonte Compañía General de Seguros Generales S.A., que deberán ser soportadas en el orden causado.

Pues si bien respecto de estas últimas partes los actores resultarían ser los vencidos, y ellas las vencedoras, es sabido es que el principio general de imposición de costas establecido en el art. 68 del CPCC, no es absoluto. Así se desprende del segundo párrafo de la misma norma que –como excepción- faculta al juez a eximir al perdedor de la condena en costas, total o parcialmente, cuando existiera motivo para ello.

En el caso de autos, ponderando sus particulares circunstancias, considero que -con relación a las partes mencionadas- corresponde variar dicho régimen que prioriza el vencimiento puro y simple, que en este supuesto se tornaría injusto. Pues aun cuando la negligencia y responsabilidad médica del Dr. Javier D. Fontaine quedó finalmente descartada, ello fue recién luego de un extenso proceso penal, en el cual incluso fue declarado culpable por la Cámara del Crimen de esta ciudad, y a la postre absuelto por el STJ.

Asimismo, el resultado al que ahora se arriba -a partir de una marcada incidencia de la sentencia penal-, ha implicado también en este fuero una contienda de mucha dificultad técnica que, en las concretas circunstancias que lo precedieron, sin duda pudieron llevar a los actores a la creencia fundada sobre la existencia de un error médico (quirúrgico) por parte del demandado Fontaine, y/o bien al reproche que efectuaron por su conducta profesional durante el proceso postoperatorio.

En definitiva, encuentro en todo ello suficiente mérito para apartarme del mentado principio general, con el alcance que adelanté (art. 68, último párrafo CPCC).

A los fines de la regulación de honorarios se estará en todos los casos al monto del proceso (art. 20 L.A.), determinado por la condena. Esto último siguiendo el criterio del STJ conforme al cual, aun cuando la demanda se desestima con relación a ciertos accionados, el monto base arancelario debe ser único (STJRN, Se 130/20 “Marín”).

En el caso de los letrados que asistieron al codemandado Fontaine y a las citadas en garantías, se estará a la pauta del art. 12 de la L.A. en su máxima extensión (28 % a distribuir entre los diferentes profesionales en litisconsorcio), aunque aquí también cabe hacer una distinción. Pues, más allá de que obviamente tomaré en cuenta el mérito, extensión y calidad de la labor desempeñada, no puede obviarse que en el caso de las citadas, su "interés" como litisconsorte y defendido mediante el trabajo profesional de sus respectivos letrados, fue desde el comienzo limitado a la suma asegurada en las respectivas pólizas, sustancialmente menor al monto de la demanda (y aun actualizado a esta fecha, muy por debajo del mondo de la condena). Por lo tanto, dejo fijado ya que el aludido porcentaje -28 %- se asignará del siguiente modo: 16 % para los letrados del codemandado Fontaine; 6 % para la letrada de Horizonte Seguros y 6 % para los letrados de Federación Patronal. En todos los casos, con la correspondiente deducción parcial que pudiera corresponder, según etapas efectivamente cumplidas en el proceso (art. 39 L.A.). Y la adición respectiva -40 %-en los supuestos de apoderamiento (art. 10 L.A.).

En atención al modo que se imponen las costas, no corresponde regular honorarios a los letrados intervinientes por la Provincia de Río Negro (art. 15 de la Ley K 88, texto reformado por art. 17 de la Ley 4739).

Por último, los honorarios de los letrados de la parte actora y de los peritos intervinientes, en caso que en conjunto sobrepasen el tope establecido por el art. 77 del CPCC. y art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, serán reducidos a prorrata conforme doctrina del STJRN in re “MAZZUCHELLI” (Se. 26/16) y "PEROUENE” (Se 18/17).

Por todo lo expuesto, RESUELVO:

I.- Hacer lugar a la demanda promovida por EXEQUIEL ARMANDO CARRILLO BARRA (por sí y en representación de su hija menor A.D.C.C.), LILIANA ESTHER CARRILLO CHAVARRIA, JUAN EXEQUIEL CARRILLO CHAVARRÍA y ANA GABRIELA CARRILLO CHAVARRÍA contra la PROVINCIA DE RIO NEGRO y, en consecuencia, condenar a esta última a abonar a los actores -de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 de la Constitución Provincial y art. 23 de la Ley 5106 (CPA)- la suma de PESOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 20.565.106,58), en concepto de capital e intereses calculados hasta la fecha del presente pronunciamiento, que corresponderá distribuir en la forma determinada en los considerandos.

II.- Rechazar en su totalidad la demanda respecto del codemandado JAVIER DARÍO FONTAINE; quedando por lo tanto también liberadas de su –contingente- obligación de garantía las aseguradoras citadas FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. y HORIZONTE COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS GENERALES S.A., según lo expuesto en los considerandos (punto 11).

III.- Imponer las costas a la PROVINCIA DE RIO NEGRO por su condición objetiva de vencida (art. 68 CPCC), con excepción de los honorarios de los letrados/as del codemandado Javier D. Fontaine y de las citadas en garantía, que deberán ser soportadas en el orden causado según lo indicado en el punto 14 de los considerandos (art. 68 últ. párr. CPCC).

IV.- Regular los honorarios profesionales de los letrados apoderados y patrocinantes de la parte actora, Dres. OSCAR RAÚL PANDOLFI y ARIEL RAUL BALLADINI, en conjunto, en la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 3.554.462) (MB x 16%, más 40 % por apoderamiento, reducidos a prorrata con honorarios de los peritos en un 22,84 %, cfr. art. 77 CPCC y art. 730 CCyC).

Los honorarios de los letrados patrocinantes del codemandado Javier D. Fontaine, Dres. RICARDO MENDAÑA y MARIANINA LOPEZ RAGGI, se fijan para ambos -en conjunto- y a cargo de su propio asistido, en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE ($ 2.193.611) (MB. x 16% /3 etapas x 2 etapas).

Los honorarios de la Dra. LORENA R. YENSEN, por su actuación como apoderada y patrocinante de la citada en garantía Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., y a cargo de esta última, se regulan en la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ 1.727.470) (MB x 6%, más 40 % por apoderamiento).

Los honorarios de los Dres. JOAQUIN NICOLÁS GARRO y JUSTO EMILIO EPIFANIO, por su actuación como apoderados y patrocinantes de la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A., y a cargo de esta última, se regulan -en forma conjunta- en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 1.151.646) (MB. x 6% /3 etapas x 2 etapas, más 40 % por apoderamiento).

Por último, los honorarios de los peritos médico, Dr. CLAUDIO E. SCHOUA y psicólogo, Lic. LUIS ALEJANDRO RAMALLO, se fijan en la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO ($ 793.405), para cada uno de ellos (MB. x 5 %, reducido a prorrata con honorarios de letrados de la parte actora, en un 22,84 %, cfr. art. 77 CPCC y art. 730 CCyC).

Los estipendios fijados no incluyen la alícuota del I.V.A., que deberá adicionarse en el caso de los profesionales inscriptos en dicho tributo.

Para efectuar tales regulaciones se tuvo en consideración la naturaleza y monto del proceso (MB. $ 20.565.106,58); y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, extensión, eficacia y resultado obtenido (conf. arts. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 39 y ccds. de la L.A. N° 2212; art. 77 CPCC; art. 730 CCyC; y arts. 5 y 18 de la Ley Provincial Nº 5069).

No incluyen la alícuota del I.V.A., que deberá adicionarse en el caso de los profesionales inscriptos en dicho tributo.

Cúmplase con la Ley 869.

V.- Disponer el levantamiento de las medidas cautelares que fueron trabadas durante la sustanciación del proceso contra el codemandado Javier Darío Fontaine. Firme que se encuentre la presente, líbrense los oficios de estilo a las oficinas, registros y/o dependencias que corresponda. Y en su oportunidad, previo cumplimiento de los recaudos de ley, restitúyanse al nombrado las sumas de dinero que le fueron retenidas (embargo preventivo).

VI.- A sus efectos, dese vista a la Defensora de Menores interviniente.

VII.- REGÍSTRESE. La presente QUEDARÁ NOTIFICADA AUTOMÁTICAMENTE según lo dispuesto por Acordada 9/2022 STJ, Anexo I, ap. 9, inc. a); sin perjuicio de lo previsto en el art. 62 de la Ley de Aranceles 2212 (notificación al cliente).-

Diego De Vergilio

Juez