Fallo Completo STJ

OrganismoSECRETARÍA PENAL STJ Nº2
Sentencia36 - 27/04/2022 - DEFINITIVA
ExpedienteMPF-BA-02758-2021 - ANTUAL NATIVIDAD; ANTUAL MARIA ISABEL; CURRUMIL VALERIANO; PAINEFIL SIXTO ANIBAL; PONCE RENE SEGUNDO Y OTROS S/USURPACION - LEY 5020
SumariosTodos los sumarios del fallo (3)
Texto SentenciaSuperior Tribunal de Justicia
Viedma

En la ciudad de Viedma, a los 27 días del mes de abril de 2022, finalizado el Acuerdo
celebrado entre los miembros del Superior Tribunal de Justicia señores Jueces Ricardo A.
Apcarian, Sergio G. Ceci y Sergio M. Barotto y señoras Juezas Liliana L. Piccinini y Mª
Cecilia Criado, para el tratamiento de los autos caratulados "ANTUAL NATIVIDAD;
ANTUAL MARÍA ISABEL; CURRUMIL VALERIANO; PAINEFIL SIXTO ANÍBAL;
PONCE RENÉ SEGUNDO Y OTROS S/USURPACIÓN" - RECURSO EXTRAORDINARIO
FEDERAL (Legajo MPF-BA-02758-2021), teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Mediante Sentencia N° 13, del 2 de marzo del corriente, este Superior Tribunal de
Justicia rechazó la queja interpuesta por la Defensa de María Isabel Antual, Natividad Antual,
Valeriano Currumil, Sixto Aníbal Painefil y René Segundo Ponce y, de tal modo, confirmó la
denegatoria de la impugnación extraordinaria dictada por el Tribunal de Impugnación (TI en
lo sucesivo), que a su vez había desestimado la queja deducida por esa misma parte contra la
decisión que denegaba la impugnación ordinaria, adoptada por el magistrado que, en función
de revisión, había confirmado la orden del Juez de Garantías de restituir un bien inmueble al
señor Edgardo Adem, atento a lo dispuesto en el art. 118 del Código Procesal Penal.
En oposición a ello la Defensa interpone el recurso extraordinario federal en estudio,
que el señor Defensor General sostiene y contestan en el plazo legal la parte querellante y el
señor Fiscal General.
CONSIDERACIONES
Los señores Jueces Ricardo A. Apcarian y Sergio G. Ceci y la señora Jueza Liliana L.
Piccinini dijeron:
1. Agravios del recurso extraordinario federal
El recurrente expone los antecedentes del caso y afirma que el recurso es admisible en
conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
precedente de Fallos 338:1277, que reseña. Entiende que la equiparación de la decisión
impugnada a definitiva es evidente puesto que, producido el desalojo que se cuestiona, no
habrá posibilidad de retrotraer el proceso y reparar los agravios irrogados, lo que implica
afectar el vínculo especial del pueblo con la tierra, poniendo en riesgo la supervivencia de la
comunidad y la cultura mapuche.
En abono de su postura alega que no fue aplicado el derecho indígena y que, al no
abordar los agravios de su parte, se afectaron el derecho de defensa y el derecho al recurso, en
tanto nada se dijo del alcance que cabe otorgarle al predio por su carácter de "tierras aptas y
suficientes" ni de la atipicidad de la conducta de ocupación, ni tampoco se escuchó a los
testigos ofrecidos, entre otras deficiencias que señala. Añade que se ha desconocido el
derecho de uso sobre tierras de posesión comunitaria indígena, que tiene jerarquía superior a
la posesión civil del derecho privado.
Sobre el punto en discusión, y en atención al fallo citado, entiende que constituye una
cuestión federal determinar si la normativa invocada confiere un derecho a la comunidad
mapuche para repeler el desalojo cautelar de una parcela en disputa promovido por el titular
registral del inmueble, y afirma que no pueden desalojarse tierras que fueron relevadas como
aptas y suficientes como si fuera una simple controversia de posesión entre dos particulares.
El Defensor recurrente afirma que ello puso en entredicho la temática de la
verosimilitud del derecho invocado y del peligro en la demora exigible para el desalojo, y
sostiene haber planteado de modo oportuno y correcto la inconstitucionalidad del art. 118 del
Código Procesal Penal.
Por todo lo expuesto, solicita la concesión del remedio en estudio y la elevación de la
causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
2. Dictamen de la Defensoría General
El señor Defensor General Ariel Alice afirma que la resolución cuestionada es
equiparable a definitiva dado que la ejecución de la medida de desalojo afecta el derecho de la
Comunidad Mapuche Carrilafquen sobre tierras de uso tradicional, lo que prima facie
involucra cuestiones de orden federal, con cita del dictamen de la Procuración General de la
Nación al que remite la Corte Suprema en Fallos 338:1277. Aduce que dicha cuestión se
encuentra formulada de modo motivado y que el recurso refuta todos y cada uno de los
argumentos que dieron base a la decisión apelada.
Seguidamente reseña el fallo del máximo tribunal nacional referido precedentemente,
así como otro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y coincide con el funcionario
recurrente en que no han sido abordados los agravios de su parte, por lo que no se verifica el
examen integral de lo decidido, todo ello con mención de la normativa que estima
involucrada.
3. Contestación de traslado de la parte querellante
El letrado Ernesto H. Saavedra, apoderado del querellante Edgardo Adem, contesta
que se trata del planteo de cuestiones de hecho y prueba ajenas a la vía federal, a lo que suma
que el cumplimiento de una medida cautelar no es sentencia definitiva.
En oposición a lo afirmado por la Defensa, señala que no se ha planteado la
inconstitucionalidad del art. 118 del código adjetivo local y considera que aquella solo pone
en evidencia su disconformidad con lo resuelto.
Asimismo, advierte que no se han contemplado los requisitos de la Acordada 4/2007
de la Corte Suprema y, en sustento de su observación, analiza y compara la carátula que
acompaña al recurso, por lo que estima que corresponde aplicar el art. 11 de dicho
reglamento.
En síntesis, alega que el recurso es una reiteración de temáticas tratadas; que las
cuestiones invocadas son de hecho y prueba; que la medida cautelar de desalojo no supone
una sentencia definitiva y puede ser revisada; que no fue atacada la constitucionalidad de los
arts. 118 del rito y 23 del Código Penal y que implica un error conceptual entender que la
posesión comunitaria indígena tiene jerarquía superior a la posesión civil del derecho privado.
4. Contestación de traslado de la Fiscalía General
El señor Fiscal General Fabricio Brogna López entiende que la carátula que debe
acompañar el recurso no detalla el apellido y nombre de los representados de la forma
exigible ni se satisfacen las previsiones de los incs. b), c), d) y e) del art. 3° de la acordada
aplicable. En tal sentido, señala diversos defectos formales, a la vez que niega la definitividad
de lo decidido, con cita del criterio de este Cuerpo atento al cual la ausencia de dicho requisito
no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estiman
vulneradas.
El funcionario entiende que en estos autos no se configura un supuesto de excepción a
la regla referida ni un caso de arbitrariedad de sentencia, a lo que suma que lo resuelto tenía
fundamento en la satisfacción de los recaudos el art. 118 del Código Procesal Penal, cuya
constitucionalidad no fue puesta en entredicho. Además, prosigue, la Defensa ni siquiera
había pedido a su favor una caución a modo de contracautela, conforme lo previsto en dicha
norma.
Argumenta luego que para fundar el recurso no basta la sola invocación de garantías
constitucionales que se dicen afectadas y, finalmente, reitera que los agravios ya han sido
analizados y que la recurrente no plantea más que su discrepancia subjetiva con lo resuelto,
por lo que pide la denegación del remedio en examen.
5. Solución del caso
Tal como ha indicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cf. Fallos 339:307,
339:299, 319:1213 y 317:1321), los órganos judiciales a los que les cabe expedirse acerca de
la concesión del remedio federal tienen el deber de examinar los requisitos formales
establecidos en su Acordada Nº 4/2007 (cf. Fallos 340:403) y además evaluar si, en un primer
análisis, la apelación cuenta con fundamentos suficientes para invocar un caso excepcional.
En tal examen, se comprueba inicialmente que el recurso se interpone en término, por
parte legitimada al efecto, mas habrá de ser desestimado en atención a que no cumple las
exigencias de los arts. 2° y 3° de la norma referida.
Así, en la portada que acompaña a su presentación se advierte que el señor Defensor
no enuncia de manera precisa la carátula del legajo, ni identifica a sus representados ni indica
el carácter en que intervienen en el pleito, no individualiza de manera precisa la decisión
recurrida y, al referir las cuestiones federales planteadas, omite completar la cita de los fallos
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que luego menciona en el escrito. Se advierte así
la infracción a los incs. b), c), e) e i) del art. 2° del reglamento de aplicación.
Además, el remedio intentado no se dirige contra una sentencia definitiva o
equiparable a tal del superior tribunal de la causa en el orden local (cf. art. 3° inc. a Ac. 4/07
CSJN), en tanto refiere al cumplimiento de una medida cautelar, que no implica ninguna
restricción a la libertad de locomoción de los imputados y cuenta con fundamento legal en los
arts. 118 del rito local y 23 última parte del Código Penal.
La Defensa pretende una excepción a la regla general mencionada invocando a su
favor la postura adoptada por la Corte Suprema en Fallos 338:1277, con remisión al dictamen
de la entonces señora Procuradora General, pero no se hace cargo de las diferencias entre
dicho precedente y la situación planteada en este legajo. En efecto, en aquel se trataba -en
principio- de un caso de ocupación de tierras y de una medida cautelar de desalojo en el
marco de un interdicto de recobrar, con el consecuente derecho de una comunidad indígena de
repelerla a la luz de las normas constitucionales y legales allí analizadas. En cambio, en autos
se alude al derecho del sujeto pasivo del delito previsto en el art. 181 del Código Penal (en
una causa en trámite de investigación) de ser inmediatamente reintegrado a la posesión o
tenencia del inmueble (entendiendo por tales al poder de hecho sobre él), del que los
imputados lo habrían despojado por alguno de los medios establecidos taxativamente en la
ley.
El señor Defensor tampoco rebate la totalidad de los argumentos expuestos en la
decisión apelada, en virtud de que no aparece correctamente planteada la inconstitucionalidad
de la normativa que dio sustento a la medida ni esa parte ha hecho uso de la caución prevista
como contracautela.
Por lo demás, el análisis acerca del efectivo acaecimiento de los requisitos típicos, la
verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora involucra aspectos fácticos,
probatorios y de derecho común ajenos a la vía intentada (cf. CSJN Fallos 307:223 y 312:551,
entre muchos otros).
En razón de lo antedicho, la apelación intentada no satisface las prescripciones del art.
15 de la Ley 48, en tanto impone la "exigencia según la cual el escrito respectivo debe
contener una crítica prolija de la sentencia impugnada, o sea que el apelante debe rebatir todos
y cada uno de los fundamentos en que se apoya el juez para arribar a las conclusiones que lo
agravian" (cf. CSJN Fallos 329:2218, 330:16, 331:563 y 336:381).
6. Conclusión
Por los motivos que anteceden, proponemos al Acuerdo denegar el recurso
extraordinario federal en examen. NUESTRO VOTO.
La señora Jueza Mª Cecilia Criado y el señor Juez Sergio M. Barotto dijeron:
Atento a la mayoría conformada en el voto que antecede, NOS ABSTENEMOS de
emitir opinión (art. 38 LO).
En razón de lo expuesto, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:
Denegar el recurso extraordinario federal interpuesto por el señor Defensor Penal
Marcos D. Ciciarello en representación de María Isabel Antual, Natividad Antual, Valeriano
Currumil, Sixto Aníbal Painefil y René Segundo Ponce.
Protocolizar y notificar a través de la Oficina Judicial de la IIIª Circunscripción
Judicial.

Firmado digitalmente por:
APCARIAN Ricardo Alfredo
Fecha y hora:
27.04.2022 08:40:52

Firmado digitalmente por:
BAROTTO Sergio Mario 
Fecha y hora:
27.04.2022 08:44:40

Firmado digitalmente por:
CECI Sergio Gustavo
Fecha y hora:
27.04.2022 09:03:25

Firmado digitalmente por:
PICCININI Liliana Laura
Fecha y hora:
27.04.2022 12:17:42

Firmado digitalmente por:
CRIADO María Cecilia
Fecha y hora:
27.04.2022 09:32:13
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