Fallo Completo STJ

TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN

Viedma, 12 de julio de 2018.

Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Tribunal de Impugnación de la

provincia de Río Negro, doctores Adrián Fernando Zimmermann, Carlos Mohamed

Mussi -por subrogancia- y Miguel Angel Cardella, presidiendo la audiencia el primero

de los nombrados, con el fin de dictar sentencia en el caso judicial denominado

“B. R. C/ V. J. A. S/ ABUSO SEXUAL”,

identificado bajo el Legajo MPF-RO-02710-2017, deliberaron sobre la temática del

fallo a dictar. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el

orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes

CUESTIONES:

Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto por el defensor particular de J.

A. V., doctor Carlos Ernesto Vila Llanos?, Segunda: ¿Qué solución

corresponde adoptar? y, Tercera: ¿A quién corresponde la imposición de las costas?

VOTACIÓN:

A la primera cuestión el Juez Adrián Fernando Zimmermann, dijo:

Antecedentes:

1.- Mediante sentencia de fecha 24 de mayo de 2018, el Tribunal de Juicio

de la IIda. Circunscripción Judicial resolvió condenar a J. A. V. por

considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de ABUSO SEXUAL

CON ACCESO CARNAL en concurso real con ABUSO SEXUAL SIMPLE en calidad

de autor (arts. 45, 55 y 119 1 ero. y 3er. párrafos del C.P), por los hechos cometidos

los días 4 y 6 de abril del 2016 en el campo Lonco Vaca, de Naupa Huen, Provincia

de Río Negro, a la pena de SIETE AÑOS DE PRISIÓN, accesorias del art. 12 del CP

y Costas (arts. 173, 174, 190, 191 y cctes. CPP).

2.- Contra lo decidido, el defensor particular del imputado, doctor Carlos

Ernesto Vila Llanos dedujo impugnación, que fue declarada admisible por el a quo.

3.- En su escrito de impugnación el abogado defensor sostiene, como primer

agravio, que la sentencia violó el derecho de propiedad de su asistido, el debido

proceso legal y el non bis in ídem, puesto que vigente el código de procedimiento

penal anterior se dictó a su favor falta de merito, que fuera consentida por el

Ministerio Público Fiscal, de modo que esta situación imponía la conversión de esa

falta de mérito en sobreseimiento obligatorio, en ausencia de nuevas probanzas

incorporadas a la causa que autorizan su modificación (arts, 17, 18 de la CN y 192 y

demás concordantes del Código anterior).

Señala como segundo agravio que la sentencia no se ajusta a los principios

de la sana critica racional, pues se construye el juicio de reproche en contra del

imputado con fundamento dirimente en el testimonio de la víctima, al que considera

no sólo creíble, sino suficiente en sí mismo para predicar reproducido el juicio de

verificabilidad de la verdad jurídico formal que impone una condena. Ello a pesar de

sus cuestionamientos vinculados a su credibilidad intrínseca y la ausencia de

indicios graves, precisos y concordantes que validen ese relato. Tampoco se

analizaron los elementos de juicio que lo contradicen, de modo que la declaración de

responsabilidad penal del enjuiciado terminó por violentar el in dubio pro reo (art. 8

del CPPRN), la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia, de la que los jueces

deciden apartarse a pesar de conocerla y mencionarla en la sentencia. Pretendieron,

a su entender, ocultar un arbitrario pronunciamiento fundado exclusivamente en su

íntima convicción y que no puede ser considerado derivación razonada de la prueba

producida.

Transcribe el pasaje de la sentencia que efectúa la valoración del testimonio

de B. y la critica, por cuanto la no constatación de razones que autoricen a

presumir que la víctima, por sentimiento de animadversión o cualquier otra razón, ha

mentido en el proceso, no es un parámetro que se debe tener en cuenta a los fines

de afirmar que se está frente a un testimonio fidedigno, lo contrario violaría el

principio de inocencia.

Es por ello -continúa alegando- que la credibilidad del testimonio exige no de

un análisis motivacional, sino de un juicio de verificabilidad intrínseca del relato

precisamente para descartar la mentira, que aparecerá ostensible en casos de falta

de un relato sostenido, frente a la presencia de contradicciones, etc., cuestiones que

la sentencia ignoró.

Menciona las circunstancias que en su opinión menguan la credibilidad del

relato de la denunciante (que haya denunciado cinco meses después de ocurrido el

abuso, la ausencia de resistencia, las contradicciones que señala).

Dice que además de la falta de credibilidad intrínseca del testimonio de la

víctima, se destaca la ausencia de probanzas que corroboren su deposición, es más

la prueba producida controvierte el contenido de lo denunciado, incurriendo la

sentencia en arbitrariedad al desentenderse de sus justos alcances.

Hace hincapié en el informe del Cuerpo Médico Forense, que descartó

indicio de lesiones en el examen anal. De este modo la declaración de la víctima es

contradicha por prueba pericial independiente. También señala las contradicciones

del testimonio de la víctima con la declaración del Psicólogo Basterreche.

Argumenta que los señores jueces se desentienden de las consecuencias de

esas severas contradicciones con la prueba de cargo y queda en claro que la íntima

convicción es el único sustento del fallo.

Cuestiona que en la sentencia se afirme que los trastornos psíquicos que

R. B. evidenció los meses previos a la denuncia, no constituyan una

circunstancia que mengüe la credibilidad de su testimonio, pero luego lo utiliza como

prueba de la existencia histórico material de los hechos imputados.

Efectúa una serie de consideraciones relativas a las pruebas incorporadas y

luego de exponer sus conclusiones, solicita que se disponga la absolución de su

defendido al menos recurriendo al beneficio de la duda y que se giren las

constancias de este proceso al Consejo de la Magistratura a fin de dirimir puesto que

estima el proceder de los señores Jueces incurso cuanto menos en un caso de

impericia inexcusable en la función que ocupan.

4.- En función de lo dispuesto por el artículo 239 del CPP se convocó a las

partes a audiencia oral, en la que se escucharon los argumentos a favor y en contra

de los agravios sostenidos contra el pronunciamiento jurisdiccional.

Intervinieron el defensor del imputado, doctor Carlos Vila Llanos y por el

Ministerio Público Fiscal, la doctora Teresa Giuffrida.

4.1.- Dada la palabra a la Defensa, el doctor Vila aclara que expresó sus

motivos en su escrito recursivo y explica que hay una primera cuestión vinculada con

aspectos formales, desde que en el régimen de la ley 2107 se le recibió declaración

indagatoria a V. y el juez de instrucción dictó una falta de mérito que fue

consentida por el Ministerio Público Fiscal. Relata el devenir procesal del legajo

hasta la realización del juicio y los planteos efectuados por la defensa en su

interpretación de que la situación que había provocado esa falta de mérito no había

variado por lo que -a su entender- no era válida la acusación.

Sostiene que ello significó una violación del non bis in ídem porque si no

había nuevos elementos de juicio el sobreseimiento era obligatorio.

En lo sustancial, señala que si bien reconoce la validez de la declaración de

la víctima para fundar una condena, ello no significa una derogación del in dubio pro

reo, de la sana crítica racional, entre otros principios que menciona.

Cree que en este caso particular V. resultó condenado sin que se haya

respetado el principio de la sana crítica racional e in dubio pro reo.

Menciona los dos hechos de la acusación y que como se descartaron

lesiones anales en la víctima, V. fue absuelto por el segundo hecho y

condenado por abuso sexual simple, lo que entiende no fue objeto de imputación y

afectó el derecho de defensa porque no pudieron controvertirlo.

Refiere que tampoco valoraron que la declaración de la víctima también se

tornaba cuestionable respecto del primer hecho. Señala las contradicciones del

testimonio de la denunciante: que en función de lo dicho por la víctima, fue al

hospital de Picún Leufú después de ocurrido el hecho y el psicólogo dice que la

señora le contó que había sido violada por dos personas, V. y R.; que la

denuncia fue realizada mínimo cinco meses después y que no hay pruebas que

acrediten la versión de la señora B. respecto de las razones de esa demora;

que habla de agresiones por la fuerza pero de su declaración en el debate se

advierte que la fuerza está ausente, a lo que se suma que no se encuentra

acreditada de otro modo.

Cuestiona que la sentencia concluyera que el cuadro de depresión que

presentaba la víctima se relacionara con la situación de abuso sexual, porque

entiende que no hay prueba científica al respecto. Enfatiza que la señora cuenta que

todo el proceso de angustia obedecía a la pérdida de una hija.

Critica también el fundamento de la sentencia basado en qué razones

tendría R. para mentir, dice que esto no destruye el principio de inocencia.

Aclara que no correspondía a la defensa acreditar porqué R. podía mentir.

Se remite en los demás a la expresión de motivos presentada por escrito.

4.2.- Concedida la palabra a la Fiscalía, la doctora Giuffrida solicita que no

se haga lugar el recurso de la defensa y se confirme el fallo recurrido por entender

que está ajustado a los hechos y al derecho.

Con relación a la violación del non bis in ídem, responde que es cierto que el

MPF consintió la falta de mérito dictada en la etapa de instrucción durante la

vigencia de la ley 2107 pero que no es una resolución que cause estado ni torna al

sobreseimiento en obligatorio. Relata que con la entrada en vigencia del nuevo

código y radicada la causa en fiscalía requirieron una pericial psicológica a la víctima

que descartó que la señora B. presentara un trastorno psicopatológico.

Entiende que por ese argumento ese primer agravio debe ser rechazado.

Respecto de la segunda parte de los agravios, esto es afectación de la sana

critica racional, contesta que la fiscalía no encuentra que la sentencia carezca de

fundamentos respecto de la existencia de los hechos y la responsabilidad de V.,

se trata de una disconformidad con la valoración de la prueba.

Señala que no coincide en que no haya prueba para fundar la

responsabilidad del condenado ni en que la declaración de B. sea mendaz.

Dice que debe tenerse en cuenta el tipo de víctima, y que siempre en lo sustancial

su relato se mantuvo.

Tampoco coincide en que haya cambiado la base fáctica con la que se llegó

a juicio. Hace hincapié en que la víctima no prestó consentimiento para las

relaciones sexuales y reconoce que si bien no hubo violencia física, la señora

B. manifestó que la agarró a la fuerza, y que le tenía miedo. También descarta

que V. haya sido absuelto por el segundo hecho y violando el principio de

congruencia haya sido condenado por un abuso sexual simple. Sostiene que debe

tenerse en cuenta que fue acusado en un segundo hecho por abuso sexual con

acceso carnal y el Tribunal entendió que no se pudo acreditar el acceso carnal pero

si la existencia de un abuso. Es decir que lo que se descartó fue la agravante del

abuso.

Manifiesta que no es que hay un solo testimonio y ningún otro elemento

probatorio, sino que está corroborado por otros indicios: el hecho se devela porque

le cuenta al hijo que había sido abusada por V., a partir de ahí debe

concatenarse con lo que fue pasando. Que la atienden en el servicio de salud mental

del hospital de Picún Leufú y luego de ello se hace la denuncia en la Fiscalía.

Menciona el testimonio de la Lic. Anzola, psicóloga de Ofavi, que acompañó a la

señora B. durante el proceso y siempre le contó el mismo relato. Que es cierto

que había perdido a una hija y la tenía en un cuadro de tristeza pero esa no es una

circunstancia para que B. urda una mentira contra V.

Aclara que por esta circunstancia fueron consultados los psicólogos que

nombró y la psiquiatra del Poder Judicial que dijo que no presentaba un trastorno

psicopatológico y que tenía un juicio conservado. Respecto de la mención a R.,

agrega que la señora explicó que también había tenido una situación con él y se lo

había comentado al psicólogo, pero era su decisión a quien quería denunciar. Lo que

debe tenerse en cuenta es que R. no estaba presente cuando fue abusada por

V. y como no denunció no tienen más detalles de esas circunstancias.

De este modo entiende que se trata de una sentencia fundada donde el

testimonio único está acollarado por la prueba que señaló.

Solicita que se confirme la sentencia en todos sus términos.

4.3.- Dada la última palabra a la Defensa, el doctor Vila se refiere al informe

de la Dra. Bernal y dice que allí dice también que la persona no tiene rastros ni

signos de daños vinculados con una situación de abuso sexual, que si los hubo no

han quedado huellas por lo que no hay forma de determinarlo. Dice que ello juega a

favor de su asistido.

5.- Consta en la sentencia que se acusó y condenó al imputado por los

siguientes hechos:

PRIMERO: “Ocurrido en fecha 4 de abril de 2016, a las 10:00 horas, en el

domicilio de la denunciante, sito en ....... El Cuy, R.N.. En la oportunidad. El imputado J. A. V. se

hizo presente en el lugar y previo mantener un diálogo y tomar unos mates con

R. B. (de 52 años de edad), en un momento dado se paró de la silla.

la tomó de los dos brazos y la llevó en contra de su voluntad hasta la pieza. Una vez

allí, en el dormitorio, el imputado V. comenzó a darle besos a B. y a

pasarle la lengua por la boca y el vientre. Seguidamente, V. tiró a B.

arriba de la cama, le sacó el pantalón, y el se sacó la bombacha tipo gaucho

mientras la mujer le pedía que la soltara y le besó las partes íntimas. Luego, el

imputado se colocó arriba de la víctima, la sujetó de las manos, le abrió las piernas y

abusó sexualmente de ella, penetrándola vía vaginal, eyaculando en su interior.

Finalmente, se vistió y se retiró de la vivienda como si nada hubiera pasado”.

SEGUNDO: “Ocurrido en fecha 6 de abril de 2.016, a las 09:00 horas, en

cercanías de un arroyo ubicado al lado del domicilio de la denunciante, sito en.......... El Cuy, R.N.. En la oportunidad,

el imputado J. A. V. llegó a caballo al lugar, se acercó a

R. B. (de 52 años de edad) quien se encontraba juntando leña en el

lugar y sin su consentimiento, le bajó los pantalones mientras él se bajó la

bombacha tipo gaucho, la sujetó de los brazos y la puso en "cuatro patas mirando al

piso", luego se arrodilló y abusó sexualmente de B. [con el pene del

imputado en la zona anal que le provocaron dolor a la víctima...]. Luego se subió a

su caballo y se retiró”.

Análisis de in/admisibilidad:

6.- Cabe considerar que el escrito fue presentado en término, por ante el

órgano jurisdiccional que dictó el pronunciamiento que se cuestiona, por quien se

encuentra legitimado para ello; tratándose de una sentencia definitiva de condena y

por ende una decisión impugnable en los términos de los arts. 25, 27, 222, 230 y 240

del rito.

A lo expuesto debe sumarse que la impugnación -escrita y luego oralizadaresulta

autosuficiente por cuanto de la audiencia celebrada fue posible conocer

cómo se configuran -a juicio del recurrente- los motivos de impugnación aducidos y

la solución final que proponen.

Por las consideraciones efectuadas, soy de opinión que debe declararse la

admisibilidad formal de la impugnación deducida. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión el Juez Carlos Mohamed Mussi, dijo:

Adhiero al voto del Juez que me antecede. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión el Juez Miguel Angel Cardella, dijo:

Adhiero al voto del Juez que me antecede. ASÍ VOTO.

A la segunda cuestión el Juez Adrián Fernando Zimmermann, dijo:

1.- Ingresando en el análisis de los agravios, la defensa sostiene que

durante el trámite bajo el régimen de la ley P2107 se había dictado la falta de mérito

de su pupilo que fue consentida por el Ministerio Público Fiscal. En consecuencia

-sigue diciendo- se imponía el sobreseimiento por lo que ante la condena impugnada

se afectó el non bis in ídem y el debido proceso legal.

Ahora bien, “no es materia de controversia que la 'garantía constitucional de

'non bis in ídem' protege a los individuos contra la doble persecución por un mismo

hecho, sin importar los diversos encuadramientos jurídicos que de éste se puedan

efectuar (CSJN, 06-02-96 -Peluffo-). [... T]al protección exige que el hecho sea el

mismo según una triple identidad entre la primera y segunda persecución: de

persona, de objeto y de causa de persecución (ídem personam, ídem re, ídem causa

petendi). De no verificarse cualquiera de las tres, el hecho será distinto y admisible

la segunda persecución' (STJRNS2 Se. 81/08)” (STJRNS2 Se. 242/17 “Fabre”).

Fácil es advertir la improcedencia del planteo en razón de que no se

verifican las identidades mencionadas dado que, conforme lo dijo el mismo defensor

y lo confirmó la señora fiscal, nunca se dictó el sobreseimiento por el factum de

acusación y condena. Es decir, estamos ante un única persecución penal.

En cuanto a la violación del debido proceso, no se advierte en qué habría

consistido, y, además, tampoco observo ni se menciona cómo se configura en el

caso la concreta afectación de derechos constitucionales por los cuales se

conmueva la preclusión y progresividad del proceso sobre la cuestión planteada.

2.- La defensa expresa agravios sobre diferentes circunstancias que, a su

criterio, son demostrativas de la falta de credibilidad de la víctima.

Dice el letrado que los motivos por los cuales la testigo miente o ha dejado

de mentir no deben ser demostrados por el imputado quien goza de un estado de

inocencia.

Es cierto que el encartado es inocente hasta que una sentencia firme declare

su responsabilidad penal.

Sin perjuicio de ello, el a quo ponderó la declaración de la víctima, el

contexto de los hechos y demás probanzas (v.gr.: declaración del hijo, profesionales

de la salud, etc.) en base a los cuales tuvo por acreditado que la señora B. no

tuvo motivos para mentir, y que nada sobre este aspecto demostró el imputado quien

sólo se limitó a decir -en uso de la última palabra- que "había mentido

alevosamente". En otras palabras, la ausencia de motivos para mentir es un indicio

de cargo que surge de la prueba ventilada en el juicio (ver página 20 de la

sentencia).

Afirma el doctor Vila que mengua la credibilidad de la señora B.: que

hiciera la denuncia después de cinco meses del hecho; que fue a denunciar y no

estaba el policía; que no fue el temor a su esposo por lo cual no denunció.

Estas cuestiones fueron analizadas y valoradas por el Tribunal de Juicio y,

más allá de la discrepancia subjetiva del recurrente, no se advierte ni demuestra

arbitrariedad ni error en el razonamiento (ver páginas 22 y 20 de la sentencia).

Menciona el letrado que la víctima, al narrar en el debate el abuso del día

04/04/16, dijo que accedió al acceso carnal solo por miedo, lo que entiende una

mecánica de acción distinta a la que fue objeto de imputación pues allí se reprocha

haber quebrado la voluntad de la víctima mediante el empleo de fuerza y no de

amenazas.

Parece claro, de la simple lectura del primer hecho reprochado, la

descripción de fuerza sobre la persona que “pedía que la soltara” y que no realizó

actos físicos de resistencia por miedo.

Es el mismo temor que relató la señora B. al declarar sobre el segundo

hecho y que también está contenido en el reproche al describir el abuso de ella sin

su consentimiento y con fuerza sobre su cuerpo.

Dicho de otra forma, existe congruencia entre el factum del reproche y la

descripción de la declaración de la víctima. De allí que también se descarta el

indicio de mendacidad respecto de dichas circunstancias.

No advierto porqué o de qué forma sería "altamente sospechoso que

R. B. diga la verdad" cuando contó el contexto en que sucedió el primer

hecho. Es más, esa versión es avalada por los dichos de su hijo quien asintió

conocer a V. y donde vivía.

Mucho menos sospechoso considero que la señora B. decidiera no

contarle el ultraje sufrido a su esposo puesto que es una decisión tan íntima y

personal como la de instar la acción penal por los abusos.

El agravio sobre el segundo hecho, que se reedita en esta instancia, en

cuanto a que denunció acceso carnal vías anal y vaginal y que finalmente de su

relato en el debate (por las particularidades de su declaración en virtud de su

formación socio cultural y formas de expresarse) en función del informe forense no

pudo establecerse con certeza la existencia de los accesos, de ninguna forma

permiten concluir que B. mintió y mucho menos que la sentencia sea arbitraria

puesto que ésta desarrolló in extenso una fundamentación que explica

razonadamente todos los extremos de la imputación y de la declaración testimonial,

como así también lo que entendió la señora fiscal para dictaminar (ver páginas 24/25

de la sentencia).

Además, que el hecho terminó encuadrado como abuso sexual simple lejos

está de haber mutado o haberse afectado el derecho de defensa en juicio puesto

que dicho tipo penal es la base del delito agravado contenido en el reproche.

Y, a todo evento, no existe una modificación esencial de la base fáctica por

lo cual V. supo oportunamente en qué consistían aquéllas conductas de

condena y pudo desplegar su defensa material y formal antes de que fueran

valoradas jurídicamente por el a quo. A ello se suma que no se alega ni se advierte

que lo resuelto haya resultado sorpresivo para sus intereses, por todo lo cual cabe

concluir que no se demuestra que exista la conculcación a los principios y derechos

que alega la parte.

Los agravios referidos a las manifestaciones de la víctima en cuanto a que

también fue violada por otra persona llamada R., a sus trastornos psíquicos y a

sus estados emocionales y físicos carecen de eficacia recursiva puesto que, su

reedición en esta instancia, no conmueve la sentencia que ha dado fundamentos

serios concretos y con sujeción a los principios lógicos del pensamiento luego de

analizar y ponderar concatenadamente la totalidad de la prueba descartando

"márgenes de error en el testimonio" que pudiera afectar su credibilidad (ver páginas

20/22 de la sentencia), y destacando, asimismo, "que sus dichos se encuentran con

información o datos de contexto que lo apuntalan y tornan veraz" (ver páginas 22/24

de la sentencia).

Es por todo ello que la defensa no logra demostrar su afirmación de que no

existen elementos de juicio para relacionar el trastorno psíquico que afectó a R.

con el contenido de lo denunciado.

3.- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar la impugnación

deducida. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión el Juez Carlos Mohamed Mussi, dijo:

Adhiero al voto del Juez que me antecede. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión el Juez Miguel Angel Cardella, dijo:

Adhiero al voto del Juez que me antecede. ASÍ VOTO.

A la tercera cuestión el Juez Adrián Fernando Zimmermann, dijo:

Que en razón de lo resuelto en la precedente cuestión las costas se imponen

a J. A. V. por ser la parte vencida (art. 266, CPP), regulando los

honorarios del doctor Carlos Vila en el 25% de la suma que se le fije por su

actuación en la instancia de origen (art. 15 L.A.), en razón de la extensión de sus

labores, la complejidad del caso, el resultado obtenido, las etapas consumadas y las

restantes pautas de la ley de aranceles vigentes. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión el Juez Carlos Mohamed Mussi, dijo:

Adhiero al voto del Juez Zimmermann. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión el Juez Miguel Angel Cardella, dijo:

Adhiero al voto del Juez que me antecede. ASÍ VOTO.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESUELVE:

Primero: Declarar admisible desde el plano estrictamente formal la impugnación

deducida por la defensa particular de J. A. V.

Segundo: Rechazar la impugnación interpuesta por el doctor Carlos Ernesto Vila

Llanos, en representación de J. A. V.

Tercero: Imponer las costas a J.A. V. por ser la parte vencida (art.

266, CPP), regulando los honorarios del doctor Carlos Ernesto Vila Llanos en el 25%

de la suma que se le fije por su actuación en la instancia de origen (art. 15 L.A.).

Cuarto: Registrar y notificar.

Firmado por los Jueces, Dres Adrián Fernando Zimmermann, Carlos Mohamed Mussi -por subrogancia- y Miguel Angel Cardella.
Protocolo N° 107.