Fallo Completo STJ

Como consecuencia de ello y por aplicación de la norma citada, debe presumirse la verdad de los hechos lícitos afirmados por el actor, como asimismo la autenticidad de la documental presentada con la demanda.

Por ende, tal declaración ocasiona distintos efectos en el proceso laboral, a) Al no haber sido desconocida la documentación acompañada por la parte actora en su demanda, la misma debe ser tenida como auténtica, y las cartas y telegramas por remitidos o por recibidos por el rebelde, según su caso; y b) Se edifica a favor de la parte actora la presunción “iuris tantum” de que los hechos por ella relatados en su demanda son ciertos, importando ello la inversión de la carga probatoria siempre y cuando los mismos fueren verosímiles y no se contradigan con otras constancias de autos.

Concretamente, en casos como el presente, ello importará la admisión de veracidad de la plataforma fáctica del litigio y consecuente deber del Magistrado de limitar la función valorativa a los aspectos jurídicos de la causa, sin necesidad de indagar sobre los hechos con el rigor que se impondría frente a la oposición de argumentos o defensas tendientes a desvirtuarlos o lisa y llanamente negarlos.

De modo que, precisamente por esa ausencia de negativa y ante la total falta de elementos que den cuenta de una realidad disímil, no existe en el sub examine razón alguna para no tener por cierto las manifestaciones vertidas por el actor (a excepción del rubro SAC sobre vacaciones no gozadas, sobre el que me expediré infra), conforme la consecuencia de la rebeldía declarada, la que se encuentra firme y la manda de los arts. 36 de la ley 5631 y 356 del CPCyC. Es así que el silencio en el que incurrió la parte accionada comporta una conducta de las previstas por las normas precitadas, con las siguientes consecuencias: a) Se presumen ciertos los hechos lícitos invocados por el actor en su demanda; b) se tienen por reconocidos o recibidos los documentos acompañados en la diligencia de notificación, en tanto de la secuela posterior de la causa no surgieran pruebas en contrario: Si la demanda no ha sido contestada corresponde: a) declarar la rebeldía del demandado, si no ha reconocido; b) darle por perdido el derecho de contestar la demanda... En todos los casos es aplicable la sanción de tener la incontestación de la demanda como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refiere, pero ello no es obligatorio para el juez, ni exime siempre al accionante del onus probandi (Santiago Fassi, “Cód. Proc. Civil y Comercial Comentado”, T. 2, pág. 15).

Agregando nuestro Superior Tribunal de Justicia: “la rebeldía no releva al juzgador de ponderar ciertos hechos en los que se sustenta la pretensión. Es decir, no se sigue sin más de una rebeldía la intrínseca razón de lo pretendido por el actor” si bien es cierto que el art. 36 de la Ley 5631 -in fine- permite presumir como ciertos los hechos lícitos afirmados por el actor, salvo prueba en contrario, también lo es que ello no releva al juez de la obligación de dictar una sentencia justa, según el mérito de la causa” Es que la rebeldía no puede tener el efecto de acordar un derecho a quien carece de él. Es necesario que el magistrado esté convencido de la verdad de los hechos afirmados, independientemente del silencio o rebeldía del contrario. Y por tanto la presunción favorable a quien obtuvo la rebeldía debe robustecerse con otros medios de prueba (cfr. Díaz Solimine, Teoría y Práctica del Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, Tomo I, Cap. XXIII, Teoría General de la Prueba; 14. La prueba en el proceso en rebeldía; LA LEY, Bs. As., 2007; pág. 756/757)”. “DIAZ, CRISTIAN EDUARDO C/ EVANGELISTA, GASPAR LUCAS S- SUMARIO (M 1477/10) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” Se. 63/15.

Ello importa la posibilidad de que el juez conmine a la parte a la acreditación de alguna circunstancia que aparezca dudosa o confusa pese a la rebeldía del demandado, de suerte tal que el juez por sí -sin necesidad de que exista requerimiento de parte- puede ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la veracidad de los hechos que hubieran invocado..." (Cfr. Roland Arazi, Jorge Rojas -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro, Editorial Rubinzal, Culzoni, Edición 2007, pág. 42).

A) HECHOS: En consecuencia de todo ello, corresponde a continuación fijar los hechos que considero acreditados, conforme este marco legal-procesal y sus efectos, conjugado con la situación fáctica planteada en el reclamo impetrado en autos, apreciando en conciencia las pruebas producidas, los que a mi juicio son los siguiente (Conforme Art. 55 inc. 1 de la ley 5631).

1. Contrato de trabajo: Corresponde tener acreditada la existencia de un contrato de trabajo que vinculó a las partes, con fecha de inicio el 10-04-2023.

Da cuenta de ello lo manifestado por la actora, que no fuera controvertido por la demandada, quien guardó silencio en la etapa prejudicial y no se presentó en esta instancia.

A su vez, la prueba informativa de A.R.C.A. recibida el 15-01-2025 agregó que la actora nunca fue registrada como dependiente en aquél Organismo.

2. Tareas y jornada de trabajo. Cruce postal: Consecuencia de la rebeldía decretada, tendré por ciertas las condiciones de contratación e incumplimientos detallados en las intimaciones fehacientes acompañadas por la actora:

a. El 07-11-2023 la actora remitió telegrama CD177715390 a la demandada comunicando:

"Habiendo ingresado a trabajar bajo sus órdenes, como mi empleadora, en fecha 10/04/2023 hasta el presente, en la categoría “ADMINISTRATIVO A” del CCT 130/75, realizando tareas de recepción, atención al público presencial en la concesionaria, cobro de cuotas de planes, hacer y atender llamadas telefónicas, organizar en planillas las ventas de planes y registro diario y demás afines a la categoría antes mencionada. Ello en su concesionaria de automotores “AUTO SUR”, situada en Av. Gral. Julio Argentino Roca 1902, de la ciudad de General Roca, cumpliendo una jornada laboral de lunes a viernes de las 8:50 hs hasta las 14:10 hs (jornada a tiempo completo). Que atento a percibir por todo concepto sumas mensuales ampliamente inferiores a las legalmente establecidas, a no haber registrado formalmente la relación laboral que nos une y a haberme negado tareas en forma verbal, es que la INTIMO A UD. en PLAZO 48 HS de recibida la presente proceda a: - Aclarar mi situación laboral y me diga si me seguirá dando trabajo o no en el futuro; - Registre la relación laboral en los términos aquí denunciados, según fecha de ingreso, categoría, jornada y remuneración correcta; - Abone los reajustes de haberes de toda la relación laboral de acuerdo a las escalas salariales vigentes; - Haga entrega de los recibos de haberes oficiales con la registración que le fuera debidamente intimada, - efectúe los aportes y contribuciones de ley a los sistemas de las seguridad social y previsional – de acuerdo a los hechos aquí denunciados, habiendo corroborado la falta de pago de los mismos (AFIP, ANSES, obra social, Art), - haga entrega de los comprobantes de efectivo pago de aportes y contribuciones a la seguridad social y previsional; - Abone SAC y vacaciones adeudado de toda la relación laboral. Todo ello, bajo apercibimiento de considerar su negativa a la presente intimación, injuria suficiente que impide la prosecución de la relación laboral y de considerarme despedido por su exclusiva culpa y responsabilidad, haciéndolo cargo de todos y cada uno de los perjuicios que ello me ocasionare. Su silencio en el plazo indicado importará la negativa de su parte a la presente intimación bajo igual apercibimiento. La presente se hace bajo apercibimiento de lo dispuesto en la ley 24013 cuya copia se remite conjuntamente, y arts. 1 y 2 de la ley 25323, sirviendo el presente de suficiente intimación (...)".

1. DESPIDO INDIRECTO: En cuanto a la extinción del vínculo contractual, debemos partir de la premisa de que las partes están obligadas, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de la ley o de convenciones colectivas de trabajo apreciados con criterios de colaboración y solidaridad (art. 62 LCT).

Asimismo, deben obrar de buena fe ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo (art. 63 LCT).

Por lo que corresponde pasar a merituar el derrotero de hechos sucedidos al momento de la extinción y su prueba.

Como surge de las intimaciones fehacientes cursadas por la actora, la causal de extinción de la relación laboral invocada por la trabajadora, fueron injurias graves por los incumplimientos de su empleador, por lo corresponde entrar en el análisis de aquellos.

En el proceso judicial es tarea de las partes probar la causal esgrimida en la comunicación de despido, dejando en manos del Juez la calificación de los hechos como injuriosos, no pudiendo decirse a priori que un hecho determinado constituya, en términos absolutos y en todos los casos, injuria, pues el mismo hecho, objetivamente considerado, puede configurar injuria en un caso y no serlo en otro.

La prueba de la causa del despido recae en quien invoca la existencia del hecho injurioso. En caso de despido directo, el empleador debe justificar la causa, y si se trata de un despido indirecto, la carga probatoria corresponde al trabajador.

En el presente caso estamos ante un despido indirecto, donde la actora intimó a su empleador al cumplimiento de sus obligaciones patronales, ante un vínculo que desarrollo en total clandestinidad, y con deudas de rubros salariales, frente a lo cual guardó silencio el empleador.

A esto cabe aplicar la presunción derivada del art. 57 de la LCT, en cuanto a que hay para el empleador un deber, o más exactamente, una carga de explicarse o contestar "ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo sea al tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable el que nunca será inferior a dos (2) días hábiles", ya que el incumplimiento de una carga origina una situación desfavorable para el gravado por ella; la falta de respuesta a un requerimiento formal del trabajador dentro del plazo que la ley establece genera como consecuencia una presunción iuris tantum, por lo que admite prueba en contrario.

Ello es lógico, dado que el emplazamiento concreto implica la correlativa obligación de responderlo. El silencio o la respuesta evasiva no pueden mejorar la situación del requerido.

Para la ponderación judicial en el análisis de la existencia de justa causa de extinción del contrato de trabajo, utilizaré las palabras del Dr. Ackerman (Ley Contrato de Trabajo comentada, Mario E. Ackerman director, María Isabel Sforsini coordinadora, editorial Rubinzal-Culzoni, Tomo III, página 223 y siguientes) al tratar el artículo 246 de la LCT, quien realiza una sistematización de las causales más frecuentes para considerarse despedido. Así, dos de las tres primeras causales que describe se encuentran presentes en este caso.

a. La falta de pago de haberes: Luego de remarcar la importancia de esta obligación patronal, sostiene que la falta de pago íntegro y oportuna constituye un incumplimiento idóneo para configurar una injuria grave, en el sentido del artículo 242 de la LCT.

Más allá de esta afirmación contundente, el mismo autor ingresa en el análisis de matices de este incumplimiento, pero en el caso concreto, la gravedad es palmaria por la deficiencia prolongada en el pago íntegro de los haberes. Esto apoyado en la conclusión que la actora debió percibir, durante toda su vinculación laboral, una remuneración superior a la verdaderamente cobrada.

b. Clandestinidad total: Aquí la conducta del demandado también es grave, ya que la falta absoluta de registración de la actora genera consecuencias mediatas relacionada con la posibilidad de gozar de los beneficios de la seguridad social.

Esta es una conducta ilegal y antisocial que golpea la dignidad de la trabajadora, y justifica la ruptura contractual.

Por ello, y ante la concurrencia en el caso de dos causales de ruptura por justa causa, entiendo que el empleador demandado debe responder en base a las indemnizaciones que establece la LCT.

2. ENCUADRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIONES: La actora reclama y determina los rubros salariales, indemnizatorios y las multas, aplicando el CCT N° 130/75, que regula las relaciones laborales de los trabajadores de comercio.

Analizadas las tareas y el ámbito de trabajo donde se desarrolló el contrato entre las partes, en este caso concreto debe aplicarse el CCT 740/16 firmado entre SMATA y ACARA, que en su artículo 2 define su ámbito personal de regulación:

"El presente convenio tendrá carácter nacional y será de aplicación obligatoria en todas las empresas que se indican:
a) Concesionarias, agencias, subconcesionarias y subagencias de automotores, camiones, tractores, motos, ciclomotores, acoplados, carrocerías, auto elevadores, maquinarias agrícolas y/o vial y toda empresa concesionaria que comercialice, brinde servicio y/o repare unidades 0 km o usadas, maquinarias agrícolas, viales, tractores, motos, ciclomotores, acoplados, carrocerías, auto-elevadores, motores y camiones y todo establecimiento que instale y/o comercialice equipos con motores a nafta, diesel o gas y/o cualquier otro tipo de propulsión. (...)".

En cuanto a la categoría convencional, por las tareas administrativas realizadas y la antigüedad de la actora, según el artículo 12 del CCT N° 740/16 será el siguiente:

"5. Administrativo básico: es el personal que ingresa y realiza actividades administrativas básicas dentro de las distintas secciones de la empresa que no requieran una capacidad específica".

Por lo analizado, corresponderá encuadrar el contrato de trabajo en el CCT N° 740/16 y su escala salarial vigente a cada mes, considerando a la actora como trabajadora que revistió la categoría "Administrativa básica".

3. RUBROS INDEMNIZATRIOS: Corresponderá hacer lugar a las indemnizaciones reclamadas por la actora, a excepción del SAC sobre vacaciones no gozadas en base al criterio de esta Cámara desde su anterior composición, en los autos "GIMENEZ MARIA MILAGROS C/ SANATORIO JUAN XXIII S.R.L. S/ RECLAMO" (Expte. O-2RO-1371-L2014) Sentencia del 02-07-2018 sostuvo: "...en esta polémica que ofrece el tema considero que el rubro no resulta procedente, primero por la naturaleza indemnizatoria del mismo como refiere el art. 156 de LCT, pero más allá de ello, si cuando las vacaciones se gozan en los periodos previstos por la ley, al trabajador no se le abona SAC sobre vacaciones gozadas, en razón que dicho instituto tiene previsto que su cobro es en dos épocas al año, esto es 30 de junio y 31 de diciembre, es decir se devenga con una periodicidad semestral, y en caso de extinción es proporcional al tiempo transcurrido al tiempo de la extinción. Entonces, el SAC devengado a la extinción cubre el SAC sobre los rubros remuneratorios, que no comprende a los indemnizatorios, ni a las vacaciones por tratarse de un rubro que no es remuneratorio, y participa de una naturaleza distinta como es proteger el descanso para el trabajador, previendo la ley una forma de cálculo distinto para el concepto "vacaciones", entre los que no se incluye el SAC...". 

A lo dicho se debe agregar que la Ley 27.742, denominada "LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS", que en su artículo 100 deroga la Ley 25.323 no resulta aplicable al caso concreto porque el despido de la Sra. Salgado fue anterior a dicha norma.

En definitiva, prospera la demanda por los siguientes rubros indemnizatorios: por despido, preaviso y su SAC, integración mes de despido y su SAC, el SAC proporcional, y las vacaciones no gozadas.

En cuanto a la determinación de los rubros ordenados, deberán realizarse conforme el CCT y escala salarial aplicable, liquidación que deberá practicar la actora en el momento procesal oportuno.

4. DIFERENCIAS SALARIALES Y HABERES ADEUDADOS: Habiendo tenido por acreditadas las tareas administrativas realizadas por la actora, y la remuneración percibida mensualmente de $80.000, corresponderá hacer lugar al rubro reclamado.

En cuanto a su liquidación, deberá practicarla la parte actora, siguiendo los parámetros expuestos en esta sentencia.

DRA. MARIA DEL CARMEN VICENTE
-Presidenta-

DR. JUAN AMBROSIO HUENUMILLA
-Juez-

DR. NELSON WALTER PEÑA

-Juez-

El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la Ley Nac. 25506 y Ley A 3997, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ.