Fallo Completo STJ

Luego procede a testificar la Sra. Mariela Silvia Filippelli quien testifica que: conocía a la actora por que era la secretaria de ahí, mientras ella trabajaba de médica, aclarando que ella no trabajaba para el sanatorio en si, sino dentro del mismo, pagaba el módulo del lugar para trabajar con su O.S. Afirma que Molejón ingresó al sanatorio poquito tiempo antes de que ella se vaya. Dice que a Algarín  lo conoce de ahí y del ámbito médico. Que a Aliaga y Manquepi solo los conoce de nombre. Detalla que estuvo 3 o 4 años ahí, desde 2018 a diciembre de 2022, debido a que en 2023 abrió consultorios en otro lado con colegas. Puntualiza que pagaban un modulo, nos daban un recibo no legal no servía para AFIP, que le pagaban a Angelica, y que debían atender a la gente de la fruta sin cobrar plus solo la orden médica, pero no pagaban las ordenes así que las compensaban con el modulo. Que ello les convenía porque además atendíamos a gente de otra O.S. Que eran 6 o 7 profesionales en las mismas condiciones, rotaban y quizás llegaron a ser 8. Que cada cual organizaba su trabajo y le daban el cronograma a la secretaria, y si faltaba algo o una cuestión edilicia avisaban para que vayan a resolver el problema. Que los últimos meses Algarín o Molejón estaban ahí. Que la contadora no les daba bolilla, los maltrataba bastante, Algarín en la guardia. Que los dos daban ordenes al personal del sanatorio, además tenían mal trato con el personal. Que a ella y a otros profesionales les molestó mucho, muy desleal como pares. Que Algarín tomaba la gente para la guardia y les sacaba los pacientes. Que cuando ellos ingresaron les actualizaron el valor de los módulos, eso lo comunico Algarín.

Respondiendo al letrado del actor dice que los pagos eran todos en efectivo, no habían movimientos bancarios por razones obvias de evasión de impuestos. Que la O.S. de la fruta les daba un recibito común, pero después los compensaba con el modulo, que cuando ingreso esta gente ni eso, eran escritos en la computadora. Manifiesta que cuando la O.S de la fruta les dijo del trato preguntaron por los empleados y ellos dijeron que iban a mantener los empleados permanente y se comprometieron a pagar un tiempo los sueldos a los empleados. No pudo precisar cuanto tiempo fue eso y cuando paso a pagar Algarín. Dice que una semana trajo una medica de afuera, de Colombia, viviendo ahí y atendiendo con el sello de Algarín, y ellos se fueron para no ser cómplices de cosas así. Que se había conseguido habilitar el quirófano pero era un riesgo hacer algo ahí. Respondiendo al Dr. Gatti dice que antes no había internación ni quirófano, que era un sanatorio que solamente tenia consultorios externos. Que cuando Algarín abre los otros servicios se fue. En octubre o noviembre empezaron a decir que habilitaban internación y se fueron.

Asimismo, deben obrar de buena fe ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo (art. 63 LCT).
Por lo que corresponde pasar a merituar el derroteros de hechos sucedidos al momento de la extinción y su prueba en el proceso.
Como surge del intercambio postal, el contrato de trabajo se extinguió por decisión del empleador, quien solo se limitó a extinguir el vinculo laboral sin invocar causa alguna. 

Aseveran que la responsabilidad se sustenta en un camino legal: La responsabilidad solidaria emergente del fraude o simulación por interposición fraudulenta (arts. 14 y 31 de la LCT, art. 59, 157 y 274 de la ley de sociedades). 

En primero término me expediré respecto de los codemandados Sres. Aliaga Daniel Bernardo y Manquepi Jaime, que si bien no se presentaron en autos a ejercer sus defensas y se decretó su rebeldía, ello no dista a que conforme lo mencione en los considerandos, sus efectos no releva al juzgador de ponderar ciertos hechos en los que se sustenta la pretensión y que ello no releva al juez de la obligación de dictar una sentencia justa, según el mérito de la causa. Es necesario que el magistrado esté convencido de la verdad de los hechos afirmados, independientemente del silencio o rebeldía del contrario. Y por tanto la presunción favorable a quien obtuvo la rebeldía debe robustecerse con otros medios de prueba (cfr. Díaz Solimine, Teoría y Práctica del Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, Tomo I, Cap. XXIII, Teoría General de la Prueba; 14. La prueba en el proceso en rebeldía; LA LEY, Bs. As., 2007; pág. 756/757)”. “DIAZ, CRISTIAN EDUARDO C/ EVANGELISTA, GASPAR LUCAS S- SUMARIO (M 1477/10) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” Se. 63/15. 

En virtud de ello y valorando la prueba informativa de la Delegación del Trabajo, publicada en fecha 02-09-2025, específicamente las actuaciones administrativas llevadas a cabo en el expediente N° 137647-S-2022 caratulado "Sanatorio Allen SRL S/ Traspaso" se desprende que en fecha 01-06-2022 los codemandados Manquepi y Aliaga llevaron a cabo un acuerdo de cesión de la empresa Sanatorio Allen SRL ratificado el 01-07-2022 donde se formalizó la cesión del 100% de las cuotas sociales a los Sres. Algarin Marino Alexander y Molejón Andrea Elizabeth, quedando designado como Socio Gerente el primero de ellos. Asimismo luce, en el folio 6 del expediente, la nomina del personal de la SRL donde figura la actora, y en su cláusula tercera dice: "...asimismo toman a su cargo el pago de los haberes correspondientes al personal que se identifica en la cláusula séptima a partir del séptimo mes de suscripto el presente, debiendo cumplir con el pago de aportes previsionales, sueldos, seguro de ART, seguro por responsabilidad civil, en cumplimiento con toda la legislación laboral e impositiva vigente. Se deja constancia que los haberes del personal continuarán cargo de CEDENTES durante los primeros seis meses a partir de la suscripción del presente. Si LOS CESIONARIOS incorporan nuevo personal será bajo su exclusivo cargo y responsabilidad...". Y en su clausula quinta que dispone: "..La administración del Sanatorio será a cargo y bajo responsabilidad de LOS CESIONARIOS sin intervención alguna por parte de LOS CEDENTES, siendo la obligación de LOS CESIONARIOS designar un profesional médico a fin de proceder a realizar la dirección técnica del sanatorio debiendo observar las normas establecidas por salud pública y/o cualquier otra necesaria para su normal funcionamiento, debiendo LOS CESIONARIOS invocar el presente contrato en representación del Sanatorio para solicitar ante las autoridades que correspondan las habilitaciones y/o autorizaciones necesarias para el normal y efectivo funcionamiento de la misma...".

Por lo que, atento que el distracto se produjo el 23-03-2023, habiéndose cedido la totalidad de las cuotas de la SRL a esa fecha y transcurrido el plazo de 6 meses dispuesto en la clausula tercera del contrato de cesión, no siendo los empleadores los Sres. Manquepi y Aliaga al momento de la disolución del vínculo laboral, la extensión de responsabilidad solicitada respecto de ellos debe rechazarse. Sin costas atento a que las codemandadas no se presentaron a ejercer sus defensas y fueron declaradas rebeldes. 

En segundo término corresponde analizar la extensión de condena a la socia Sra. MOLEJON ANDREA ELIZABETH y al socio Gerente SR. ALGARIN MARINO ALEXANDER. La parte actora, denuncia fraude a la ley porque las demandadas pretendieron eludir el cumplimiento de normas legales, más no explica cómo se presenta, en el caso, la conducta adjudicada. En tal sentido, ningún elemento me permite acoger favorablemente el fraude acusado ni respecto del Contrato de Cesión del Sanatorio Allen SRL realizado en la Secretaria de Trabajo, ni de sus socios cesionarios.  

En este punto de la pretensión la actora aduce que existe una afectación al orden público laboral en tanto: la despidieron sin justa causa mientras transitaba un periodo de licencia médica paga por enfermedad inculpable y la falta del pago de la respectiva liquidación, indemnizaciones de ley y entrega de las Certificaciones de servicios y Remuneraciones.

Todo lo cual dice deja en evidencia una conducta deliberadamente encaminada al fraude; en una clara transgresión de la ley, el orden público laboral, la buena fe, con frustración de derechos de terceros, resultando ajustado a derecho extender la responsabilidad por el presente reclamo laboral en forma solidaria a los socios y a la obra social quienes resultan ser administradores, directores y conductores de la empresa.

A su turno, los co-demandados dicen que jamás tuvieron relación laboral alguna en forma personal con la actora, salvo en el caso de la empleadora Sanatorio Allen SRL, que lo reconoce, manifestando que son socios del Sanatorio de Allen SRL y es ésta en su calidad de empleadora, es la titular de la relación jurídica, quien se encuentra legalmente constituida con patrimonio propio y distinto de los socios, y que sus fines eran lícitos.

Dicho esto, debo decir que se afirma en la demanda que la responsabilidad de la sociedad se encuentra ligada fáctica y jurídicamente a la configuración de un fraude laboral que dice explicar en su escrito, pero no es así pues más allá de indicar que en el contrato de sesión de la totalidad de las cuotas de la SRL, los codemandados tenían conocimiento del endeudamiento y de la realidad económica de la SRL, procediendo a la simulación y el fraude, interponiendo a la persona jurídica a los fines de evitar la verdadera dependencia técnica, económica y jurídica de la actora, no explicando claramente cuales han sido las situaciones de fraude específicas en las que han incurrido los co-demandados, es decir de que manera se ha abusado del esquema societario con fines contrarios a la ley, y eventualmente frustrar derechos de terceros, en este caso en directo perjuicio de la actora. 

Asimismo omite describir en los términos previstos por el art. 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, qué conductas desplegadas por los socios gerentes y/o administradores han sido contrarias a los fines societarios, como para que proceda su petición de extensión de responsabilidad a los integrantes de la SRL, configurándose un fraude laboral. No basta, con la sola remisión a los arts. 59, 157 y 274 de la ley de Sociedades Comerciales, en tanto han omitido el cumplimiento de obligaciones abusando de la personalidad social, escudándose en una figura societaria como pantalla.

No se dan las condiciones procesales ni sustanciales adecuadas para el acogimiento favorable de la pretensión ejercida en este sentido. En tanto no se ha acreditado el fraude laboral más allá de que la relación laboral haya concluido con el despido arbitrario sin una justa causa. 

Las personas jurídicas, son enteramente distintas de sus miembros y sus bienes no pertenecen a ninguno de ellos, ni están los socios obligados a satisfacer las deudas de la corporación, a menos se compruebe que la sociedad hubiera actuado dentro de los límites creados para su funcionamiento o actúa apartándose de los fines en atención a los cuales el derecho la ha creado o reconocido.

Solo cuando la persona jurídica se emplea como instrumento para frustrar los derechos de otros, o intereses de la sociedad o justificar lo que es improcedente o como recurso para violar la ley, el orden público laboral y la buena fe, la idea fundamental de instrumento útil se pierde, en tanto se abusa de ella para ponerla como obstáculo o máscara de las verdaderas reclamaciones.

El Superior Tribunal de Justicia, en los autos caratulados: “TABOADA, LILIANA L. C/ FURLAN, CARLOS Y OTROS S/ INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY“ (Expte. N° B-3BA-67-L2016/ 29864/18-STJ, Se. N° 31 del 16 de abril de 2.019), sostuvo que: “... Aquellos supuestos excepcionales, que trasmutan la responsabilidad de los socios en carácter de tales o como administradores o gerentes, o como liquidadores, hacia los acreedores sociales son los de haber realizado personalmente actos prohibidos, por la ley o Estatuto en el ejercicio de tales cargos; o bien ser o resultar una sociedad irregular, casos en que la extensión responsabilizante es singular para el socio administrador, gerente o liquidador incurso en el acto irregular, a título de sanción, cuya fuente de la obligación se origina en la ley y no en el contrato. Nuestro Máximo Tribunal Federal sostuvo en efecto, en las causas “Carballo, Atilano“ y “Palomeque, Aldo René“, registradas en Fallos: 325:2817 y 326:1062, respectivamente, que los principios esenciales del régimen societario (en este caso la personalidad diferenciada del ente societario y sus administradores) son una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los principales motores de la economía, y que este privilegio, implica que ante la eventual colisión entre el mantenimiento de la personalidad diferenciada y la teoría de la extensión de responsabilidad deberá estarse al mantenimiento de la primera y sólo será posible extender la responsabilidad a los socios, administradores y directivos, en los supuestos que resulten suficientemente probados y acreditados los hechos que justifiquen la atribución de responsabilidad, por cuanto la misma tiene carácter excepcional. Así, en el marco precedentemente descripto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Palomeque“ sostuvo que “ los jueces han prescindido de considerar que la personalidad diferenciada de la sociedad y sus socios y administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades y que ésta configura un régimen especial porque aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los relevantes motores de la economía. Desde esta perspectiva, no alcanzo a advertir que, el contexto probatorio del caso, posea virtualidad suficiente como para generar la aplicación de una causal de responsabilidad en materia societaria de orden excepcional, sin la suficiente y concreta justificación; ni que los motivos expresados provean del debido sustento a la inteligencia conferida al precepto en examen“ (“Palomeque, Aldo René c/Benemeth SA. y otro“ del Dictamen del Procurador General de la Nación al que la Corte Suprema de Justicia de la Nación remite, P. 1013. XXXVI).

Agrego que la C.S.J.N. en el reciente fallo "Oviedo, Javier Darío c/ Telecom Argentina S.A. y otros s/ despido" (Fallos: 348:689), sigue el lineamiento de receptar la teoría restrictiva y limitar la extensión de responsabilidad contra el administrador societario.

En efecto en este fallo de fecha 10-07-2025 la C.S.J.N. sostuvo que: "Que la ley distingue claramente la personalidad diferenciada de la sociedad respecto de sus administradores, constituyendo ello una regla precisa y la base del derecho societario que los jueces no pueden ignorar, como ha sostenido la Corte Suprema (conf. arg. "Carballo, Atilano c/ Kanmar S.A. [en liquidación] y otros" y "Palomeque, Aldo René c/ Benemeth S.A. y otro”, registradas en Fallos: 325:2817 y 326:1062). La excepción a esta regla sólo puede sostenerse en una interpretación restrictiva, porque, de lo contrario, se dejaría sin efecto el sistema legal estructurado sobre la base de los artículos 2° de la ley 19.550 y 33 y 39 del entonces Código Civil (hoy reproducidos en los artículos 145, 146, 148 y 168 y 143 del Código Civil y Comercial de la Nación). Por otro lado, la responsabilidad de los administradores, representantes y directores hacia terceros, entre los que se encuentran las personas humanas vinculadas por un contrato de trabajo (artículos 59 y 274 de la ley 19.550), obliga a "indemnizar el daño", la cual es diferente a la del obligado solidario en las obligaciones laborales. De los principios expuestos se sigue que, en casos como el sub examine, la atribución de responsabilidad personal a los miembros del directorio de una sociedad anónima de acuerdo con lo previsto en los artículos 59 y 274 de la ley de sociedades debe estar debidamente justificada, es decir, apoyarse en una cabal comprobación de que estos incurrieron en un mal desempeño de sus cargos por no actuar con la diligencia propia de un buen hombre de negocios...". 

Por lo que en consecuencia se desestima este aspecto de la pretensión, sin costas a la actora, ello debido a que conforme surgió de la pericial contable no exhibieron la documentación necesaria a fin de la pericia hubiera dado luz para dirimir el presente conflicto y la actora pudo entender que se encontraba legitimada para accionar contra ellos. Además, las conductas de estos demandados ha podido generar en la actora, la creencia de asistirle derecho a reclamar como lo hizo, porque el manejo personal y administrativo ha sido reprochable. 

La misma suerte correrá la responsabilidad solidaria que se intenta endilgar a OSOEFRNYN quien manifiesta que no existe ningún tipo de control societario por parte de la Obra Social codemandada sobre el Sanatorio Allen SRL, debido a que la institución que la O.S. no ejerce dirección, control y/o gobierno sobre el nosocomio. Afirma que OSOEFRNyN es una Obra Social regida por la ley 23.660 sometida al control de la Súper Intendencia de Salud de la Nación inscripta ante el Registro Nacional de Obras Sociales bajo el N º 1-0670-8 en los términos del inciso a) del artículo 1° de la Ley Nº 23.660 y con los alcances de la Ley Nº 23.661.

Y que por lo tanto el Sanatorio demandado se administra y dirige como cualquier sociedad comercial con su propia regulación, siendo imposible para OSOEFRyN tener injerencia en la firma, toda vez que el Dr. Algarín y la Contadora Molejón son las personas que se obligaron por la empresa asumiendo su absoluto control, resaltando que los directivos de OSOEFRNyN, no integran ni forman parte de ninguna manera del Sanatorio Allen SRL.

En este caso no ha quedado demostrado el vínculo contractual entre el Sanatorio Allen SRL y SOEFRNYN, no existe documentación relevante, más allá de las constancias periodísticas y la mención a la clausula en la cual se le daría prioridad a los afiliados de la Obra Social de Obreros y Empacadores de Fruta de Rio Negro y Neuquén (OSOEFRNYN).

No consta en autos, documentación alguna que pruebe que la O.S. tenía la administración de hecho del sanatorio.

La Obra Social ninguna responsabilidad tiene, ya que cuando finalizó el vínculo laboral el empleador de la actora fue solo el Sanatorio Allen SRL y fue éste quien despidió a la accionante el 23-03-2023.

Finalmente, cabe destacar, que si bien los testigos declararon que existía una relación entre el Sanatorio Allen y la asociación gremial (englobando en ese concepto también a la Obra Social), que bajo la Administración del Sindicato, el Sanatorio reabrió sus puertas, no se ha acompañado prueba que acredite en forma contundente una vinculación o subordinación económica entre ellos, no pudiendo presumirse una conducta fraudulenta tendiente a afectar y frustrar los derechos del actor, por lo que cabe sin más rechazar la extensión peticionada. Sin costas a la actora debido a que tampoco se exhibieron libros o registros que permitan a la perito contable aclarar de manera categórica si entre Sanatorio Allen SRL y la O.S existía algún tipo de vinculación comercial, por lo que bien  la actora podría haberse creído legitimada para demandarlos.   

3. RUBROS INDEMNIZATORIOS: Corresponderá hacer lugar a las indemnizaciones reclamadas por la actora contra el SANATORIO ALLEN S.R.L, las que prosperan a tenor de la categoría "ADMINISTRATIVA DE 2°" del CCT 122/75, siendo la mejor remuneración normal y habitual que devengó la actora en el mes de noviembre de 2022 y ascendió a la suma de $169.711,03. Las mismas se liquidarán infra por los rubros que prosperen.