Fallo Completo STJ

En este caso, sobre las observaciones e impugnaciones al contenido del dictamen efectuadas por el demandado y la citada en garantía, aprecio que su crítica no contiene los elementos necesarios para demostrar -con la debida contundencia y fundamentación- que el informe del perito es incorrecto.

Recriminan la ausencia de un electromiograma como estudio específico para confirmar la lesión del nervio ciático, pretendiendo invalidar así, sin ninguna razón de peso, su comprobación a través de la clínica empleada por el perito médico (examen físico) y los estudios por imágenes que también analizó, citó y adjuntó a su dictamen.

Las partes impugnantes, esencialmente, se aferran a puntualizar la falta de la evaluación específica por electromiograma, pero no justifican en ningún principio de orden científico por qué -supuestamente- ese estudio sería imprescindible como único método diagnóstico válido para la lesión en cuestión, y menos aun refutan, contradicen, ni demuestran que sean erróneas las pruebas diagnósticas empleadas y/o las conclusiones del perito Ginnobili (médico especialista en ortopedia y traumatología y -también- especialista en medicina del trabajo, cuya competencia e idoneidad no fue puesta en duda -arts. 464 a 466 CPCC-).

Por mi parte, y en cuanto fue materia de impugnación, no observo que el dictamen exhiba conclusiones absurdas, imprecisas o infundadas, sino que se ajusta a los recaudos del art. 472 del CPCC.

En ese contexto, más allá de la disconformidad y mero disenso de las accionadas, no encuentro motivos para apartarme de lo dictaminado por el Dr. Ginnobili y, por ende, tendré por comprobadas las lesiones físicas que determinó, como así también su adecuada relación causal con el accidente del caso (cuestión igualmente afirmada en la pericia).

En cambio, con relación al porcentaje de incapacidad establecido, optaré por apartarme de lo dictaminado por el experto (doctrina y jurisprudencia reiterada señala que la valoración de la incapacidad es en definitiva una decisión que compete a los jueces).

Por consecuencias extrapatrimoniales o de orden espiritual, el actor demandó una indemnización de $250.000 (estimada a la fecha de la demanda: 15/07/2020).

El daño moral ha sido definido como la “modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (PIZARRO, R., Daño Moral. Prevención / Reparación / Punición, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1996, pág. 47).

Se caracteriza por la lesión cierta sufrida en los sentimientos íntimos del individuo que, determinada por imperio del art. 1741 del Código Civil y Comercial, con independencia de lo establecido por el art. 1738 y c.c. del mismo código, impone al autor del hecho ilícito la obligación de indemnizar.

En los supuestos de responsabilidad que provenga de un acto ilícito (aquiliano) el daño moral no requiere de prueba específica alguna y debe tenérselo por presumido por el sólo hecho de la acción antijurídica (in re ipsa), correspondiendo la prueba en contrario al sindicado o sindicados como responsables.

Con las dificultades que entraña, lo resarcible y que ahora se intenta establecer es el “precio del consuelo”, en busca de mitigar del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias; de proporcionarle al damnificado recursos aptos para menguar el detrimento causado, de permitirle acceder a gratificaciones viables, confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte nacional, obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta; el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia (CSJN, 04/12/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros" , RCyS, 2011-VIII-176, con apostilla de Jorge M. Galdós).

No comparto que el daño moral se cuantifique a partir de su cotejo con el monto del daño material y aplicando -directamente- un porcentaje respecto de lo concedido por este último (tal criterio indemnizatorio de proporcionalidad ha sido, generalmente, desestimado por la doctrina y jurisprudencia).

Ahora bien, no es fácil determinar el importe tendiente a resarcirlo porque -justamente- no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas del perjudicado, a los padecimientos que experimenta y a la incertidumbre sobre su restablecimiento, en síntesis, a los agravios que se configuran en el ámbito espiritual de la víctima, que no siempre resultan claramente exteriorizados.

Su monto, así, queda librado a la interpretación que debe hacer el sentenciante a la luz de las constancias aportadas a la causa, tratando siempre de analizar, en cada caso, sus particularidades, teniendo siempre presente que su reparación no puede ser fuente de un beneficio inesperado o enriquecimiento injusto, pero que debe satisfacer, en la medida de lo posible, el demérito sufrido por el hecho, compensando y mitigando las afecciones espirituales sufridas.

En este caso, claramente las lesiones físicas sufridas han tenido incidencia o implicaron un condicionamiento negativo para el Sr. Palacios.