Fallo Completo STJ

---En relación con los intereses, si bien ha sido criterio de este Tribunal la aplicación de una tasa pura del 8% de interés desde la fecha del accidente/primer manifestación invalidante hasta el efectivo pago  teniendo en cuenta que el Decreto 669/19 no prevé una tasa de interés específica que compense al trabajador por la privación del uso del capital indemnizatorio  y a efectos de remediar el deterioro de tal capital,  ante el reciente fallo del STJ dictado el 30 de julio de 2025: "CATRIN" SE. 85/25 corresponde dejar sin efecto tal criterio.

---La ART demandada deberá abonar al actor el monto indemnizatorio con más actualización por RIPTE hasta la fecha en que ponga a disposición íntegramente la indemnización por la ILPPD determinada en autos, ello conforme señala la normativa del sistema de riesgos  y en caso de mora conforme las pautas arriba detalladas.

---En el presente caso, el riesgo real que representaba para el trabajador  cargar  manualmente junto con tres compañeros un perfil de hierro de 200cm de ancho, 30cm de alto y 6 metros de largo por un pasillo de 18 metros de largo cuyo peso ronda los 100 kilos desde un mesón para bajarlo al piso, demuestra la barbarie de la labor que desarrollaban sin utilizar  como mínimo faja de seguridad  ni otro elemento o aparato que evitara la carga manual, el esfuerzo, por lo que el riesgo estaba sin dudas presente. Tal es así que a los compañeros el hierro se les resbaló, y el actor quedó cargando todo el peso en su hombro y su espalda crujió. Tal relato me convence  de la evidente ausencia de cualquier medida de prevención adoptada por la ART, ya sea verificar el uso de elementos de protección personal u otras medidas de seguridad. Esto implica un grave incumplimiento al objetivo primordial de la LRT, lo que genera responsabilidad de la ART. 

---A ello se adiciona que la ART no ha presentado ni acreditado la existencia del relevamiento de general de riesgos laborales del lugar de trabajo de Coney, pese a que cargar peso es una actividad típica del  actor.

---Además la RMN realizada al trabajador devela la presencia de la lesión, así como la restante prueba producida en autos.

---Asimismo - tal como se expuso precedentemente- Coney ingresó a trabajar con un 100% de capacidad laborativa.

---Todo lo cual me lleva a valorar la conducta de la ART como temeraria y maliciosa y a condenarla en virtud del 275 LCT, por cuanto la normativa considera  "...especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que se evidenciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, la omisión de los auxilios indispensables en tales casos, o cuando sin fundamento, y teniendo conciencia de la propia sin razón, ...".

---La ley 24557 tiene por objetivo  la prevención de los riesgos del trabajo y -en caso que estos existan y perjudiquen al trabajador o trabajadora- el consiguiente objetivo es la reparación de los daños sufridos por aquel conforme el sistema establecido.

---Esto surge expresamente del Art. 1° de la LRT que establece:  " Normativa aplicable y objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT).
1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias.
2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT):
a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;
b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; ..."

---A la luz y bajo el prisma de tales objetivos, al resolver el presente caso y advertir incumplimiento de la ART a sus obligaciones, corresponde ponderar su conducta, que -adelanto-  considero temeraria y maliciosa por lo que resulta procedente aplicar el agravamiento previsto en el art. 275 de la LCT, condenándola a pagar dos veces y media los intereses RIPTE.

---Del relato minucioso del accidente  efectuado por Coney a la perito del CIF se desprenden las condiciones de labor carentes de medidas de seguridad, únicamente usaba un par de guantes de soldador.
---La obligación legal impuesta a las ART en materia de prevención no se limita a  detectar posibles riesgos, recomendar su eliminación y denunciar los incumplimientos, sino a reducir los siniestros, a través de la prevención, la educación y restantes obligaciones legalmente impuestas. Ninguna de ellas observo cumplidas.  El listado de medidas no es taxativo, sino meramente enunciativo, pudiendo ser alcanzado por otras no enumeradas.

---La norma del art. 275 LCT " prevé la posibilidad de acumular a la condena una sanción de hasta dos veces y media la tasa de interés que cobran los bancos públicos, conteniendo un listado meramente enunciativo de situaciones que quedan alcanzadas por esta sanción (cfr. Ackerman, Mario y Sforsini, María Isabel, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Tomo III, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016; comentario al art. 275, LCT) ".
---Hay un antes y un después de un siniestro laboral.  En ambos momentos temporales la ART tiene obligaciones específicas. Antes vinculadas con la prevención y después con el otorgamiento delas prestaciones sistémicas.   Prevención ART no adoptó el obrar positivo impuesto por mandato legal (art. 4 LRT: 1. Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.)
---También hay un antes y un después en la vida de Coney. Quien  - como surge de los expedientes de la SRT antes del accidente tenía un 100% de capacidad obrera mientras que luego del mismo presenta incapacidad. Asimismo pondero que el actor expuso a la perito que a fines del 2023 fue desvinculado de la empresa constructora.
---Si la ART hubiera cumplido diligentemente sus obligaciones, ejecutado actos tendientes a la prevención de los riesgos laborales propios de la actividad que realizaba el Coney,  indicando todos los factores de riesgo involucrados en la labor  en obra,  proporcionando el saber técnico,  información sobre recursos preventivos y dando la correspondiente capacitación,  entre otras medidas preventivas habría podido evitar el daño.
 ---Las condiciones desfavorables de labor surgen nítidas del relato del actor,  desprendiéndose la ausencia de elementos protectorios, herramientas o aparatología adecuadas para trasladar piezas pesadas de hierro y de gran porte.
---Tanto el consultor de parte como la perito del CIF exponen los trastornos de salud que padece el actor. 
---De las constancias de autos surge que el trabajador sufrió un accidente laboral que le provoca una ILPPD,  y que la ART desde un principio actuó con temeridad y malicia, al rechazar parcialmente el evento, y dar el alta sin incapacidad a pesar de las evidentes dolencias que aquejan al trabajador son consecuencia del accidente denunciado. Coney comenzó a laborar para la empresa constructora con un 100 % de capacidad obrera y dejó de trabajar con evidentes limitaciones funcionales y dolencias que le impiden continuar en su lugar de trabajo habitual.  Entiendo que existió conducta con propósitos dilatorios ante el reclamo por el accidente de trabajo sufrido, forzándolo a transitar el paso por la Comisión Médica e iniciar estas actuaciones, periodo en el cual  las acreencias de Coney se han licuado en un país con contexto inflacionario de público conocimiento, beneficiándose la ART,  constituyendo un enriquecimiento sin causa de la ART en perjuicio del trabajador, que no puede ser avalado por los jueces.
---Además, ya en "KRZYLOWSKI" Se. 31/15 el STJ entendió adecuado aplicar el agravamiento del art. 275 ante los incumplimientos graves de las ART y especialmente tener en consideración la naturaleza del crédito en cuestión, siendo su titular un trabajador que -como tal- resulta ser sujeto de preferente tutela constitucional (art. 14 bis de la CN).  

---Ha dicho el STJ en "PEÑA CACERES" Se.49/12 STJRNS3, "GAMBOA" SE. 11/14, "BARRIENTOS" SE. 45/17 ,  "HERNANDEZ" Se. 105/17  reiterado en "ALFARO VENEGAS" SE. 41/20 que es facultad propia y prerrogativa de los jueces de grado declarar maliciosa y temeraria la conducta del empleador o de la ART   y aplicar el agravamiento del  art. 275 LCT. "Si bien la norma precitada (art. 275 LCT), a la que atribuyo carácter de prerrogativa judicial, se refiere al empleador, entiendo que con mayor razón aun debe aplicarse a las ART en atención a la significativa y específica misión que les atribuye el ordenamiento legal -casi como órganos o instrumentos de la seguridad social-, en aras de la prevención y atención de los infortunios laborales (cf. STJRNS3 Se. 49/12 "PEÑA CACERES"; Se. 105/17 "HERNANDEZ"). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)", "SOLIS" Se. 84/20.

---También  ha dicho el STJ : "En lo que respecta al agravio vinculado a la multa que dispusiera la Cámara en razón de la conducta temeraria y maliciosa desplegada por la accionada, merece señalarse que este Cuerpo ha sostenido criterios restrictivos en todas aquellas cuestiones que impliquen revisar o interferir en el modo en que los Tribunales de mérito ejercen las facultades valorativas y sancionatorias de las que se hallan investidos, ello en virtud del fuerte componente fáctico, y por lo tanto impropio de una instancia revisora extraordinaria, salvo caso de absurdidad, que no hallo configurado en el caso bajo examen (cf. STJRNS3: Se. 129/15 "Silva"; Se. 58/16 "Rodriguez"; Se. 118/16 "Merlo"; Se. 73/19 "Quetrihue", entre otros). Cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que si bien lo relativo a la aplicación de sanciones disciplinarias, así como lo atinente a la valoración de la conducta de las partes y de sus letrados, constituyen materias reservadas a los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria, corresponde hacer excepción a tal doctrina cuando resulta irrazonable la solución impuesta (cf. Fallos: 311:1851; 312:607; 315:882 y 2363; 319:1586, 323:1488 y 342:1358, entre otros), no obstante lo cual, en la especie, el Tribunal laboral ha especificado las conductas -fundamental, pero no exclusivamente, omisivas- llevadas a cabo por la sancionada en detrimento de los intereses de la parte actora y merecedoras de las calificaciones dispuestas por el art. 45 del CPCyC, habiendo indicado, además, los tiempos en que aquellas han ocurrido. Así, no ha habido arbitrariedad en el obrar jurisdiccional impugnado. ..." "MARTINEZ, ROXANA KARINA C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (L) - QUEJA, SE. 21/23.

--- Por lo expuesto corresponde aplicar el agravamiento previsto en el art. 275 LCT y condenar a la demandada a pagar dos veces y media el interés RIPTE que surge del calculo de la indemnización utilizando la calculadora disponible en la página del Poder Judicial, desde la fecha del accidente hasta el efectivo pago. Liquidación a cargo de la demandada. 

---Con esas pautas, la demandada deberá en el plazo de diez días practicar liquidación y depositar la suma resultante, bajo apercibimiento de ejecución con intereses moratorios que corran entre la mora y el efectivo pago al promedio de la tasa activa, nominal, actual y vencida a 30 días que aplique el Banco de la Nación Argentina en su cartera general de préstamos, con capitalización semestral (artículos 12 inciso 3 LRT y 770 del CCCN).

Los intereses RIPTE equivalen a $318.573,63 x 2,5= $796.434,07

16.290.666,91 + 796.434,07 =  $17.087.100,98

---La suma total adeudada por la demandada al actor en concepto de capital actualizado con más el agravamiento por aplicación del 275 LCT calculados al 06/ 08 /2025 asciende a $17.087.100,98 (DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIEN CON 98/100).-