Fallo Completo STJ

Superior Tribunal de Justicia

Viedma

En la ciudad de Viedma, a los 18 días del mes de agosto de 2022, finalizado el

Acuerdo celebrado entre los miembros del Superior Tribunal de Justicia señoras Juezas

Liliana L. Piccinini y Mª Cecilia Criado y señores Jueces Ricardo A. Apcarian, Sergio G. Ceci

y Sergio M. Barotto, para el tratamiento de los autos caratulados "MARCHISELLA

MÓNICA PATRICIA C/NN S/ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE

DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (CFP 5315/2017)" (Legajo MPF-VI-019262018),

"MARCHISELLA MÓNICA PATRICIA S/DENUNCIA ABUSO DE

AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO

PÚBLICO" (Legajo MPF-RO-03467-2018), "MARCHISELLA MÓNICA PATRICIA

C/IVANCICH LUIS ÁNGEL Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD,

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS" (Legajo MPF-VR-00734-2018),

"MARCHISELLA MÓNICA PATRICIA S/DENUNCIA ABUSO DE AUTORIDAD E

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (EX CFP

1192/2017)" (Legajo MPF-RO-05579-2018), "MARCHISELLA MÓNICA PATRICIA

C/DE DIOS LONGINOS PACIFICO Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD E

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (CFP 1196/2017 EX MPF-VI-01929-2018)"
(Legajo MPF-RO-04475-2018) y "U.F.T. Nº3 E/A EXPTE. FGR 13486/2016 S/ MALVERSACIÓN DE
CAUDALES PÚBLICOS (GENERAL FERNÁNDEZ ORO)" (Legajo MPF-CI-02076-2018), teniendo
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Mediante Sentencia Nº 42, del 13 de mayo de 2022, este Superior Tribunal de Justicia

hizo lugar a la totalidad de las impugnaciones extraordinarias deducidas por el Ministerio

Público Fiscal en las causas en estudio, anuló la Sentencia N° 216 del Tribunal de

Impugnación (TI en lo sucesivo), dictada el 3 de diciembre de 2021, y la Sentencia N° 366

emitida por el señor Juez de Revisión el día 16 de septiembre de ese mismo año en el Legajo

MPF-VI-001926-2018 y, como consecuencia de ello, remitió las causas a las respectivas

Oficinas Judiciales para dar continuidad a su tramitación.

Contra lo así resuelto, el letrado Damián Torres en representación de Javier A. Iud,

María Alejandra Mas, Luis A. Ivancich, Rubén Daniel Belloso, Gilberto Montanaro y Carlos

A. Pilotti; la Defensa Pública de los imputados Jacobo Baszkir, Néstor R. Serra, Juan

Domingo Garrone, Aldo L. Sirotich, Luis E. Méndez, Diego O. Quintero y Germán A.

Nivello; y el letrado Federico M. Diorio por la defensa de Fabio L. Huenchunao, interponen

los recursos extraordinarios en examen, que el señor Fiscal General contesta en el término de

ley.

CONSIDERACIONES

Las señoras Juezas Liliana L. Piccinini y Mª Cecilia Criado y el señor Juez Ricardo A.

Apcarian dijeron:

1. Agravios de los recursos extraordinarios federales

1.1. En primer lugar, el letrado Damián Torres denuncia la afectación del principio

republicano de gobierno (art. 1° C.Nac.) puesto que, a su criterio, este Cuerpo se ha arrogado

facultades legislativas reservadas a otro poder del Estado y porque la interpretación de la

normativa procesal implica la afectación de garantías constitucionales y convencionales como

la defensa en juicio (arts. 18 C.Nac., 8.2. c y f CADH y 14.3 b y e PIDCyP).

Seguidamente, el impugnante considera que lo resuelto colisiona con la celeridad, con

la actuación de la defensa en el proceso y con el principio de igualdad, ello con relación con el

rol que se le asigna al Ministerio Público Fiscal.

Invoca en su recurso la existencia de un supuesto de gravedad institucional en cuanto

la cuestión trasciende el mero interés de las partes y afecta de modo directo a la comunidad en

razón de la doctrina legal sentada en la sentencia que ataca. Seguidamente, tilda de arbitrario e

inconstitucional el pronunciamiento de este Tribunal pues omite desacreditar los fundamentos

y conclusiones de la sentencia dictada por el órgano revisor.

Reconoce la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

que sostiene que las resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido a proceso penal no

constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a tal, pero considera que el caso

encuadra en la excepción, en tanto dicho sometimiento podría provocar un gravamen de

insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior.

Concluye su presentación solicitando la concesión del recurso y la elevación de la

causa a la Corte Suprema.

1.2. Por su parte, la señora Defensora Penal Marta Ghianni cuestiona la sentencia

emanada de este Superior Tribunal, que tilda de arbitraria, enuncia los agravios federales que

pretende someter a examen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e insiste en la

violación del debido proceso legal y de la defensa en juicio en perjuicio de sus asistidos (arts.

18 y 75 inc. 22 C.Nac. y 8.2 CADH).

Así, considera que la sentencia que deja sin efecto lo resuelto por el TI pone en juego

la inteligencia de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y le ocasiona a esa

parte un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior que, en virtud de su naturaleza

federal, requiere tutela inmediata.

Por los argumentos brindados en su recurso, solicita la concesión del remedio federal y

la elevación de la causa a la Corte Suprema.

1.3. A su turno, el letrado Federico M. Diorio cuestiona lo resuelto por este Cuerpo y

alega la vulneración del debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio (arts. 18

C.Nac.; 1, 8.2 incs. c, d y e CADH; 14.1 incs. b y d PIDCyP, y 12 DUDH), en tanto se ratifica

en el objeto de la acusación un hecho indeterminado e incomprensible.

Agrega que si el hecho contenido en la formulación de cargos no es claro, no

determina conducta penal reprochable alguna, o bien el tipo penal escogido posee requisitos

específicos que los acusados no cumplen, no puede hacerse lugar a las acusaciones.

Concluye su presentación al solicitar la concesión del recurso extraordinario federal y

la elevación de la causa al máximo tribunal.

2. Contestación de traslado de la Fiscalía General

2.1. El señor Fiscal General Fabricio Brogna considera que la presentación del letrado

Damián Torres incumple las disposiciones de los arts. 3º incs. b), c), d) y e) de las Reglas para

la interposición del recurso extraordinario federal (Acordada Nº 4/2007 CSJN), lo que obsta a

su viabilidad conforme lo establecido en las Observaciones generales del art. 11 de esa norma.

En ese sentido señala que, según el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema, para

la oportuna y correcta introducción de las cuestiones constitucionales no basta la reserva del

caso federal, sino que además se requiere mencionar concretamente los derechos federales

supuestamente desconocidos que se fundan en las normas constitucionales citadas genéricas e

indiscriminadamente, así como la demostración del vínculo que guarda cada una de ellas con

lo resuelto en el pleito (CSJN Fallos 296:124).

Agrega que la deficiencia del escrito de interposición del recurso extraordinario

-como advierte en el caso del letrado D. Torres- que no refuta todos y cada uno de los

fundamentos independientes que dan sustento a la decisión apelada en relación con las

cuestiones federales planteadas conspira contra la demostración de la lesión a las reglas

estructurales del debido proceso que exige la doctrina de la Corte para intervenir por medio de

la vía intentada en este tipo de proceso (cf. CSJN Fallos 339:1048).

Como nuevo obstáculo a la procedencia del remedio intentado, agrega que el apelante

omite exponer la cuestión federal de la forma exigida y establecer su necesaria conexión con

la manera en que habría sido afectada en el proceso (CSJN Fallos 180:271, 209:337, 224:845

y 296:124), por lo que solicita que se declare inadmisible el recurso extraordinario

interpuesto.

Luego desarrolla los fundamentos por los cuales corresponde desechar los agravios

plasmados en el recurso y postula que las críticas expuestas por la defensa parten del

presupuesto erróneo de que este Cuerpo ha creado una norma que no existe en el Código

Procesal Penal, error sobre el cual construye toda su argumentación y cuya corrección

destruye la lógica del razonamiento subsiguiente, lo que hace que devenga insuficiente para

alterar los fundamentos de la sentencia que pretende poner en crisis.

A continuación aduce que el recurrente realiza muchas afirmaciones en su escrito

relativas a la arbitrariedad de la decisión de este Cuerpo o al correcto razonamiento del TI

pero, sin embargo, no las explica ni funda, por lo que no demuestra la configuración de la

arbitrariedad que denuncia. Por ello, destaca que no nos encontramos dentro de los supuestos

de gravedad extrema definidos por la doctrina de la Corte Suprema, ya que ha quedado

acreditada la materialización de los agravios planteados por el Ministerio Público Fiscal, lo

cual determinó la intervención de este Cuerpo en cuanto dejó sin efecto la sentencia del TI.

2.2. Al contestar el traslado del recurso extraordinario federal interpuesto por la señora

Defensora Penal Marta Ghianni, el señor Fiscal General señala que su recurso tampoco reúne

los extremos requeridos en las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal

(aprobadas por Ac. 4/07 CSJN), en particular lo estipulado en el art. 3 incs. b), c), d) y e).

Recuerda que, tal como expresa la Corte Suprema, para que proceda el recurso

extraordinario no basta la mera invocación de artículos de la Constitución Nacional o de leyes

federales, pues se requiere, además, que exista una relación directa e inmediata entre aquellas

y la cuestión materia del pleito (CSJN Fallo 165:62).

Además, prosigue, la Defensa omite exponer con claridad la cuestión federal de la

forma exigida y, tampoco establece la necesaria conexión entre una cuestión federal y la

manera en que habría sido afectada en el proceso (CSJN Fallos 180:271, 209:337, 224:845 y

296:124).

Como otro obstáculo para la procedencia formal del recurso señala que la decisión en

crisis no resulta ser sentencia definitiva ni equiparable a tal, por lo que no se satisfacen las

previsiones de la Ley 48 y del art. 3 inc. a) de la Acordada 4/2007 CSJN.

Añade que no se han conculcado el derecho de la defensa en juicio y el debido

proceso, dado que las argumentaciones defensistas no fueron acogidas por este Cuerpo, lo que

no equivale a decir que no fueron consideradas, porque la parte no ha podido demostrar cómo

se violan las garantías constitucionales en que basa el motivo de sus agravios.

2.3. Con relación al recurso extraordinario interpuesto por el letrado defensor Federico

M. Diorio, el representante del Ministerio Público Fiscal postula que, al igual que las

presentaciones anteriormente respondidas, desatiende las previsiones establecidas en el

reglamento aplicable (arts. 2º inc. i y 3º Ac. 4/07 CSJN), lo que obsta a su procedencia desde

el punto de vista formal.

Además, insiste en la inexistencia de sentencia definitiva en los términos expuestos

por la Corte Suprema, puesto que ha establecido que solo tiene carácter aquella resolución que

pone fin al pleito e impide su continuación o bien la que causa un gravamen de imposible o

insuficiente reparación ulterior, por la inexistencia de una nueva oportunidad para volver

sobre lo resuelto (CSJN Fallos 323:1084), circunstancia que, con claridad, no advierte en el

caso sometido a estudio.

Así, sostiene, en el caso no se han vulnerado ni el debido proceso ni la garantía de

defensa en juicio de los acusados, dado que sus representantes han demostrado comprender

acabadamente los hechos por los que se acusa a sus pupilos y han elaborado sus propias

teorías del caso y producido e incorporado toda la prueba que estimaron pertinente.

Por lo expuesto, el señor Fiscal General solicita que se declaren inadmisibles los

recursos extraordinarios federales interpuestos.

3. Solución del caso

Tal como ha indicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cf. Fallos 339:307,

339:299, 319:1213 y 317:1321), los órganos judiciales a los que les cabe expedirse acerca de

la concesión del remedio federal tienen el deber de examinar los requisitos formales

establecidos en su Acordada Nº 4/2007 (cf. Fallos 340:403) y además evaluar si, en un primer

análisis, la apelación cuenta con fundamentos suficientes para invocar un caso excepcional.

En tal examen, se comprueba inicialmente que los recursos extraordinarios federales

han sido deducidos en tiempo, por las partes legitimadas al efecto, mas no se dirigen contra

una sentencia definitiva ni equiparable a tal del superior tribunal de la causa en el orden local.

En este orden de ideas, este Cuerpo ha dicho que "la ausencia del requisito de definitividad no

puede suplirse invocando la arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales

(cfr. CSJN Fallos 308:1202, 308:1230 y 308:2068), por lo que los agravios defensistas no

bastan para habilitar la intervención del máximo Tribunal de la Nación" (cf. STJRNS2 Se.

166/18), requisito establecido, además, en el art. 3° inc. a) de su Acordada N° 4/2007.

Por ello, los escritos presentados también desobedecen las previsiones del art. 14 de la

Ley 48, en la medida en que la decisión cuestionada implica el sometimiento de los imputados

al proceso criminal, de modo que carece del carácter conclusivo requerido para tener por

satisfecha la mentada exigencia legal (cf. CSJN Fallos 298:408, 306:2066 y 311:252, entre

otros).

Por lo demás, los recurrentes no se hacen cargo de demostrar la arbitrariedad que

denuncian sino que, antes bien, desarrollan consideraciones generales pero no las relacionan

debidamente con las circunstancias comprobadas en autos. En suma, omiten desarrollar en

forma clara y precisa cuál es la cuestión federal involucrada, pues sus fundamentos consisten

en afirmar vagamente que se encontrarían vulneradas ciertas garantías constitucionales, mas

no explican el alcance o el modo en que se habría concretado tal afectación, lo que priva a sus

discursos de la razonable motivación con miras a alcanzar la instancia extraordinaria

pretendida.

Tales omisiones se presentan como un obstáculo insalvable para la admisibilidad de

sus recursos, en tanto no satisfacen el requisito de fundamentación autónoma del art. 15 de la

Ley 48, "exigencia según la cual el escrito respectivo debe contener una crítica prolija de la

sentencia impugnada, o sea que el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos

en que se apoya el juez para arribar a las conclusiones que lo agravian" (cf. CSJN Fallos

329:2218, 330:16, 331:563 y 336:381).

Además, resulta aplicable el reiterado criterio del máximo tribunal de la Nación que

aconseja desestimar el remedio extraordinario cuando versa sobre temáticas relativas a la

interpretación de los hechos y pruebas de la causa, o a la aplicación de normas de naturaleza

común y procesal (cf. CSJN Fallos 307:223 y 312:551, entre otros), en principio ajenas a la

instancia federal, salvo absurdo o arbitrariedad que aquí no se evidencia ni las apelantes

logran demostrar.

En tal sentido, y en oposición a las alegaciones de los recurrentes, debe tenerse en

cuenta que la doctrina de arbitrariedad de sentencias es particularmente restringida cuando se

trata de decisiones referentes al otorgamiento de los recursos locales por los superiores

tribunales de provincia (cf. CSJN Fallos 313:493). Así, el agravio solamente podrá prosperar

cuando se presente de modo manifiesto y constituya una verdadera denegación de justicia,

extremo que no se verifica en el presente caso.

Tampoco se advierte -siquiera mínimamente- la existencia de un supuesto de gravedad

institucional que, por la afectación del adecuado servicio de justicia, haga necesaria la

intervención de este Cuerpo, en tanto la Corte Suprema ha desestimado aquellos planteos que

no exceden el interés individual de las partes o del apelante, ni atañen en modo directo a la

comunidad (Fallos 303:962 y 304:848) ni comprometen instituciones básicas de la Nación

(Fallos 307:973)

En definitiva, los remedios en examen no logran poner en evidencia la presencia de

circunstancias excepcionales que permitan salvar los obstáculos formales reseñados ni refutan

eficazmente la motivación de este Cuerpo para rechazar las quejas, tal como manifiesta el

señor Fiscal General, cuyas apreciaciones aquí son compartidas.

4. Conclusión.

En virtud de las deficiencias formales expuestas (cf. arts. 14 Ley 48 y 3° Ac. 4/07

CJSN), entendemos que cabe aplicar el art. 11 del reglamento referido y denegar los recursos

extraordinarios federales en tratamiento, con costas para el caso de las defensas particulares.

NUESTRO VOTO.

Los señores Jueces Sergio G. Ceci y Sergio M. Barotto dijeron:

Atento a la mayoría conformada en el voto que antecede, NOS ABSTENEMOS de

emitir opinión (art. 38 LO).

En razón de lo expuesto, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:

Denegar los recursos extraordinarios federales interpuestos por el letrado Damián

Torres en representación de Javier A. Iud, María Alejandra Mas, Luis A. Ivancich, Rubén

Daniel Belloso, Gilberto Montanaro y Carlos A. Pilotti; por la Defensa Pública de los

imputados Jacobo Baszkir, Néstor R. Serra, Juan Domingo Garrone, Aldo L. Sirotich, Luis E.

Méndez, Diego O. Quintero y Germán A. Nivello; y por el letrado Federico M. Diorio por la

defensa de Fabio L. Huenchunao, con costas para el caso de las defensas particulares.

Protocolizar y notificar a través de las Oficinas Judiciales de la Iª, IIª y IVª

Circunscripciones Judiciales.

Firmado digitalmente por:
APCARIAN Ricardo Alfredo
Fecha y hora:
18.08.2022 08:37:09

Firmado digitalmente por:
BAROTTO Sergio Mario
Fecha y hora:
18.08.2022 08:19:59

Firmado digitalmente por:
CECI Sergio Gustavo
Fecha y hora:
18.08.2022 09:53:52

Firmado digitalmente por:
PICCININI Liliana Laura
Fecha y hora:
18.08.2022 11:35:54

Firmado digitalmente por:
CRIADO María Cecilia
Fecha y hora:
18.08.2022 12:37:58