Fallo Completo STJ

OrganismoSECRETARÍA PENAL STJ Nº2
Sentencia24 - 02/03/2016 - DEFINITIVA
Expediente2VI-20827-MP201 - CANALE, CLAUDIO Y OTROS S /APREMIOS ILEGALES (APELACION) S/ CASACION
SumariosTodos los sumarios del fallo (3)
Texto Sentencia///MA, 2 de marzo de 2016.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. Apcarian, Adriana C. Zaratiegui, Enrique J. Mansilla, Liliana L. Piccinini y María Luján Ignazi esta última por subrogancia-, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 372, con la presencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, para el tratamiento de los autos caratulados “CANALE, Claudio y Otros s/Apremios ilegales (Apelación) s/Casación” (Expte.Nº 28124/15 STJ), elevados por la Sala B de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en esta ciudad, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ª ¿Es fundado el recurso?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:
1. Antecedentes de la causa:
1.1. Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 294, del 11 de noviembre de 2014, la Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió -en lo pertinente- no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la señora Defensora de Menores y confirmar el sobreseimiento dispuesto por el señor Juez de Instrucción respecto de los imputados Roberto Ubaldino Canale, Claudio Roberto Canale, Federico Luis Peña y Elías Miguel Peña, conforme el art. 306 inc. 1º segundo supuesto del Código Procesal Penal.
1.2. Contra lo decidido, dicha parte dedujo recurso de casación, cuya declaración de inadmisibilidad provocó la queja ante este Cuerpo, que le hizo lugar, por lo que dispuso que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte de los interesados (arts. 435 y 436 C.P.P.). A fs. 354/359 vta. se encuentra glosado el escrito de la señora Defensora General por el que sostiene el recurso de casación, y a fs. 368/371 el de contestación del señor Fiscal General. Así, realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y\n438 del rito, los autos han quedado en condiciones para su tratamiento definitivo.
/// 2. Agravios del recurso de casación:
La casacionista sostiene que su parte se encuentra legitimada para impugnar lo resuelto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 22 de la Ley K 4199 del Ministerio Público, en tanto debe agotar los recursos legales contra las resoluciones adversas a los menores e incapaces y solo podrá consentirlas con dictámenes fundados cuando resultare de la causa que su prosecución fuera perjudicial para los intereses de su representado. Señala que en idéntico sentido ha dictaminado la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “L.S.M. s/abuso sexual agravado… causa nº 024556/10. S,C.L. 518 LXLVII”.
Luego se ocupa de la decisión de sobreseimiento y entiende que el pronunciamiento carece de motivación, en tanto el Tribunal erradamente sostuvo su imposibilidad de involucrarse en la función requirente. Critica las consideraciones desarrolladas para rechazar su recurso, según las cuales en la etapa instructoria los Fiscales habían determinado que correspondía sobreseer a los imputados y de ello no se agravió al Fiscal de Cámara, por lo que la Cámara no podía adoptar otra solución que la desincriminatoria.
Al respecto, considera que lo actuado afecta el interés del niño víctima y que se negó el derecho al recurso, en transgresión a los arts. 22 inc. o) de la ley mencionada, 27 de la Ley 26601, 68 inc. h y 71 de la Ley 4109 y 40.b inc. v) de la Convención de los Derechos del Niño. Agrega que para la confirmación del sobreseimiento se obvió el plus protectivo de su parte.
En abono de su postura, cita jurisprudencia y Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y afirma que -en definitiva- cualquier limitación a la legitimación del Ministerio Público Pupilar en la asistencia de los niños víctimas de delitos importaría conculcar ese plus protectivo. También menciona los precedentes STJRNS2 Se. 201/10 y 261/10 y añade que la actuación del Ministerio Público Fiscal colocó al joven víctima en estado de indefensión.
Finalmente, señala que la interposición de su recurso de apelación había procurado impedir la frustración del derecho de su pupilo y que la negativa consecuente ha tornado ilusoria la concreción de tales derechos. Por todo ello, solicita al Superior Tribunal que revoque la resolución cuestionada.
3. Escrito de sostenimiento de la señora Defensora General:
///2. La señora Defensora General comparte los argumentos del recurso y alega que la recurrente se encontraba legitimada para interponerlo contra una sentencia que contraría el interés superior del niño, de acuerdo con lo previsto en el art. 103 del Código Civil y Comercial, además del art. 22 incs. k) y o) de la Ley 4199 y de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y este Cuerpo en los autos “A.C.” (STJRNS2 Se. 65/15).
4. Escrito de contestación del señor Fiscal General:
El señor Fiscal General, por las razones que desarrolla, entiende que, dado que el señor Agente Fiscal solicitó el sobreseimiento en la etapa instructoria y el señor Fiscal de Cámara no expresó agravios, se ha limitado la posibilidad procesal de intervención de su parte.
5. Hechos:
El señor magistrado a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Viedma resolvió, previo dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal, dictar el sobreseimiento de los imputados, por aplicación de lo normado en el art. 306 inc. 1º segundo supuesto del código adjetivo.
Contra lo decidido, la señora Defensora de Menores e Incapaces en representación del menor víctima dedujo recurso de apelación, del que se corrió traslado a las partes. Llamados los autos al Acuerdo sin la presentación de otros escritos, la Sala B de la Cámara en lo Criminal no hizo lugar a la apelación y confirmó el sobreseimiento. En oposición a lo anterior, la funcionaria mencionada interpone el recurso de casación aquí examinado.
6. Análisis y solución del caso:
En los fundamentos del rechazo del recurso de apelación, el Tribunal consideró que le asiste razón a la impugnante en los señalamientos efectuados a la investigación que finalizó con el sobreseimiento.
Empero, atento a que tal decisión desincriminatoria contaba con la aquiescencia del Ministerio Público Fiscal -del Agente Fiscal en una opinión expresa y del señor Fiscal de Cámara por su ausencia de agravio-, la jurisdicción -por el principio ne procedax iudex ex officio- no podía sino confirmar lo resuelto. En este sentido, citó jurisprudencia que impide a los órganos jurisdiccionales continuar impulsando una acción sobre la que el titular que goza\n/// de autonomía funcional ya manifestó su desinterés, además de que la acusación debe provenir de un tercero diferente de quien debe juzgar.
De tal modo, pese a no decirlo expresamente, es evidente que se rechazó el planteo de la señora Defensora de Menores e Incapaces por negarle legitimación procesal para oponerse a una decisión de sobreseimiento que contaba con la aquiescencia expresa del señor Agente Fiscal e implícita del señor Fiscal de Cámara.
Por el contrario, considero que dicha funcionaria -en el caso, en representación de la víctima- tiene legitimación para recurrir la sentencia de sobreseimiento de los imputados. Desconocérsela significaría contradecir el interés superior del niño que invoca (cf. CSJN “A.C.”, A. 777. XLVII Recurso de Hecho, sentencia del 27/11/14, consid. 6 y 7), lo que se encuentra sumariamente reconocido por la Cámara en lo Criminal -que sin embargo, incurriendo en una contradicción, negó su recurso- al sostener “que asiste razón a la recurrente en los señalamientos efectuados a la investigación”.
En este sentido, la funcionaria mencionada ha señalado en el recurso de apelación precisas falencias en la tarea instructoria que impedirían considerar la existencia de una certeza negativa que fundamente el sobreseimiento, aspectos probatorios estos a los que se refiere la Cámara.
Por otro lado, admitido que la señora Defensora de Menores e Incapaces tenía legitimación para oponerse al pronunciamiento desincriminatorio del señor Juez de Instrucción, quien resolvió en consonancia con el dictamen favorable previo de la señora Agente Fiscal, no se advierte la aplicación al caso del fundamento (ne procedat iudex ex officio) invocado por la Cámara en lo Criminal para rechazar el recurso de apelación y confirmar el sobreseimiento, pese a sostener que en el fondo del planteo asistía razón a la impugnante.
Es que, es obvio decirlo, el pronunciamiento que se pretendía de la Cámara en lo Criminal era en el marco de un recurso, por lo que no había ninguna actuación oficiosa acerca de la continuidad o cese de una acción pública ya iniciada.
Ocurre que para el dictado del sobreseimiento -que además, por tratarse del segundo supuesto del inc. 1º del art. 306 C.P.P., no extingue la acción- nuestro código de forma ha previsto un posible doble control del mérito de la postura desincriminatoria del Agente Fiscal, el primero a cargo del señor Juez de Instrucción y el segundo por la Cámara en lo Criminal\n///3. ante la eventualidad de un recurso de apelación por quien se encontraría legitimado para ello.
Este segundo control de mérito, al que la Cámara se sustrajo en sus efectos resolutivos, pues solo lo hizo de modo declarativo, no puede de ningún modo ser concebido como una restricción ilegal a los principios acusatorios o al ne procedat iudex ex officio mencionado supra (art. 120 C.Nac.), en tanto no es el órgano jurisdiccional el que asume una postura acusatoria, pues el proceso de control es solicitado por una parte ajena a él y legitimada para ello.
En consecuencia, el ejercicio de la jurisdicción se encontraba no solo correctamente habilitado por un estímulo de una parte formalmente legitimada, sino que era obligatorio ante la petición de la señora Defensora de Menores e Incapaces en salvaguarda del interés superior del niño. De tal modo, no se incurre en la prohibición nemo iudex sine actore (Almeyra, “Forzamiento de la acusación fiscal ¿Un problema sin solución para la víctima?”, en La Ley Online AR/DOC/616/2014).
Además, como corolario de lo anterior, puesto que la jurisdicción no asume de oficio una función requirente, tampoco incumple con la exigencia de imparcialidad de los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Adla, XLIV-B, 1250; XLVI-B, 1007).
Advierto, sin ser derecho positivo, pero como criterio orientador concordante con lo decidido, que el nuevo Código de Procedimiento Penal, conforme Ley 5020 (B.O.P. Nº 5319), en su art. 55 le permite a la víctima “provocar la persecución penal o intervenir en la ya iniciada por el Fiscal, aun cuando éste hubiese desestimado o archivado el caso”.
De tal modo, debe ser dejada sin efecto la sentencia interlocutoria en tratamiento y, para los fines de una correcta administración de justicia, atento al transcurso del tiempo en relación con el interés superior del niño que sustenta la pretensión, lo mismo corresponde decidir en relación con la sentencia apelada Nº 238/14 del Juzgado de Instrucción Nº 4 de la ciudad de Viedma, que dictó el sobreseimiento total a favor de Roberto Ubaldino Canale, Claudio Roberto Canale, Nestor Peña, Elías Miguel Peña y Federico Luis Peña. Para extender la nulidad a este último pronunciamiento, también tomo en cuenta las consideraciones de la Cámara en lo Criminal que de modo declarativo le dio la razón a la señora Defensora de\n/// Menores e Incapaces en su cuestionamiento al mérito respecto de la autoría en un hecho que se entiende acreditado. ASÍ VOTO.
A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui, Enrique J. Mansilla y Liliana L. Piccinini dijeron:
Adherimos al criterio sustentado por el vocal preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.
A la misma cuestión la señora Jueza subrogante doctora María Luján Ignazi dijo:
Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que me preceden en orden de votación, ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).
A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:
Atento a las razones dadas al tratar la primera cuestión, propongo entonces al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación, anular los Autos Interlocutorios Nº 238/14 del Juzgado de Instrucción Nº 4 y 294/14 de la Sala B de la Cámara en lo Criminal, ambos de la ciudad de Viedma, y remitir la causa al a quo para que continúe con el trámite correspondiente (art. 441 C.P.P.). ASÍ VOTO.
A la misma cuestión los señores Jueces doctores Adriana C. Zaratiegui, Enrique J. Mansilla y Liliana L. Piccinini dijeron:
Adherimos a la solución propuesta por el vocal preopinante y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.
A la misma cuestión la señora Jueza subrogante doctora María Luján Ignazi dijo:
Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que me preceden en orden de votación, ME ABSTENGO de emitir opinión (art. 39 L.O.).
Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 323/327 de las presentes actuaciones por la señora Defensora de Menores e Incapaces doctora Patricia Alejandra Arias en representación del menor víctima.
Segundo: Anular los Autos Interlocutorios Nº 238/14 del Juzgado de Instrucción Nº 4 y 294/14 de la Sala B de la Cámara en lo Criminal, ambos de la ciudad de Viedma, y remitir la causa al a quo para que continúe con el trámite correspondiente (art. 441 C.P.P.).
///4.
Tercero: Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos.

ANTE MÍ:

Firmantes:
APCARIAN - ZARATIEGUI - MANSILLA - PICCININI - IGNAZI (subrogante en abstención)
ARIZCUREN Secretario STJ

PROTOCOLIZACIÓN:

Tomo: 1
Sentencia: 24
Folios Nº: 87/90
Secretaría Nº: 2
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