Fallo Completo STJ

IV.1. Debo comenzar destacando que en el régimen federal argentino, el poder tributario está determinado por la Constitución Nacional, la que efectúa una asignación de competencias entre los diferentes órdenes implicados, esto es, Nación, Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipios. No puede soslayarse que el gobierno federal solo detenta los poderes que las provincias le confiaron al sancionar la Carta Fundamental y que éstas, en cambio, poseen potestades tributarias amplias; aun cuando en el transcurso de nuestra historia institucional se han visto desvirtuadas por el avance desmedido del poder central (Spisso, Rodolfo, Derecho Constitucional Tributario, Editorial De Palma, pág. 62). En el mismo sentido, se ha expedido el Superior Tribunal de Justicia en el caso "Morcol" (Cf. STJRNS1 - Se. 15/19 "Pcia. R. N. c. Morcol”).

El artículo 121 establece que las Provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal, gozan de autonomía de primer orden, donde se encuentran en plenitud todos los rasgos característicos del concepto de autonomía, involucrando la descentralización política, de legislación, de auto organización y de auto gobierno pero no subordinación a un ente superior.

Todo ello supone que las Provincias, en sus respectivos códigos fiscales, ejercen potestades tributarias propias y crean obligaciones tributarias con los límites constitucionales y legales vigentes, siempre que se respete el principio de legalidad conforme lo establecen los Artículos 4, 17, 19, 75 incisos 1, 2 y 3 y cc. de la Constitución Nacional.

En dicho marco, el artículo 6 inc. a) de la Ley Impositiva Anual N° 4816 Código Fiscal, en tanto hecho imponible que grava una actividad económica y su alícuota (3,5%) satisface dichas exigencias, no siendo motivo de debate, incluso ha sido reconocido por la actora a partir de sus propios actos, nacidos del pago y de su encuadre en dicho precepto legal, quedando por resolver si, a partir de la existencia de un beneficio fiscal a un eventual tercero que se radique en la provincia, conforme el inciso d) del mismo precepto legal, nos encontraríamos ante una afectación al principio de igualdad y razonabilidad, de manera tal que motive la devolución (al menos de parte) del tributo ingresado.

IV.2. La segunda cuestión a tener presente es el carácter de última ratio que implica la declaración de inconstitucionalidad, donde el gravamen o perjuicio, debe consistir en una significativa afectación a los derechos constitucionales, de tal gravedad que su declaración se presente como valla insalvable. No basta invocar eventuales perjuicios que resultarían de una problemática futura. Ese carácter hipotético, obviamente, no coincide con el requisito de demostración de la existencia de un perjuicio o daño, o de un vicio conceptual que por sus características amerite una declaración de tal gravedad como la peticionada (V., C. Y OTROS S/ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD - SENTENCIA: 23 - 10/03/1998).

Así "...la declaración de la inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como última ratio del orden jurídico" (Fallos: 200,180 y 247,387), idéntico criterio debe adoptar este Tribunal mostrándose celoso en las facultades que les son propias e imponiéndose la mayor mesura a fin de no desequilibrar el sistema institucional de los tres poderes, "fundado no en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe obstruyendo la función de los otros, sino de que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y un poder encargado de asegurar ese cumplimiento" (cf. Segundo V. Linares Quintana, op. cit., ps. 141, 293).

Asimismo, "Es preciso señalar que la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiesta de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución. Es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales los que deben poner de manifiesto tal situación." (Fallo STJRN VI-00036-O-2021 - MUNICIPALIDAD DE INGENIERO HUERGO S/ ORDINARIO - ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD).

La parte que solicita la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe poder probar no sólo que la misma es inválida, sino también que le causa un perjuicio directo, o que está en peligro inmediato de sufrirlo como resultado de su aplicación, y no meramente que lo sufre en forma indefinida. (Cf. La Corte federal norteamericana, en "Frothingham vs. Mellon" -262, U. S. 447-; A. B. Bianchi, en su obra "Control de Constitucionalidad", págs. 125/132, Ed. Abaco).

IV.3. Ingresando en los argumentos en los que la actora fundamenta su reclamo, destacó que no cuestiona la facultad legal ejercida por la provincia a los efectos de determinar el tributo y su alícuota, sino que invoca un hipotético trato desigual e irrazonable, nacido de la existencia de una alícuota diferenciada para el caso de existir otra empresa radicada en la Provincia, a partir de lo cual tributaria 1,7 % menos que la actora y de esta forma se constituiría en una aduana interior que afectaría el comercio interprovincial, todo ello en los términos del fallo BAYER.

Plantea que su situación resulta asimilable a lo resuelto por la CSJN cuando dijo que "...en el subexamine queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del contribuyente en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, art. 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, arts. 75, inc.13 y 126), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Constitución (Constitución Nacional, arts. 9 a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada" (Considerando 26º)."

Queda entonces por analizar si, como cita la actora, existe la mencionada identidad sustancial entre los procesos. Anticipó que no y doy los fundamentos de ello.

Como primera cuestión, a diferencia del fallo de la CSJN, surge de las presentes actuaciones que la única empresa radicada en el país que se dedica a la fabricación de caños sin costura es SIDERCA. En consecuencia, la actora no tributa de un modo más gravoso que otras empresas y, en consecuencia, no se configura la afectación pretendida, la cual debe evaluarse frente al caso en concreto y no en abstracto.

En este marco, la actora no logra demostrar que la normativa impugnada impida, dificulte o torne más gravosa su situación, respecto de la libre circulación de bienes (artículos 9, 10, 11, 75 inc. 13 y 126 CN), ni que sea discriminada o tratada desigualmente respecto de otra empresa, de lo cual se derive una afectación concreta a un derecho, por la sencilla razón de que no existe otra empresa.

El debate en el caso BAYER se circunscribe a la imposibilidad de colocar a dicha empresa en una situación desventajosa respecto de otra radicada en la Provincia. Recién ante la existencia en concreto, se podría afectar al comercio y en definitiva a principios cardinales de nuestra organización federal como lo es el libre comercio y la igualdad (artículos 16 y 28 CN).

Su inexistencia modifica sustancialmente el debate, el cual no sería la afectación al comercio y la igualdad, sino la facultad provincial de definir sus tributos y sus alícuotas, pretendiendo la actora su encuadre en la alícuota más beneficiosa (inciso d.) cuando la normativa no lo prevé.

Tampoco advierto que la fijación de la alícuota aplicada a SIDERCA exceda las facultades que constitucionalmente se reservaron las provincias, y que, en consecuencia, me habilite a ingresar en el análisis de facultades asignadas por el constituyente al legislador.

Resaltó al respecto el mismo fallo BAYER "...las provincias conservan los poderes necesarios para el cumplimiento de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al logro de su bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más conveniente", advirtiendo que "...tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la Constitución Nacional (Fallos:320:1302 y sus citas)" (considerando 9º, primer párrafo).

Finalmente, resulta disímil la conducta asumida por la empresa BAYER, respecto de SIDERCA, frente a lo que supuso una idéntica situación. De las actuaciones administrativas llevadas adelante en el expte. 40.591-ART-2018 como de la demás prueba aportada en autos, surge que el contribuyente, es decir SIDERCA, en el período fiscal 2013 declaro la actividad industrial básica de hierro y acero con la alícuota del 3,5 %, en ese sentido, la actora pagó el tributo aplicando la alícuota general, consintiendo el encuadre legal por ella autodeterminado, frente a una situación jurídica conocida y omitiendo en aquella oportunidad declarar por lo que entendía debía tributar.

En ese sentido, la conducta aquí cuestionada evidencia un proceder inverso a su actuación anterior que no resulta compatible a la luz de la doctrina de los actos propios, que como "un principio general del derecho, fundado en la buena fe, impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente" (Fueyo Laneri, Fernando, "Instituciones de Derecho Civil Moderno", Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1990, p. 310).

Si el contribuyente declaró la alícuota del tributo correspondiente sin objeciones a su encuadre no puede luego, por aplicación de "la doctrina de los actos propios", reclamar en un proceso judicial en contradicción con su anterior conducta, por ello, las manifestaciones de voluntad de SIDERCA contrarias al objeto del presente reclamo deben ser necesariamente valoradas a la luz de dicha doctrina.