Fallo Completo STJ

En fecha 19/11/2021 (bajo escrito N° 369000 de plataforma SEON del 19/11/2021) se presenta la actora por medio de su letrado patrocinante, y promueve acción de daños y perjuicios contra La Perseverancia Seguros por la suma de $888.324,11 y/o lo que más o menos resulte de la prueba a producirse en autos con más las costas y costos, intereses y honorarios profesionales.-

Indica ser la titular de un automóvil Marca Fiat, Modelo Palio (dominio PML490) asegurado por dicha compañía de seguros bajo el número de póliza 6997312/1.-

Relata que en fecha 12/12/2020 sufre un accidente de tránsito, el cual deriva un número de siniestro "532070" asignado por la aseguradora demandada, con la que tiene contratada una cobertura de "todo riesgo".

Manifiesta que en fecha 20/01/2021, la aseguradora retira el automotor con una grúa, trasladándolo al taller: "Fernando Cantero", proveedor autorizado por ellos. Que la reparación oscilaría los 30 días aproximadamente.-

Ofrece prueba, funda el derecho y efectúa el petitorio de rigor.-

En fecha 16/05/2021 (bajo escrito N° 141840 de plataforma SEON del 11/05/2022) se presenta la demandada mediante su letrado apoderado, a contestar demandada.

Refiere que, al momento del siniestro denunciado por la actora el vehículo se encontraba asegurado por su representada mediante poliza N°6997312/1, la cual en copia acompaña.-

Formula las negativas a las afirmaciones efectuadas por la actora y manifiesta que ante el requerimiento de cobertura, se le informó a la actora asegurada que conforme los costos de reparación y los términos de las cláusulas "CGDA 4.2", se había configurado el caso como "destrucción total del automotor"; y que en función de ello la indemnización ofrecida ascendía a la suma de $502.000, otorgando la opción de aceptar dicha propuesta o percibir el 80% del valor y conservar los restos del automotor.-

Indica que todo lo expuesto le fue notificado a la actora mediante carta documento (CD N°118364689 del 19/03/2021); como así también, que la póliza que se encontraba vigente, no contenía la cláusula adicional que se emite contra el pago de la correspondiente extra prima y que contempla el ajuste de la suma asegurada. Además, se le informó que al momento del siniestro, el monto contratado y que se atribuiría al vehículo, era inferior al emitido en la póliza y que la renovación de la misma no incrementaría su valor. Que asimismo, la indemnización ofrecida por su mandante se pondría a disposición de la actora, toda vez que cumpliera con las cargas establecidas en la cláusula "CG-CO 3.1" y su anexo de las condiciones contractuales de la póliza y que a la fecha de remitida la carta documento, no se había dado cumplimiento con lo requerido.-

Reitera que no existía por su parte un incumplimiento contractual, dado que era la parte asegurada la que no habría cumplido con los recaudos establecidos por las condiciones generales de la póliza y que por ello y habiendo puesto a su disposición la indemnización mencionada, no incurría en mora su mandante.-

Expresa que habiendo requerido a la actora información complementaria, la documentación jamás fue puesta a su disposición y que ello tiene basamento legal (Ley 25761 de desarmado de automotores y venta de autopartes) y obedece a cuestiones adecuadas al contrato y la legislación vigente.-

Finaliza su escrito con el ofrecimiento de la prueba y su petitorio, solicitando se rechace la demanda con costas a la actora.-

III. En fecha 23/06/2022 se dispone la apertura de la causa a prueba y en fecha 05/09/2023, atento a la imposibilidad de arribar a un acuerdo manifestada por las partes, se dispone proveer los medios de prueba ofrecidos.

1. Documental acompañada oportunamente por las partes en sus escritos de inicio.

2. Los siguientes informes:

- Ce.Ju.Me. (cf. prov. de fecha 08/11/2022)

- Tarjeta Naranja (cf. prov. de fecha 21/10/2022)

- Registro Notarial 19 de Nqn. y Sager Estela Griselda (cf. prov. de fecha 11/11/22.)

-Radiadores Neuquén (cf. prov. de fecha 16/09/2022 y 21/09/2022)

- Canter Autoparte, San Martín Danie, Escapes Andresilens(cf. prov. de fecha 19/10/22)

- Bulonera Cipolletti, (cf. prov. de fecha 21/09/2022)

- Allende Repuestos (cf. prov. de fecha 05/06/2023)

- Ramos Rubén Daniel, (cf. prov. de fecha 19/10/2022)

- Piré Rayen, (cf. prov. de fecha 26/09/2022 y 17/04/2023)

- Dalleva (cf. prov. de fecha 26/09/2022 y 17/04/2023)

- Auxilio Roli (cf. prov. de fecha 19/10/2022)

3. Acta de audiencia de fecha 10/05/2023 las declaraciones de las testigos ofrecidos por la demandada: Sres. Alejandro Pedone y Noelia Carelli.-

4. Agregado en fecha 19/10/2022, informe pericial mecánico realizado por el perito Sr. Hugo Castro.-

5. En fecha 19/05/2023, la prueba pericial contable, realizada en extraña jurisdicción y remitida a través del correo electrónico oficial.-

IV. En fecha 05/06/2023 la actuaria certifica la prueba producida.

V. En fecha 14/06/2023 se le tiene a la demandada por desistida de la prueba informativa dirigida al Juzgado de Faltas, ART y Municipalidad de Cipolletti.

VI. En fecha 22/08/2023 se la tiene a la actora por desistida de la prueba informativa a Coop. de Trabajo Ideal y se dispone la clausura del período probatorio, poniéndose los autos en Secretaría durante el plazo para alegar por el término de seis días a cada uno (Cf. art. 482 del CPCC).-

VII. Con las providencias de fecha 05/09/2023 y 20/09/2023, se publican los escritos que contienen los alegatos de la parte actora (I0026) y demandada (I0028).-

VIII. Finalmente, en fecha 04/10/2023 se dispone el llamado de autos para el dictado de sentencia definitiva, providencia que se encuentra firme y consentida

Diferente es el supuesto de los gastos reclamados en concepto de servicios prestados por la escribana Sager quien certificó el retiro del automóvil de la actora del depósito en el que se encontraba para luego hacerlo reparar por su cuenta. Considero que en este caso sí se trata de un gasto que guarda estrecha vinculación con la conducta asumida por la asegurada ya que de no haber existido la misma, no habría constancia respecto al retiro de la unidad del depósito en el que la demandada había dispuesto dejar la unidad así como tampoco constancia fehaciente de su estado, dado que no obra en autos informe alguno de las inspecciones realizadas por la demandada para determinar primero la necesidad de arreglo y luego la determinación de la destrucción total.

Es por ello que el gasto efectuado por la actora en concepto de servicios notariales procederá por la suma de las facturas y recibos acompañados con su autenticidad acreditada (cf. informativa 11/11/22) que ascienden a $ 15.700 con más sus intereses desde el 23/06/2021 y hasta la fecha de la presente estimados conforme la herramienta prevista para ello en el sitio web de nuestro poder judicial, que totaliza la suma de $ 49.764,15; sin perjuicio de los intereses que correspondan calcularse hasta la fecha de su efectivo pago.

Igual consideración corresponde efectuar respecto al costo de traslado de $ 3.000 que reclama la actora cuando retiró el vehículo del depósito y que acredita conforme la factura de "Auxilios Roli" cuya autenticidad fue acreditada mediante informativa de fecha 19/10/2022 y por lo tanto el rubro es receptado por la suma de $ 9509,07, monto que incluye los intereses desde la fecha de la factura (23/06/2021) y hasta el dictado de la presente.

En relación al reclamo de la suma de $ 850 en concepto de gasto postal por la remisión de una carta documento, no encontrándose acompañada la misiva a la que correspondería la misma, deviene improcedente dicha pretensión indemnizatoria. En igual sentido tampoco procede la suma reclamada correspondiente a la factura de Robledo Erica por haberse desistido de dicha prueba informativa, siendo que dicha documental había sido desconocida por la demandada. Igual suerte corre el reclamo referido al crédito que solicitó para hacer frente a las reparaciones, ya que no solo no se acreditó que el mismo haya sido utilizado para afrontar el monto de las reparaciones sino que estas fueron reconocidas e indemnizadas, con lo cual tampoco correspondería abonar el mismo.

Finalmente, el reclamo resarcitorio referido al pago de la prima del seguro y de la patente que fueran efectuados por la actora, considero que el mismo resulta improcedente dado que conforme surge de los hechos, la actora finalmente retuvo el vehículo en su poder y lo hizo reparar a su cargo, utilizándolo luego del arreglo; por lo cual no advierto cuál sería la causa imputable a la demandada por la que debería asumir el costo de dichos gastos.

b.- Por otra parte, la actora considera que hubo por parte de la aseguradora un obrar sistemático y doloso de incumplimiento de las obligaciones legales a su cargo, aprovechando su situación de fortaleza. Considera abusivo el obrar de la aseguradora en haberla hecho esperar tanto tiempo para dar una respuesta y sostiene que de haber obrado de buena fe, deberían haber consignado las sumas que le correspondían o haber abonado conforme la nueva póliza contratada. En tal sentido considera necesario en este caso la aplicación de una condena ejemplificadora a la compañía demandada en concepto de daño punitivo por la suma de $ 150.000.

La existencia del daño punitivo se encuentra receptada en el Art. 52 bis de la Ley Nº 24.240 -mod. por Ley 26.361- previsto en la LDC, y se define como una sanción que se resguarda para aquellos casos en los cuales amerite y se justifique su aplicación, fundamentalmente ligado a un criterio de sanción a conductas gravemente desaprensivas y con miras a una función ejemplificadora para desalentar su reiteración.
La finalidad del instituto busca no solo un castigo frente a un grave proceder, sino que también se vincula con una función preventiva en cuanto a la reiteración de hechos similares en un futuro (Cf. Art. 28, 42 de la Constitución Nacional, Art. 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y demás citados por el Art. 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional).

Ha dicho nuestro Máximo Tribunal provincial en el fallo "COFRE", sentencia del 04/03/2021 en relación al daño punitivo que "... se trata de una herramienta de prevención del daño que se aplica como sanción a quien ha actuado con grave indiferencia hacia los derechos del consumidor. Solo procede, entonces, ante la intención o suficiente negligencia que, como tal, amerite sanciones con el fin de desanimar la ocurrencia futura de acciones similares"
"Y si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que ha sido legislada dicha multa civil, en cuanto refiere a cualquier incumplimiento legal o contractual, en la actualidad existe consenso dominante tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en el sentido de que los daños punitivos solo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva."

"La aplicación de la multa civil tiene carácter verdaderamente excepcional y está reservada para casos de gravedad, en los que el sujeto hubiera actuado, precisamente, con dolo -directo o eventual- o culpa grave -grosera negligencia-, no siendo suficiente el mero incumplimiento de las obligaciones "legales o contractuales con el consumidor" mencionadas por el precepto, sino una particular subjetividad, representada por serias transgresiones o grave indiferencia respecto de los derechos ajenos. (cf. CNCom., Sala D, "Hernández Montilla, Jesús Alejandro c. Garbarino S.A.I.C.E.I. y otro s/Sumarísimo" del 03.03.2020)"

Ahora bien subsumido lo expuesto en el presente caso, el incumplimiento de la demandada no se trató a modo de ver del suscrito de un mero incumplimiento contractual, sino que lejos de ello, se trató de un supuesto de gravedad considerable ya que conforme se acreditó en autos, le pretenden aplicar a la asegurada una cláusula que no obra en la póliza contratada, impidiendo con ello que la consumidora conozca debidamente las condiciones del servicio contratado.

Tal como lo expuse más arriba, esa falta de debida diligencia y teniendo en cuenta los controles que deben seguir las entidades aseguradoras y la confianza que en estas depositan los usuarios y consumidores, no resulta un hecho menor que se haya intentado hacer valer una cláusula cuyos términos no habían sido informados

Debo adelantar que efectivamente, el incumplimiento de la demandada ha quedado configurado en un punto de vital importancia en la relación de consumo que los ha vinculado, por cuanto la existencia y debida información de dicha cláusula a la asegurada, con la explicación precisa del procedimiento a seguir en esos casos podría haber evitado el presente reclamo.

Más aún, también tengo en consideración que sabiendo la aseguradora - por su carácter de entidad especializada en el rubro - que el vehículo se encontraba infra asegurado y que una nueva póliza ya reconocía este mayor valor, probablemente apelando a criterios comerciales con su asegurada, si hubieran reconocido el valor de la nueva póliza, el conflicto judicial se habría evitado.

Así, la omisión en haber atendido responsablemente el reclamo efectuado por la actora, considero implica una actitud ajena tanto los principios rectores y constitucionales que tutelan al consumidor como del régimen de la Ley 24.240 sin intentar hacerlos efectivos y eficaces conforme la actividad que desarrolla en el mercado (Art. 7 del Código Civil y Comercial y que guarda relación con el art. 2 del Código Civil derogado; Art. 65 de la Ley 24.240, mod. por Ley 26.361 B.O. del 07/04/2008).

Por todo ello corresponderá aplicar la sanción solicitada, aunque no en la medida de lo peticionado por el actor. Conforme a las potestades conferidas por el Art. 165 CPCyC, considero prudente, con relación a las probanzas de autos, haber basado la decisión en torno a lo efectivamente acreditado, la capacidad económica del dañador, la naturaleza y grado de reproche, por lo que estimo justo a los fines de desalentar conductas semejantes a futuro, hacer lugar a este rubro por la suma de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000), calculada a la fecha del presente pronunciamiento, sin perjuicio de los intereses que se devenguen con posterioriodad, en caso de su falta de pago en tiempo y forma.

Mauro Alejandro Marinucci
Juez