Fallo Completo STJ

En segundo término se agravia en virtud de entender que el Tribunal ha prescindido de prueba decisiva para la resolución de la causa.-

Como tercer agravio invoca que la sentencia contradice en forma abierta o encubierta otras constancias de la causa, siendo que no ha considerado ni siquiera mínimamente extremos que, siendo propuestos por la demandada, luego estuvieron lejos de ser acreditados, tal como los supuestos daños a la empleada Vargas, dado que según su entender, no se acreditó la supuesta denuncia policial ni los supuestos certificados médico y psicológico, ni tampoco el supuesto video.-

De lo expuesto el recurrente deduce que, bajo una ampulosa apariencia, emerge una indisimulable orfandad de las pruebas reseñadas por la parte de la accionada, siendo que sobre su cabeza recayó la carga de la prueba y, por ende, que la Cámara se ha apartado inequívocamente de las circunstancias de la causa y ha aplicado mecánicamente principios procesales fuera del ámbito que le es propio, omitiendo por esa vía la comprensión de la particular estructura del caso.-
En virtud de ello, concluye que lo resuelto no se presenta como derivación concreta y razonada del derecho laboral vigente con relación a los hechos comprobados por lo que media relación directa e inmediata con las garantías constitucionales que se dicen vulneradas, en tanto el despido-sanción debería ser la última ratio que equilibre su legitimidad con la también legítima protección ante el despido arbitrario y también deberá tenerse presente el claro precepto del Art. 10 de la LCT. .-

Como sexto agravio el recurrente alega que se prescindió del texto legal aplicable al caso.-

Señala que es muy curioso observar cómo la sentencia no trata, a pesar de haber sido remarcado en el alegato, las graves evasivas de la representante legal de la accionada, desobedeciendo de ese modo la expresa manda del art. 413 del CPCyC.-
Refiere que resulta poderosamente llamativo que la representante legal de la demandada en varias de las afirmaciones a las que fue expuesta en la prueba confesional, no negó las mismas, sino que dijo no recordarlas, siendo inverosímil que una representante legal responda de dicha manera máxime cuando por el artículo 38 de la Ley 1504 y 406 del CPCC , se tiene la oportunidad de elegir a otro absolvente, es que correspondía se aplicara la manda legal dispuesta por el Art. 413 in fine del CPCC que expresamente ordena: “Cuando el absolvente manifestare no recordar el hecho acerca del que se le pregunta lo tendrá por confeso en la sentencia”.-
Por consiguiente, aduce que correspondía se la considere confesa a tenor de las referidas evasivas que avanzan en demostrar la verdadera fecha de ingreso, la extemporaneidad de la sanción y la aplicación de una sanción doble cuando la garantía constitucional del non bis ídem lo impide expresamente.-
Sin embargo, expresa que la Cámara, siendo su obligación hacerlo ya que una ley así expresamente lo dispone y fue pedido en el alegato, nuevamente omite decir algo sobre el particular, lo que repercute a su entender también en la dilucidación de lo que verdaderamente ocurrió después del hecho del 22-4-19 y hasta el despido del actor.-

Según su entender, que la absolvente no recuerde lo que se le afirma en las posiciones mencionadas, genera una presunción que no ha sido considerada y que tiene especial incidencia en determinar si el actor pudo haber sido suspendido de hecho por el Sr. Machinea apenas ocurrido el suceso en cuestión. Así, concluye que el despido ocurrido en autos carece de logicidad y de contemporaneidad, en tanto en su opinión, no resulta razonable ni se compadece con la supuesta gravedad de la injuria argüida por Mugarri SRL. que la notificación del despido se haya producido 16 días después del hecho. La notificación entonces en relación a la supuesta gravedad de la falta endilgada, deviene tardía y fortalece la idea de que al actor se le dijo que quedaba suspendido. Extremo que adquiere aún mayor entidad ante la solicitud de confesión ficta de la absolvente de la demandada, por sus respuestas evasivas a las posiciones 6 y 10 que específicamente refieren al tema, conforme el Art. 413 del CPCCRN.-

Por otro lado, el recurrente se agravia en razón de considerar que se incurrió en un ostensible exceso de rigor, en autocontradicción, se omitió valorar debidamente circunstancias esenciales para la correcta dilucidación de la litis, y con todo esto se produjo una iniquidad tan manifiesta que resulta vulnerada la garantía constitucional de defensa en juicio.-
Reputa que tal agravio se ha visto particularmente reflejado en relación a la determinación de la fecha de ingreso del actor dado que en la sentencia se prefiere tener por cierto lo sostenido en un presuroso TCL remitido en el fragor del conflictivo episodio del actor, a lo referido por dos testigos que estuvieron trabajando para la demandada para la fecha de ingreso de Riquelme, en desconocimiento del principio de primacía de la realidad, incurriendo en un ritualismo excesivo en desmedro de la verdad sustancial.-

Alega que disponer como hace la sentencia, que la memoria de una persona deba necesariamente seguir un orden cronológico olvidando lo más añejo para recordar lo más reciente, es de una arbitrariedad manifiesta. Además, la conclusión aludida, revela un rudimentario conocimiento de cómo funciona el cerebro humano, siendo manifiesto en la mayoría de los adultos que podemos recordar con mayor nitidez cuestiones vividas en la niñez o adolescencia o comienzos de un ciclo, que otras acontecidas apenas unos días u horas atrás.-

No atender a lo dicho por estos dos testigos, sería convertir a la prueba de la antigüedad del actor en una prueba diabólica ya que no existen otras personas que aún laboren para la demandada que hayan ingresado hace tanto tiempo atrás, siendo absurdo exigir que una persona deba recordar las fechas de ingreso de las decenas y decenas de personas que pasaron por allí durante tantos años.-

Por último, el actor se agravia por la imposición de costas al actor, al entender que siendo que el despido es desproporcionado, la sentencia lesiona el derecho de propiedad del accionante amparado por el art. 17 de la Constitución Nacional, al privarlo de las indemnizaciones propias del despido de más de 28 años de antigüedad y de la indemnización especial por indebida registración del Art. 1 Ley 25323 merced a una interpretación sesgada de las presentes actuaciones.-

Subsidiariamente, solicita que se apliquen las costas por su orden, atento existir fundamentos suficientes para considerar que el actor tuvo derecho a reclamar como lo hizo.-
Cita jurisprudencia en apoyo de su postura, hace reserva del caso federal y peticiona en consecuencia.-
Corrido el pertinente traslado el mismo es evacuado por la parte demandada en fecha 26/10/2022, quien solicita se declare inadmisible el recurso, con costas.-

Considera que el recurrente incumple con la carga dispuesta por el art. 286 del CPCyC, en tanto surge sin hesitación alguna que el recurso no cumple con ninguno de los requisitos de admisibilidad exigidos por la normativa, escondiendo a todas luces una mera disconformidad tanto con la valoración de la prueba realizada por esta Alzada, como también con el criterio sustentado en la sentencia recurrida; dejando firmes y sin impugnar partes esenciales de la Sentencia que por supuesto impiden modificar el sentido de lo resuelto y su posterior revisión en instancia extraordinaria.-
Señala que no surge de los agravios desarrollados, que la sentencia haya violado la ley, que la haya interpretado de manera equívoca y menos aún que se haya violado la doctrina legal establecida por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en las condiciones impuestas por el código de rito. -
Refiere que el recurrente plantea sean revisadas en instancia extraordinaria cuestiones referidas a la valoración de la prueba incorporada en autos y la interpretación de los hechos expuestos en la presente causa, imposición de costas, materias todas excluidas del control de casación. -

Por otro lado, ante el supuesto e hipotético caso de que el recurso de casación fuera declarado admisible solicita que oportunamente sea rechazado, atento considerar que se encuentra ausente de motivación suficiente en virtud de que el recurrente sólo se limita a realizar un análisis con ausencia de fundamentos serios y contundentes dirigidos a sostener las anomalías que invoca. -

Mantiene la reserva del caso federal y peticiona en consecuencia.-
En fecha 27/10//2022 pasan los autos al acuerdo para resolver.-
II.- Corresponde determinar en primer término y a la luz de lo dispuesto por los arts. 57 y 58 de la ley 1504 aplicable en autos, si se encuentran reunidos los requisitos formales que hacen a la viabilidad del recurso que se deduce.-
En primer lugar debe señalarse que el recurso se ha interpuesto contra la sentencia definitiva de autos, estando cumplido así el recaudo previsto en el inciso 1 del art. 289 del C.P.C.y C..-
Asimismo, el recurso ha sido deducido por la actora dentro del término de ley (conf. art. 57 L. 1504) - fecha de publicación de las sentencia el día 23/09/2022 y cargo del 03/10/2022 10:31:28 hs.-, constituyendo domicilio ante la alzada en el mismo escrito, sin depósito previo, atento encontrarse eximida de efectuarlo por tratarse de la parte trabajadora (art. 58 de la ley 1504).-
III.- Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el inc. 4º del art. 289 del C.P.C.y C. y en cumplimiento de jurisprudencia concordante y uniforme del STJ debe efectuarse un análisis más profundo de la admisibilidad del recurso interpuesto a fin de evaluar la verosimilitud de los agravios, en orden a la extraordinaria revisión de legalidad que el recurso de casación importa (STJRN 12-11-93, 13-10-93).-
La recurrente se alza contra la sentencia dictada por el Tribunal, que decide respecto de las pretensiones formuladas, rechazando totalmente la demanda, con costas al actor.-
Luego de referirse preliminarmente a los actos procesales más relevantes de autos, la recurrente analiza e ingresa al tratamiento de los agravios que le causa la sentencia definitiva dictada en los presentes.-
Considera que la instancia debe abrirse por considerar que la sentencia es arbitraria, en tanto, a su entender, no constituye una derivación razonada del derecho vigente al omitir considerar constancias incorporadas a la causa y prescindir del examen de planteos oportunamente introducidos y conducentes para la solución de la litis, prescindir de prueba decisiva para la solución del pleito, contradecir en forma abierta o encubierta otras constancias de la causa, omitir decidir una cuestión propuesta oportunamente y conducente a la solución del pleito, hacer afirmaciones dogmáticas, prescindir del texto legal aplicable al caso e incurrir en ritualismos excesivos o en abusos de forma en desmedro de la verdad material.-
En lo sustancial, se observa que la discusión que traen aparejados dichos agravios se limita en rigor a cuestiones de hecho y prueba inherentes a distintas cuestiones controvertidas en autos, tales como, la fecha de inicio de la relación laboral, la existencia de deficiencia en la registración laboral, si el hecho protagonizado por el actor tuvo entidad suficiente por sí solo para justificar el despido o si hubo desproporcionalidad en la sanción impuesta por la empleadora o debieron tenerse en cuenta otras circunstancias tales como la antigüedad, la relación con sus compañeros, etc. si era procedente juzgar los hechos a la luz de la perspectiva de género, todo lo cual impone un necesario examen de la prueba rendida en autos y no es objeto de recurso extraordinario, dado que no hay una afectación claramente jurídica y, por lo tanto, no es una circunstancia revisable por la instancia superior.-
Ello, salvo que estemos en presencia de una sentencia arbitraria, lo cual no sucede en el sub-exámine, atento a la inobservancia de los requisitos legales para su configuración, que la actora no logra acreditar.-
Al respecto, es menester señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece como requisito para la procedencia de la arbitrariedad que deben acaecer "omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales"(Fallos 302-1191).-
Por su parte, la Corte Suprema de la Provincia de Mendoza tiene dicho al respecto que: "En cuanto a la doctrina de la arbitrariedad se ha dicho, que en principio, reviste carácter excepcional, y por tanto, su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva carencia de fundamentación", que no es el caso atento a que solo se ha discutido la interpretación fáctica y jurídica que tuvo la Cámara, no una carencia o falta de fundamentación" (79151 - Luna, Rodrigo en Jº 16955 Fiscal C/ Herbas Muñoz D.S/Queja).-
En el mismo sentido se ha expresado el Superior Tribunal de Justicia Provincial al considerar que "No es del resorte de este Cuerpo, por la vía del recurso instaurado -inaplicabilidad de ley-, sustituir ni modificar cuestiones de hecho, ni de prueba. Así, en autos "Martínez, Rocío s/Queja en "Martínez Rocío c/ Empresa de Energía Río Negro S.A. (EDERSA) S/ ORDINARIO" s/ QUEJA", expresa con referencia a la imputación de arbitrariedad del fallo "… Que el recurso extraordinario local se encuentra circunscripto en su ámbito cognoscitivo al tratamiento de cuestiones de derecho, y el análisis de las circunstancias fácticas y probatorias del litigio se encuentra- en principio excluido de dicha impugnación. Tal regla solo admite excepción en los casos en los que se invoque y se demuestre idóneamente la configuración de un supuesto de absurdidad o arbitrariedad en la merituación de aquellos extremos. Cabe resaltar que la doctrina expresada reconoce aplicación desde larga data, en la jurisdicción rionegrina y que es coincidente con los criterios instrumentados mayoritariamente por los tribunales de casación provinciales".-
En la tesitura expuesta, agrégase que la recurrente no logra conmover los fundamentos del fallo, ni demostrar de forma concreta y razonada cuáles son los yerros de la sentencia que la puedan tildar de arbitraria, manifestando sólo una mera disconformidad con lo decidido por este Tribunal.-
Nuestro Superior Tribunal de Justicia ha decidido en este tema que "Si bien es cierto que la referida doctrina establece que tales cuestiones son revisables excepcionalmente mediante vía extraordinaria en aquellos casos en que el decisorio atacado incurra en absurdidad o arbitrariedad manifiesta, también lo es que tal circunstancia no ha sido cabalmente demostrada por el recurrente en los términos de la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia.- Así, se ha dicho en infinidad de oportunidades que la arbitrariedad no puede basarse en la mera discrepancia subjetiva del impugnante con el criterio del grado. Antes bien, debe demostrarse en forma incontestable el error de razonamiento en el discurrir del sentenciante, patentizando que lo decidido carece de todo soporte lógico y racional. Cuando ello no ocurre el intento de acceder a la instancia
extraordinaria por la vía elegida carece de viabilidad formal"(Federación de obreros y empleados de estaciones de servicio C/ Vía Bariloche SRL s sumario S/inaplicabilidad de ley expte. nº 20255/05). En otro caso manifestó también el más alto Tribunal provincial que: "Así se ha dicho en otros casos que la arbitrariedad no puede basarse en la mera discrepancia subjetiva del impugnante con el criterio de grado, o lo que Morello estructurará como razones o argumentos de parte, de lo que sigue que los "meros" o "simples" argumentos no constituyen cuestión esencial, salvo que así demuestre motivo que faculta a este Tribunal a tratar solo los que considere conducentes. -antes bien, debe demostrarse en forma incontestable el error de razonamiento en el discurrir del sentenciante, patentizando que lo decidido carece de todo soporte lógico y racional" (STJ: FEDERACIÓN OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO C/ CABALLERO Y/U OTRO S/ SUMARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY-Expte Nº 20073/05-).-

Por último, el recurrente se alza contra la sentencia dictada por el Tribunal agraviándose por la imposición de costas al actor, por entender que dicha imposición viola el derecho de propiedad del actor. Entiende que, aún en caso de confirmarse el fallo atacado, se deben imponer las costas por su orden atento que el actor tuvo derecho a reclamar como lo hizo.-
Resulta necesario destacar que la cuestión de costas que es motivo del recurso extraordinario es una cuestión de hecho irrevisable por vía de casación, salvo excepciones.-
Es reiterada la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia que expresa que “... las cuestiones relativas a la imposición y distribución de las costas se hallan reservadas al conocimiento de la instancia ordinaria y son, en principio, irrevisables en casación, salvo contadas excepciones. Estas excepciones, a su vez, se verifican cuando se invoca un caso de “absurdidad”, que excede el mero planteamiento de una discrepancia subjetiva, o bien cuando se halla en juego la interpretación y alcance de un dispositivo legal concreto. (Mayoría de los Dres. Balladini y Lutz. STJRNSL: SE 287/04 del 30-11-04, "V., H. R. Y OTROS C/BANCO RIO NEGRO S.A. S/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY" -Expte. Nº 18160/03 STJ-), situación que no se da en el caso de autos.-
En el mismo sentido se ha dicho que: “Respecto del agravio referido a la distribución e imposición de las costas al actor y sus letrados apoderados en forma solidaria, considero conveniente señalar que tal temática constituye una cuestión ajena a la esfera casatoria y se halla reservada a los jueces de mérito, más aun cuando no se ha demostrado que el a quo, en el ejercicio de la “discrecionalidad judicial”, haya violado el principio de razonabilidad (conf. Morello, La Casación pág. 281 y sgtes. ed. 2000, LEP)” (Voto del Dr. Lutz, STJRNSL: SE. 98/07 del 19-11-07: “P. L., C. A. C/F., L. M. Y OTRO S/ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY" -Expte. Nº 22.040/07-STJ-).-
Asimismo, nuestro más Alto Tribunal Provincial ha establecido que: "La temática traída en recurso extraordinario remite a cuestiones que por naturaleza resultan sustancialmente ajenas a la etapa casatoria. Tal circunstancia se presenta puntualmente con la cuestión vinculada con la imposición de las costas, pues, según lo ha venido sosteniendo este Cuerpo en numerosos, reiterados y concordantes pronunciamientos, ello constituye una materia propia de los jueces de grado, salvo en aquellos supuestos de apartamiento palmario de la ley o régimen arancelario aplicable, grosero error de cálculo o disvalor en orden al resultado por un razonamiento absurdo o arbitrario, extremos que no se advierten manifiestamente configurados en el caso de autos (STJRNSL in re “NOVA S.A.” SE. 54/05 del 21-04-05; “FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO” Se 121/05 del 31-08-05; “OSSES MALDONADO” SE. 23/07 del 26-03-07; “UNTER” SE. 40/06 del 28-04-06; “ESPERATTI” SE. 10/06 del 28-02-06 y los precedentes a los que en ellos se remite)” (Voto de los Dres. Balladini y Lutz, STJRNSL: SE. 78/07 del 29-08-07, “MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS S/QUEJA EN: Q., G. G. O. Y OTROS C/MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" -Expte. N° 22189/07 STJ-).-
En consecuencia, de lo supra expuesto y teniendo en consideración el carácter restrictivo de la vía recursiva, corresponde declarar inadmisible el remedio intentado, en virtud de no constituir materia de recurso extraordinario los agravios invocados por el recurrente.-

Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE:
I.- Declarar inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora en fecha 03/10/2022 contra la sentencia definitiva de fecha 23/09/2022.-
II.- Regístrese en (I).-
La presente se notificará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 inc. a) del Anexo I de la Acordada N° 36/2022-STJ