Fallo Completo STJ

    1.- Comparece por ante este Tribunal la Dra. A.B. denunciando ser víctima de violencia laboral, psicológica, económica y de género en el trabajo que desempeña como asesora letrada de planta permanente dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO DE RÍO NEGRO - SECRETARIA DE TRABAJO constituyéndose en actual victimario la Delegada de Trabajo M.C. con asiento de funciones en Delegación General Roca, y el Director de Recursos Humanos C.L. -con sede en Viedma-, personal con cargo de jerarquía respecto de la suscripta, que de forma coordinada ejercen hostigamiento, acoso sistemático, desautorización y desplazamiento discriminatoriamente por modos violentos del trabajo, todo ello conforme lo dispuesto por el artículo 72° y siguientes de la Ley N° 5631.
     En igual sentido denuncia que la violencia sistemática se acrecienta y muta con grado institucional, agrega que a la fecha del presente, el victimario no solo la ha expulsado violentamente del trabajo, despojado de las herramientas de labor, sino que también le impide el acceso a modalidad de trabajo DGE impuesta hoy como obligatoria, a lo que se suma que en represalia por haber denunciado violencia laboral hace dos años, a la fecha la mantienen bajo la amenaza de despido por sumario que tramita ante la Junta de Disciplina, todo en un marco de trato indigno y humillante, desplazamiento en la función, negación de vacaciones, modificación abusiva de condiciones de trabajo.

      Que en su denuncia detalla los antecedentes de las sucesivas denuncias y presentaciones realizadas -tanto en el ámbito administrativo como judicial desde el año 2013 a la fecha- a las cuales cabe remitirse en razón de la brevedad.- 

     Solicita se le dé curso a la denuncia por violencia planteada, dictándose medida de no innovar, tal como requiere. 

      Así, manifiesta que en el amparo tramitado en autos B.A.R. C/ Provincia de Río Negro (Secretaría de Estado de Trabajo) S/ Acción de Amparo (Art. 43 C. PCIAL) Expte. N° C-2RO-333-L2013 // RO-012268-L-0000, se cuestionó la Nota Múltiple N° 49/2013  y allí, en fallo de la Cámara IIa. de fecha 15/08/2018 se resolvió la nulidad de la misma, en tanto le imponía la necesidad de contar con una autorización previa para las salidas dentro del horario de trabajo, considerándose en dicho fallo que ello resultaba irrazonable y contrario al adecuado ejercicio de su rol de abogado, y que solo podía exigírsele dar aviso previo a la jefatura, para acudir a audiencias u otros actos relacionados con la asistencia profesional derivada de su labor.

       Más lo cierto es que la situación allí resuelta se ha visto, de acuerdo al relato efectuado por la propia actora, y al informe brindado por la Secretaria de Trabajo, modificada en los hechos en la actualidad.

     Ello así pues la misma actora expresa que a partir del año 2020 ya no concurrió a prestar tareas presenciales al organismo, y que se habrían modificado sus funciones, por lo que la cuestión relativa  a los permisos de salida no guarda relación con el conflicto actualmente suscitado.  

     Es de público conocimiento que con motivo de la pandemia Covid a partir de marzo 2020 muchos organismos adecuaron su funcionamiento y la asistencia del personal y/o el trabajo remoto, a los protocolos de salud impuestos por dicha emergencia sanitaria, y que progresivamente, a partir del año 2021 fueron volviendo a la normalidad. Tal lo dispuesto para el organismo donde se desempeña la actora, conforme surge del informe de la Secretaría de Trabajo.

       Es allí donde habría surgido un nuevo conflicto entre la actora y las autoridades del organismo, en cuanto a la forma y modalidad de mantener su prestación laboral -con presencialidad o en forma remota, y funciones actualmente a su cargo, cuestionando la actora las disposiciones del organismo al respecto, todo lo que incluso habría dado lugar a un sumario administrativo que se encuentra en trámite.

      En este marco, cabe decir que si no se le asignan actualmente tareas remotas en la forma pretendida por la actora, es porque el organismo ya no mantiene dicha modalidad, como medida general, no puede ser ello considerado violencia hacia la actora.

     No puede invocarse que la modalidad de trabajo remoto impuesta con carácter provisorio por motivos de emergencia durante la pandemia Covid genere un derecho adquirido para los trabajadores al respecto, sin que por tanto pueda razonablemente invocarse que el retorno al trabajo presencial configure violencia hacia el trabajador.

     3.- Esta cuestión -exigencia de retorno a la presencialidad-  ya fue incluso resuelta por este mismo Tribunal en fallo dictado en fecha 30/05/2024 en los autos: "B.A.R. C/ MINISTERIO DE TRABAJO DE RÍO NEGRO S/ ORDINARIO - DENUNCIA ART. 72 LEY 5631 "RO-00527-L-2024,  en que se alegaba por ello ser víctima de violencia y acoso laboral por parte de funcionarios y autoridades de la Secretaria de Trabajo en su calidad de empleador. 

      4- En este caso, a su agravio en torno a la presencialidad que le es exigida, se agrega que se configura actualmente una "negativa de tareas, acceso a sistema digital para operar los trámites en forma electrónica y el cambio de funciones".  

        De la lectura y análisis de la presentación en su conjunto, así como del informe acompañado por la Secretaría de Trabajo, se concluye en que tales agravios no pueden entenderse en forma aislada del conflicto más amplio suscitado acerca de sus funciones y modalidad de trabajo presencial actualmente requerida por el organismo y de las que ésta se agravia.

        Así, tal como surge del informe adjuntado, se explicitó que el acceso al sistema digital GDE corresponde para su utilización en forma presencial en el organismo, como le es requerido, motivo por el cual no se deriva material para su trabajo remoto.

    Que deben distinguirse aquellas situaciones de medidas organizacionales válidamente dispuestas por el empleador -que no configuran violencia laboral-; de aquellas otras situaciones que sí podrían configurarla encuadrando en el concepto de "violencia, acoso o comportamiento destinado a provocarle, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral al trabajador", o una medida individualmente agraviante para el trabajador aplicada en forma discriminatoria, lo que no se advierte en el caso.

      5.- A ello se agrega que frente a la denuncia formulada por al actora, la Dirección de DDHH Género y Diversidad dependiente de la Secretaria de Trabajo  abrió un nuevo expediente en el marco del Protocolo aprobado por Resolución N°791/23. 

     Allí  la denunciante se agravió -en términos similares a la presente denuncia- por los "nuevos hechos de Violencia y Hostigamiento”, consistentes en que la Delegada de Trabajo Sra. Mónica Caminos actualmente “me impide el ingreso al trabajo en cualquier modalidad para el cual estoy designada como asesora letrada;, me ha despojado de la oficina, puesto laboral y herramientas electrónicas de acceso al trabajo, ha dispuesto el archivo de los elementos de trabajo (expedientes y elementos personales) Y a la vez, contradictoriamente , contrariando la doctrina de los actos propios, impulsa un sumario que ella provoca denunciando “abandono de trabajo cuando es ella quien no me deja trabajar". 

       Ello surge del informe elevado por el mencionado Subsecretario a la Secretaria de Trabajo Dra. María Martha Avilés en el marco del Expediente N° 92030-GTMT-2024 caratulado "S/Denuncia por violencia en al ámbito laboral" - Caso VGL N° 05-ST, así como también adjuntando Disposición N° 01/24 de la Dirección de Derechos Humanos, Género y Diversidad de fecha 26/08/2024. 

       6.- En conclusión, del relato de los nuevos hechos, así como teniendo en cuenta los  antecedentes tramitados tanto en este Tribunal -Sentencia N° 176 del 30/05/2024-, como del expediente administrativo llevado adelante ante la Dirección de Derechos Humanos, Género y Diversidad de la Secretaria de Trabajo, habiendo intervenido la misma y dictado resolución definitiva cuya conclusión se comparte, no corresponde más que rechazar la denuncia de violencia en el ámbito laboral realizada por la D.A.B. por no encuadrarse en los supuestos de violencia de las previstas en el art. 72 y sgtes. ley 5631.