Fallo Completo STJ

CONSIDERANDO:

Que tal como lo tiene expuesto prestigiosa doctrina: “...El beneficio de litigar sin gastos es uno de los mecanismos disponibles para asegurar la prestación de los servicios de justicia no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes. Es la franquicia que se concede a ciertos litigantes de actuar sin la obligación de hacer frente a las erogaciones que demanda un juicio, sea provisoria o definitivamente. Es específico para un proceso determinado, personal e intransferible. No se trata de una declaración genérica, de suerte que sólo puede tener efectos con relación a un proceso concreto (principio de especificidad) por lo que es susceptible de utilizarse exclusivamente frente a un determinado adversario.” (Cf. Arazi – Rojas, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 3ra. Edición. Tomo I. Pág. 464).

Con relación al fundamento del Instituto, el mismo tiene anclaje en “…dos preceptos de raigambre constitucional: la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley, ya que por su intermedio se asegura la prestación del servicio de justicia, no ya en términos formales sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes.” (CSJN, Fallos: 316: 818, citado en Ob. cit. Pág. 465).

En definitiva puede afirmarse que la finalidad del Instituto es la de “…poner en situación similar a las personas que deben actuar ante la justicia, a fin de que quien carezca de recursos suficientes para afrontar las cargas económicas que impone un proceso pueda atender con amplitud cuanto demande el reconocimiento judicial de su derecho” (Cf. Ob. Cit. Pág. 464).

Luego, el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos se complementa con la idea que “…frente a los intereses del peticionario se encuentran los de la contraria y los de la comunidad en general interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos, los que podrían verse conculcados si se transforma tal beneficio en un indebido privilegio.” (Cf. Ob. Cit. Pág. 464).

Que por prescripción de la norma contenida en el Art. 78 del CPCC, no obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos. Por lo que no se exige para su concesión el estado de indigencia o de absoluta insolvencia del peticionante.

Que en tal sentido, el instituto del beneficio de litigar sin gastos resulta previsto en favor de quienes, por insuficiencia de medios económicos, no se hallan en condiciones de afrontar el pago de los gastos que necesariamente implica la promoción y sustanciación de un proceso judicial. Todo ello como forma de garantizar el derecho a la igualdad de los litigantes, y el acceso a la jurisdicción, cuya protección reconoce raigambre supralegal (arts. 16 y 17 Constitución Nacional).

Por tanto,  cumplidos que han sido los recaudos procesales que prevén los Arts. 78 a 81 y concordantes del CPCC,

RESUELVO:

I.) Otorgar en forma parcial el beneficio de litigar sin gastos a favor de la Sra. S.V.C., DNI 1., a efectos de afrontar los gastos de inicio que ocasione el juicio por compensación económica contra el SR. A.D., DNI 7., sin perjuicio de las facultades que le asisten al juez en virtud del Art. 81 CPCC en su caso; y con el alcance que establecen los Arts. 82 y 84 del CPCyC.

II.) Firme que se encuentre la presente resolución, déjese nota en los autos principales a los fines de su continuidad.

III.)En atención a la recepción parcial de la pretensión, las costas se imponen en el orden causado (arts. 68 y 69 C.P.C. y C y 19 CPF.).

IV.) REGÚLASE los honorarios de los letrados apoderados Dres.: ZAVALA WALTER y JULIETA CONTE en la suma de $115011.-  (3 IUS) en conjunto y los del letrado apoderado Dr. EDUARDO ANTONELLI  en la suma de $115011.-  (3 IUS)  dejándose constancia que para efectuar tal regulación se han tenido en consideración la naturaleza, extensión y resultados de las tareas llevadas a cabo en autos por el beneficiario (arts. 6, 7, 10, 11 y 34 L.A. /MB: Mínimo legal conforme L.A. / Valor del IUS $ 38337.-). 

De conformidad a las adecuaciones procesales dispuestas por Ac. N 36/2022 del STJ -que implementa el Sistema de Gestión de Exptes. Judiciales "PUMA"-, las notificaciones ordenadas y dirigidas a domicilio real se realizan a través de cédulas u oficios, según corresponda, cuya confección y tramitación queda a cargo de la parte interesada (art. 2 CPF) y las demás resoluciones quedarán notificadas el martes o viernes posterior al día de su publicación en el sistema, o el siguiente hábil, si fuere feriado o inhábil.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE a las partes intervinientes  conforme Ac. 36/2022 del STJ. 

Dra. Marisa Calvo
Jueza de Familia