Fallo Completo STJ

--- En tales condiciones, y valorando integralmente el informe pericial producido, las constancias documentales obrantes en autos, la ausencia de impugnación eficaz sobre la naturaleza de las tareas desempeñadas y el principio in dubio pro operario, corresponde tener por acreditado el carácter profesional de la dolencia diagnosticada, en los términos del art. 6 inc. 2 de la Ley 24.557. Ello, en tanto se han verificado tareas generadoras de riesgo ergonómico y el trabajo ha actuado como concausa relevante en la manifestación o agravamiento del cuadro incapacitante, conforme los estándares jurisprudenciales vigentes y la doctrina de la indiferencia de la concausa. (vgr. expte. BA-00118-L-2023, fallo del 4/6/24; BA-00135-L-2024, fallo del 03/04/2025).-

--- En el primer fallo citado, la Dra. Alejandra Paolino refirió a lo resuelto por el STJRN -con distinta integración- en autos caratulados "FERNANDEZ, ALEJANDRO C/ PREVENCION A.R.T. S/ APELACION LEY 24557 S/ INAPLICABILIDAD DE LEY", SENTENCIA Nro. 31/12, en cuanto a que   "...El hecho de que en este caso -o en cualquier otro también pudieran existir otras causas concurrentes no enerva la responsabilidad de la aseguradora, por aplicación de la llamada "teoría de la indiferencia de la concausa". Esta fue una creación pretoriana que comenzó a ser aplicada a partir de la década del 40 y que la Corte Suprema de Justicia convalidó en una sentencia de 1945 (Tomelleri, Teresa L. y otros c. Gobierno nacional, DT, 1945-339). Gozó de buena salud hasta que entró en vigencia la ley 24028, cuyo art. 2do, en su parte pertinente, decía: "En caso de concurrencia de factores causales atribuibles al trabajador y factores causales atribuibles al trabajo, sólo se indemnizará la incidencia de estos últimos...". Sin embargo, la Ley 24557 no contiene ninguna disposición similar; por tanto, no existe ninguna directiva del legislador que pueda ser un obstáculo para la aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa (vid. Luis E. Ramírez: "Hernia abdominal: Accidente de trabajo o enfermedad inculpable", D.T. 1999- A-46). De esta manera, cuando nos encontramos frente a un reclamo derivado de un siniestro laboral con fundamento en la LRT -tal el caso de autos-, la responsabilidad de las ART comprende tanto la incidencia dañosa provocada por el accidente en la salud del trabajador, con la consecuente incapacidad para desempeñar su labor, como todas las secuelas que el infortunio pone en ejecución, acelerando o agravando lesiones ignoradas u ocultas...".-

--- III- a) Admitido entonces que el actor padece incapacidad física producto de la enfermedad profesional denunciada, corresponde resolver respecto del reclamo indemnizatorio:

--- En lo que se refiere al art. 43 de la Res. 298/17, el mismo establece: "Valor de Ingreso Base. No integrarán el cálculo del Valor del Ingreso Base, conforme lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 24.557, sustituido por el artículo 11 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, aquellas sumas que correspondan a los conceptos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 24.241 y los artículos 103 bis y 106 de la Ley N° 20.744, y todo otro concepto que no integre el salario aun cuando se liquide conjuntamente con él". --- III- b) Respecto al decreto 669/19, en la causa "LAGOS GALLARDO" sostuve "... que la valla de inconstitucionalidad del decreto en los términos introducidos por el actor (en tanto entiendo puede ser inválido como decreto de necesidad y urgencia, pero - si mejora las prestaciones- puede valer como decreto delegado (art. 76 de la Constitución Nacional) por expresa delegación efectuada por el Congreso en el Art. 11.3 de la LRT), ha quedado superada. En tal sentido, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, en lo pertinente, tengo por reproducidos los fundamentos vertidos (Sent. 2023-D-67).-
--- Por lo que en aras a definir si es inconstitucional el DNU 669/19, norma posterior que modifica el modo de cálculo del IBM aplicable conforme Ley 27348, el análisis debe efectuarse considerando si su aplicación conlleva efectos adversos a la indemnización del trabajador siniestrado, resultando efectivamente lesiva, de acuerdo con el señalado criterio de confiscatoriedad, sentando por la CSJN en su precedente "Vizzoti".-
--- Así lo ha considerado el Máximo Tribunal provincial en autos "CORDOBA" (SD. 26 del 27/03/2019), considerando que "... no puede traspasarse sin más el valladar de constitucionalidad si no se verifica excedida previamente la pauta de no confiscatoriedad, conforme al margen del 33 % que la propia CSJN estableció como parámetro a considerar en la materia", en tanto la determinación de inconstitucionalidad "no procede en abstracto, sino que ha de verificarse agravio concreto en el particular bajo examen".-
--- III- b- 1) Y en relación a la metodología de cálculo de la tasa prevista en el Inc. 2 del Art. 12 L. 24557 sustituido por el Dec. 669/19, ha de estarse a las disposiciones de la Res. 332/23 de la SRT, en tanto así fue establecido por el STJ como doctrina obligatoria en autos "LEIVA JONATHAN DANIEL C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (L) S/INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte. Nº H-2RO-4042-2018 // RO-05359- L-0000).- En dicha sentencia el Máximo Tribunal Provincial señaló que el sistema de cálculo implementado por el DNU 669/19 queda integrado con el dictado de la Resolución N° 332/23, debiendo aplicarse para el cálculo de los intereses del inc. 2 de la Ley 24557 sustituido por la norma, la metodología prevista en el anexo (sumatoria de las variaciones del RIPTE -No decreciente-).
--- Y siendo que para decretar la inconstitucionalidad del Decreto 669/19 correspondería determinar si la aplicación de la fórmula de cálculo prevista en la norma conlleva efectos adversos a la indemnización del trabajador siniestrado, resultando efectivamente lesiva, de acuerdo con el señalado criterio de confiscatoriedad, sentando por la CSJN en su precedente "Vizzoti" y por el STJ en autos "CORDOBA" (criterio de la confiscatoriedad, del 33 %), no cabe de oficio realizar cálculo alguno en estos autos, considerando que en ninguno de los siniestros acaecidos en el período 2019/2023 se extrajo al realizar los cálculos respectivos, una diferencia que alcanzara dicho porcentual.-

--- He dejado oportunamente a salvo mi criterio contrario al mecanismo resuelto respecto de la sumatoria de los índices RIPTE, ya que la misma en modo alguno se condice con la evolución de precios de alimentos y/o salarios -sobre los cuales se calculan las primas-, cuyas variaciones son acumulativas en todos los casos. La diferencia del resultado de un cálculo comparativo, se acrecentaría con el mero transcurso del tiempo y podría generarse de tal forma un eventual enriquecimiento indebido de parte de la demandada.-
--- III- c) Que de acuerdo a lo desarrollado en el apartado precedente y teniendo en consideración la ILPPD del 6,46 % (ver Apartado II-2), deberá extraerse el resarcimiento establecido en el art. 14 inc. 2do. "a" de la ley 24.557, actualizándolo conforme el inc. 2 de la Ley 24557 T.O DNU 669/19 (interés equivalente a la tasa de variación RIPTE -conf. Res. 332/23 SRT-) con más el 20 % previsto en el Art. 3 de la Ley 26773.-

--- Ello, sin perjuicio de la aplicación, en su caso los mínimos resarcitorios legales.-
--- III- d) En cuanto a los intereses, siguiendo el criterio del Tribunal establecido en autos "MELLADO, MARIELA DE LAS NIEVES C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ ORDINARIO - RECLAMO LEY DE RIESGO DE TRABAJO - ACCIDENTES DE TRABAJO" - Expte. Nro. BA-00545-L-2022, y "LAGOS GALLARDO, FABIAN C/ PROVINCIA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (L)" - Expte. Nro. BA-06626-L-00001" (fallo del 27/7/23), en autos se aplicará una tasa de interés pura del 8 % anual desde la fecha del hecho dañoso hasta el efectivo pago, por lo que corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad deducido por la parte actora respecto del Art. 7 de la Ley 23928 y desestimar el pedido de actualización monetaria autónoma.

--- Hemos sostenido que la ley no prevé una tasa de interés que compense al acreedor o acreedora laboral por la privación del uso del capital, lo que resulta susceptible de generar como contrapartida un eventual enriquecimiento indebido de parte de la obligada al pago al no poner a disposición del trabajador el capital correspondiente a la indemnización, desde el momento del accidente hasta el dictado de la sentencia que reconoce su derecho a ser resarcido, en los términos del art. 2º de la Ley 26.773.
--- Dicho artículo señala que “el derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional”.

Por otro lado, en la misma línea, el artículo 1748 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que los intereses deben calcularse desde la fecha en que se produjo el perjuicio. Durante el lapso de tiempo transcurrido, el actor se ha visto privado del capital que le correspondía desde el nacimiento de su crédito, generando ello un enriquecimiento sin causa de la aseguradora obligada al pago, lo que me lleva a concluir que se deben calcular los intereses devengados que resulten representativos y compensatorios de la privación que debió soportar el actor al no tener a su disposición el capital correspondiente a la indemnización, desde el momento del accidente hasta el dictado de la sentencia que reconoce su derecho a ser resarcido.
--- Por lo tanto, conforme el criterio en dicha línea adoptado, corresponde utilizar una tasa de interés puro del 8 % anual.
--- Me remito a los restantes fundamentos vertidos por el Tribunal en reiteradas oportunidades (enlace a causa Ramírez), permitiéndome solo aditar, como ya se hizo en la causa  "GEREZ, PABLO ROBERTO C/ HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. S/ ACCIDENTES DE TRABAJO" - Expte. Nro. BA-00219-L-2024 (SD. 120 del 17/06/2025), que no puede soslayarse que el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo impone adoptar criterios que aseguren una reparación plena y efectiva de los daños derivados del trabajo.
--- Tal directriz resulta especialmente relevante en la determinación de los intereses, pues la mora en el cumplimiento de la obligación indemnizatoria priva al trabajador del uso del capital necesario para el sostenimiento propio y familiar. En ese marco, la aplicación de una tasa de interés puro del 8 % anual desde el hecho dañoso hasta la sentencia representa un estándar mínimo de tutela, acorde con los fines alimentarios y resarcitorios del crédito reconocido.

--- III- e) Finalmente, para el caso de que la accionada no abone en tiempo oportuno y en forma íntegra con los montos liquidados, se procederá de conformidad con lo normado en el artículo 770 del Código Civil y Comercial.
--- Es decir, se acumularán los intereses al capital en forma semestral, hasta la efectiva cancelación del crédito, utilizando un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (inc. 3 art. 12 ley 24.557, T.O. según Dto. 669/19 y 770 CCyCN).

--- III- f) Prestaciones médicas: Finalmente, corresponde admitir el otorgamiento de las prestaciones médicas reclamadas en los términos del art. 20 de la Ley 24.557, en virtud del reconocimiento del carácter laboral de la enfermedad profesional diagnosticada. En tal sentido, la aseguradora deberá garantizar al trabajador el acceso a las prestaciones en especie que resulten necesarias para su adecuada rehabilitación.

--- III- g) Las costas del proceso deben imponerse a la demandada, por resultar  vencida y no existir fundamento que sustente un apartamiento del principio general que rige e la materia (art. 31 de le ley 5631, arts. 62 y ccs. del CPCC).
--- Conforme lo expuesto en los apartados precedentes, propongo al Acuerdo:
--- 1) Decretar la inconstitucionalidad del Art. 43 de la Res. 298/17 SRT y rechazar la planteada por la parte actora respecto del Art. 7 de la Ley 23.928.
--- 2) Hacer lugar a la demanda interpuesta, condenando a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a abonar al Sr. Marcos Luis Ariel Conde la suma resultante de la liquidación que por capital e intereses deberá practicarse en el plazo de cinco días, conforme las pautas establecidas en los Apartados III-c y III-d.-

Asimismo, intimar a la accionada a otorgar las prestaciones médicas necesarias en los términos de la ley 24557.
--- 3) Imponer las costas a la demandada vencida (arts. 31 Ley 5631 y 62 del CPCC).
--- 4) Regular los honorarios correspondientes al Dr. Agustín Pérez Viertel, en el equivalente al 14 % del monto que resulte de la planilla de liquidación definitiva, y a los Dres. Nestor Hugo Reali y Gonzalo Gatti, letrados de la demandada, en el equivalente al 10 % de la misma base, en conjunto e idénticas proporciones
--- A las sumas resultantes deberá adicionarse el 40 % correspondiente a la labor procuratoria desempeñada por los profesionales que representan a la accionada (arts. 7, 8, 9, 10, 14, 20, 40 y ccs. L.A.).
--- 5) Regular los honorarios correspondientes a la perita médica Dra. Andrea V. Alvarez y Dra. Melina G. Asan en el equivalente al 4 % y 2, 5 % -respectivamente-  conforme art. 18 de la ley 5.069.-

--- 6) La sumas fijadas en los apartados precedentes deberán ser abonadas dentro del plazo de diez días de aprobada la planilla de liquidación definitiva .-
--- En caso de incumplimiento, se devengarán desde el vencimiento de dicho término y hasta la cancelación definitiva, los intereses fijados en el Apartado III-e.-
--- Asimismo y cargo de la condenada en costas, deberá adicionarse el IVA, en caso de corresponder en función de la categoría tributaria en que se encuentre inscripto el profesional.
--- 7) De forma.
--- Mi voto.
--- El Dr. Jorge A. Serra dijo:
--- Compartiendo en lo sustancial los fundamentos que lo sustentan y la forma en que postula resolver las cuestiones planteadas, adhiero al voto de al Dra. Pérez Pysny.
--- Mi voto.
--- La Dra. Alejandra M. Paolino dijo:
--- En virtud de lo dispuesto por el art. 55 de la Ley 55 de la Ley 5631, existiendo votos coincidentes, me abstengo de emitir opinión.
--- Mi voto.
---Por todo lo expuesto, la Cámara Segunda del Trabajo de la IIIª Circunscripción Judicial, RESUELVE:

--- I) Decretar la inconstitucionalidad del Art. 43 de la Res. 298/17 SRT y rechazar la planteada por la parte actora respecto del Art. 7 de la Ley 23.928.
--- II) Hacer lugar a la demanda interpuesta, condenando a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a abonar al Sr. Marcos Luis Ariel Conde la suma resultante de la liquidación que por capital e intereses deberá practicarse en el plazo de cinco días, conforme las pautas establecidas en los Apartados III-c y III-d.-

Asimismo, intimar a la accionada a otorgar las prestaciones médicas necesarias en los términos de la ley 24557.
--- III) Imponer las costas a la demandada vencida (arts. 31 Ley 5631 y 62 del CPCC).
--- IV) Regular los honorarios correspondientes al Dr. Agustín Pérez Viertel, en el equivalente al 14 % del monto que resulte de la planilla de liquidación definitiva, y a los Dres. Nestor Hugo Reali y Gonzalo Gatti, letrados de la demandada, en el equivalente al 10 % de la misma base, en conjunto e idénticas proporciones
--- A las sumas resultantes deberá adicionarse el 40 % correspondiente a la labor procuratoria desempeñada por los profesionales que representan a la accionada (arts. 7, 8, 9, 10, 14, 20, 40 y ccs. L.A.).
--- V) Regular los honorarios correspondientes a la perita médica Dra. Andrea V. Alvarez y Dra. Melina G. Asan en el equivalente al 4 % y 2, 5 % -respectivamente-  conforme art. 18 de la ley 5.069.-

--- VII) Hágase saber a las partes que en la oportunidad de practicar liquidación, deberá incluir las sumas correspondientes a impuestos y contribuciones de ley, ello a los fines de la emisión del formulario de costas Nro. 008, debiendo cancelarse los tributos previo a la liberación de fondos en autos (art. 2585 del Código Civil y Comercial de la Nación y la Acordadas Nro. 18/14 y 33/20 del S.T.J.).-
---VIII)  Regístrese y protocolícese por sistema.-
--- IX) Hágase saber a las partes que quedarán notificadas en los términos del art. 25 de la Ley 5631.-