Fallo Completo STJ

A los fines de la brevedad y para evitar ser reiterativo, me remito al expediente de autos.

III. Sentado ello, corresponde adentrarme en el cuestionamiento de la Resolución atacada, analizando en primer lugar, el planteo de caducidad.

El art. 51 de la Ley 5255 establece que la resolución que recaiga en el procedimiento administrativo deberá notificarse al sumariado dentro de los 150 días de labrada el acta de infracción o de notificado el dictamen acusatorio circunstanciado, agregando el art. 52 que el vencimiento de dicho plazo importará la caducidad de las actuaciones. Cabe aclarar, que el plazo establecido se computa en días hábiles para la Administración Pública Provincial de conformidad con el art. 93 de la misma ley.

Se remite al conteo de los plazos y días hábiles que corrieron desde el acta de infracción n° 215929 el día 10 de julio de 2019 a la fecha de notificación de la resolución sancionatoria n°460 el 06 de marzo de 2020:

-Julio 2019: 15 días hábiles.

-Agosto 2019: 21 días hábiles.

-Septiembre 2019: 21 días hábiles.

-Octubre 2019: 22 días hábiles.

-Noviembre 2019: 20 días hábiles.

-Diciembre 2019: 19 días hábiles.

-Decreto N°1587 que dispuso el receso general de la Administración Pública Provincial desde el día 04 de enero de 2021 y hasta el día 29 de enero de 2021 inclusive.

-Enero 2020: 4 días hábiles.

-Febrero 2020: 18 días hábiles.

-Marzo 2020: 4 días hábiles.

-TOTAL DÍAS HÁBILES: 144.

De esta manera en el presente caso, entre el 10 de julio de 2019, día en que se labró el Acta de Inspección n° 215929 (fs. 1/2) y el 06 de marzo de 2020 fecha en que fue notificada la Resolución n° 460, según cédula de fs. 54, transcurrieron 144 días hábiles.
Con lo que claramente surge que el plazo dispuesto por el art. 51 de la Ley 5255 no fue superado, correspondiendo por lo tanto rechazar el planteo de caducidad efectuado por el Sr. Oscar Hugo Rolo.

Resuelto este punto, cabe tratar el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.

Como tercer agravio (los dos primeros refiere a la caducidad ya rechazada), sostiene que la Resolución en crisis sin fundamento alguno expresa que no presentó nueva documentación y/o pruebas para desvirtuar las infracciones endilgadas, cuando en realidad, en tiempo y forma, acompañó la prueba documental, instrumental e informativa acompañada y rendida en el punto A y B de la prueba adjuntada y que obra en autos, con lo que quedó acreditado que reunía todos los requisitos exigidos por la legislación vigente.

Puesto en tal tarea, adelanto que las pruebas aportadas por la empleadora, no lograron desvirtuar en su totalidad las infracciones cometidas.

Respecto al Art. 8 inc. c Ley 19587, Anexo I título I art. 1 inc. c Dec. Reg 617/97, art. 24 inc. c Dec Reg. 617/97, art. 46 ley 26727 y Res SRT 299/11, contenidos en el agravio 3 punto 1,11, 13,20, 24 y 28 de la apelación judicial -que refiere a la acreditación de la entrega de ropa de trabajo y elementos o equipos de protección personal actualizada a los relevados conforme los riesgos y lo recomendado por el servicios de seguridad e higiene que incluya los entregados conforme la normativa vigente-, cabe señalar, que no resulta suficiente la documentación aportada a fs. 16/20, toda vez que no surge la entrega efectiva de los equipos y de la ropa a los trabajadores ya sea mediante planilla con la firma de los empleados o certificación que corrobore el cumplimiento. Si bien a fs. 28 responde oficio la empresa Bulonera Patagonica SRL, afirmando que el empleador adquirió ropa de trabajo y elementos de protección personal, dicha prueba no corrobora la efectiva entrega de los mismos y tampoco que sea actualizada. Es decir, no aporta el Sr. Rolo prueba que pueda contrastar con la realidad observada por los inspectores y que quedó manifestada en el acta de inspección.

En cuanto al art.8 inc. a y 9 inc d Ley 19587, art. 5 Dec. 617/97 y Título IV art. 24 Ley 26727, contenidos en el agravio 3 punto 8, 14,17 y 19 de la apelación judicial -que se refieren a que no se instrumentaron las acciones necesarias a fin de que la vivienda, se mantenga libre de maleza su alrededor y se encuentren controladas las fuentes de riesgos eléctricos y de incendios, así como la posibilidad de derrumbes, construida con materiales que garanticen un adecuado estándar de confort y habitabilidad, condiciones de seguridad, higiene, abrigo, luz natural y artificial- no se acreditó que se hubiera hecho la reparación de los cielorrazos y techos deteriorados a los efectos de evitar filtraciones en la vivienda de los muros (columnas y vigas) que presentaron grietas, limpieza y desagote de pozos y cámaras sépticas.

Nuevamente debo señalar que la prueba aportada no logra desacreditar lo constatado por los inspectores. Es más, si observamos el descargo a fs. 09/22, el Sr. Oscar Rolo asume el compromiso de realizar un relevamiento sobre la vivienda. Cuestión que no surge de los presentes autos que lo haya realizado. Más allá de lo indicado, lo aportado no desvirtúa la infracción ya que no acompaña otros elementos tales como un informe de un arquitecto, fotografías, etc., que demuestren lo contrario a lo señalado en el acta de infracción.

En este sentido el art. 24 de la Ley de Trabajo Agrario n° 26.727, en su inciso e) establece: "La vivienda que se provea al trabajador deberá ser sólida, construida con materiales adecuados que garanticen un adecuado estándar de confort y habitabilidad, debiendo reunir los siguientes requisitos mínimos:... e) Baño para cada grupo familiar, dotado de todos los elementos para atender las necesidades de higiene básica de la familia y que deberá como mínimo contener: inodoro, bidet, ducha y lavabo", requisitos que no se cumplen en su totalidad y que hacen a la dignidad del trabajador y de su familia.

Asimismo las infracciones al art. 9 inc. d Ley 19587, Título II art. 4 Dec. 617/97 y Res MTSS 523985, contenidos en el agravio 3 punto 7, 17 y 22 del recurso de apelación -que refieren al suministro de agua para consumo y uso humano, en cantidad y calidad en los lugares de trabajo y en la vivienda constatada y que el acta indica que no acredita análisis bacteriológico y físico químico actualizado- el Sr. Rolo no adjunta prueba idónea para desvirtuar la infracción, tales como el examen de potabilidad del agua, análisis bacteriológico y en su caso facturas o comprobantes que acreditaran la provisión de agua envasada. Cabe agregar, que la obligación dispuesta por el art. 4 del Dec. 617/97 prevé que: "...El empleador debe arbitrar los medios necesarios a fin de proveer el agua potable necesaria a los trabajadores que desempeñen tareas en su establecimiento y lugares de trabajo..." y el art. 28 primer párrafo de la Ley 26727 dice: "...El empleador deberá suministrar agua apta para consumo y uso humano, en cantidad y calidad suficiente, alcanzando esta obligación a su provisión en las viviendas de los trabajadores y lugares previstos para el desarrollo de las tareas...". Pues bien, no sólo la empresa infraccionada no acreditó la potabilidad del agua del establecimiento rural, sino que tampoco arbitró los medios necesarios para proveer de agua potable a los trabajadores que se desempeñan en la chacra.

Seguidamente respecto del incumplimiento del Art. 9 inc. K Ley 19587, Título XI art. 48, 49 y 50 Dec 617/97, contenidos en el agravio 3 punto 2, 4, 5, 6 y 16 de la apelación -referida a la falta de acreditación de la realización de capacitación a los trabajadores-, la prueba que aportó el recurrente no acredita que haya prestado capacitación a sus empleados, ya que no acompañó constancias de cursos realizados, asistencia a los mismos, planillas de relevamiento, etc. De modo que no cabe otra conclusión que tener por configurada la transgresión legal imputada.

Con relación a la infracción del Dec 617/97, Anexo I, título V, art. 18; Ley 19587, art. 97 inc. d) Res. SRT 900/15, contenidos en el agravio 3 punto 10, 17 y 26 del recurso de apelación -referido a la realización de mantenimiento eléctrico de la instalación de la vivienda y el taller/deposito- el apelante se limito solo a acompañar el Relevamiento General de Riesgos Laborales, el cual no resulta suficiente para acreditar el cumplimiento de lo requerido en cuanto al mantenimiento, reparación e instalación de los materiales eléctricos. Asimismo, debo reiterar que no aporta pruebas tendientes a desvirtuar lo manifestado en el acta de inspección, tal como un informe de electricista matriculado (informe técnico eléctrico). Tampoco en el devenir del procedimiento administrativo y posterior apelación, el Sr. Rolo no demostró haber realizado las modificaciones necesarias.

Respecto a la infracción al Art. 9 inc. I Ley 19587, título II art. 6 Dec. 617/97, contenido en el agravio 3 punto 9 y 18 de la apelación -referido a disponer en lugar accesible un botiquín de primeros auxilios-, cabe señalar, que el descargo del infraccionado no es convincente, ya que menciona que "en virtud de la modalidad de trabajo, la ubicación de las chacras que conforman el establecimiento, los lugares que se encuentran alejados unos de otros, por ello no se ha instrumentado tener en lugar fijo el citado botiquín". Sin embargo, a pesar de lo manifestado, nunca probo la existencia del botiquín. Además de ello, lo que corresponde, es que tal elemento se encuentre en un lugar determinado y que los trabajadores tengan conocimiento, para que en el caso de cualquier accidente en el cual lo requieran, sepan donde dirigirse. También quiero señalar que el apelante manifestó que "en un plazo de 30 días y con asesoramiento de la ART, se decidirá e informara la mejor opción en lo que hace a su instalación". Luego en el libelo de apelación expreso que "de acuerdo al asesoramiento recibido por la ART contratada, la mejor opción sugerida fue que los trabajadores sepan que cuentan con los implementos necesarios para el socorro para un primer auxilio...". Pero de nuevo, no probó que el establecimiento contara con botiquín al momento de la inspección, el lugar donde se encontraba y en su caso de los elementos de los que estaba compuesto.

En cuanto a la infracción al art. 32 Título VII del Dec. 617/97 referido a disponer en las instalaciones en el sector de taller, gamelas, depósito, de extintor manual de fuego u otros sistemas de extinción normalizados y que se encuentra contenido en el agravio 3 punto 12 del recurso de apelación, el descargo realizado no resultó suficiente ya que no aportó prueba de que los matafuegos se hubieran encontrado instalados en los tinglados, de modo que no se desvirtuó.

En lo que se refiere a la infracción del Art. 9 inc. J Ley 19587, art. 48 Ley 26727 contenido en el agravio 3 punto 15 y 21 del recurso de apelación -referido a envases de sustancias tóxicas y su almacenamiento- cabe destacar, que el empleador no acredito el cumplimiento de lo requerido. Tampoco la explicación en el descargo resultó idónea y convincente a los fines de desvirtuar la infracción. En efecto, el hecho de la inseguridad que afecta a la zona rural de Mainqué que alega en su defensa, de ningún modo autoriza el incumplimiento de la normativa sobre la materia, máxime cuando pone en riesgo la salud de los trabajadores y el medio ambiente en general. Es por ello que es de vital importancia que el infraccionado tome las medidas necesarias para dar cumplimiento con la normativa vigente.

Finalmente respecto al tercer agravio, queda referirme a la infracción a los Anexos I y II clausula 5 inc. a y b Res SRT N° 463/09, art. 3 pto 5 Res. 37/10. Disposición GP SRT 02/2017 Derog. Disposición G.P y C. SRTY N° 05/2005 -que refieren a contar con los formularios completos de la declaración del Relevamiento General de Riesgos Laborales (RGRL) de los que se desprenda la declaración de los agentes 40107 "insecticida carbomato", 40124 "metomil", 40001 "aceites minerales", 90008 "vibraciones de cuerpo entero", 90001 "ruido" y 90004 "radiaciones ultravioletas"- se observa que en este caso existe un cumplimiento parcial del Sr. Hugo Oscar Rolo, ya que a fs. 16/20 acompaña el Relevamiento General de Riesgos laborales. En la planilla de Relevamiento de Agentes de Riesgo, que se encuentra a fs. 14, se puede observar que no se completa, por sí o por no, a la pregunta de si existen trabajadores expuestos a Agentes de Riesgo. Aunque luego sí describe para uno de ellos -el Sr. Eduardo Federico Flores-, los agentes de riesgo 90001 (ruido), 40107 (insecticida carbomato), 40158 (sustancias sensibilizantes de la piel) y 40160 ((sustancias sensibilizantes de las vías respiratorias). Entonces de la planilla adjuntada por el recurrente, faltan los agentes de riesgo 40124 (metomil), 40001 (aceites minerales), 90008 (vibraciones de cuerpo entero) y 90004 (radiaciones ultravioletas). De esta omisión nada explica el empleador y tampoco el motivo por el cual sólo uno de los empleados está declarado. Es por ello que respecto a este punto considero que el incumplimiento es parcial.

Ingresando al tratamiento del cuarto agravio, esto es que en la resolución dictada y objeto de la presente apelación no se haya meritado ni tenido en cuenta la prueba documental acompañada, informativa ofrecida y posteriormente dictada, cabe señalar, que más allá de la prueba acompañada en el punto A (anexo I Resolución 463/09-primera parte. Detalle de establecimiento y nómina de trabajadores expuestos a agentes de riesgo) y B (anexo I Resolución 463/09-segunda parte Relevamiento General de Riesgos Laborales) y con el riesgo de ser reiterativo respecto a lo relatado ut supra, la recurrente no aporta ningún elemento de convicción suficiente que tenga eficacia para enervar la fuerza probatoria que el art. 35 de la ley 5255 le asigna a las actas de inspección. En el informe técnico de fs. 41/42 sí se menciona la prueba aportada en el descargo, y la Resolución n° 460 se vale de dicho informe técnico a fs. 45/48, pero resultaron insuficientes para desvirtuar las infracciones endilgadas.

Entonces es importante recordar que el rol de asesoramiento de las ART no suple ni releva la obligación principal a cargo del empleador en la materia (ley 19587 y cc.) y que por lo tanto, es responsabilidad del infraccionado aportar los elementos necesarios para acreditar el cumplimiento de las normas y de esta manera desvirtuar las infracciones constatadas por los inspectores, cuestión que en definitiva no se verificó en autos.

En cuanto al oficio librado a la empresa Bulonera Patagónica y la respuesta realizada, reitero lo afirmado en párrafos anteriores. En efecto, dicha contestación no acredita la entrega efectiva de la ropa de trabajo y elementos de seguridad como así tampoco la fecha de adquisición y el contenido de lo comprado.

Por ello y con razón, el informe Técnico en el punto dos señala que: "...la firma no cumple con el Art. 8 inc. c Ley 19587, Anexo I título I art. 1 inc. c Dec. Reg 617/97, art. 24 inc. c Dec Reg. 617/97, art. 46 ley 26727 y Res SRT 299/11. Acreditación de la entrega de ropa de trabajo y elementos o equipos de protección personal actualizada a los relevados, conforme el riesgo y lo recomendado por el servicio de seguridad e higiene que incluyera los entregados conforme Res. CNTA N° 73/17. En planilla confeccionada conforme la normativa vigente. Adjuntar certificación de los elementos entregados". El subrayado me pertenece.

Por lo que considero rechazar el presente agravio.

Ingresando al análisis del quinto agravio, esto es, la calificación como graves las infracciones imputadas, cabe señalar que las infracciones constatadas en el establecimiento del apelante son graves. En efecto, el art. 22 inc. g), tipifica como graves "...Las acciones u omisiones que importen incumplimiento de las obligaciones en materia de salud, higiene y seguridad en el trabajo, siempre que no fueran calificadas como muy graves". De las 9 infracciones constatadas, 7 se refieren a incumplimientos a normas de seguridad e higiene, algunas rozando la tipificación del art. 23, tales como la falta de almacenamiento correcto de los envases que contengan o hayan contenido sustancias químicas o biológicas, siendo la mismas tóxicas. También el deficiente mantenimiento eléctrico en la vivienda y taller/depósito.

Además el art. 25 de dicha norma toma parámetros que deben ser analizados en conjunto para determinar el quantum de la sanción a aplicar, que en el caso de autos resultan ser de carácter grave y se refieren a nueve (9) incumplimientos distintos de los cuales 7 -tal como ya se dijo- son relativos a la seguridad e higiene.

Seguidamente el apelante se agravia en cuanto se lo considera reincidente, según el art. 29 de la ley 5255.

Al respecto, cabe destacar, que de acuerdo al art. 30, de la ley antes mencionada, "...Se considera reincidencia la comisión de una nueva infracción a la normativa laboral o de higiene y seguridad, tipificada como graves o muy graves dentro del plazo de dos años contados desde la fecha en que quedo firme la resolución sancionatoria. Para la aplicación del agravante deben agregarse en el expediente los antecedentes, con informe acerca de la firmeza de las sanciones anteriores y el carácter de graves o mu graves". Los antecedentes del apelante surgen del informe de fs. 44, documento que goza de la presunción de legitimidad propia del acto administrativo, destacando que ninguna prueba en contrario ha aportado el apelante, en cuanto a la falta de firmeza de las sanciones allí consignadas, que modifique sus constancias. Asimismo, en dicho antecedente, las mismas revisten el carácter de graves, destacando la infracción al art. 31. 2. b) de la ley 24.557 ("comprobante notificación a trabajadores acerca de la identidad de la ART") y al Decreto 1567/74 ("Póliza seguro de vida obligatorio, nómina de personal asegurado, comprobante del último pago"). Y finalmente, además la resolución se encuentra dentro del plazo de dos años requerido por la ley. De modo que corresponde rechazar este agravio.

Como séptimo agravio se plantea la extralimitación en la actuación denunciada y el octavo que no se hayan resuelto las nulidades planteadas ya que el recurrente entiende que se vulneró el derecho de defensa. Manifiesta que: "...los inspectores ingresaron a un área que se encuentra cerrada con llave, galpón (tipo tinglado), sin mi autorización, área a la que, de todos los empleados bajo mi dependencia, solo tiene acceso el Sr Flores al solo efecto de sacar el tractor o su vehículo personal. A raíz de la extralimitación en la actuación, efectuaron una observación de productos agroquímicos, máquinas y herramientas manuales y de banco, describiendo el lugar como sin protecciones mecánicas y eléctricas correspondientes. Dicho espacio no resulta ser un ambiente laboral en los términos en que se describen, no es un taller ni mecánico, ni de reparaciones de herramientas. Los empleados bajo su dependencia no trabajan en su interior. Indudablemente ha sido flagrante la arbitrariedad ejercida, ya que si el Sr. Flores le manifestó no estar autorizado para firmar, se entiende que menos pudo estar autorizado para permitir el ingreso a espacios cerrados con llave. Por lo expuesto solicitó que se declare nula de nulidad absoluta la actuación en todo lo que se refiere al ingreso sin mi autorización al galpón por haber vulnerado el derecho de defensa garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional y el art. 36 de la Ley N° 3803 de la Provincia de Río Negro".

Más allá de la facultades que envisten a los inspectores, no es menos cierto que el mismo argumento utilizado por el recurrente queda desvirtuado por sus propios dichos, cuando señala que el empleado, el Sr Flores, se encontraba habilitado/autorizado para guardar en dicho galpón el tractor que se usaba para trabajar en el establecimiento, además del vehículo personal y de productos agroquímicos. De modo que no es cierto que dicho lugar no se encontraba vinculado a la actividad laboral, toda vez que allí se encontraban elementos o herramientas vinculadas al desarrollo de la actividad del establecimiento.

Tampoco tendrá acogida favorable el agravio número 9, el cual refiere a la falta de traslado del informe Técnico y Legal, toda vez que la Ley 5255 en el Capítulo III "De la Comprobación y Juzgamiento de las Infracciones" no establece que la Autoridad Administrativa deba dar traslado del mismo. En efecto, dicho dictamen debe producirse luego de la conclusión sumarial y previo a emitir el dictamen legal de conformidad con el art. 46 de dicha norma, aspectos que en el presente se cumplieron, toda vez que a fs. 40 se dictó el acto administrativo de conclusión sumarial, a fs. 41/42 se agregó el informe técnico y a fs. 43 el dictamen legal.

Finalmente, respecto al último agravio, es decir, que no tome razón el Registro de Infractores de la sanción aplicada en la Resolución n° 460/20, carece totalmente de asidero, puesto que en la presente sentencia se confirman las infracciones constatadas a excepción del cumplimiento parcial adjuntar la declaración del relevamiento general de riesgos laborales y del relevamiento de agentes de riesgos.

En conclusión, corresponde rechazar el recurso de apelación planteado a excepción de los agravios referidos al cumplimento parcial respecto al acompañamiento del Régimen de Agentes de Riesgo de fs. 14 y del Relevamiento General de Riesgos Laborales de fs. 16/20.

Por ello, corresponde morigerar la multa aplicada en la Resolución 460/2020 a tres y medio Salarios Mínimos, Vital y Móvil, importe que se traduce en $ 70.875 más el 20% en calidad de reincidente.

Tal Mi voto.

Los Dres.Paula Ines Bisogni y Juan Ambrosio Huenumilla, adhieren al voto precedente por los mismos fundamentos fácticos y razonamientos jurídicos.

Por todo lo expuesto, LA CÁMARA PRIMERA DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN ESTA CIUDAD, RESUELVE:

I.- Hacer lugar parcialmente el recurso de apelación deducido a fs. 83/90 sólo en lo que respecta al tercer agravio referido al cumplimiento parcial del Relevamiento General de Riesgos laborales y Relevamientro de Agentes de Riesgo.

III.- Los honorarios de los profesionales se han regulado teniéndose en cuenta el importe pecuniario del proceso, importancia de los trabajos realizados y calidad y extensión de los mismos.

V.- Regístrese, publíquese, notifíquese ministerio legis (conf. Acordada 36/2022 S.T.J.), cúmplase con Ley 869.


Dr. Nelson Walter Peña
Presidente

Dra.Paula I.Bisogni Juan Ambrosio Huenumilla
Vocal Vocal

El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la Ley Nac. 25506 y Ley A 3997, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ y se publica en el día de la fecha. Conste.
Secretaría, / /2023

Ante mi: Dra. Lucía Meheuech.
-Secretaria Cámara Primera-