Fallo Completo STJ

Determinada entonces la responsabilidad del demandado en autos, así como la obligación de asunción de la garantía por parte de la citada, en los términos del art. 118 de la Ley 17418, corresponde evaluar la existencia y alcance de los daños reclamados como consecuencia del siniestro.

A los fines de acreditar el daño físico e incapacidad sobreviniente la parte actora produjo prueba informativa al Hospital de Cipolletti y a Salud Pública Provincial de la que no surge más información que la que permite corroborar el ingreso a la guardia, teniendo por acreditadas efectivamente las lesiones con la copia del informe de atención del servicio de ortopedia y traumatología acompañado como documental y obrante en la causa penal.

Sin perjuicio de ello, sabido es que la prueba por excelencia para determinar la existencia de lesiones, su entidad y la consecuente incapacidad es la pericia médica.

En tal sentido en fecha 30-11-2021 se produjo la pericia médica en la que el profesional luego de realizar el examen físico al actor determinó "... Al palpar los surcos pararrotulianos (interno y externo) los tendones cuadricipitales (polos superiores) y el tendón rotuliano (polo inferior) igual que sobre el platillo tibial el examinado manifiesta dolor intenso.." asimismo verificó que la flexión de la rodilla derecha es ligeramente reducida sin poder haber realizado cuclillas ni arrodillarse a raíz del dolor en la rodilla derecha. Al realizar las maniobras de MC Murray, de Appley, de Steinman I para explorar los meniscos, estas resultaron positivas para la lesión meniscal en la rodilla derecha. De acuerdo a las pruebas y exámenes, habiendo solicitado inclusive una resonancia magnética nuclear para verificar las lesiones, el perito médico afirma que la lesión que el accidente le provocó al actor consiste en fractura compleja de platillos tibiales y lesión meniscal externa, quedando con secuelas.

Concluye que en función de tratarse lesiones simultáneas monofuncionales, los porcentajes de incapacidad se suman y considera que por la limitación funcional de la rodilla derecha con fractura de platillos tibiales con desplazamiento (3% rodilla + 10% fractura) le corresponde un 13% de incapacidad y por el síndrome meniscal no operado con signos objetivos (hidrartrosis, bloqueo, atrofia y/o maniobras) y/o estudios complementarios que certifiquene le diagnóstico, un 12 %; arribando así a una incapacidad anatómica y funcional del 25% de grado parcial, tipo permanente y carácter definitivo.

Cabe destacarse que el informe pericial no mereció impugnación así como tampoco pedido de explicaciones por las partes.

Conforme lo expuesto, he de valorar la labor cumplida por el perito bajo las pautas determinadas por los Arts. 386 y 477 del CPCC, y ponderar que el experto contó con los antecedentes médicos del Sr. Mina para arribar a las conclusiones vertidas en su dictamen.

Tal como refería anteriormente, el perito asigna un 13 % de incapacidad en función de la limitación funcional de la rodilla derecha con la fractura de platillos tibiales con desplazamiento, extremo que se corresponde con las pautas y porcentajes fijados en el Baremo Altube-Rinalidi para el fuero civil. Por otra parte, asigna un 12 % a la lesión meniscal no operada, lo que completa el 25 % de incapacidad otorgada.

Tal como se advierte de su informe pericial, el perito considera que las lesiones sufridas por el Sr. Mina producto del accidente fueron la fractura de platillos tibiales y la lesión meniscal.

En efecto, el perito refirió "... Luego de practicarle un completo examen físico y haberle tomado radiografías, los médicos diagnosticaron fractura desplazada de platillo tibial derecho, le colocaron un yeso inguino - pédico y solicitaron tomografía axial computada (TAC) para mayor detalle de la fractura, que requería tratamiento quirúrgico. En tomografía se observó fractura de ambos platillos tibiales derechos con disociación metafíso-diafisaria..."

Tal como se advierte, la lesión verificada oportunamente y que tuvo como causa el accidente vial que nos ocupa es la fractura de platillo tibial y compromiso meniscal.

Es por lo expuesto que consideraré como porcentaje de incapacidad determinado por el profesional médico, en función de la limitación funcional de la rodilla derecha con fractura de platillos tibiales con desplazamiento verificado y las secuelas evidenciadas con el estudio de RMN de fecha 24/09/2021 que se acompaña a la presente en 03/09/2021, ya que el mismo se ajusta a lo dispuesto por el Baremo General Altube- Rinaldi.

Además, tendré en cuenta que se trata de una lesión cuyas consecuencias acarrean limitaciones (parciales y permanentes), relacionadas causalmente con el siniestro que dio origen a las presentes actuaciones y atento no contar con elementos o consideraciones de orden médico legal que demuestren lo contrario, me atendré al resultado del dictamen pericial médico producido en tanto el porcentual establecido no aparece desmedido y si ajustado a las constancias de autos, por todo lo cual será considerado para el cálculo del rubro reclamado.

Otro de los elementos que deben ponderarse a los fines de determinar el contenido de las pautas orientativas que componen la fórmula polinómica que será de aplicación al punto, es el ingreso del damnificado. En base a la prueba acompañada, se obtiene que la actividad desarrollada, se constata con la prueba informativa agregada en fecha 24/11/2021 en la que la firma SACATUC SRL adjuntó los recibos de sueldo del actor y en el caso del correspondiente a la fecha del siniestro (05/03/2020) que asciende a $ 45.910.32.

Hasta aquí, como se adelantara, se encuentra acreditado con la prueba producida la actividad que denuncia el actor, como así también el ingreso mensual denunciado que se tomará como válido a los fines de integrar la fórmula matemática financiera a aplicarse.

Cuantificación del daño: Para tal tarea tendré en cuenta como guía lo que el Máximo Tribunal local ha venido destacando en forma sostenida y reiterada en cuanto a la relevancia de garantizar el principio de congruencia (Cf. STJRN "SANDOVAL", del 21/11/2012; "HUINCA", del 13/11/14, entre otros); Así también parámetros con clara finalidad orientativa y unificadora para la determinación del quántum indemnizatorio (Cf. "HERNANDEZ C/ EDERSA" del 11/08/2015, "PEREZ BARRIENTOS" del 30/11/2009, "JEREZ" del 24/11/2015, "GUICHAQUEO" del 18 de agosto de 2016, y más recientemente "FLEITAS" del 03 de julio de 2018).

En concreto tomaré como pauta el criterio contenido en la fórmula polinómica "Méndez" aunque corregida con la tasa fijada por el STJRN del 6 % in re "Pérez Barrientos C/ Alusa S.A. y Otra S. Sumario S. Inaplicabilidad de Ley" S. Def. N° 108 del 30/11/2009.
A los fines de establecer las pautas orientativas, tendré en consideración que:
a) El actor al momento del hecho 05-03-2020, tenía la edad de 45 años (Cf. copia del DNI obrante en causa penal, nacido el 12-11-1974, fs. 12 de dichas actuaciones).
b) Que el ingreso acreditado mensual es de $45.910,32 por su actividad como dependiente de Sacatuc S.R.L.
Asimismo la perspectiva de mejora de tal ingreso a futuro, que resulta de multiplicar el ingreso anual efectivamente devengado por 60, dividido por la edad del trabajador a la fecha del siniestro: $793.789,43 (Salario mensual ($ 45.910.32.) x 13 x 60/45 años).
c) Incapacidad física determinada precedentemente en el 25 %, con carácter parcial, permanente y definitiva;
d) Proyección de vida en 75 años de edad; -cantidad de años que le faltaban al actor para cumplir 75 años computados desde la fecha del hecho- 30 años.
e) Tasa de interés compuesta anual del 6%; -por último, fórmula de la matemática financiera con la utilización de los parámetros expuestos precedentemente como pauta orientativa para la incapacidad física.

Expuesto lo anterior y ponderando ello en su conjunto, encuentro justo y equitativo en el supuesto en estudio otorgar por este rubro a favor de la actora la suma de Pesos $2.738.440,48 (Art. 165 del CPCC y 1746 del CCyC). A dicha suma, calculados los intereses desde la fecha del siniestro (05/03/2020) a la del dictado de la presente ser calculados conforme lo decidido por nuestro Máximo Tribunal local en los precedentes, " JEREZ", "GUICHAQUEO" y " FLEITAS", asciende a Siete Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 43/100 ($ 7.582.294.43); monto al que corresponderán adicionársele los intereses que correspondan hasta la fecha de su efectivo pago.

La parte actora pretende la suma de $ 6.000 en concepto de gastos médicos, de farmacia, muletas entre otros para atender las lesiones sufridas producto del accidente.

Tiene dicho la jurisprudencia a la que adhiero en argumentos, "los gastos médicos y de farmacia no requieren prueba documental, razón por la cual deben ser admitidos siempre que resulten verosímiles en relación con las lesiones provocadas por el evento dañoso" (CNCiv. Sala E, 18/5/99" Kemelmajer, Gustavo J. C. C. Subterráneos de Buenos Aires S.E. y otros", La Ley, 1999-E-36, citado por Felix Trigo Represas Marcelo López Mesa, "Tratado de la responsabilidad civil" T. IV. La Ley, Pág. 757). "En torno a la admisión de la indemnización por gastos médicos, farmacéuticos, etc., rige un criterio amplio, no exigiéndose para su acogimiento los comprobantes respectivos, pues se presume su erogación en orden a la entidad de las lesiones inferidas a la víctima" (CNCiv. Sala A, 27/11/97 "P. H. O. y otros C. Di Diego Jorge R. y otros", La Ley, 1998-B-878, Ob. Cit., Pág. 757). Sin embargo, "cuando se pretende un mayor resarcimiento que lo prudente deben aportarse las pruebas necesarias que justifiquen mayores erogaciones" (Cam. CC Morón, Sala II, 9/5/00 "Knopny, Silvia C. Transporte Ideal San Justo S.A.", LLBA, 2000-1087, Ob. Cit., Pág. 758).

Si bien no fueron acompañados comprobantes que acrediten que el actor efectivametne realizó erogaciones encuadrables en este rubro, tal como lo indica el fallo citado no se requiere el acompañamiento de los mismos; sumado a que sí se acreditó que el Sr. Mina sufrió lesiones que requirieron atención médica, entiendo el rubro pretendido debe prosperar por la suma de pesos veinte mil ($20.000), monto que no conllevará intereses en tanto es determinado y calculado a la fecha del dictado del presente, conforme prudente arbitrio fundando en el art. 165 del CPCC.

c. Daño extrapatrimonial.

Luego de conceptualizar el rubro y citar jurisprudencia, la actora refiere que producto de las lesiones sufridas estuvo inmovilizado durante ocho meses y requerir de la ayuda de muletas para desplazarse. Indica que ello afectó su ánimo, su bienestar mental y espíritu, por lo que reclama la suma de $ 229.713 como monto indemnizatorio por este ítem.

En cuanto al daño moral, se ha definido ya sin discusión como aquellos padecimientos y afecciones de índole espiritual, que pudiera sufrir la víctima de un accidente, así como las angustias que conlleva su recuperación; sujetados a un parámetro de naturaleza subjetivo, desde que no puede objetivizarse esa cuantificación que, por su naturaleza misma ese daño se haya condicionado a las especiales circunstancias que rodean a cada persona. Es conteste la doctrina en afirmar que el mismo debe ser regulado por los jueces con suma prudencia, dentro del mayor grado de equidad, de modo tal que la compensación no constituya un motivo de enriquecimiento sin causa, ni tampoco una mera expresión simbólica inadecuada a la entidad del agravio padecido. Así se ha dicho que: "La determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquella" (CNCiv., Sala G, 2008/02/12, La Ley Online).

Se ha entendido al daño moral como "...una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, traducido en un modo de estar de la persona diferente de aquél que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial...". (Conf. Jorge Mosset Iturraspe, ?Responsabilidad por Daños?, Ed. Rubinzal Culzoni 2006, Tº V D.M., Pág.118).

Así, la indemnización del daño moral no requiere guardar proporción con la del perjuicio material, ya que responde a otras razones, gozando los magistrados de un amplio arbitrio para su determinación toda vez que se tiene por acreditado por la sola comisión del acto antijurídico, es una prueba in-re ipsa y surge inmediatamente de los hechos mismos.

A los fines de cuantificar el rubro y sin perjuicio de reconocer la difícil tarea que ello implica -por cuanto debe mensurarse y traducirse en dinero una lesión de índole espiritual- debe tenerse en consideración la vinculación entre la gravedad objetiva de las lesiones y las implicancias espirituales que correlativamente suponen para la persona damnificada.

Por otra parte y sin perjuicio que el presente rubro no se trata del que generalmente se reclama como daño psicológico, tengo en cuenta el resultado de la pericia practicada en autos que determinó que no existían secuelas psicológicas en el actor producto del accidente de tránsito ni las lesiones que este le produjo.

Asimismo también resultan variables a considerar, la edad de la víctima al momento del hecho: 45 años; la entidad de las lesiones sufridas, su localización y grado de incapacidad y secuelas, que ya han sido desarrolladas en el capítulo pertinente, al que se remite; la repercusión disvaliosa de las secuelas en su vida laboral, su vida social y recreativa y la naturaleza del hecho generador que se trata de un accidente de tránsito ocurrido entre una motocicleta y una camioneta.

Como resultado de ponderar todo lo anterior encuentro razonable, justo y equitativo otorgar en el supuesto la suma de Pesos Doscientos Mil ($200.000,00), suma a la que deberán incorporarse los intereses que correspondan y que deberán ser calculados desde la fecha del hecho generador y hasta el dictado de esta sentencia a un interés puro anual del 8%, y a partir de allí y hasta su efectivo pago, calculados conforme lo decidido por nuestro Máximo Tribunal local en los precedentes "JEREZ" "GUICHAQUEO" y " FLEITAS", arrojando dicho monto la suma de pesos Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos ($242.800,00)

d. Gastos de Reparación del Birrodado.

Refiere la actora que producto del siniestro sufrido su motocicleta se vieron afectadas diversas partes tales como manubrio, tapa de embrague, guardabarros, etc. A tales fines acompañó los presupuestos de Nippon Motos 20.05.21 que cotizaba por mano de obra reemplazo y colocación de piezas dañadas la suma de $5.500, que fuera ratificado y actualizado en 18/05/21 por la suma de $7.500,00 mediante informativa de igual fecha y de Modena Motos 20.08.21 por la suma total de $ 38.000, en cuyo presupuesto se hallan discriminados los repuestos de: guardabarro delantero $4500, manubrio $3200, pata de freno $2800, tapa de embrague $18000, protector tapa trasera $1500, manija elevación trasera derecha $8000.

Por su parte de la pericia accidentológica surgen acreditados los daños sufridos por la motocicleta Zanella ZR 250 perteneciente al actor.

Considero suficientemente acreditados los daños sufridos por la motocicleta del Sr. Mina y deberán ser en consecuencia indemnizados por el monto actualizado de $93102.93 ($76877.17 + 16225.76), comprensivo de los rubros de mano de obra y repuestos, por lo que no deberán incorporarse intereses más allá de los que correspondan hasta la fecha de su efectivo pago.

V. COSTAS Y HONORARIOS.

Si bien existe una corriente jurisprudencial que indica que en base al principio de reparación plena las costas en los procesos de daños y perjuicios en caso de vencimiento, aunque sea parcial, siempre se imponen al vencido, lo cierto es que dicha postura también convive con la que dice que las costas se imponen en la medida de la concurrencia en la causación del hecho e incluso con una tercera postura que se sostiene en la medida del progreso de la demanda.

Así, tomando como base esas tres posturas y con un adecuado balance de las mismas aplicadas al presente caso tengo en cuenta que, en virtud de la dimensión de la procedencia de las pretensiones de la demanda y del principio de reparación plena, el vencimiento en estas actuaciones corresponde al actor, por lo que impondré las costas al demandado y a la citada en garantía, conforme el principio contenido en los Arts. 68 CPCC y 118 L.S.

A los fines de la regulación de los honorarios profesionales tengo en consideración el Art. 730 del CCCN (vigente al momento del siniestro) que establece "...Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.". En concordancia con lo dictaminado por el STJRNS1 Se. 26/16 "MAZZUCHELLI" interpretó -con fundamento en el Art. 77 del CPCC- que esa norma impone un límite o tope porcentual que los jueces no deben sobrepasar al momento de resolver los honorarios en primera instancia, en cuanto la misma ordena que esas retribuciones no pueden en ningún caso exceder del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al litigio, por cuanto la ley sólo exceptúa para el cómputo del porcentaje del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al litigio, a los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

En tal sentido, se debe tener en cuenta que de computarse el 15% que corresponda por patrocinio letrado con más el 40 % de apoderamiento (Art. 8 L.A.), las etapas cumplidas (3 etapas), y los honorarios de los 3 peritos (tope 12 % conforme Ley 5069), sobre la acción principal, excluidos los honorarios profesionales de los letrados de la condenada en costas, se alcanzaría una cifra del orden de $2.6193605,12, siendo que el tope del 25 % (Art. 730 CCCN.) sería $1.984.549,34, monto éste que representa el 75,7576% de la primer suma, por lo que se determinarán a prorrata los honorarios correspondientes. De esta manera se determinan los honorarios profesionales del letrado de la parte actora en el 75,7576% de 3 etapas del 15 % M.B con más el 40% por apoderamiento y los honorarios de tres peritos ( Coef. 75.7576% M.B x12%).

Considerando que la firma Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda. en los términos del art. 118 de la Ley de Seguros ha asumido la cobertura asegurativa dentro de los límites y alcances pactados mediante póliza N° 1.116.361 op. 459, corresponde hacer extensivo la condena en su contra.

Por todo ello, RESUELVO:

I. HACER LUGAR a la demanda interpuesta contra VAZQUEZ, PEDRO EZEQUIAS y en la medida del seguro y del Art. 118 de la Ley 17.418, contra TRIUNFO COOP. DE SEGUROS Ltda. y CONDENARLOS a abonar a MINA, RAFAEL ALEJANDRO la suma de Pesos Siete Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Ciento Noventa y Siete con 36/100 Centavos ($7.938.197,36), dentro del plazo de diez (10) días, en concepto de capital actualizado a la fecha de la presente, sin perjuicio de los intereses que pudieran corresponder por mora desde la sentencia hasta su efectivo pago, con aplicación de la tasa de la doctrina legal del STJ, establecida en los fallos "Jerez", "Guichaqueo" y "Fleitas" (Cf. arts. 163 y 165 CPCC).

II. Las costas se imponen al demandado y a la citada en garantía, objetivamente perdidosos (Cf. Art. 68 y ccs. del CPCC).

III. REGULAR los estipendios profesionales de la siguiente manera:

a) Los correspondientes al letrado Facundo Bardeggia, en su carácter de apoderado del actor, en la suma de Pesos Un millón doscientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y cinco con 03/100 ($1.262.895,03) (3 de 3 etapas del MB. $7.938.197,36 x 15% + 40% apod. Coef. 75,7576%. cf. Art. 730 CCCN y cf. Arts. 6, 7, 8, 10, 38 y 39 y ccs. de la L.A.).

b) Los correspondientes a los letrados de la citada en garantía, TOMÁS ALBERTO RODRÍGUEZ en su doble carácter de apoderado y patrocinante, en la suma de Pesos Novecientos Veintiocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 08/100 Centavos ($928.769,08) (3 de 3 etapas del MB. $7.938.197,36 x 13% / 2 patr. + 40%. Arts. 6, 7, 8, 10, 38 y 39 y ccs. de la L.A.) y TOMÁS RODRÍGUEZ en su carácter de patrocinante, en la suma de Pesos Quinientos Quince Mil Novecientos Ochenta y Dos con 82/100 Centavos ($515.982,82) (3 de 3 etapas del MB. $7.938.197,36 x 13% / 2.patr. Cf. Arts. 6, 7, 8, 38 y 39 y ccs. de la L.A.)

c) Los honorarios correspondientes al perito Médico Dr. JUAN SAIEG en la suma de Pesos Doscientos Cuarenta Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 51/100 Centavos ($240.551,51) (MB. $7.938.197,36 x 4% x Coef. 75.7576% cf. Art.730 CCCN. y cf. máx total 12%, arts. 18 y 19 Ley N° 5069); a la perito Psicóloga LIC. XIMENA DAVEL, en la suma de Pesos Doscientos Cuarenta Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 51/100 Centavos ($240.551,51) (MB. $7.938.197,36 x 4% x Coef. 75.7576% cf. Art.730 CCCN. y cf. máx total 12%, arts. 18 y 19 Ley N° 5069); y al perito Accidetólogo HECTOR HERNANDEZ, en la suma de Pesos Doscientos Cuarenta Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 51/100 Centavos ($240.551,51) (MB. $7.938.197,36 x 4% x Coef. 75.7576% cf. Art.730 CCCN. y cf. máx total 12%, arts. 18 y 19 Ley N° 5069)

Para efectuar dicha regulación se han tenido en cuenta la naturaleza y extensión de las tareas realizadas, así como el resultado objetivo del pleito; y que no incluyen el I.V.A., en la eventualidad de corresponder, según la situación del beneficiario frente al tributo. Cúmplase con la ley 869.

IV. Incorporar la presente al Protocolo Digital de Sentencias y hágase saber que quedará notificada conforme los términos de la Acordada N° 36/2022, Anexo I, Art. 9 inc. "a".