Fallo Completo STJ

OrganismoSECRETARÍA PENAL STJ Nº2
Sentencia31 - 04/09/2018 - DEFINITIVA
ExpedienteMPF-BA-00324-2017 - PENEPIL FERNANDO S/ HOMICIDIO CULPOSO
SumariosTodos los sumarios del fallo (3)
Texto SentenciaSuperior Tribunal de Justicia
Viedma
LEY 5020

En la ciudad de Viedma, a los cuatro días del mes de septiembre de 2018, y habiendo
finalizado el Acuerdo celebrado entre los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia
doctores Sergio M. Barotto, Liliana L. Piccinini, Ricardo A. Apcarian, Enrique J. Mansilla y
Adriana C. Zaratiegui, para el tratamiento de los autos caratulados "PENEPIL FERNANDO S/
HOMICIDIO CULPOSO" QUEJA – ART. 248 (LEGAJO MPF-BA-00324-2017), se procede
a transcribir la decisión adoptada, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Mediante decisión del 28 de mayo de 2018, el Tribunal de Impugnación -en lo
pertinente- rechazó la impugnación deducida y confirmó en todas sus partes la sentencia del 19
de marzo de 2018, dictada por el Tribunal de Juicio de la IIIª Circunscripción Judicial, que
había declarado a Fernando Martín Penepil autor penalmente responsable del delito de
homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de
un vehículo con motor y por haber conducido en exceso de velocidad de más de treinta
kilómetros por encima de la permitida en el lugar del hecho (arts. 45 y 84 bis párrafos primero
y segundo CP), por lo que le había impuesto la pena de cuatro años de prisión y diez años de
inhabilitación especial para conducir vehículos con motor (arts. 40 y 84 bis CP).
En oposición a ello, el imputado Fernando Martín Penepil, por derecho propio y
mediante escrito suscripto conjuntamente con su defensora particular, dedujo una impugnación
extraordinaria, cuya denegatoria motiva la presente queja, la que, verificada la completitud de
los antecedentes, se encuentra en condiciones para su examen.
CONSIDERACIONES
Los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Ricardo A. Apcarian dijeron:
1. Fundamentos de la denegatoria:
El a quo sostiene que no se encuentra demostrado prima facie ningún supuesto
correspondiente al recurso extraordinario federal (art. 242 inc. 2º CPP), en tanto los planteos
son reedición de los ya desechados, con fundamentos suficientes. En particular, hace referencia
a los agravios relativos a la valoración de las circunstancias atenuantes y agravantes para la
fijación de pena y la razonabilidad del quantum punitivo.
Añade que no se han controvertido los motivos expuestos en el punto 4 de la segunda
cuestión de la resolución en crisis, ni se ha explicado el supuesto exceso en el ejercicio de la
competencia, ni se ha argumentado correctamente la violación del régimen de mayorías en los
votos para conformar la sentencia de tribunales pluripersonales, toda vez que la parte se limita
a citar el art. 189 inc. 3º del Código Procesal Penal, pero no atiende a la doctrina legal citada de
los fallos 17/18 "López" y 29/18 "Mermoud".
Afirma que los cuestionamientos solo trasuntan una discrepancia subjetiva con lo
resuelto el fallo, que garantizó el doble conforme exigido por los fallos "Casal" y "Martínez
Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la pretensión de acceder a una tercera
instancia. De tal modo, el Tribunal de Impugnación niega que se verifique algún supuesto que
amerite la intervención de este Cuerpo atento al mencionado inc. 2º del art. 242 del rito.
2. Agravios de la queja:
Como ya hizo en la impugnación extraordinaria, el señor Penepil se queja de que los
jueces que dictaron la sentencia en la que se le fijó pena no meritaron de modo adecuado los
atenuantes que lo favorecían y sí tomaron en consideración circunstancias que no
correspondían (la falta de seguro del vehículo y de carnet de conducir), a lo que suma que el
Tribunal de Impugnación lo privó de producir prueba vinculada con su arrepentimiento por los
hechos cometidos, y señala su postura de no haber procurado exculparse -entre otros datoscomo indicativa de tal circunstancia.
Proporciona detalles sobre la realización de la pericial correspondiente e invoca la
afectación de su derecho de defensa, dado que no se permitió que su terapeuta brindara
explicaciones sobre el punto en cuestión. Así, en los términos del art. 237 del código adjetivo,
se opone al criterio del a quo al decidir no autorizar la medida.
Además, plantea que la resolución del Tribunal de Impugnación cuenta con un solo
voto, al cual han adherido los otros magistrados, e insiste en que no se tomaron en cuenta
aspectos favorables al causante, se denegó arbitrariamente la producción de pruebas y no se
ponderó la relación de afecto con la víctima para los fines de una pena natural, entre otros
extremos. También aduce haber incurrido solamente en una de las causales agravantes del art.
84 bis del Código Penal (exceso de velocidad). De todo ello concluye que la pena es infundada,
cita doctrina y jurisprudencia en sustento de su postura y desarrolla conceptos generales sobre
la ausencia de motivación.
3. Solución del caso:
La discusión se circunscribe al monto de la pena de prisión impuesta, en tanto la
recurrente pretendía una sanción de tres años de ejecución en suspenso.
Brevemente, cabe recordar que la competencia de este Superior Tribunal en el caso de
la impugnación extraordinaria está circunscripta a los "supuestos que correspondiere la
interposición del recurso extraordinario federal" (cf. art. 242 inc. 2º CPP Ley 5020). En
consecuencia, resulta aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
niega que esta temática sea susceptible de revisión (Fallos: 306:1669 y 308:2547), salvo el
supuesto de arbitrariedad de sentencia (Fallos 315:1658 y 320:1463).
En el caso, en el recurso se argumenta que tal vicio se advierte al momento de dirimir la
pena impuesta a su pupilo, puesto que excede la culpabilidad del hecho. Ahora bien, aunque no
pueden medirse de modo objetivo aspectos eminentemente valorativos, sí puede hacerse un
análisis del procedimiento utilizado para arribar a determinada conclusión.
Es oportuno aclarar, dado que involucra el trámite ligado al derecho de prueba de la
defensa, que el agravio relativo a la negativa a recibir el testimonio de la terapeuta del
imputado no tuvo un desarrollo fundado en la impugnación extraordinaria, por lo que no puede
retomarse en el recurso de queja. En su recurso principal, la recurrente solo introdujo la
cuestión como una reseña de lo ocurrido en la audiencia ante el Tribunal de Impugnación y
afirma que el rechazo lo privó "de ejercer [su] derecho de defensa en relación a la falta de
arrepentimiento que el a quo consideró que no había tenido…ello a pesar de que [su]
terapeuta… es quien se encuentra en mejores condiciones para establecer si muestr[a]
arrepentimiento".
Empero, no se hace cargo de dos aspectos de insoslayable ponderación: en primer
lugar, luego de la audiencia de lectura de la porción de la sentencia que determinó la prueba de
la materialidad reprochada, la autoría responsable del señor Penepil y la calificación jurídica
correspondiente, y antes de la cesura, las partes acordaron que, previo a la declaración de la
psiquiatra forense, junto con la documental pericial respectiva, esta "pueda entrevistar
nuevamente al imputado, y ampliar o actualizar los puntos periciales requeridos", lo que así se
hizo. Fueron estos los elementos analizados por los magistrados para apreciar el dato subjetivo
en cuestión.
El segundo impedimento para el progreso del planteo es que, como surge de la
audiencia celebrada en el Tribunal de Impugnación, ante la negativa a admitir dicha prueba
ofrecida por la defensa, no se formuló la reserva de impugnación respectiva (art. 167 última
parte CPP).
Asimismo, en el examen de legalidad exigible a este Cuerpo se observa que el a quo
estableció que el sentenciante había valorado correctamente dos circunstancias desfavorables
para el imputado, cuya crítica se renueva en el recurso de hecho: se trata de su falta de
autorización administrativa para el manejo de vehículos automotores y de la ausencia del
seguro correspondiente. Por lo demás, la doctrina legal citada en apoyo de tal postura, que
toma en cuenta las conductas precedentes al hecho indicadoras de una desconsideración hacia
la suerte de terceros frente el ejercicio de una actividad peligrosa, ni siquiera es contrastada por
la quejosa.
También consta la reseña de la serie de datos favorables al señor Penepil (juventud,
carencia de antecedentes, gestos solidarios, relación de afecto con la víctima, etc.), mientras
que la mentada temática del arrepentimiento solo tiene el sesgo de un "cierto desapego con el
resultado", todo lo que impide tachar al pronunciamiento de inmotivado.
La evaluación de las pautas señaladas se condice con el monto de la pena de prisión a la
que finalmente se arribó -cuatro años- en el marco de los límites previstos en la escala penal
del tipo seleccionado -de tres a seis años, cf. art. 84 bis segundo párrafo CP-, puesto que se
ubica más cerca del mínimo, lo que permite sostener que se privilegiaron las circunstancias
favorables sobre las desfavorables, a la luz de lo dispuesto en el precedente STJRNS2 Se.
94/14 "Brione".
En definitiva, puede sostenerse que la cuantía penal tiene relación con la magnitud del
injusto y la culpabilidad. El primer ítem se encuentra fuera de discusión, ya que se trata de la
provocación de la pérdida de una vida humana en circunstancias objetivas que el legislador
especialmente ha descalificado, mientras que la valoración del segundo incluye aspectos tanto
favorables como desfavorables al imputado, que huelga aquí reiterar, pero que no implican
ninguna reducción de la autonomía de aquel para actuar, más allá de su pesar por lo ocurrido.
Acerca de la conformación de la mayoría, si bien en principio esta materia también es
ajena al recurso extraordinario federal, no se advierte cuál es el agravio del recurrente o el
fundamento normativo de la cuestión, en tanto la declaración de inadmisibilidad cuenta con el
voto ponente del doctor Zimmermann, con la adhesión de los otros dos vocales. Cabe destacar
que, según el artículo 188 del código ritual, la exigencia de una fundamentación específica
refiere al voto dirimente en caso de disidencia, lo que no se verifica en el caso.
4. Conclusión:
Por los motivos que anteceden, debe rechazarse in limine la queja deducida por el señor
Fernando Martín Penepil y su defensa, dada su manifiesta improcedencia, con costas.
La señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo:
Adhiero a los puntos 1 y 2 del voto que antecede, por tratarse de una fiel reseña de los
contenidos de la denegatoria de la casación y de los agravios de la queja, así como a la solución
propuesta, en razón de las siguientes reflexiones:
Teniendo en consideración los términos a los que se ciñe la discusión en autos
(modalidad de la pena de prisión impuesta), recuerdo que la competencia de este Superior
Tribunal -en el caso de la impugnación extraordinaria- está reglada y circunscripta a los
supuestos taxativos del art. 242 del rito. Asi procederá cuando "se cuestione la validez de una
ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuyan sobre materia regida por la Constitución y
la decisión sea contraria al interés del impugnante" (inc.1º.); "en los supuestos que
correspondiere la interposición del recurso extraordinario federal" (inc. 2º) y cuando la
sentencia del Tribunal de Impugnación resulte contraria con la doctrina sentada en fallo
anterior del mismo Tribunal o del Superior Tribunal de Justicia sobre la misma cuestión (inc.
3º).
En el sub examine, claramente no se dan los supuestos del art. 242 incs. 1º y 3º, por lo
que corresponde apuntar que, en lo atinente al inc. 2º, resulta aplicable la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que niega que esta temática sea susceptible de revisión
(Fallos 306:1669 y 308:2547), salvo el supuesto de arbitrariedad de sentencia (Fallos 315:1658
y 320:1463).
Cabe destacar que la tacha de arbitrariedad debe ser demostrada por la parte, lo que
liminarmente se advierte incumplido. Sobre el punto, como ya se dijo, el quejoso argumenta
que tal vicio se advierte al momento de dirimir la pena impuesta a su pupilo, puesto que excede
la culpabilidad del hecho.
También es oportuno aclarar, dado que involucra el trámite ligado al derecho de prueba
de la defensa, que el agravio relativo a la negativa a recibir el testimonio de la terapeuta del
imputado no tuvo un desarrollo serio y fundado en la impugnación extraordinaria, por lo que
no puede retomarse en el recurso de queja.
Este Cuerpo tiene dicho: "… dable es señalar que la decisión del Tribunal de
Impugnación garantizó en el caso el derecho a la revisión integral de la condena por parte de
un órgano superior, decisión que no fue atacada de modo eficiente por la parte, por lo que
fueron las deficiencias en su propia actividad las que le impidieron acceder a la instancia
extraordinaria del art. 242 del Código Procesal Penal (Ley 5020).
"Finalmente, las críticas relativas a la valoración de la prueba ventilada en autos y a la
aplicación del derecho no son suficientes para sustentar la pretensión revisora, máxime porque
se restringen a aspectos de por sí ajenos al recurso extraordinario federal (cf. CSJN Fallos
292:564, 294:331, 301:909, 313:253, 321:3552 y 325:316, entre muchos), salvo que se
configure un supuesto de arbitrariedad o gravedad institucional que, como se dijo, ni se
evidencia ni la parte consigue probar" (STJRN Se. 14 Ley 5020 del 13/6/18).
En su recurso principal, la quejosa solamente introdujo la cuestión como una reseña de
lo ocurrido en la audiencia ante el Tribunal de Impugnación y afirma que el rechazo lo privó
"de ejercer [su] derecho de defensa en relación a la falta de arrepentimiento que el a quo
consideró que no había tenido…ello a pesar de que [su] terapeuta… es quien se encuentra en
mejores condiciones para establecer si muestr[a] arrepentimiento".
De la audiencia celebrada en el a quo se advierte sin esfuerzo que, ante la negativa a
admitir dicha prueba ofrecida por la defensa, no se formuló la reserva de impugnación
respectiva (art. 167 última parte en relación con el art. 238 in fine CPP), lo que remite al
precedente citado.
Asimismo, extremando el examen de legalidad exigible a este Cuerpo, se observa que
el Tribunal de Impugnación estableció que el sentenciante había valorado correctamente dos
circunstancias desfavorables para el imputado, cuya crítica se renueva en el recurso de hecho:
se trata de su falta de autorización administrativa para el manejo de vehículos automotores y de
la ausencia del seguro correspondiente, ponderación que corona con argumentación de
autoridad consistente en la doctrina legal, que toma en cuenta las conductas precedentes al
hecho indicadoras de una desconsideración hacia la suerte de terceros frente el ejercicio de una
actividad peligrosa, lo cual ni siquiera es contrastado por la quejosa.
También consta la reseña de la serie de datos favorables al señor Penepil (juventud,
carencia de antecedentes, gestos solidarios, relación de afecto con la víctima, etc.), mientras
que la mentada temática del arrepentimiento solo tiene el sesgo de un "cierto desapego con el
resultado", todo lo que impide tachar al pronunciamiento de inmotivado.
Acerca de la conformación de la mayoría, la queja no conmueve la fundamentación del
a quo y, si bien en principio esta materia también es ajena al recurso extraordinario federal, no
se advierte cuál es el agravio del recurrente o el fundamento normativo de la cuestión, en tanto
la declaración de inadmisibilidad cuenta con el voto ponente y la adhesión de los otros dos
vocales. Cabe destacar que, según el art. 188 del código ritual, la exigencia de una
fundamentación específica refiere al voto dirimente en caso de disidencia, lo que no se verifica
en el caso.
Por los motivos que anteceden, coincido en que corresponde rechazar in limine la queja
deducida en la presente, con costas.
En razón de lo expuesto, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:
Rechazar in limine el recurso de queja interpuesto por el señor Fernando Penepil y su
defensora doctora Ana María Vera, con costas.
Protocolizar y notificar a través de la Oficina Judicial de la IIIª Circunscripción
Judicial.
Déjase constancia de que la doctora Adriana C. Zaratiegui, no obstante haber participado del
Acuerdo y haber manifestado su voluntad de no emitir opinión, no suscribe la presente por
encontrarse de licencia, y de que el doctor Enrique J. Mansilla firma en abstención (art. 38
L.O.).

Firmado
digitalmente por
PICCININI Liliana Laura
Fecha: 2018.09.04
18:44:17 -03'00'

Firmado digitalmente por:
APCARIAN Ricardo Alfredo
Fecha y hora: 04.09.2018 18:19:27

Firmado digitalmente por
MANSILLA Enrique José
Fecha: 2018.09.04
19:15:50 -03'00'

Firmado digitalmente
por BAROTTO Sergio
Mario
Fecha: 2018.09.04
07:49:21 -03'00'
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VocesCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - IMPUGNACION EXTRAORDINARIA - IMPROCEDENCIA - CÓDIGO PROCESAL PENAL - VALORACIÓN DE LA PRUEBA - DERECHO APLICABLE
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