Fallo Completo STJ

12. Mediante telegrama laboral de fecha 27-08-2.008, el actor intimó prestaciones psicológicas que le fueron denegadas. Manifestó en dicha misiva que a raíz del accidente quedó desamparado y con secuelas física; que también a raíz de ello fue despedido por la empresa, quedando a la deriva por no poder reinsertarse en el mercado laboral. Afirmó que producto del accidente y por las irregularidades de las prestaciones se le provocó daño moral insomnio, tristeza, cambios de humor, dolor de cabeza; por lo que intimó a continuar con prestaciones médicas asistenciales de por vida, prestaciones psicológicas, terapéuticas, daño moral y lucro cesante (a fs. 268 de documental de la ART). Renovando la intimación a prestaciones asistenciales en fecha 07-10-2.008 (a fs. 276 de la documental acompañada por la ART).

Tal como surge de los considerandos, tuve por acreditado que el 11-01-2.007 el actor sufrió un accidente de trabajo in itinere, el cual tuvo lugar cuando se dirigía en motocicleta a su lugar de trabajo.

De los términos en que ha sido planteada la demanda, la controversia se centra en determinar si es que existe responsabilidad civil de las demandadas por el daño moral y psicológico que el accionante invoca padecer como consecuencia del siniestro de autos.

El accionante sostiene que se le otorgó el alta médica prematura e infundadamente en fecha 22-05-2.007; que fue reingresado a tratamiento por dictamen de Comisión Médica, siendo intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades, con alta médica definitiva de fecha de fecha 30-04-2.008. Que posteriormente, la Comisión Médica en fecha 22-07-2.008 dictaminó que presentaba 30,90% ILPD por limitación funcional de hombro izquierdo. Y, finalmente, que fue despedido por su empleadora el 26-08-2.008, luego del alta médica otorgada. 

También refiere que posteriormente al alta definitiva, reclamó prestaciones asistenciales, entre ellas tratamiento psicológico, tanto a la empleadora como a la ART, sosteniendo no poder reinsertarse en el mercado laboral, por presentar una incapacidad que imposibilita pasar un examen preocupacional.

Sostiene que se encontró en situación de desamparo porque la empleadora lo despidió por el accidente, lo que agravó el estado de soledad frente a su familia, por la no reinserción en el mercado laboral, para paliar la mantención de su familia. Asegura que el despido se motivó en el accidente y en la incapacidad, y que ello lo colocó en estado de discriminación.

Asegura que solicitó prestaciones psicológicas porque su incapacidad lo ameritaba, lo que le fue denegado, sin siquiera citarlo para una entrevista.

Dice que: "... padece una serie de trastornos sicológicos como trastornos de ansiedad, del sueño, cambio de humor, angustia, preocupación, insomnio, cambiando su relación familiar, ya que no puede cumplir con el sostén de su hogar...".

Asimismo, que: "...el sufrimiento psicológico provocado por el accidente laboral ha generado angustia, miedo, tristeza, soledad, sentimientos de disvalor y complejos de inferioridad, por la discapacidad sufrida y la indudable afectación de la posibilidad de trabajo y sobre todo de la vida en relación...".

De modo que corresponde ingresar en el análisis de los presupuestos de a responsabilidad civil, esto es el daño, el hecho o acto antijurídico, la relación de causalidad y el factor de imputación legal de responsabilidad; ello a fin de determinar si en el caso se configura la responsabilidad de las demandadas en los términos en que ha sido demandada. 

Si bien la acción del trabajador en reclamo de responsabilidad civil contra una aseguradora de riesgos del trabajo no fue regulada en la ley 24457, tal como fue definido precedentemente, ello ha sido admitido por la jurisprudencia, a partir del fallo "Torrillo" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también por el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia, como asimismo en fallos dictados por este mismo Tribunal.

Tal criterio fue seguido por la CJSN desde los fallos "Soria" (10-4-07), "Galván" (30-10-07) y posteriormente en “Torrillo“ (31-3-09), en el que se estableció que más allá de la responsabilidad que le cabe a la ART por las prestaciones que surgen de la Ley de Riesgos del Trabajo, éstas no se encuentran excluidas del marco general del régimen de la responsabilidad civil.

La responsabilidad civil de la aseguradora obligada a cumplir con tareas dirigidas a la prevención de accidentes se abre por fuera de las limitaciones del contrato de seguro y contribuye solidariamente con el estado de salud actual del actor, por imperio del art.1074 del Código Civil, el que reza: "...toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otra será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido...".

"Es dable recordar, como lo puntualiza el Profesor Bueres, al hacer referencia a las previsiones del artículo 1074 del Cód. Civil, aplicable en la especie, "en las omisiones puras, el omitente se abstiene de realizar una conducta que le es exigible con arreglo a los principios del ordenamiento. En tal hipótesis, existe un proceso causal preexistente y extraño al agente que permanece inerte, quien, no obstante, no se interpone y lo frustra" y añade: "sin perjuicio de la existencia previa de un proceso causal que desencadena el daño, la falta de interposición del omitente para conjurarlo cuando el ordenamiento se lo impone, tiene virtualidad suficiente para considerar que hay relación causal" (BUERES, Alberto Jesús, en "Cód. Civil y normas complementarias", Ed. Hammurabi, Bs. As., 2005, tomo 3 °, Págs. 60 a 62). En ese orden de pensamiento, expresa el Profesor Goldenberg: "Desde el punto de vista de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada para que el desmedro se produzca...de haberse observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían, se podría haber interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso" (GOLDENBERG, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Editorial La Ley, 2 ° edición, Bs. As., 2000, p. 163). En síntesis, la omisión no puede ser catalogada como ajena al daño si los actos omitidos, impuestos expressi verbis por el ordenamiento jurídico, eran aptos para excluir el peligro y detener el curso de los acontecimientos que desembocaron en el perjuicio. Es por ello que propicio que la queja sea desestimada. (CNAT sala VIII Rossano, Jorge Alejandro c. Berkley International ART S.A. s/ accidente - ley especial Cita online: AR/JUR/717/2015).-

En particular, de acuerdo a la doctrina emanada de la CSJN a partir del caso "Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro" (31-03-2.009) las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo pueden ser responsabilizadas civilmente, con base en tal normativa, siempre que se demuestre el concreto incumplimiento de los deberes a su cargo -acreditándose de tal modo el factor de atribución subjetivo culpa o negligencia- y la relación causal entre dicho actuar deficiente y el resultado dañoso (en el caso el daño psicológico y moral del accionante).

Dijo entonces la Máxima Instancia Judicial que para el logro del primordial objetivo de la prevención, la Ley de Riesgos del Trabajo creó un sistema en el cual las A.R.T. tienen una activa participación, asignándole un rol fiscalizador de la normativa sobre seguridad e higiene.

En dicho precedente la Corte Suprema al analizar el fondo del asunto, estableció como doctrina, la posibilidad de condenar civilmente a la ART respecto de los daños derivados de infortunios laborales, siempre "...que se demuestre que exista un nexo de causalidad adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o cumplimiento deficiente..." por parte de la ART de sus deberes legales (considerando 8vo del voto de la mayoría).

En concreto, su deber consiste en no actuar culposamente, pues se sanciona la inobservancia de la obligación general de conducirse con la prudencia, cuidado y diligencia para evitar daños al trabajador, conforme la regla general establecida en el artículo 1.109 del Código Civil.

De tal modo, si la aseguradora de riesgos del trabajo no cumple las obligaciones que le están legalmente impuestas en el campo de la prevención, debe reparar de manera integral y con ajuste al derecho común, los daños que tienen relación causal adecuada con su antijuridicidad por omisión que le sea imputable a título de culpa (arts. 512, 902, 1.109 y 1.074 del Cód. Civil).

Que en ese exacto sentido se había expedido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia ya desde el precedente "Moyano" (Se. N° 110, 18/12/2007), ratificado luego in re "Prevención A.R.T. S.A." (Se. N° 31, 22/07/2013), y más tarde en "Infante" (Se. N° 34, 12/06/14).

Que en el caso bajo examen, se encuentra plenamente acreditado que la ART incumplió con sus obligaciones legales impuestas por el Sistema de Riesgos del Trabajo, omitiendo brindar oportunamente prestaciones asistenciales que el caso del actor demandaban (cf. art. 20 de la LRT).  

En efecto, las pericias producidas en autos han brindado elementos de prueba contundentes y definitorios de la resolución del caso.

Si bien la vida o la integridad humana no tienen precio, se han establecido por parte de la jurisprudencia diferentes mecanismos o fórmulas para su determinación a los fines indemnizatorios (art.1083 CC.), entre los que cabe mencionar el criterio del fallo CSJN "Arostegui", concordante con el establecido por la CNAT en autos "Méndez" (28-4-08).- Con ello se supera el alcance restringido de la reparación sistémica, que solo indemniza lucro cesante, y éste a su vez en forma menguada.

En el ámbito provincial, he de seguir la pauta fijada en el fallo "Pérez Barrientos" del STJRN del 30-11-2011, que comparto y en atención a lo dispuesto por el art.43 de la ley 2430.

En consecuencia, procederé a cuantificar la pretensión del actor aplicando la fórmula "Pérez Barrientos", según las pautas explicitadas en Expte STJRN 26320/13 "Pérez, Eduardo Juan c/Mansilla Jose Luis y Edersa S.A." del 11/06/2013.

Los datos que permiten despejarla son: (A): la remuneración anual, que no resulta solo de multiplicar por 13 (teniendo en cuenta la incidencia del S.A.C.) el ingreso mensual devengado en la época de la ocurrencia del accidente, sino que procura considerar además la perspectiva de mejora del ingreso futuro que seguramente el daño ha disminuido, teniendo en cuenta la estimación de que aproximadamente a los 60 años de edad el trabajador medio ha culminado su desarrollo laboral y su ingreso se estabiliza hacia el futuro, lo que se plasma al multiplicar por 60 el ingreso anual y dividirlo por la edad del actor a la fecha del siniestro; (n): la cantidad de años que le faltaban al actor para cumplir 75 años (25 años); (i): la tasa de interés compuesto anual del 6% (= 0,06); el (Vn) Valor actual, componente financiero de la fórmula que se obtiene del siguiente modo: Vn = 1 / (1 + i)n , es decir, Vn = 1 / (1,06)25; y el porcentaje de incapacidad (11,78%).

Ha quedado acreditado que Juan Fernando Mora se desempeñaba como ayudante albañil de ECA S.A., contaba con 25 años de edad a la fecha del accidente, y el mes de ocurrencia del accidente percibió una remuneración mensual de $ 1.447,49 (conforme recibo haberes de fs. 35/36).

De tal modo en importe indemnizable por el rubro lucro cesante por daño psicológico, a valores históricos asciende a $ 83.853,84

Intereses. Sobre dicha indemnización a valores históricos, habrá de computarse intereses desde el accidente (11-01-2.007) al 31-03-2.026. Es que el monto indemnizatorio precedente, deben integrarse con los intereses moratorios (conf. arts. 508 y 622 Código Civil, vigente al tiempo de operarse la mora, arg, art. 7 Código Civil y Comercial; conf. Kemelmajer de Carlucci Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, págs. 93/4).

b) Daño Moral: El daño moral es la lesión en los sentimientos que determinan dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. La definición misma del concepto presenta la idea de dolor y sufrimiento, que remite a lo que no es mensurable en términos económicos, de allí que se conceptualiza como todo aquello que está fuera de lo "patrimonial". Ergo, justamente por lo problemático de su mensura, cualquier apreciación que haga el juzgador puede tildarse de arbitraria, si tenemos en consideración que mediante el mismo se procura compensar el daño sufrido por el afectado. En esta especie de daño no se exige prueba específica y surge por el sólo hecho de la acción antijurídica. Es carga del obligado probar su inexistencia (art.1078 del Cód. Civil). (CCiv.1ª., San Nicolás, 25-6-98, "Calisprener de Deganas c/Garibaldi, J. S/ds. y ps.).

Cabe recordar que la Corte tiene reiteradamente dicho que en la fijación del daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, el cual no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 321:1117; 323:3614 y 325:1156, entre otros), sino de compensar, en la medida posible, un daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extra patrimoniales (Fallos 334:376, Considerando 11°).

Que en el caso bajo examen, aparece natural que la falta de tratamiento oportuna por parte de la ART ocasionaron mayor padecimiento físico al actor y mayores secuelas, intranquilidad espiritual y económica en por la negativa a brindar prestaciones por el siniestro por la ART y por las secuelas que ahora lo afectan, lo cual habrá de prolongarse a lo largo de su vida (carácter permanente y definitivo de la incapacidad), que afectaron su capacidad laborativa y de sostén de su familia.

Que tales padecimientos merecen ser debidamente indemnizados por el responsable del acto lesivo injusto, en una suma que importe reparación integral o justa.

Que así las cosas, teniendo en consideración la naturaleza de las dolencias físicas constatadas, intranquilidad derivada de la falta de atención de la contingencia por la responsable, padecimientos que es dable presumir que ha sufrido y continuará sufriendo la víctima como consecuencia de las lesiones y sus secuelas, la incidencia que todo ello proyecta en su vida familiar y de relación, y las demás particularidades propias del caso, juzgo razonable fijar la indemnización por daño moral en la suma de $ 2.000.000.

De conformidad con lo resuelto por el STJ en los autos "Fuentealba, Paula Cristina en representación de su hijo menor R.F.J.E. c/Provincia de Río Negro y Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. s/ Accidente de Trabajo" (Expte. n°30.770-2.020, sentencia del 24 de septiembre de 2.021) al importe estimado corresponde adicionarle un interés del 8% anual, desde la primera manifestación invalidante -11-01-2.007- al 31-03-2.026.

7. Costas. Se imponen a la ART por el progreso de la acción y costas a la parte actora por el rechazo de la demanda contra ECA S.A.; de conformidad con el principio objetivo de la derrota (art. 25 L.P.L. P N° 1504).

 -Daño Psicológico ........................................................$    83.853,84

 

Intereses "Machin" (28/5/10 al 31/3/26) ........................$ 130.583,48