Fallo Completo STJ

3.3) Exigibilidad del acuerdo de mediación. Valoración de la prueba. solución del caso y fundamentos de la decisión: Resuelto ello, corresponde abordar en lo siguiente la exigibilidad del mismo.

Dispone la Ley aplicable -norma consolidada Ley 5689-, entonces art. 24 del texto la Ley 3847: "...El acuerdo al que arriben las partes no requiere homologación judicial, constituyendo el acta respectiva título ejecutivo suficiente a los fines de su ejecución en caso de incumplimiento, salvo lo previsto en el artículo 41 de esta ley"; y en su art. 25, concretamente, "Ejecución del Acuerdo. En caso de incumplimiento del acuerdo, éste puede ejecutarse mediante el procedimiento de ejecución de sentencia establecido en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, salvo que las partes acuerden realizar una nueva mediación".

El propio CPCyC establece que los acuerdos instrumentados en actas debidamente firmadas por las partes, celebrados ante el CEJUME, se ejecutan por el procedimiento de ejecución de sentencia porque la normativa le da ese carácter de  títulos ejecutables, a los que le son aplicables las normas de las ejecuciones de sentencia previstas en el art. 500 y sgtes del CPCyC.

En el caso, ante la conflictividad existente, luego del derrotero y del rechazo de la pretensión de desalojo intentada por las hermanas Pamich, los Sres. Modon y Diaz decidieron iniciar un proceso de conocimiento pleno, con amplio debate y prueba, tendiente a obtener escrituración del inmueble que fue objeto de esa mediación.

De la prueba producida surge que ese "convenio" tuvo principio de ejecución por las partes. Por un lado, con la inmediata ratificación del acuerdo por la Sra. Laura Pamich.
       La propia Patricia, en la entrevista con la psicóloga dijo: “Hicimos un loteo con los terrenos que estaban por fuera de la donación...”.
       También se acreditó con la prueba documental aportada por la demandada,  el plano 210/2019 realizado por el agrimensor Herrero de mensura con fraccionamiento de la chacra 003, parcela 04.

Ello también quedó en claro con el testimonio brindado por el escribano, quien describió que el problema se generó cuando el indago sobre la causa de la transferencia y en dicha oportunidad, 5 años después del acuerdo en mediación, las Sras. Pamich dijeron que el acto no era una liberalidad pretendiendo retrotraer los alcances de lo acordado libremente en esa instancia de medicación.

A su vez, del intercambio epistolar -cuya autenticidad ha sido reconocida con la prueba informativa- surge que en Agosto de 2020 los actores intimaron a las Sras. Pamich a la escrituración del inmueble, en base a lo acordado. Allí hicieron expresa mención que habían transcurrido 5 años, que era un tiempo suficiente para haber finalizado el loteo a cuya aprobación se encontraba condicionado el otorgamiento de la escritura.

Al contestar dicha misiva, la Sra. Patricia informó que la misma se llevaría a cabo en la Escribanía del notario Dall Armellina a la que debían concurrir los Sres. Modon y Diaz para celebrar la escritura dado que el loteo esta debidamente aprobado.

Tengo presente también que en el desalojo intentado por las aquí demandadas omitieron denunciar y presentar al proceso ese acuerdo de mediación, lo que dio lugar a la sanción por temeridad y malicia procesal.

Todo ello es concluyente en el sentido que ha existido principio de ejecución del acuerdo por las Sras. Pamich, por lo que al pretender 5 años después dejar sin efecto un acuerdo celebrado, su conducta refleja ser contraria a sus propios actos, en infracción a lo dispuesto por el art. 1067 del CCyC.

“Se ha definido a la doctrina de los actos propios como "un principio general del derecho, fundado en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente" (cf. Fueyo Laneri, Fernando, "Instituciones de Derecho Civil Moderno", Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1990, p. 310), a lo que se le ha agregado que "quien intente desestimar el valor persuasivo que su conducta ha provocado a su contraparte, pretendiendo "desandar" lo obrado, no podrá conferir relevancia a su nueva declaración, sin incurrir en incoherencia jurídica" (STJ SE. 91/20 “SOTZ”).

Por otra parte se debe recordar que tanto del título preliminar, como del título II, capítulo 1° del CCyC surgen los principios interpretativos del ordenamiento jurídico en general: la buena fe y a la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. Los mismos también rigen en materia contractual, explicitando que tanto deudor como acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe.

En reiteradas oportunidades la CSJN remarcó: "...todo contrato -sea cual fuere su naturaleza- debe celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo que las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión..." (Fallos: 311:971; 316:2129).

El artículo 961 del CCyC establece que: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor", de esta manera la buena fe es directriz para las partes.

La doctrina concluye que: "La buena fe constituye un modelo o paradigma de conducta de ejecución continuada, desde la etapa de tratativas (punto de partida) hasta la extinción del vínculo (punto de llegada). En consecuencia, va de suyo que el sentido y alcance que se suministre a lo que sea objeto de interpretación habrá de atender a aquella que se conforme más acabadamente a un desenvolvimiento leal de la relación contractual y que sea individual y socialmente útil en punto a la realización de los intereses o resultados que las partes se proponen alcanzar. Y esto deberá serlo en el marco de un contenido que no se desatienda de las normas éticas pues, de lo contrario, el ordenamiento legal no lo considerará merecedor de tutela" (Lorenzetti, Ricardo Luís,  Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Ed. Rubinzal Culzoni Editores. Tomo V, Pág. 547).

Entonces, atento la validez del acuerdo de mediación, corresponde hacer lugar a la demanda de escrituración y en consecuencia condenar a las demandadas a que en el plazo de 20 días de quedar firme la presente sentencia, otorguen la escritura traslativa de dominio del inmueble DC 05-1-J-369-018, la que se instrumentará en la escribanía del notario Luis Dall Armellina, todo ello conforme el acuerdo de mediación celebrado entre aquéllas el día 07/05/2015, lo que deberá cumplirse bajo apercibimiento de hacerlo la suscripta en su nombre y a su costa, en caso de ser ello posible.

Por otro lado, previo a abordar en lo siguiente los daños y perjuicios reclamados, adelanto que en el caso los actores constituyeron en mora a las demandadas por medio de carta documento el 03/08/2020. De ello se desprende  que las obligaciones asumidas por no fueron cumplidas en tiempo acordado y que ello ha configurado la violación al deber de no dañar, de base constitucional en el art. 19- y el eventual deber de repararlo, conforme se abordará en el punto siguiente.

Por último, atento la forma de resolver la pretensión deducida y por los fundamentos expuestos a lo largo de esta sentencia, corresponde rechazar la reivindicación intentada por las demandadas-reconvinientes.

4) Los daños y perjuicios reclamados: Para ello, se debe partir del bloque de constitucionalidad en tanto surge como imperativo constitucional el principio de la reparación plena del daño. Esto es restituir - con la modalidad y amplitud que prevé el ordenamiento- la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso.

También deben tenerse en cuenta las funciones de la responsabilidad civil y las características de los derechos lesionados (v.gr. patrimonial, extrapatrimonial, de incidencia colectiva), la reparación del daño debe procurar una “tutela efectiva” mediante el otorgamiento de un remedio apropiado no solo a la naturaleza del derecho afectado, sino además, a la concreta situación en la que este se encuentra en virtud de la lesión (conf. Grippo, Fallos 344:2256)

A partir del art. 1741 CCyC y la caracterización de las consecuencias no patrimoniales, prestigiosa doctrina afirma que en la nueva normativa civil, las consecuencias del daño pueden ser patrimoniales o no patrimoniales, sin margen para encontrar terceros géneros. Lo correcto, en términos técnicos y dentro del sistema, parece ser aislar las consecuencias patrimoniales de tales vulneraciones, por una parte, y sus consecuencias no patrimoniales, por otra y cuantificarlas de modo independiente. Así se afirma que: “Los perjuicios de cualquier clase pueden ser indemnizados si proyectan consecuencias de una u otra clase y se dan los requisitos del deber de responder" (Cf. Acciarri, H., Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños, (edición argentina), La Ley, Buenos Aires, 2015).

Para la cuantificación del daño tendré en cuenta las siguientes premisas: -no se debe dejar de resarcir ninguna proyección disvaliosa del hecho, no deben resarcirse un daño bajo diversos rótulos, el monto debe ser justo y no se deben perder de vista criterios de realidad económica (Fallos: 302-1284).

4.1) Daño material: Reclaman $95.000.- por todos los gastos que debieron afrontar por este proceso, honorarios profesionales y cartas documentos.

La parte actora no ha aportado prueba alguna de tal daño, no siendo un daño que la ley presuma, por lo que en los términos del art. 1744 del CCyC, corresponde rechazar tal rubro.

4.2) Daño moratorio por los mayores gastos que demande la escrituración: Los actores solicitan tal daño en su demanda. Refieren allí que parecería razonable que los gastos sean soportados 50% por cada parte, no así por los mayores costos y gastos que la escrituración demanda ante la mora.

Al momento de alegar solo solicita que se haga lugar a la demanda, con costas.

Sobre este rubro indemnizatorio tendré en cuenta que nada dice que convenio de mediación sobre los gastos de escrituración, allí sólo contemplaron que para el caso que se requiera ejecución, las costas serían afrontadas por su orden.

Entiendo que dicho precepto no puede aplicarse análogamente porque fue redactado justamente para el caso en que las partes requieran ejecutarlo -en los términos del art. 500 y sgtes del CPCyC-. Este no ha sido el caso, por el contrario los actores tuvieron que recurrir a esta instancia judicial, a un proceso de conocimiento pleno que lleva dos años de tramitación.

En función de ello, dado que las costas del proceso se imponen a las demandadas, como luego fundamentaré, entiendo que los gastos de escrituración del inmueble también deberá ser soportado por las mismas, por haber dado lugar a la promoción de esta acción.

4.3) Daño Extrapatrimonial: Reclaman por tal rubro la suma de $900.000 a favor de la Sra. OLGA MODON y de $1.300.000 a favor del Dr. DIAZ, lo que hace un total de $ 2.200.000.- más los intereses.

Por ello, si bien en este caso no puede considerarse que el incumplimiento de las demandadas ha sido doloso o malicioso, si existen pruebas suficientes para considerar que las mismas no han actuado con la debida diligencia, pretendiendo dejar sin efecto un acuerdo que ellas mismas celebraron.

Resulta evidente que todo ello, sumado a la incertidumbre sobre la escrituración, han generado un estado de angustia y frustración que perturbaron la paz y tranquilidad de los actores, que residen en ese inmueble hace muchos años.

En función de ello, corresponde reconocer el daño moral reclamado, en tanto no quedan dudas que el proceder de las demandada lesionó afecciones espirituales legítimas de los accionantes, excediendo ello las meras incomodidades o molestias propias de cualquier contingencia negocial y, por consiguiente, con entidad suficiente para justificar una reparación del daño moral.

En relación a la cuantificación de este rubro, no es fácil determinarlo en tanto no depende de elementos objetivos, sino que se encuentra sujeto a una prudente merituación considerando las lesiones en la esfera íntima de la perjudicada, los sufrimientos que el incumplimiento represento, todo lo que no siempre resulta claramente exteriorizado.

En función de lo expuesto, en base a lo dispuesto por el art. 165 del CPCyC, y teniendo en cuenta el valor reclamado al iniciar la demanda considero razonable determinar el rubro extrapatrimonial en la suma de $3.000.000.- en favor de la Sra. Olga Modon y $4.400.000.- en favor del Sr. Eduardo Díaz, a valores de la presente sentencia, con más intereses a la tasa pura anual del 8% desde 03/08/2020 -conf. interpelación realizada por CD-y  hasta la presente sentencia y a partir de allí, en caso de incurrir en mora en el pago de la misma, los intereses se calcularán a la tasa determinada por la doctrina legal del STJ en el precedente Machin o la que en el futuro establezca el Superior.

5) Costas, honorarios y base regulatoria: Las costas deberán ser soportadas por las vencidas y por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCyC).