Fallo Completo STJ

Proceso. LINCONADO ELIAS ANDRES C/ ASOCIACION RALLY ARGENTINO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO), Expte. RO-30475-C-0000.

Organismo. UNIDAD JURISD CONTENCIOSO ADM N° 15 2DA CJ (UJCA) - ROCA

 

General Roca, 28 de Abril 2026

El proceso caratulado LINCONADO ELIAS ANDRES C/ ASOCIACION RALLY ARGENTINO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO), Expte. Nº RO-30475-C-0000 del registro de la UJCA N° 15, de la Segunda circunscripción Judicial de Río Negro, a mi cargo y de los que resulta;

El día 15/11/2018 (hojas 01/85) se presenta Elias Linconado, por derecho propio, con patrocinio letrado, e interponen demanda de daños y perjuicios contra la Asociación Civil Rally Argentino, Asociación Volantes de General Roca, la Municipalidad de General Roca, y el Sr. Javier Castro, pretendiendo la suma de $1.306.352,15 en concepto de indemnización por reparación de los daños y perjuicios.

Relata que en fecha 06/08/2017 se encontraba con su padre, Casiano Rafael Linconado, asisten al evento deportivo Rally Argentino 47º Vuelta de la Manzana, en el autódromo del Parque Ciudad de General Roca, propiedad de la Asociación de Volantes de General Roca (AVGR).

Indica que aquel día era Domingo a la mañana, cuando se ubicaron en un sector destinado para los espectadores que se encontraba detrás de un vallado, cerca del cual pasaban los vehículo deportivos como parte de la atracción.

En dicho momento uno de los pilotos participantes de la carrera, Javier Castro, pierde el control de su vehículo e impacta el lateral del automóvil contra el alambrado, a gran velocidad. Como consecuencia de dicha maniobra una de la ruedas se desprende y sale fuertemente disparada hacia el lugar donde se encontraba el actor.

Señala que la rueda impacta contra el tobillo derecho, causándole una quebradura de manera inmediata, por lo que debe ser trasladado y atendido en el hospital de General Roca, para luego ser derivado con el Dr. Javier Farías, médico traumatólogo que le receta reposo por noventa (90) días.

En cuanto a derecho, sostiene que la AVGR es responsable en su carácter de organizador de un espectáculo deportivo, y en razón de la obligación de seguridad implícita en el contrato celebrado con el espectador.

Que el contrato celebrado tiene por objeto la ejecución del espectáculo a cambio de una contraprestación abonada por el espectador, y que además de la obligación principal existe una obligación tácita de seguridad, de resultado, por la que se compromete a velar por la integridad física del espectador.

Por ello, endilga una responsabilidad objetiva en base al factor objetivo riesgo, y argumenta que solo podrá eximirse acreditando la causa ajena.

Respecto a la Asociación Civil de Rally Argentino sostiene que ha organizado a nivel nacional el Campeonato de Rally para el año 2017, determinando el reglamento, y manteniendo un poder de contralor que le permite ejercer un poder de disciplina con respecto a las asociaciones locales.

Por lo tanto, argumenta que debe responder de manera solidaria por los daños ocasionados, dado que llevo adelante un defectuoso control de las condiciones de seguridad del evento deportivo, conforme las disposiciones del CCyC, y las leyes Nº 23.184, Nº 24.192 y Nº 26.358.

En cuanto a la Municipalidad de General Roca, señala el actor que debe responder en razón de incumplimientos en el ejercicio del poder de policía que posee sobre todas las actividades que se desarrollan dentro del territorio o ejido municipal, y en el caso en concreto estaba obligado a fiscalizar las condiciones de seguridad del autódromo local, a los fines de verificar la adopción de medidas de seguridad adecuadas.

En relación a Javier Castro, argumenta que es responsable de manera objetiva, por ser dueño y conductor del vehículo de competición que perdió el control, y que no deja de ser un objeto que produce riesgo bajo condiciones antirreglamentarias.

Cuantifica los daños que pretende sean reparados: a) incapacidad sobreviniente por la suma de $1.005.293,46; b) daño moral por la suma de $201.058,69; c) gastos médicos por la suma de $100.000.

Funda en derecho, plantea cuestión federal, ofrece prueba y peticiona.

En fecha 22/03/2019 (hojas 102/106), mediante letrado patrocinante, se presenta la asociación civil co-demandada.

Niega de manera general y particular los hechos y la prueba documental acompañada en la demanda.

Desconoce la ocurrencia del accidente denunciado y la existencia de un contrato de espectadores, como también el incumplimiento de las obligaciones exigidas.

Argumenta que el rally se corrió dentro del predio del autódromo pero no en el asfalto, sino en la zona de tierra, y que no existía un contrato de espectáculo público dado que el espectáculo era un evento en espacio abierto y de público acceso, por lo que no tenía control del ingreso.

Indica que en todo caso la atribución de responsabilidad por violación al deber de seguridad es de tipo subjetiva y no objetiva, que si el contrato es a título gratuito en el sentido menos gravoso para el obligado.

Señala que el evento contaba con autorizaciones correspondientes, que se cumplieron en su totalidad las obligaciones de seguridad, colocando alambrados, montículos de tierra y otros para el público, por lo que argumenta que no hay incidencia causal en la producción del accidente.

Por último, opone el hecho del damnificado como causal que rompe el nexo de causalidad, dado que se ubicó en un lugar no permitido para el público.

Solicita la aplicación de la ley Nº 24432 y art. 730 del CCyC.

Solicita la citación en garantía de Rio Uruguay Cooperativa de Seguros LTDA en razón de la relación asegurativa celebrada con la Asociación Civil Rally Argentino; y la citación en garantía de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada en razón del contrato de seguros celebrado con la asociación civil.

Impugna liquidación de daños, ofrece prueba, y peticiona.

En fecha 23/04/2019 (hojas 114/235) se presenta la Municipalidad co-demandada, mediante letrados apoderados.

Negó de manera general y particular los hechos expuestos en la demanda y la documental aportada por la actora.

En primer lugar, reitera el pedido de citación en garantía realizada por la AVGR a las aseguradoras Rio Uruguay Cooperativa de Seguros LTDA y Sancor Cooperativa de Seguros Limitada.

Luego, hace referencia al marco normativo aplicable al caso, y sostiene que debe aplicarse el Código Procesal Administrativo ley Nº 5106 (CPA) y la ley provincial de responsabilidad estatal Nº 5339, excluyendo así la aplicación de las normas del CCyC.

En tercer lugar, contesta demanda e indica que la plataforma fáctica no se encuentra comprobada, que no se ha determinado dónde se encontraba la parte actora la momento del accidente, si era un lugar permitido o no.

Señala que el Municipio local no ha incurrido en una falta de servicio estatal, en tanto no se le ha endilgado incumplimiento de una norma específica, y además debe analizarse la falta de servicio considerando la naturaleza de la actividad, los medios que dispone, el vínculo con la víctima y la previsibilidad del daño.

Que la obligación de seguridad pesaba sobre los organizadores del evento, y que la fiscalización sobre la organización del evento no recae sobre el Municipio de Roca, por lo que la relación de causalidad adecuada se presenta respecto a los incumplimientos de la AVGR y ACRA.

Solicita la citación de terceros del Automóvil Club Argentino (ACA) en tanto la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA, ha incumplido con su deber de fiscalización y control de los reglamentos y normas de la organización del evento, y opone la ruptura del nexo de causalidad por el hecho de un tercero por el que no debe responder.

Opone el hecho del damnificado como causal de ruptura de nexo causal, dado que se encontraba en un sector no permitido para observar el espectáculo público, lo que se demuestra a partir de la falta de gradas, plateas o estructuras construidas para albergar y resguardar a los espectadores del rally.

Solicita la citación en garantía de Federación Patronal S.A. en razón del contrato de seguro celebrado con dicha empresa.

Impugna liquidación, acompaña y ofrece prueba, hace reserva de caso federal y peticiona.

En fecha 29/06/2019 (hojas 252/272) se presenta Federación Patronal S.A contestando la citación en garantía realizada por la Municipalidad de Gral. Roca.

En primer lugar, rechaza la citación en garantía por no encontrarse cubierto el siniestro, sosteniendo que si bien se encontraba vigente la póliza Nº 1053777/0 a la fecha del siniestro, el hecho denunciado se encuentra excluido de la cobertura, en tanto el hecho no ha ocurrido en los predios o instalaciones del asegurado.

Luego, sostiene la inexistencia de la denuncia administrativa por parte del asegurado sobre la ocurrencia del siniestro (art. 46º ley de seguros 17418) y la caducidad del derecho a la cobertura (Art. 47 LS).

En subsidio, contesta demanda y adhiere a lo planteado por la Municipalidad de General Roca y el límite de cobertura a lo pactado en el contrato de seguros.

Impugna liquidación, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.

En fecha 12/08/2019 (hojas 277/295) se presenta Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y contesta la citación en garantía realizada por la AVGR.

Reconocen la firma del contrato de seguro y la cobertura asegurativa, oponiendo límite de cobertura a la suma celebrada en el contrato.

Luego solicita la participación limitada en el pago de costas, ante una eventual condena, conforme lo art. 111 de la LS, como así también la aplicación de un criterio amplio y no estrictamente arancelario.

Subsidiariamente contestan la demanda interpuesta, realizan las negativas generales y particulares de los hechos y de la prueba adjuntada.

Argumenta que desconoce la mecánica del accidente, y que en todo caso será materia de prueba la determinación del lugar en el que se encontraba el actor al momento del accidente, si se encontraba ubicado dentro de los límites establecidos por la organización para los espectadores, o si por su propia negligencia contribuyó a agravar el daño.

Por último, adhiere a la contestación de demanda de su asegurado, AVGR.

Impugna la liquidación de daños, ofrece prueba, funda en derecho, hacen reserva del caso federal y peticionan.

En fecha 23/08/2019 (298/322) se presenta Rio Uruguay Seguros y contesta la citación en garantía realizada por AVGR y la Asociación de Rally Argentino.

En primer lugar reconoce la firma de contrato de seguro (póliza Nº 00:07:0030697) y que tal póliza tiene como co-asegurados tanto a la AVGR como la Asociación de Rally Argentino.

Opone el límite de cobertura por acontecimiento, de $6.500.000,00, el de lesiones o muerte de terceras personas, de $2.600.000, y el de daños materiales por $1.950.000.

Señala que se acordó una franquicia, estableciéndose que el asegurado participará en cada siniestro con un 10% de las indemnizaciones que se acuerden.

Subsidiariamente contestan demanda, realizan las negativas generales y particulares de los hechos y de la prueba adjuntada, y adhiere a la contestación de demanda la AVGR.

Impugna la liquidación de daños, ofrece prueba, funda en derecho, hacen reserva del caso federal y peticionan.

En fecha 22/10/2019 (hojas 342/350), se presenta el ACA y contesta la citación.

Realiza el reconocimiento de ciertos hechos, y la negativa de otros y de la prueba documental agregada con la demanda.

Argumenta que el ACA no es responsable del siniestro dado que no forma parte de la organización del evento, en ningún momento participa del resultado económico de la competencia y no debía hacerlo. Indica que los comisarios deportivos del ACA controlaron la ejecución de las medidas de seguridad reglamentarias.

Señala que el vehículo se salió del trazado, circuló unos metros por la elevación o talud de seguridad, habría golpeado uno de los postes del alambrado y vuelca, por lo que sostiene que ninguna rueda se desprendió del automóvil.

Indica que el accidente ocurrido fue un caso fortuito que suelen ocurrir en estas competencias y que no existe un método o medida de seguridad que pueda garantizar que no ocurran accidentes.

Además, sostiene que en el caso se ha roto la relación de causalidad dado que el actor habría caído cuando intento huir del accidente y colisión del automóvil con las medidas de seguridad, por lo que la lesión que padeció se debió a una presunta caída y no al golpe con una rueda del vehículo.

Por último, argumenta que el ACA como entidad fiscalizadora ha cumplido con sus obligaciones y que no puede atribuírsele responsabilidad dado que no generó ningún tipo de riesgo.

En fecha 05/12/2019 (hojas 352/354) se presenta la Asociación Rally y contesta demanda. Realiza las negativas generales y particulares de los hechos y de la documentación acompañada por el actor.

Cita en garantía a Rio Uruguay Seguros, en razón del contrato de seguro ya referido en párrafos previos.

Adhiere en todos sus términos a la contestación de demanda realizada por AVGR.

Impugna liquidación, acompaña y ofrece prueba, hace reserva de caso federal y peticiona.

En fecha 08/08/2023 se agrega cédula Ley 22172, enviada al domicilio denunciado del co-demandado Javier Castro, siendo la misma devuelta con constancia de diligenciamiento.

Vencido el plazo para contestar demanda, sin que el co-demandado se presente a juicio, la parte actora solicita se tenga por incontestada la demanda y se fije audiencia preliminar (Mov. E0024).

En fecha 25/09/2023 se tuvo por incontestada la demanda por parte del co-demandado Javier Castro (arts. 328º y 329º CPCC).

En fecha 14/11/2023 se lleva adelante audiencia preliminar.

Ante la imposibilidad de arribar a una conciliación oportuna y la existencia de hechos controvertidos, se abre la causa a prueba, ordenando la producción de medidas probatorias que se entendieron útiles y conducentes para resolver el proceso.

En fecha 20/10/2025 se clausura el período probatorio, y se colocan las actuaciones a efectos que las partes aleguen.

El día 11/11/2025 presenta alegatos Sancor Seguros; el día 12/11/2025 presenta alegatos el actor; el 22/11/2025 presenta alegatos la ACA; el 01/12/2025 presenta alegatos la Municipalidad de Gral. Roca; en fecha 01/12/2025 acompaña alegatos la AVGR y Rio Uruguay Seguros, y el día 02/12/2025 acompaña alegatos Federación Patronal.

En fecha 19/02/2026 se ordena el pase a despacho para el dictado de la sentencia definitiva.

De manera previa a indagar si se encuentran acreditados los presupuestos para atribuir responsabilidad a las demandadas, aclaro que conforme surge de sendos precedentes emitidos por la CSJN, los jueces no estamos obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino tan sólo pronunciarnos acerca de aquellas que estimemos conducentes para sustentar nuestras conclusiones (CSJN, Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320, entre otros).

Corresponde determinar cuál será el marco jurídico aplicable a cada uno de los co-demandados, teniendo en cuenta que el accidente habría ocurrido el día 06/08/2017, en autódromo del Parque de la Ciudad de General Roca.

A la demanda promovida contra la AVGR y la Asociación Rally Argentino, en su calidad de organizadores del evento deportivo, le serán aplicables las disposiciones del CCyC, como así también de la ley Nº 23.184 que fija el régimen penal, contravencional y de responsabilidad civil en espectáculos deportivos (modif. por Nº 24192 y Nº 26358).

En cuanto al co-demandado Javier Castro, le serán aplicables las normas del CCyC, particularmente aquellas que refieren a su posición de conductor de un vehículo, en carácter de dueño o guardián de una cosa riesgosa (art. 1757º y 1758).

Por último, en cuanto a la Municipalidad de General Roca, conforme la doctrina de la CSJN (“BARRETO”, fallos 329:759; “BALCAZAR HUANCA”, CSJ 258/2023/CS1), la responsabilidad deberá regirse por normas administrativas locales en primer lugar, y sólo ante su ausencia, aplicar analógicamente las disposiciones del derecho civil, adecuando las mismas a los principios del derecho público.

Tengo presente que el hecho dañoso ocurre de manera previa a la promulgación de la ley de responsabilidad del estado Nº 5339 (15/12/2018, B.O. Nº 5734) y por supuesto de la ley Nº 5517 que incorpora a los Municipios en su ámbito de aplicación (20/08/2021, B.O. Nº 6010). En consecuencia, ante la ausencia de normas locales de derecho administrativo vigente al momento de los hechos, entiendo necesario llenar el vacío normativo con lo dispuesto en los arts. 55º y ss. de la Constitución Provincial (CP) y la jurisprudencia de la CSJN y el STJ provincial, aplicando analógicamente las disposiciones del CCyC.

A su turno, y respecto de las Compañías aseguradoras citadas al proceso en garantía, resultarán aplicables las disposiciones de la Ley 17418 y modificatorias,   y en caso de corresponder, la doctrina legal emanada del STJ en cuanto a la extensión de responsabilidad.

- Documental: aquella acompañada por las partes al presentarse a juicio.

- Informativa: se agregaron informes remitidos desde el Hospital de Roca (24/06/2025), ART (27/11/2023 y 13/08/2024); y AFIP (24/11/2023 y 06/12/2023).

- Testimonial: se han recepcionado declaraciones de Enzo Damián Fuentes García e Ignacio Jaramillo (24/06/2025).

- Pericial Medica: En fecha 10/03/2024 se agrega pericia médica del Dr. Diego Emilio Martínez.

- Pericial Psicológica: El día 14/05/2025 presenta su dictámen la Lic. Gladys Mabel Hernández.

- Pericial Accidentológica: El día 02/08/2024 presenta su informe el Lic. Guillermo Ghisaura. Corrido el traslado, la actora pide explicaciones (09/08/2024) lo cual es contestado por el perito (18/08/2024). El día 23/08/2024 el actor impugna pericia y en fecha 31/08/2024 contesta el perito.

- Pericial en Ingeniería: En fecha 05/12/2024 presenta su pericia el Lic. Alberto Julio Delord.

En primer lugar analizaré la responsabilidad atribuida al conductor del vehículo que habría colisionado con el actor.

La parte actora atribuye responsabilidad al co-demandado Castro en su carácter de dueño y conductor del vehículo de competición que perdió el control (art. 1757º y 1758º del CCyC).

El día 06/08/2017 se efectúa diagnóstico de fractura de tobillo derecho, con herida de pierna derecha, herida y traumatismo en pie izquierdo, e indica 30 días de reposo.

Conforme la pericia, ello tuvo como consecuencia un traumatismo en miembro inferior derecho, fractura de peroné, cuyo tratamiento incluyó inmovilización enyesada, todo lo cual genera un incapacidad, parcial y definitiva, del 8%.

Se encuentra debidamente acreditada la ocurrencia del accidente, que el vehículo del Sr. Castro se despista, colisiona contra uno de los laterales de la pista que se encontraba cercada, con un alambrado, y que los restos del vehículo terminan dañando al actor, generándole las lesiones físicas mencionadas.

En cuanto a la relación de causalidad adecuada, tengo presente que las circunstancias del hecho comprobadas, a partir de los testimonios recibidos, indican que el accidente ha sucedido como lo ha relatado el actor en su demanda.

El Sr. Linconado estuvo presente durante la carrera de rally, en la fecha y hora de los hechos, y se encontraba ubicado detrás del alambrado sobre el sector en el que colisiona el Sr. Castro con su vehículo, lo cual revela una relación temporal y espacial que genera una fuerte presunción de que los hechos estuvieron vinculados.

Por otra parte, nuestro régimen causal exige la prueba del curso normal y ordinario de las cosas (arts. 1726º y 1727º del CCyC).

Por lo tanto la regla es que, demostradas varias posibilidades, hay que estar a la más probable, si se ha demostrado claramente esa probabilidad, lo cual ha sucedido en las presentes actuaciones.

El actor ha sostenido que la AVGR asumió en rol de organizador de un espectáculo deportivo y que la Asociación Civil de Rally Argentino debe responder en forma solidaria con aquella en razón de no fiscalizar del cumplimiento de la obligación de seguridad asumida por la AVGR.

Luego, tengo presente que al contestar demanda la AVGR desconoce la ocurrencia del accidente, la existencia de una relación contractual con el actor, y el incumplimiento de las obligaciones exigidas por las autoridades correspondientes.

Indica que el espectáculo era un evento en espacio abierto y de público acceso, por lo que no tenía control del ingreso, y que no corresponde atribuir responsabilidad a la AVGR debido que la carrera se desarrolló en terreno de tierra y no sobre el asfalto del autódromo propiedad de la co-demandada.

Por último, que el evento contaba con las autorizaciones correspondientes, y se cumplieron en su totalidad las obligaciones respecto a las exigencias para su realización, sin perjuicio que además se brindó un sistema de seguridad con alambrados, montículos de tierra, etc.

Conforme ha quedado trabada la relación procesal entre ambas, surge que el nudo de controversia radica en determinar si la Municipalidad de Gral. Roca ha incurrido en una responsabilidad extracontractual, por actividad ilícita y por omisión, respecto a incumplimientos relacionados al poder de policía sobre las actividades que se desarrollan en el ejido municipal y, particularmente, las condiciones de seguridad del autódromo local, a los fines de verificar la adopción de medidas de seguridad adecuadas.

Como me he referido, ante la ausencia de un régimen local de responsabilidad estatal, se aplicará lo dispuesto en el art. 55º de nuestra CP, el cual establece que el Estado provincial y los municipios, son responsables por sí y por los actos de sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones.

Conforme la doctrina de la CSJN, el fundamento exclusivo sobre el que podría responsabilizarse al Estado, en los casos de responsabilidad extracontractual por actividad ilícita, es mediante el factor de atribución falta de servicio.

Así lo ha determinado la CSJN en el precedente “CEBALLOS” (CSJN; 20/09/2022; Ceballos, Estefanía Itatí y otro c. Dirección Nacional de Vialidad y otros s/daños y perjuicios; TR LALEY AR/JUR/130356/2022) y nuestro STJ ha seguido el mismo camino en el caso “ESTRADA ZAMUDIO” (STJRN1, Se. 54/2025; ).

La doctrina ha dicho que para que se configure la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones ilegítimas, realizados por sus agentes, es necesario demostrar “(...) a) la imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones; b) falta de servicio por cumplir de manera irregular los deberes y obligaciones impuestos por la Constitución, la ley o el reglamento o por el funcionamiento defectuoso del servicio (ilegitimidad objetiva), sea el incumplimiento derivado de acción u omisión; c) la existencia de un daño cierto en los derechos del administrado; d) la conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular” (Cassagne, Juan Carlos; Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, actualizada y ampliada; 13º Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2021; p. 172).

A los fines de atribuir responsabilidad al Estado por actividad ilícita, debe analizarse cuál fue la prestación del servicio realizada irregularmente por parte de la Administración.

La CSJN ha dicho que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de este, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas (Fallos 321:1124; 330:2748; 333:1623 y 336:1642).

La actividad probatoria de quien pretenda responsabilizar al Estado debe dirigirse a individualizar del modo más claro y concreto posible cuál es la actividad de los órganos estatales que reputa como irregular, vale decir, debe demostrar la falta de legitimidad de la conducta estatal como la idónea para producir los perjuicios cuyo resarcimiento se reclama (CSJN, "COHEN", 329:2088).

Además, la valoración de la falta de servicio, como violación o anormalidad del servicio regular, presuponen una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (CSJN, 321:1124, “ZACARÍAS”).

En esta misma línea se ha expresado nuestro STJ en los precedentes “CHAZARRETA” (STJRN1, Se. 54/2014) y “HUINCA” (STJRN1, Se. 81/2014).
La falta de servicio trae consigo la idea de una transgresión a una regla de conducta, por acción u omisión, cuando el Estado incumple una obligación expresa o razonablemente implícita, concreta, que surge del orden jurídico.

En el ámbito de la doctrina se ha establecido que “(...) el punto de partida es que si un órgano estatal, al desempeñar una competencia normativamente atribuida, que como tal persigue un fin público y es de ejercicio obligatorio, daña (sea porque la ejerció errónea, irregular o incorrectamente, o de manera tardía), es el Estado quien repara el perjuicio. (…) no es la falta del servicio entendida como culpa, sino la falta de servicio entendida como ausencia, carencia, omisión o simplemente incumplimiento de las obligaciones legales que le han sido impuestas al órgano de la Administración, ya que no es una sanción hacia ella sino restitución a la víctima, que no tiene el deber jurídico de soportar el daño que la conducta lesiva le ha infringido” (Salvatelli, Ana; El Estado Responsable; 1ra. Ed. Ciudad Autónoma de Buenas Aires, Astrea, 2024; p. 205).

Queda en claro, entonces, que la irregularidad del servicio deviene del incumplimiento de los deberes legales a cargo de la Administración Pública, como también la comprobación del funcionamiento defectuoso se da al verificarse el evento dañoso y el deber normativo infringido.

La Municipalidad ejerce su poder de policía genérico sobre las actividades que suceden dentro del ejido municipal, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal (arts. 7º, inc. 9 y 13).

Particularmente, y conforme la posición de las partes y tal como surge de las medidas de prueba del expediente, respecto a los espectáculos públicos ejerce el poder de policía en cuanto al pago de tasas municipales para realizar el espectáculo en sí, la fiscalización municipal sobre la contratación de un seguro obligatorio que pueda cubrir los eventuales daños que puedan sucederse en el transcurso del evento, cobertura médica y cobertura de seguridad relacionada con bomberos y policía (Ord. Fiscal Municipal 71/78, art. 152 y ss.; Ord. Nº 2339/96; Ord. Nº 4591/2010).

En hojas 194 del expediente surge un permiso de espectáculo público por medio del cual se autoriza a realizar el evento, dado que ha cumplido con los requisitos antes mencionados.

No se desprende del relato de la demanda cuál sería la prestación de servicio deficiente en que ha incurrido el Estado Municipal, es decir cuál ha sido el incumplimiento concreto y determinado, relacionado con las condiciones de seguridad del circuito.

Tampoco se desprende cuál es el deber normativo, explícito o implícito, que se encuentra infringido, y que constituya la causa fuente de la prestación irregular del servicio estatal.

Tampoco surge de la prueba producida, en su conjunto, que el Municipio de General Roca haya sido parte de la cadena de organización del evento deportivo desarrollado o que haya asumido un rol de patrocinante del evento deportivo en cuestión (CAGR, Se. 64 - 31/08/2017, "BELMAR LLONI ESTEBAN C/ COMISION CENTRAL ORGANIZADORA Y OTRAS").

En efecto, el Municipio local no ha intervenido en el caso en las etapas de organización ni del desarrollo del rally 47º Vuelta de la Manzana, tampoco que  haya tenido facultades concretas de control y fiscalización respecto al lugar en que podían ubicarse los espectadores o respecto de las condiciones de seguridad del circuito especialmente adaptado para esa competencia, facultades que colocan reglamentariamente a cargo exclusivamente de los organizadores del evento -la AVGR y la ACRA-.

En consecuencia, no habiéndose acreditado la falta de servicio estatal en que habría incurrido el Municipio local, por una lado, ni que el mismo haya participado de la cadena de organización del evento deportivo, corresponde rechazar la demanda interpuesta contra la Municipalidad de General Roca, con costas a la actora.

Conforme surge de la contestación de demanda realizada por la Municipalidad de General Roca, solicita la citación de terceros del Automóvil Club Argentino (ACA), en tanto la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA ha incumplido con su deber de fiscalización y control de los reglamentos y normas de la organización del evento, y opone la ruptura del nexo de causalidad por el hecho de un tercero por el que no debe responder.

Por su parte, al contestar la citación el ACA, señala que no resulta responsable del siniestro, dado que no forma parte de la organización del evento y en ningún momento participa del resultado económico de la competencia.

Además, opone la ruptura del nexo de causalidad por la intervención causal del hecho de la víctima, quien se habría ubicado en un lugar prohibido para los espectadores.

En primer lugar, corresponde referir al alcance de la responsabilidad que podría extenderse al ACA en su carácter de tercero citado.

Debe tenerse presente que la doctrina legal del STJ ha establecido la imposibilidad de condenar en forma oficiosa a quienes no hayan sido demandados, por entender que en caso de hacerlo, se violaría el principio de congruencia (STJRN1, Se.36/02, “JOISON”; STJRN1, Se.77/02, “VARGAS BARRÍA”).

Asimismo, estando frente a una intervención obligada de terceros, solicitada por el demandado en los términos del art. 89º del CPCC, el tercero no integra el litisconsorcio pasivo, dado que la pretensión no ha sido iniciada en su contra y por lo tanto su intervención es al solo efecto que pueda ejercer válidamente el control del proceso, evitándose luego el dispendio jurisdiccional que originan oposiciones por el negligente ejercicio del derecho de defensa, en una eventual acción de regreso posterior.

Se ha dicho que deben diferenciarse los casos de citación por parte del actor y del demandado, en tanto en éste último caso estamos frente a una defensa y no una pretensión de certeza. Por lo tanto, la doctrina ha sostenido que el efecto de la sentencia contra el tercero citado por la demandada no puede ser de condena, porque no puede condenarse en la sentencia sobre el objeto principal del pleito a nadie con motivo de una defensa o citado a modo de control (Falcón, Enrique M.; Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo I, Parte General. Demanda; 1ra. Ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2013; p. 434).

Merituando el límite procesal antes referido, adelanto que el Automóvil Club Argentino -Comisión Deportiva Automovilística- resulta también responsable de los daños sufridos por Linconado, por formar parte de la organización del evento en razón de las consideraciones que paso a exponer;

Del reglamento Deportivo Campeonato Argentino de Rally del 2017 surge, en el apartado “condiciones generales del campeonato”, que el Automóvil Club Argentino forma parte de la organización del evento.

En efecto, dispone “la comisión deportiva automovilística del Automóvil Club Argentino (CDA del ACA) fiscaliza el Campeonato Argentino de Rally que es de su propiedad, el cual comprende las competencias que están incluidas en el calendario Deportivo Oficial. Cede a su vez la organización del mismo a la Asociación Civil Rally Argentino (ACRA), la cual puede compartir la organización de cada fecha particular con otras instituciones o empresas”.

Además se indica que “el ACRA y el o los clubes, instituciones o empresas que compartan la organización de cada evento son los únicos responsables de toda la organización del evento y del cumplimiento de todas las normas contenidas en este reglamento deportivo, de lo previsto en el reglamento deportivo automovilístico (RDA), en el Código Deportivo Internacional (CDI) y demás resoluciones que la CDA pueda dictar en particular.

En el apartado “Aplicación” dispone que “solamente la CDA del ACA puede conceder excepciones a estas disposiciones. Cualquier incumplimiento a estas disposiciones será informado a los comisarios deportivos quienes podrán imponer las sanciones previstas(...)”.

En el apartado “Oficiales y delegados” la gran mayoría de los mismos depende de la CDA, y en particular se incluye los delegados de seguridad, designado por la CDA, como “responsable específicamente del control y de la seguridad del público y de los medios”.

En el anexo 1 “requerimientos organizativos” se dispone “La CDA establece para la organización de competencias válidas para el campeonato 2017 del rally argentino las siguientes normativas” y se extiende luego sobre detalles sobre la organización de los eventos de automovilismo.

En consecuencia, surge claro que la Comisión Deportiva Automovilística, que depende de la asociación Automóvil Club Argentino, ejerce un fuerte poder de control y fiscalización sobre las condiciones organizativas de los eventos deportivos de automovilismo que forman parte del campeonato nacional de rally argentino, y por lo tanto también sobre las condiciones de seguridad en las que se desarrolla el espectáculo deportivo.

En el precedente “MOSCA” ya mencionado, se trató la cuestión similar en cuanto a la extensión de responsabilidad hacia la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) por los hechos ocurridos durante un partido de fútbol, organizado por el Club Atlético Lanús.

En el mismo se dijo “La regla general es que una entidad que agrupa a otras entidades no es responsable por los daños extracontractuales que estas últimas causen a terceros. Las asociaciones de segundo grado, pueden ejercer cierto poder de vigilancia sobre aspectos generales, pero normalmente, no tienen facultades de control sobre las prestaciones que sus asociados dan a los terceros, ni participan de modo relevante en los beneficios. Por esta razón, no son responsables extracontractualmente. Pero en la medida en que la situación de hecho no se subsume en la regla general, pueden darse situaciones de responsabilidad.(...) Los dos criterios jurídicos para analizar esta situación son: a) si el poder de vigilancia se traslada a la prestación; y b) si se participa en los beneficios de modo relevante. Ambos criterios son expresión de una antigua máxima de la responsabilidad civil que señala que "a mayor control mayor responsabilidad".

Pues bien, en el caso en concreto, conforme surge del Reglamento Deportivo Campeonato Argentino de Rally del 2017, que regula las circunstancias del campeonato de rally donde se ubica la 47º Vuelta de la Manzana, no cabe duda de que esa asociación rectora del automovilismo nacional es organizadora del campeonato, y por lo tanto tanto de las distintas carreras que forman parte del mismo, más allá de la delegación organizativa en una determinada carrera.

Si bien se establece en el reglamento que le cede la organización a la Asociación Civil de Rally Argentino, no es menos cierto que ejerce un claro poder de vigilancia sobre cómo debe desarrollarse cada carrera -su condición de organizadora surge de su propio reglamento-, y además también tiene facultades de contralor, en cuanto establece las condiciones que deben reunir los distintos lugares donde deben disputarse los eventos deportivos, con las consecuentes potestades disciplinarias.

Luego de analizar la responsabilidad de las organizadoras del espectáculo deportivo en los daños sufridos por Linconado, resulta necesario evaluar -ahora en extenso- la incidencia de la conducta de la víctima, en tanto se ha opuesto ello como un eximente de responsabilidad.

La AVGR -y por adhesión la ACRA- ha sostenido que el actor es responsable de los daños padecidos, dado que se ubicó en un lugar no permitido para el público.

Luego, la Municipalidad de General Roca sostuvo que en el caso se ha roto la relación de causalidad, dado que Linconado se encontraba en un sector no permitido para observar el espectáculo público, lo que se demuestra a partir de la falta de gradas, plateas o estructuras construidas para albergar y resguardar a los espectadores del rally.

Por último, el ACA opone eximente de responsabilidad por el hecho del damnificado, y sostiene que en el caso se ha roto la relación de causalidad dado que el actor habría caído cuando intento huir del accidente y colisión del automóvil con las medidas de seguridad, por lo que la lesión que padeció se debió a una presunta caída y no al golpe con una rueda del vehículo.

Como primera cuestión, del juego de los arts. 1734º y 1729º del Código Civil, surge que la carga de la prueba del hecho de la damnificada -como circunstancia eximente de responsabilidad- corresponde a quien ha sido imputado como responsable de los daños padecidos.

Se ha dicho que “(...) para que el hecho de la víctima desplace totalmente la autoría del agente, y se constituya en la causa exclusiva del perjuicio, es preciso que reúna los caracteres del caso fortuito en los términos del artículo 1730 (es decir, debe ser imprevisible o inevitable, además de exterior, art. 1733, inc. e)” (Lorenzetti, Ricardo Luis; Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo VIII; 1ra. Ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2015; p. 430).

Es decir que el hecho del damnificado exonera totalmente de responsabilidad solo en aquellos casos en que coincide con las características del caso fortuito o fuerza mayor (la conducta resulta ser una circunstancia que no ha podido resistir ni superar para evitar la producción del daño).

Además, que “el hecho del perjudicado, para ser tal, debe ser exterior al demandado, es decir que no debe serle imputable a él. De lo contrario, si ha sido el propio ofensor quien lo ha provocado o facilitado, la conducta del damnificado es una mera consecuencia del acto u omisión del accionado, y no configura un eximente de responsabilidad(...)” (López Mesa, Marcelo y Delfino, Eduardo; Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado; 1ra. Ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2019; p. 312).

En el caso, reitero que eran las partes co-demandadas AVGR y la ACRA -y no el espectador- quienes se encontraban a cargo de la organización del rally de la 47º Vuelta de la Manzana, y por lo tanto diseñaron el circuito donde se iba a disputar el evento, debían señalizar e informar a los espectadores los sitios dónde podrían ubicarse, y ejercer sus facultades de fiscalización y control sobre la carrera en momentos previos, durante y finalizada la carrara.

Los organizadores debieron prever la circunstancia que los espectadores del evento -y por caso, el actor- se ubicarían en la curva donde ocurrieron los hechos, y por lo tanto debieron implementar las medidas idóneas para informar que el lugar de la curva se encontraba prohibido, que era peligroso, colocar la cartelería necesaria para hacer saber a los espectadores sobre lo riesgoso del lugar, impedir en su caso que las personas se ubiquen allí y de no lograrlo, suspender o cancelar la carrera.

En suma, en eventos de rally es una práctica común que los espectadores se ubiquen al costado del camino -tal como lo han referido las partes en sus escritos de presentación al proceso y los testigos que declararon aquí-, por lo que la ubicación del Actor Linconado, así como de un número considerable de espectadores en el lugar del siniestro -lugar denunciado como no permitido por los demandados-, no pudo resultar imprevisible para los profesionales a cargo de la organización del espectáculo deportivo.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la defensa opuesta y descartar el hecho del damnificado como eximente de responsabilidad.

En suma, corresponde condenar al Sr. Javier Castro, y a las co-demandadas Asociación Volantes de General Roca, la Asociación Civil Rally Argentino -éstas últimas de forma solidaria- a resarcir los daños y perjuicios padecidos por el actor como consecuencia del accidente automovilístico ocurrido en el evento deportivo 47 Rally Vuelta de la Manzana de fecha 06/08/2017.

Asimismo, corresponde rechazar la demanda interpuesta contra la Municipalidad de General Roca, en razón de no haberse acreditado falta de servicio estatal, con imposición de costas a la actora.

Por último, declarar al Automóvil Club Argentino civilmente responsable de los daños y perjuicios padecidos por el actor, sin que ello implique condena alguna (art. 89º CPCC).

En su demanda solicita la suma de $1.005.293,46, argumentando que debe cumplirse con el principio de reparación plena del art. 1746º del CCyC, extendiéndose en ello, y ofreciendo como elementos a cuantificar lo siguiente: la edad de 20 años al momento del accidente, el SMVM al momento del accidente de $8.860, y el porcentual de incapacidad del 25%.

- Incapacidad a considerar: La única lesión incapacitante fue determinada por el perito médico Dr. Martínez ha determinado que el actor padece una incapacidad parcial y definitiva del 8%, haciendo una sumatoria directa de la incapacidad por rigidez en el tobillo (3%) y por la fractura de peroné unimaleolar de tobillo (5%).

Siguiendo lo establecido en el precedente “KUCICH” (STJRN1, Se. 55/2025), las lesiones físicas serán computadas utilizando el método de capacidad restante o Balthazard, conforme jurisprudencia del STJ.

En consecuencia, el actor padece una incapacidad parcial y definitiva del 7,85%.

- Ingresos a considerar: Al momento de interponer la demanda no se han informado cuáles eran los ingresos que percibía el actor al momento de los hechos, y por ello en su demanda solicitan la utilización del SMVM al momento del hecho como ingreso base. Al momento de alegar la parte actora no se ha expedido respecto a ello ni sobre la aplicación de los lineamientos del precedente “GUTIERRE” (STJRN1, Se. 65/2024) al caso en concreto.

Siguiendo éste último precedente, el ingreso base que debe utilizarse en la fórmula matemática indemnizatoria de la doctrina del STJ (STJRNS3, Se. 108/09, "PEREZ BARRIENTOS"; STJRNS1, Se. 52/15, "HERNANDEZ") es el ingreso más cercano al momento del dictado de sentencia.

Ante la ausencia de prueba alguna que demuestre lo que percibe el actor actualmente, corresponde utilizar el SMVM vigente al día de la fecha, el cual asciende a $357.800 (RESOL-2025-9-APN-CNEPYSMVYM#MCH).

- Cuantificación: En base a lo expuesto tomaré las siguientes pautas: 1) la edad de 20 años que tenía el actor; 2) el ingreso de $357.800; 3) y una incapacidad parcial y definitiva de 7,85%.

Sobre estas premisas aplicaré la fórmula indemnizatoria establecida en los precedentes del STJ antes mencionados (esto es, C = A * (1–Vn) * 1/i * %de incapacidad), cuyo resultado arroja la suma de $17.516.115,92.

A dicha suma de dinero deberán sumársele intereses, los cuales se devengarán a una 8% anual desde la fecha del hecho (06/08/2017) y hasta la fecha de la presente sentencia; y luego desde allí y hasta el efectivo pago según las tasas de interés fijada por la doctrina del STJ en “MACHIN” (STJRNS3, Se. 104/2024) o la que en su futuro la reemplace.

En la demanda solicitan la suma de $100.000 por el rubro de Gastos Médicos, y señalan que han debido hacer gastos como consecuencia del accidente ocurrido, con el fin de recuperar la integridad física del actor producto de las lesiones padecidas.

El art. 1746º del CCyC expresamente impone la presunción de dichos gastos, dentro de un marco de racionalidad, y reiteradamente se ha expresado que el rubro gastos médicos y de farmacia comprende aquellos gastos orientados al restablecimiento de la integridad física del damnificado, resultando indiscutida su resarcibilidad.

Siendo que en el expediente se cuenta con suficiente prueba que acredita las lesiones del actor y la asistencia médica recibida, corresponde hacer lugar al rubro por la suma solicitada en la demanda de $100.000 con más sus intereses, los que se devengarán conforme las tasas de intereses legales reconocidos en los precedentes del STJ correspondientes (STJRNS3: Se. 105/15 "JEREZ"; Se. 76/16 "GUICHAQUEO", Se. 62/18 "FLEITAS"; Se. 104/2024, “MACHIN” o la que en el futuro las reemplace), desde la fecha del hecho (06/08/2017) hasta el efectivo pago.

En su demanda la parte actora solicita la reparación del rubro daño moral/extrapatrimonial, peticionando la suma de $201.058,69.

Para ello argumenta sobre la situación personal de la víctima, las circunstancias de su vida antes y después del accidente, y por último ofrece como criterio para cuantificar calcular un 20% del rubro de incapacidad física, por lo que se da la suma indicada previamente.

Tengo presente que en doctrina y jurisprudencia se encuentra resuelto desde hace tiempo que en los supuestos de daños y perjuicios derivados de un acto ilícito, comprobado el mismo, el daño moral no requiere de prueba específica alguna.

Esto quiere decir que se lo presume por el sólo hecho del acaecimiento del hecho dañoso, correspondiendo la prueba en contrario al indicado como responsable del mismo. En tal sentido se ha expedido el STJ (STJRN1, Se. 45/21, “DAGA”; Se. 54/22 “CALBUCOY BUSTOS”).

En el presente caso, se encuentra acreditado el accidente deportivo, y las circunstancias que lo rodean dan cuenta de lo súbito e inesperado que fue el siniestro, y por ello lo sorpresivo que fue para el actor las lesiones que ha padecido.

Además, también debe considerarse que el actor asistió al evento deportivo con la confianza de no salir del mismo con lesiones, es decir deposito la confianza en el organizador del evento, con la creencia que no recibiría daño alguno en su condición de espectador.

Por último, también debe tenerse en cuenta que como consecuencia del siniestro debió ser intervenido quirúrgicamente, y luego asistir a rehabilitación de la fractura de peroné y reducción de movilidad en el tobillo, con lo cual el hecho de someterse a dichos tratamientos médicos también es causa suficiente de daño extrapatrimonial.

En consecuencia, el daño extrapatrimonial se presume por el mero acontecer del hecho y sus consecuencias conocidas, teniendo presente y en especial consideración las lesiones físicas que ha padecido el actor de 20 años de edad al momento de los hechos y lo sorpresivo del suceso.

En este contexto, considero que existe medidas de prueba suficientes como para tener por acreditado el daño extrapatrimonial, y en consecuencia corresponde cuantificar el mismo.

Siguiendo el criterio de Cámara de Apelaciones local, se cuantificará el rubro conforme la comparación de precedentes análogos. No se encuentran en el repositorio jurisprudencial casos de daños ocasionados durante espectáculos deportivos donde el actor haya sufrido una incapacidad similar a la que presenta el actor, por lo que se tomarán en cuenta los siguientes:

En "LOPEZ IVAN ALEXANDER C/ PORRO JORGE HECTOR" (Se. 75 - 26/09/2017), en el cual se concedió a un hombre de 27 años, con un 5% de incapacidad, la suma de $100.000 a valores de mayo de 2017.

Asimismo en "LABORDA, MACIEL DENIS Y OTRA C/ TORRES, MARCOS DIEGO Y OTRA" (Se. 80 - 21/04/2025) se fijó una incapacidad del 10% y del 2% a cada uno de los actores, otorgando una indemnización por daño extrapatrimonial de $2.000.000 y $1.500.000 respectivamente, a valores de septiembre del 2024.

En el precedente “ALMONACID, CARLOS JORGE C/ REYES, MARCELO ALEJANDRO Y OTROS” (Se. 300 - 30/12/2025) para el actor con un 8% de incapacidad parcial y definitiva, se fijo una indemnización por daño extrapatrimonial de $7.000.000 al momento del dictado de la sentencia.

En consecuencia, merituando los precedentes jurisprudenciales, las circunstancias del caso traído a juicio, la incapacidad y edad del actor, atento a la depreciación del valor del dinero en razón del proceso inflacionario que es de público conocimiento, considero que la reparación del daño extrapatrimonial procede por la suma de $3.000.000.

A dicho monto deberá adicionarse intereses, los que se devengarán desde la fecha del hecho (06/08/2017) a la fecha de la presente sentencia, a un 8% anual. Desde la fecha de sentencia hasta el efectivo pago, devengarán intereses conforme las tasas judiciales establecidas en la doctrina del STJ en “MACHIN”, o la que en su futuro la reemplace.

a) En primer lugar, respecto a la citación realizada por la Municipalidad de General Roca a favor de Federación Patronal S.A, dado que se ha rechazado la demanda en contra del Estado Municipal, no corresponde expedirme respecto a las defensas y planteos realizados.

Respecto a las costas provocadas por la citación, se imponen por su orden (Art. 62º, 2do. Párrafo CPCC), debido a que resultaba necesaria la citación en los términos del art. 118 de la LS, a los fines de hacer efectiva la obligación de indemnidad (Art. 109º LS).

b) En segundo lugar, respecto a las citación en garantía de Sancor Seguros, traída a juicio por la Asociación de Volantes General Roca, ha reconocido la cobertura asegurativa, solicitando en su caso, la cobertura hasta el límite de lo contratado.

Ha planteado también que existe un supuesto de exclusión de cobertura, dado que el contrato se limita a dar cobertura a aquellos espectadores que se encuentran instalados en lugares específicamente destinados a la ubicación de los mismos, siendo responsabilidad del asegurado el cumplimiento de dicho requisito.

c) Ingresando a los límites de cobertura asegurativa establecidos en las respectivas pólizas, corresponde establecer su alcance: 

En el caso de Sancor Seguros la póliza Nº 259169, en su anexo 5 de condiciones particulares establece que (...) la suma total asegurada es de $2.000.000, y que el límite específico es de $300.000 por persona y acontecimiento.

Por el lado de Rio Uruguay Seguros, se ha celebrado póliza Nº 0030697, del ramo responsabilidad civil, con una suma asegurada de $6.500.000 y un sublímite de cobertura por lesiones de $2.600.000. Se encuentran asegurados por esa póliza misma tanto la ACRA como la AVGR, en su carácter de co-asegurado.

En recientes precedentes nuestro STJ ha realizado un análisis económico sobre las coberturas pactadas en distintas pólizas de seguro cuando las mismas se encuentran desfasadas en razón del paso del tiempo y el proceso inflacionario. Así, se han nulificado los distintos límites de cobertura celebrados a valor nominal vigente al momento de la emisión de la póliza, cuando los límites han devenido en una clausula abusiva en los términos de los arts. 1118, 1119, 1743 y ccdtes. del CCyC, frustrando la finalidad del contrato.

En los contratos de seguro la suficiencia o insuficiencia de la suma asegurada se juzga al momento del siniestro, o por lo menos así opera en los seguros de daños para determinar si hay infraseguro, sobreseguro o seguro pleno (art. 65 LS). -Ver precedentes "LEVIAN" (Se. 02 - 07/02/2025 y su aclaratoria Se. 14 - 12/03/2025), "ILU" (Se. 16 - 13/03/2025), "MARTINEZ" (Se. 82 - 27/06/2025)-.

Conforme la cuantificación de daños realizada, la suma de capital más intereses devengados hasta la fecha de sentencia asciende a la suma de $164.528.191,29 -sin perjuicio que dicho monto se define al momento de ejecución de sentencia-.

Ahora, tomando en consideración la suma de $6.500.000 o tope de póliza de Rio Uruguay Seguros, aplicando las tasas de intereses establecidas en la doctrina del STJ, se obtiene la suma de $51.873.653,00.

En el caso de Sancor Seguros, considerando el tope de cobertura de $2.000.000, la suma aplicando las tasas de interés vigente, es de $15.961.124,00.

Surge claro que hay una desproporción irrazonable entre la cobertura que fuera celebrada con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, actualizada al día de la fecha, y la suma de capital e intereses actualizados al día de la fecha, lo que habilita el control de las clausulas contractuales.

Así y en conclusión, corresponde declarar de oficio la nulidad de la cláusula Nº 3, del anexo 1 de las condiciones generales y el límite de cobertura de $2.000.000 de la póliza Nº 259169 celebrada con Sancor Seguros, por un lado; y la cláusula Nº 3-A de las condiciones particulares, y el tope de $6.500.000 de la póliza Nº 0030697 celebrada con Rio Uruguay Seguros, por otro.

En consecuencia, y en etapa de ejecución de sentencia, las aseguradoras deberán acompañar al presente proceso la póliza de seguros del mismo ramo y cobertura que la pactada en el presente caso, y con los montos de cobertura que se encuentren vigentes al momento de ejecutarse o cumplirse esta sentencia.

Además, conforme doctrina del STJ en precedentes "LEVIAN" e "ILU" ya referidos, a la suma de dinero mencionada en el párrafo anterior se le deberán aplicar intereses a la tasa del 8% anual, desde la fecha del hecho hasta la fecha en que se practique la liquidación de condena, y desde allí hasta el efectivo pago deberán adicionarse intereses conforme las tasas judiciales establecidas en precedente "MACHIN" (STJRN3, 104 - 24/06/2024) o la que en el futuro las reemplacen.

En relación a la pretensión contra la Municipalidad de General Roca, las costas se imponen a la parte actora en su calidad de vencida (art. 62º del CPCC).

En cuanto a la citación realizada por la Municipalidad de General Roca, a Federación Patronal Seguros S.A, se imponen las costas por su orden (art. 62º CPCC).

En relación a la citación de terceros realizada por la Municipalidad de General Roca al Automóvil Club Argentino -en los términos del art. 89º del CPCC-, y observando el resultado de este proceso, las costas se imponen por su orden.

Se deja constancia que la parte actora cuenta con beneficio de litigar sin gastos, concedido de forma total (cf. sentencia de fecha 13/06/2024, en expediente "LINCONADO ELIAS ANDRES S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS(C)" (Nº RO-28508-C-0000).

El monto base (MB) que deberá tenerse en cuenta a los fines de la regulación de honorarios es el monto indemnizatorio total por el que procede la pretensión, sumado a los intereses, el cual se determinará en la etapa de cumplimiento o ejecución de sentencia.

Se hace saber a los letrados y peritos intervinientes que en caso que los honorarios regulados en esta instancia, una vez liquidado el capital con más sus intereses, resulten inferiores a los mínimos legales establecidos en las leyes Nº 2212 y Nº 5069, la regulación de honorarios posterior respetará los mínimos allí establecidos (Conf. STJRN1, "REZZO", Se. 96/22).

La co-demandada Asociación Volantes General Roca solicita se haga aplicación del límite al pago de las costas del proceso, que impone el art. 730º del CCyC.

Tomando en consideración lo resuelto por nuestro STJ en el precedente “MUÑOZ BUSTAMANTE” (STJRNS1, Se. 16/2020), corresponde hacer lugar a lo solicitado y limitar la responsabilidad por costas judiciales, difiriendo el cálculo para el momento de cumplimiento o ejecución de sentencia.

1. Hacer lugar a la demanda interpuesta por Elias Linconado, y en consecuencia condenar a la Asociación Civil de Rally Argentino, la Asociación de Volantes de General Roca -de forma solidaria- y al Sr. Javier Castro -de manera concurrente-, a que en el plazo de 10 días corridos desde la notificación de la presente, abonen las sumas dinerarias determinadas en el punto IV), bajo apercibimiento de ejecución judicial.

2. Hacer extensiva la condena a Sancor Seguros S.A y Rio Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, en los términos del contrato de seguro y conforme lo establecido en el punto V) de la sentencia.

3. Declarar civilmente responsable al Automóvil Club Argentino, en su carácter de tercero citado a juicio (art. 89º CPCC) respecto a los daños y perjuicios generados al actor.

4. Rechazar la demanda incoada contra la Municipalidad de General Roca, por las razones expuestas en los considerando. 

5. Imponer las costas de la pretensión principal a las co-demandadas Javier Castro, Asociación de Volantes General Roca, Asociación Civil de Rally Argentino (art. 62º CPCC), haciendo extensiva dicha condena a las citadas en garantía Rio Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada y Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, en los términos del Punto V) de la presente.

Imponer las costas de la pretensión contra la Municipalidad de General Roca a la parte actora vencida (art. 62º del CPCC).

Imponer las costas por su orden respecto a la citación realizada por la Municipalidad de General Roca a Federación Patronal Seguros S.A. (art. 62º CPCC).

En cuanto a la citación de terceros realizada por la Municipalidad de General Roca, a favor del Automóvil Club Argentino, se imponen las costas por su orden.

6. Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el proceso, con las salvedades referidas en el apartado c) del punto VI), de la siguiente manera:

A los Dres. Omar Jurgeit, en su carácter de letrado apoderado, por todas las etapas procesales cumplidas, en la suma equivalente al 14% del MB, con más el 40%.

Para los Dres. Juan Pablo Urquiaga, Luis Daniel Giacopino, y la Dra. Laura M. García, de manera conjunta y en carácter de letrados apoderados de la Municipalidad de General Roca, por todas las etapas procesales, en la suma equivalente a 12% del MB con más el 40%.

Para los Dres. Oscar Pablo Hernández y Santiago Nilo Hernández, de manera conjunta y en carácter de letrados apoderados de la Asociación de Volantes de General Roca, la Asociación Civil de Rally Argentino, y Rio Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, por todas las etapas procesales cumplidas, en la suma equivalente al 8% del MB, con más el 40%.

Para la Dra. Lucia Paola Lusona, en su carácter de letrada apoderada del Automóvil Club Argentino y por las etapas cumplidas, en la suma equivalente al 5% del MB, con más el 40%.

En todos los casos, cúmplase con la ley Nº 869.

Se deja constancia que en la merituación de los honorarios se ha tomado en cuenta la calidad de la actuación profesional, el carácter, la extensión, complejidad y etapas cumplidas de la causa, el resultado obtenido a través de aquélla (arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 12º, 20º, 39º Ley Nº 2212 y art, 18º, 19º de la ley Nº 5069).

También que si una vez liquidado el capital con más sus intereses, las sumas reguladas resultan inferiores a los mínimos legales establecidos en las leyes Nº 2212 y Nº 5069, la regulación de honorarios respetará los mínimos establecidos (STJRN1, "REZZO", Se. 96/22).

7. Firme la presente, pase a despacho contable de OTTICA a los fines de determinar sellados y tasas que deban abonarse.

8. Notifíquese la presente conforme lo establecido en los arts. 120º y 138º del CPCC.