Fallo Completo STJ

Cipolletti, 28 de diciembre de 2023.

II. A fs. 112/119 se presenta Mariana Alejandra Carro, con patrocinio letrado y contesta la demanda.

Comienza por negar en forma particular los hechos y derechos, esgrimidos por la accionante. En primer lugar niega haber tenido participación activa en los hechos o responsabilidad alguna con relación a la causa.

V. A fs. 159 se abre la causa a prueba, convocándose a las partes a la audiencia preliminar, que luce celebrada conforme el acta de fs. 160/162; a fs. 164 se tiene por aclarada la prueba informativa en subsidio; En fecha se agrega el escrito de alegatos de la actora de fecha 14/08/2023. En 26/09/23 se llaman los autos para el dictado de la sentencia definitiva, providencia consentida por las partes.

Y CONSIDERANDO.

I. Encuadre legal.

En forma reiterada la jurisprudencia local ha sostenido hasta el presente -aún con cita en el supuesto regulado en el derogado Código Civil de Vélez Sarfield, las conclusiones a las que se arriban en el siguiente precedente: «...Consideramos que ésta es la interpretación correcta, pues todo daño causado por un automotor en movimiento obedece al riesgo propio de la cosa y también al de la actividad desarrollada. Los automóviles en movimiento son cosas riesgosas y el régimen legal previsto para ellos es el consagrado en el segundo Párr. última parte del art. 1113 del Cód. Civil (“daños causados por el riesgo o vicio de la cosa”); (...) Obsérvese que el propio Ramón Pizarro,... señala que conforme surge de la lectura del art. 1113 del Cód. Civil, párr. 2, última parte, el dueño o guardián "sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder".- El texto de la ley es claro y no deja lugar a duda. En materia de daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, el sindicado como responsable (dueño o guardián) sólo se exime total o parcialmente de responsabilidad frente al damnificado acreditando la culpa de la víctima o el hecho de un tercero extraño... » (Cf. STJRN en autos “Traffix Patagonia SH c/INVAP SE s/Daños y Perjuicios s/Casación. Expte. N* 22763/08-STJ-).

II. Los hechos afirmados y la prueba de los mismos.

Lo analizado precedentemente tiene íntima relación con la forma en que se analizará y resolverá la presente causa, en función de la actividad procesal y las cargas de las partes, de ahí su referencia expresa.

La prueba pericial accidentológica: El perito informa que conforme surge del análisis de todas las constancias incorporadas en el expediente, sin contar con prueba de actuaciones penales iniciadas por el accidente con lesiones, ni acta de relevamiento de la Policía, de todo lo cual pudiera obtener imágenes del escenario del hecho, ni de las consecuencias sobre los vehículos, realiza su pericia con sustento de lo relatado en los libelos de demanda y contestación de la demandada y la citada en garantía, teniendo en cuenta lo manifestado por el actor al momento de radicar la exposición policial posterior al hecho y denuncia ante su aseguradora, Seguros Rivadavia.

Realiza así, tres croquis que ilustran las versiones de cada litigante.

IV. Los daños.

Determinada entonces la responsabilidad en el accidente procedo a expedirme sobre los daños invocados, y la indemnización pretendida, cuya existencia y extensión fueron también, negados por los demandados y citada en garantía.

La actora reclama rubros de privación de uso del rodado por la suma de $30.000, gastos pasados y futuros de farmacia, radiografías y asistencia médica de $ 20.000, gastos de transporte por la suma de $30.000, tratamiento psicológico del actor por $40.000, daño físico por incapacidad en la suma de $222.832,92, daño psíquico $60.000,00 y daño moral $100.000,00.

Conviene presentar con claridad ciertos lineamientos que serán determinantes a los fines de discernir y cuantificar los rubros que integran las pretensiones de los accionantes.

Coincido con la doctrina que sostiene la clásica división, en la que se comprenden los rubros en su totalidad dentro de las tradicionales categorías de daño patrimonial y extrapatrimonial, aún cuando no es compartida por todos e incluso para algunos ha sido abandonada en la impronta del nuevo CCCN, entiendo sigue plenamente vigente.

"El sistema del CCyC deja claro que existe una partición entre consecuencias patrimoniales y no patrimoniales, sin terceros géneros. Es interesante advertir que hasta la denominación negativa ("no patrimoniales") que emplea el artículo 1741 contribuye a dejar claro el punto. Cuando se define por una propiedad discreta (patrimonialidad, en este caso) o carencia de ella, no hay posibilidad razonable de escapar de una partición: todo lo que se categoriza (en este caso, las consecuencias indemnizables) se encuentra o bien en uno o en otro subconjunto, que son mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivos. Y la capacidad, en el sentido técnico en que la caracteriza el artículo 1746, se incluye en las primeras. Los perjuicios de cualquier clase pueden ser indemnizados si proyectan consecuencias de una u otra clase y se dan los requisitos del deber de responder..." (Cf. Acciarri, H., Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños (edición argentina), La Ley Thomson Reuters, Buenos Aires, 2015, Capítulos VI a VIII.

Agregó también la profesional que "...Se encontraron evidencias de Interferencias emocionales al procesar información, conflicto entre aspiraciones y posibilidades actuales, malestar e incomodidad de tipo emocional que supone un aumento del sufrimiento y del dolor psíquico, tendencia a controlar en exceso sus descargas o intercambios afectivos por temor o desconfianza, inusual preocupación por el propio self que conlleva a un descuido hacia el mundo exterior, rasgos de aislamiento, preocupación en torno al cuerpo con impacto en la autoimagen asociado a emociones disfóricas, predisposición a derivar al cuerpo conflictos psíquicos, tendencia a percibir componentes hostiles en relaciones interpersonales, limitación de los recursos disponibles predisponiéndolo a la vulnerabilidad a presentar dificultades frente a tensiones, recursos insuficientes para hacer frente a los disparadores internos de tensión no pudiendo restablecer el equilibrio, sentimientos de inadecuación, de inseguridad, de falta de recursos para alcanzar metas pese al esfuerzo, bajo nivel energético, necesidad de sostén, temor a la acción independiente, dificultad en las actividades que implican contacto..."

La actora impugna la pericia haciendo reserva del pedido de su nulidad y solicitud de nueva pericia. Niega y desconoce las conclusiones a las que arribó el perito y cuestiona que este no haya analizados estudios posteriores al 2015 del actor para su análisis y evaluación. Afirma la existencia de evidente diferencia entre ambas rodillas y efectúa afirmaciones de doctrina, jurisprudencia y autores que indican que este tipo de lesiones siempre dejan una incongruencia articular, que nunca queda igual que antes.

El perito da respuesta suficiente a la impugnación, ratificando su informe pericial y señalando inclusive yerros conceptuales de la actora. Afirma que pese a la afirmación de la impugnante referido a que el actor no puede trabajar, lo cierto es que conforme el informe pericial y pruebas que el realizó, puede efectuar sus tareas habituales de constructor en forma normal y habitual en forma lapidaria refirió "... pretender tal y como lo hace la parte de que no puede trabajar por una presunta incapacidad laboral total por la lesión de la meseta tibial de la rodilla derecha, solo cabe en la pretensión de la parte y sin nada que sustente sus dichos..."

Ante la falta de elementos de juicio suficientes (profesionales, académicos, técnicos, científicos, etc) tendientes a relativizar la solvencia del dictamen pericial, corresponde desestimar las impugnaciones, en función de las contestaciones que a la misma formuló el experto.

En este sentido se ha dicho que "... no se han aportado elementos de prueba con la entidad suficiente para justificar un apartamiento de la opinión de las expertas y que demuestren que sus conclusiones se encuentren en pugna con los principios científicos que rigen sus materias; la Corte Suprema de Justicia sostiene que "...Aún cuando las conclusiones de los dictámenes no obligan a los Jueces, que son soberanos en la ponderación de la prueba, para prescindir de ella se requiere cuanto menos que se opongan otros elementos no menos convincentes..." (CSJN, 1/09/1987, ED, 130-335)

También la Jurisprudencia entiende que "...para desvirtuar lo dictaminado por el perito en relación a un saber técnico que el juez no posee, es imprescindible presentar elementos de juicio que le permitan concluir sobre el error o el inadecuado uso que el experto hubiera hecho de los conocimientos científicos de los que, por su profesión, o título habilitante, necesariamente ha de suponérselo dotado...(CNacFedCC, Sala II, 14-06-2011; L.L Online, Ar/jur/45412/2011).

En función de ello, habiendo el perito determinado que el Sr. Jiménez Sobarzo no cuenta con incapacidad alguna producto del siniestro de autos, corresponde rechazar la pretensión del rubro daño físico.

Respecto al lucro cesante pretendido, el mismo se limitó a ser un rubro solo mencionado en el título de la pretensión más no fue desarrollado en modo alguno y menos aún probado. En efecto se hace referencia a que el actor tenía una facturación mensual de $ 78.650 acompañando solo una factura por dicho monto de fecha 10 de abril de 2015, es decir 3 días después del accidente. Sin embargo y más allá de la insuficiencia de dicha documental para pretender sostener una pretensión de lucro cesante, no se produjo prueba idónea tendiente a acreditar la existencia de la sociedad o empresa que le pertenecía y que luego tuvo que cerrar a consecuencia de las lesiones que dijo le generó el accidente.

Es por ello que si bien de obran certificados médicos que indican que tuvo que utilizar muletas por 30 días y realizar 10 sesiones de kinesiología, ello resulta insuficiente para acreditar cuál fue la ganancia dejada de percibir por verse imposibilitado de trabajar. Por lo expuesto, sumado a toda ausencia postulatoria, corresponde el rechazo de lo peticionado por este rubro.

e.- Finalmente la actora reclama, la suma de $ 100.000 por daño moral, sin embargo únicamente efectúa citas doctrinarias, sin aplicarlas al caso en análisis.

Dice el Dr. Marcelo López Mesa "El daño extrapatrimonial ha sido definido como "el ataque a valores no pecuniarios, es decir, a todas las formas de sentimientos humanos: atentados contra el honor (injurias, difamación), al pudor (violación de la vida privada, etcétera). Se admita esta última afirmación o no, la indemnización por daño moral es resarcitoria, no porque sea exactamente evaluable en dinero, sino porque procura compensar o satisfacer el daño sufrido por el afectado, mitigando en alguna medida el daño que éste sufriera. El daño moral debe ser distinguido de las susceptibilidades excesivas o de los desmedidos afanes de lucro, que no pueden conseguir protección envolviéndose con su manto. Por ende, no cualquier inquietud o incertidumbre genera un daño moral resarcible. El daño moral no es un título cómodo para dar cabida como daño indemnizable a cualquier molestia, inquietud o susceptibilidad excesiva..." (Cf. Código Civil y Comercial comentado y anotado, tomo 10B pág. 62, Ed. Hammurabi).

Cabe señalar lo dispuesto en el art. 1741 CCCN, el cual prescribe: “Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible”.

En el caso que nos ocupa, surge de lo relatado por el propio actor a los peritos médico y psicológico, sus motivos de cómo le afectó el accidente en su vida. Sin perjuicio de tratarse de manifestaciones efectuadas por la propia parte, las consecuencias disvaliosas que generaron en su espíritu pueden ser advertidas a partir de lo manifestado por la perito psicológica.

Por otra parte debo señalar que no se produjo otra prueba tendiente a acreditar las limitaciones que las lesiones sufridas - aunque no incapacitantes, existieron - y que impidieron al Sr. Jiménez Sobarzo continuar con sus actividades tanto laborales como familiares y sociales en forma habitual.

En relación a su cuantificación tiene dicho nuestra Excma. Cámara que "... las limitaciones indemnizatorias cuantitativas constituyen un ámbito de excepción, debiendo realizarse en cada caso concreto, la valoración del perjuicio sufrido y su cuantificación en estricta relación con el menoscabo moral que el dicha situación trajo aparejada (cf. Pizarro, Ramón Daniel "Daño moral. Prevención. Reparación. Punición.", Hammurabi José Luis Depalma Editor, Bs. As., 2004, 2º Edición, pág. 385/386). Es por ello que respecto del quantum del daño moral, más que ningún otro queda librado a la discrecionalidad del órgano jurisdiccional, en tanto no existen parámetros, con aproximación aceptable a un absoluta validez, que permitan fijar una suma compensatoria del daño sin que pueda existir un margen de error.

Queda pues, "librada a la prudencia y ecuanimidad de quien deba determinar su monto, para lo cual es menester agudizar la imaginación y el sentido del equilibrio a los fines de no incurrir en exceso o defecto" (Conf. CNEsp.Civ.yCom., Sala II, in re "Pironi, Miguel D. c/ Suárez, Julio F. s/ sumario", del 11-10-83, citado por Hernán Daray, "Accidentes de Tránsito", pag. 360, Nro. 194), como así también que "...no cabe prescindir totalmente de la estimación efectuada en la demanda ya que, dada la naturaleza del daño en cuestión, el actor contó entonces para evaluarlo prácticamente con los mismos elementos de juicio que luego se incorporaron al proceso" (Conf. CNEsp.Civ.yCom., Sala II, in re "Álvarez, Daviglio c/ Rodríguez, Susana s/ sumario", del 4-11-85, citado por Hernán Daray, "Accidentes de Tránsito", pag. 361, nro. 196)." (Cf.A-4CI-664-C2015 - LOPEZ ILDA TERESA C/ CABRERA WALTER JOSE RAFAEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (Ordinario) (APELADO) 17-08-2021)

Es por lo expuesto que teniendo en cuenta que al actor, se le indicó el uso de muletas, tiempo de reposo y necesidad de realizar sesiones de kinesiología, producto de las dolencias que le provocó un accidente de tránsito respecto del cual no fue declarado responsable, considero prudente y razonable reconocer la suma solicitada de $100.000 (cf. art. 165 del CPCC), fijada en términos actuales. Sin pejuicio se dispone adicionarle un interés puro, a una tasa del 8% anual (Conforme doctrina legal del STJRN “LOZA LONGO”) desde la fecha del hecho y hasta la fecha de dictado de la presente sentencia, luego de lo cual podrá devengar un interés moratorio, de corresponder, conforme la tasa fijada por el STJRN (en los autos “JEREZ”, “GUICHAQUEO”, “FLEITAS”), suma que calculada con la herramienta prevista para ello en el sitio web de nuestro poder judicial, totaliza $169.852,05.

V.- Si bien existe una corriente jurisprudencial que indica que en base al principio de reparación plena las costas en los procesos de daños y perjuicios en caso de vencimiento, aunque sea parcial, siempre se imponen al demandado, lo cierto es que dicha postura también convive con la que dice que las costas se imponen en la medida de la concurrencia en la causación del hecho e incluso con una tercera postura que se sostiene en la medida del progreso de la demanda.

Así, tomando como base esas tres posturas y con un adecuado balance de las mismas aplicadas al presente caso tengo en cuenta que, en virtud de la dimensión de la procedencia de los rubros y del principio de reparación plena, el vencimiento en estas actuaciones corresponde a la actora por lo que impondré las costas a la citada, conforme el principio contenido en el Art. 68 del CPCC, 110, 111 y 118 L.S, debiendo asumir los honorarios de la letrada de la actora y los peritos.

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en consideración el planteo de la compañía citadas sobre este punto y atento que la asegurada Carro asumió a su cargo la dirección y estrategia de su defensa, deberá cargar con las costas generadas por ello. En igual sentido, las costas correspondientes a la defensa de Braian Ramírez, serán asumidas por este.

Mauro Alejandro Marinucci
Juez