Fallo Completo STJ

Por ende, tal declaración ocasiona distintos efectos en el proceso laboral, a) Al no haber sido desconocida la documentación acompañada por la parte actora en su demanda, la misma debe ser tenida como auténtica, y las cartas y telegramas por remitidos o por recibidos por el rebelde, según su caso; y b) Se edifica a favor de la parte actora la presunción “iuris tantum” de que los hechos por ella relatados en su demanda son ciertos, importando ello la inversión de la carga probatoria siempre y cuando los mismos fueren verosímiles y no se contradigan con otras constancias de autos.

 

Concretamente, en casos como el presente, ello importará la admisión de veracidad de la plataforma fáctica del litigio y consecuente deber del Magistrado de limitar la función valorativa a los aspectos jurídicos de la causa, sin necesidad de indagar sobre los hechos con el rigor que se impondría frente a la oposición de argumentos o defensas tendientes a desvirtuarlos o lisa y llanamente negarlos. De modo que, precisamente por esa ausencia de negativa y ante la total falta de elementos que den cuenta de una realidad disímil, no existe en el sub examine razón alguna para no tener por cierto las manifestaciones vertidas por la actora, (a excepción de la diferencia de haberes, multa del art. 9 de la ley 24013 y multa Art. 80 de la LCT, sobre los que me expediré infra), conforme la consecuencia de la rebeldía declarada, la que se encuentra firme y la manda de los arts. 36 de la ley 5631 y 329 del CPCyC.

 

Es así que el silencio en el que incurrió la parte accionada comporta una conducta de las previstas por las normas precitadas, con las siguientes consecuencias: a) Se presumen ciertos los hechos lícitos invocados por la actora en su demanda; b) se tienen por reconocidos o recibidos los documentos acompañados en la diligencia de notificación, en tanto de la secuela posterior de la causa no surgieran pruebas en contrario: Si la demanda no ha sido contestada corresponde: a) declarar la rebeldía del demandado, si no ha reconocido; b) darle por perdido el derecho de contestar la demanda... En todos los casos es aplicable la sanción de tener la incontestación de la demanda como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refiere, pero ello no es obligatorio para el juez, ni exime siempre al accionante del onus probandi (Santiago Fassi, “Cód. Proc. Civil y Comercial Comentado”, T. 2, pág. 15).

 

Agregando nuestro Superior Tribunal de Justicia: “la rebeldía no releva al juzgador de ponderar ciertos hechos en los que se sustenta la pretensión. Es decir, no se sigue sin más de una rebeldía la intrínseca razón de lo pretendido por el actor” si bien es cierto que el art. 30 de la Ley 1504 -in fine- permite presumir como ciertos los hechos lícitos afirmados por el actor, salvo prueba en contrario, también lo es que ello no releva al juez de la obligación de dictar una sentencia justa, según el mérito de la causa”. Es que la rebeldía no puede tener el efecto de acordar un derecho a quien carece de él. Es necesario que el magistrado esté convencido de la verdad de los hechos afirmados, independientemente del silencio o rebeldía del contrario. Y por tanto la presunción favorable a quien obtuvo la rebeldía debe robustecerse con otros medios de prueba (cfr. Díaz Solimine, Teoría y Práctica del Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, Tomo I, Cap. XXIII, Teoría General de la Prueba; 14. La prueba en el proceso en rebeldía; LA LEY, Bs. As., 2007; pág. 756/757)”. “DIAZ, CRISTIAN EDUARDO C/ EVANGELISTA, GASPAR LUCAS S- SUMARIO (M 1477/10) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” Se. 63/15.

 

Por su parte, cabe tener en cuenta que los efectos procesales de la rebeldía se han ampliado con la redacción del art. 54 del CPCC (Ley 5777), de aplicación supletoria al fuero, pues según dicha norma la rebeldía una vez declarada y firme, provoca la eximición de la acreditación por parte del actor de la verosimilitud de los hechos que invocó, con el único límite representado por la posibilidad de que esos hechos resulten inverosímiles, o el que emana del ejercicio de la participación directa y activa del juez de la causa, en tanto la norma establece que ello es "sin perjuicio de las facultades que otorga al juez el artículo 34, inciso 2º" del nuevo Código. Ello importa la posibilidad de que el juez conmine a la parte a la acreditación de alguna circunstancia que aparezca dudosa o confusa pese a la rebeldía del demandado, de suerte tal que el juez por sí -sin necesidad de que exista requerimiento de parte- puede ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la veracidad de los hechos que hubieran invocado..." (Cfr. Roland Arazi, Jorge Rojas -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro, Editorial Rubinzal, Culzoni, Edición 2007, pág. 42).

A partir de lo expuesto, debe tenerse por cierto que la actora trabajó en el lugar, época y categoría invocadas y que por ende se deberá liquidar los rubros por antigüedad, omisión de preaviso, SAC sobre preaviso, integración mes de despido, SAC sobre integración mes de despido, más los días del mes de enero 2024 trabajados hasta la extinción del vínculo, los mismos constituyen obligaciones legales de cumplimiento forzoso y automático por parte de la demandada, por cuanto devienen impuestos por el orden público laboral por el hecho simple de la prestación de servicios en relación de dependencia y su distracto indirecto.

Diferencias salariales: Si bien la actora reclama este rubro, no ha logrado probar en autos, que montos percibió en los meses que reclama y cuales serian las diferencias salariales pretendidas. No ha detallado ni cuantificado las mismas mes a mes, lo que no permite su correcta individualización.

 

Tampoco resulta claro si la actora cobró lo que surge de la informativa de ARCA, que serían montos superiores a lo que pretende como diferencias salariales, e inclusive se desprende de dicho informe, aportes pagos de meses posteriores al distracto. Si bien esta informativa solamente es meramente indicativa por que indica lo datos que denuncia la empleadora ante los organismos tributarios, hace imposible corroborar la petición, por lo que mi voto es rechazar este rubro. 

 

 

Los Dres. López Mesa y Trigo Represas en “Tratado de la Responsabilidad Civil- Cuantificación del daño”, Editorial La Ley, Edición 2006, pág. 115, señalan que: “...La indemnización por daño moral tiene carácter de bien propio y no ganancial, desde que su objeto es indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que poseen un valor fundamental en la vida del hombre, tales la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos...No implica ello que se le esté pagando el dolor, sino que se intenta con ello aplacar el sufrimiento de la víctima, buscando que con ello la víctima se distraiga, ocupe su tiempo y su mente en otra cosa distinta que mortificarse y así supere su crisis de melancolía. Un sucedáneo o placer compensatorio o sustitutivo no representa el dolor, sino que es un medio para combatir los males creados por el dolor (tristeza, apatía, tensión nerviosa, etc.)...".

La actora cuantifica el daño moral en la suma de $ 300.000 y los sustenta en lo normado por los art. 1740 y 1741 del CCCN. El que ha sido probado conforme pericia psicologica agregada en autos, la que se encuentra forme y consentida.

 

Sin perjuicio de ello en el presente caso voy a tener en cuenta para cuantificar el daño los factores objetivos y subjetivos, estimativos del sufrimiento que ha padecido y seguirá padeciendo el resto de su vida la actora.

 

Entiendo que aquí no se está solamente de cara a la aflicción natural de un mujer que en la plenitud de su vida activa queda totalmente privada de su capacidad física necesaria para el desenvolvimiento en todos los órdenes de su vida, pues aquella se agrava por encontrarse frente a una circunstancia de desatención, negligencia, descuido de quienes contando a su alcance con los medios adecuados para evitar semejante magnitud de perjuicio se los negaron. Todo ello surge de la pericial psicológica practicada en  autos, en cuanto el perito psicólogo dictamina que la actora padece de "Reacción Vivencial Anormal Depresiva . Según el DSMV la peritada presenta un Trastorno depresivo persistente (Distimia) 300.4", producto de un proceso de acoso sistemático y sostenido en el tiempo que busco generar un situación de desgaste y que por el malestar progresivo termino generando la licencia psiquiátrica y el rechazo posterior a retomar su trabajo por parte de la gerencia de Moto Flex que fuera identificado bajo el nombre de Bruno Sánchez y de sus compañeros de trabajo. 

 

Por ello, voy a tener en cuenta -para cuantificar el daño- los factores objetivos y subjetivos que me permiten inferir estimativamente el sufrimiento que ha padecido por la actora derivado fundamentalmente de la merma gradual de sus capacidades, las aflicciones espirituales, la intranquilidad padecida, la sensación de disminución física con la consiguiente disminución en las posibilidades laborales. A ello además se le agrega la lógica incidencia en su vida en relación al grupo primario y a la pérdida de expectativas y proyectos; el abandono sufrido -por el empleador-, todo lo cual me persuade de aplicar por el concepto una suma de $ 1.000.000 calculado al momento del dictado de la presente sentencia, sin perjuicio de los intereses que corresponden desde el momento del daño, suma esta de la que es responsables de su pago la empleadora, Gestiones Comerciales Flex SAS. 

 

Intereses aplicables al daño moral: Serán los establecidos conforme doctrina legal en Barros Luisa del Carmen C/ QBE Argentina ART S.A. S/ Accidente de Trabajo S/ Inaplicabilidad de Ley" (Expte. N° 28504/16-STJ), en fecha 05/09/2017, De ahí que se estimará (como en la totalidad de los pronunciamientos dictados desde aquel precedente) en un 8% anual desde el hecho dañoso, sin perjuicio de dejar a salvo que los intereses posteriores a la fecha hasta la cual aquí se calculan (14-04-2026), y que habrán de devengarse en las condiciones de lo dispuesto por el art. 55 de la ley 27802. 

 

-Daño Moral.....................................................................................$  1.000.000,00
-Int. daño moral desde el 23-01-2024 (2 a, 2 m y 22 d)...................$     164.902,21   
-Total daño moral al 14-04-2026...............................,,,,...................$  1.164.902,21

 

Antes de adentrarme en el análisis de las siguientes multas peticionadas debo decir que este marco normativo también sufrió reformas en forma posterior a la extinción del contrato de trabajo, siendo relevante resolver aquí en concreto, si ello constriñe a las partes del conflicto.

 

Sobre este sistema de agravamientos se produjo también modificaciones a partir de la sanción de la Ley de Bases N° 27742 que en su art. 237 establece: "Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, salvo en los capítulos o títulos en donde se señala lo contrario". Dado que la ley citada fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 8 de julio de 2024, la misma comenzó a regir el 9 de julio de 2024.  Así siguiendo a Formaro: "...Siguiendo la misma lógica, el agravante del art. 2 de la Ley 25323 se habrá devengado si antes de la fecha señalada se hubiera intimado a abonar las indemnizaciones, obligando a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa obligatoria para su percepción...“.- ("La aplicación temporal -art. 7, CCC- de la reforma laboral Ley 27742", Formaro Juan José, Rubinzal Culzoni, Cita: RCD 435/2024).

En este sentido transcribo reciente jurisprudencia de la CNAT, a saber que comparto: "En vista de la entrada en vigencia (parcial) de la Ley 27742, se debe señalar que el derecho al cobro de las indemnizaciones y agravamientos indemnizatorios reclamados en función de las Leyes 25323 y 25345 -esta última modificatoria del art. 80 LCT, ha quedado perfeccionado en el caso con notoria anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, por lo que siendo la sentencia emitida al respecto declarativa y no constitutiva de derechos, corresponde aplicar al presente la normativa vigente al tiempo de sucederse los hechos sometidos al juzgamiento". (Cordini Juncos, Martín Alejandro y otros vs. Comisión Nacional de Regulación del Transporte s. Despido/// Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, 08/08/2024; RC J 8198/24). 

 

Mismo argumento que lo expuesto precedentemente, respecto de la ley 27.802 de "Modernización Laboral", en cuanto a que, y reitero, las normas legales vigente se presumen conocidas, cuanto porque incumbe al Juez la calificación jurídica de los hechos alegados por la partes con prescindencia de los puntos de vista que el respecto éstas pueden sustentar (iura novit curia) y que además se seguirán vinculando con el carácter declarativo de la sentencia que aquí se dicta, que no crea un derecho nuevo, sino que reconoce o rechaza el existente al consolidarse la extinción del contrato.

 

Es por todo ello que este Tribunal comparte el análisis desarrollado por la CNAT, por lo que se considera inaplicable el cambio normativo al caso concreto.

 

La Dra. María del Carmen Vicente dijo: Que comparto el análisis de los presupuestos fácticos y de la prueba  efectuada en relación al despido indirecto en el voto rector de la estimada Dra. Perramón.

Sin embargo, disiento con la procedencia del “Daño Moral” reclamado a partir un presunto maltrato o mobbing laboral. Doy razones:

Como sabemos el art. 32 de la Ley 5631 detalla los requisitos que debe tener la demanda como acto formal de petición, tal es así que la demanda debe bastarse a sí misma y resulta ser una pieza fundamental del reclamo que se realiza en los hechos y el Derecho aplicable, aunque en este último supuesto rige el principio iuria novit curia, con sus limites.

Ahora bien, esta norma en su inciso d) indica “Los hechos en que se funda, expresados con claridad”, al respecto la doctrina dice “...adoptando así el principio de “sustanciación”, esto es la narración afirmativa de los hechos más o menos detallada, según las circunstancias del litigio, sobre la cual deberá expedirse el demandado reconociéndolos o negándolos categóricamente. En el proceso laboral, el actor ( y en su caso, el demandado) tiene la carga de la afirmación, por lo que debe relatar todos aquellos acontecimientos concretos, espacial y temporalmente determinados de los cuales pueden deducirse los presupuestos de las normas jurídicas que amparan o protegen una situación jurídica determinada, sin perjuicio de que en el fuero laboral el juez pueda fallar ultra petita...” (Enrique M. Falcon “Tratado de Derecho Procesal Laboral, Tomo I, pag. 618, Edit. Rubinzal Culzoni).

En el ejercicio de la función jurisdiccional se debe transitar por los rieles establecidos en la norma procesal, que asegura el cumplimiento de la contradicción y garantías de las partes en el proceso. Y una vez mas, como lo hice tantas otras veces, recurriré a la sabiduría del procesalista Isidro Eisner en el artículo publicado en L.L. 150-984 y sgs, titulado "¿Cuales son los "nuevos hechos" invocados en el responde que permiten ampliar la prueba ofrecida por la demanda en juicio sumario?" que dice al tratar la carga de la afirmación y la teoría de la sustanciación lo que sigue: "...La carga procesal puede definirse como una situación jurídica instituida en la ley, consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él...Los hechos son el fundamento del derecho. Como tal, deben ser expuestos con todo detalle y concreción. No se olvide que sobre ellos habrá de versar el pleito, las alegaciones de las partes, la prueba y la sentencia...El hecho...debe ser precisado claramente ya que sobre su procedencia o improcedencia versará el debate y, en su hora, la sentencia. Esta debe estimar el mérito de la pretensión deducida y el de la resistencia y no podrá juzgar sobre otra cosa, dando mas ni distinto que lo pedido y discutido, por ser ello lo que exigen el sistema dispositivo, el principio de congruencia y la garantía de la defensa en juicio...no será suficiente con mencionar la figura o relación jurídica por su nombre técnico (ni a la acción en su sentido tradicional por su denominación), sino que habrá que relatar los acontecimientos de la vida que permitan conocer cómo se ha producido en la especie, la situación relevante para el derecho. Al menos los hechos fundamentales...Cuando los hechos alegados no son admitidos por el adversario, ni son notorios o favorecidos por una presunción de la ley que los tenga por ciertos bajo determinados supuestos, entonces será necesario probarlos de modo que el juzgador, alcance suficiente convencimiento sobre la exactitud de los mismos, o de las afirmaciones que los contienen. La carga de la prueba es el imperativo que pesa sobre uno de los litigantes de suministrar la prueba de un hecho controvertido mediante su propia actividad, si quiere evitar la pérdida del proceso...cuando el juez advierte que un hecho controvertido, de importancia en la causa, ha quedado sin justificar, no resultando que haya sucedido ni que haya dejado de ocurrir, recién entonces buscará guía y mandato en las normas sobre la distribución de la carga de la prueba y rechazará la pretensión de aquella parte que tenía interés en afirmarlo por valer de sustento a la misma y al derecho invocado...".

Desde esta perspectiva, en caso como el presente donde se ha declarado la rebeldía de la parte demandada, como señala la Dra. Perramón al momento de tratar este instituto es “... Se presumen ciertos los hechos lícitos invocados por la actora en su demanda...”, esto proyectado en la teoría de la sustanciación implica que debemos tener claridad sobre los hechos invocados, y distinguir los lícitos de los que no lo son, y con ello determinar a quien la corresponde la carga de la prueba y la necesidad de la misma o no.

En este caso en la demanda puntual, sobre el maltrato laboral, relata: “ ...A pesar de que la trabajadora prestaba sus tareas en forma diligente y en total lealtad para con su empleadora, aquella ejercía actos de maltrato, exigiendo rendimientos cada vez mayores, hostigando a la trabajadora para que cumpla con tareas que no le correspondían por su emplazamiento, todo en un clima laboral de maltrato generalizado...”. Relato genérico que se plasma en el intercambio postal, y que la llevan a que se configure el despido indirecto.

Hecho que puede conformar una justa causa que resulta atendible a los fines indemnizatorios del despido indirecto, esto desde la mirada de la injuria laboral (arts. 62, 63 y 242 de LCT) desde la perspectiva patrimonial y moral, que llevaron a que la actora tomara la decisión extintiva, y genere el derecho indemnizatorio tarifado previsto por la LCT.

Pero considero que falta claridad sobre los hechos y que las afirmaciones no cumplen con la teoría de la sustanciación respecto del maltrato o mobbing laboral, dado que estamos ante una persona jurídica, por lo que debió informar quien era la/s persona/s a cargo, quien/es ejercían maltrato, mencionar fechas, conductas desplegadas, los hechos puntuales de hostilidad o arbitrariedad, en que consistían las excesivas exigencias que mencionan, entre otros detalles importante para el juzgador, a fin de valorar el hecho y su admisibilidad jurídica.

No basta con tratar en un largo capítulo “VI.- AGRAVANTES DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DESPIDO.HECHOS DE MOOBING/BURNOUT”, con un análisis doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable al caso, sin describir las conductas abusivas que le ocasionaron el daño moral que reclama, y en función de ello las pruebas a tal efecto.

Si bien se produjo una pericia psicológica esta informa hechos y describe personas que no han sido parte de los presupuestos fácticos de la demanda, por lo que considero que no puede una prueba suplir la carga procesal de la parte de postular claramente los hechos en los que funda su pretensión.

La jurisprudencia ha dicho: “...La presunción legal consagrada en el artículo 71 de la Ley Orgánica para el supuesto de rebeldía del demandado, se proyecta exclusivamente sobre los hechos invocados, pero no sobre las consecuencias jurídicas que de ellos extrae la parte actora ni tampoco sobre los rubros de la liquidación practicada al demandar (CNAT, Sala V, 16-7-2004, DJ 2004-3-1061); por otro lado la presunción de veracidad que dimana de los normado por el artículo 71 de la Ley Orgánica tiene carácter relativo, es decir, que se proyecta sobre los hechos lícitos, normales, posibles y verosímiles denunciados en el escrito de inicio, es decir aquellos que se compadezcan con lo que normalmente acontece en el ámbito del vínculo laboral, según las características de la relación concreta invocada (CNAT Sala II, 26-6-2002, D.T. 2002-B-1547).

A su vez, ha dicho: “...Para que el concepto de “mobbing” tenga favorable recepción individual y subjetiva -hechos inobjetables- que denoten que había sido pasible de violencia psicológica por parte de su superior y acreditase haber comunicado tal situación a los responsables de la demandada a fin de que intermediaran en la reparación del conflicto (art. 63 LCT.” (CNAT Sala IX Expte. N°2487/08 Sent. Def. N° 15.884 del 30-09-2009 L.D.,L. C/ Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires s/ despido” (Fera- Balestrini).

A tenor de lo señalado y estando basada la reclamación deducida en la normativa de derecho civil, resulta pertinente recordar que como acertadamente lo indica Zavala de González, cuando se reclama en base al derecho común, la prueba del hecho lesivo constituye uno de los extremos esenciales en todo juicio de daño, toda vez que la noción de daño resarcible se vincula precisamente en la existencia de un hecho lesivo que además- deber causa adecuada y resulta imputable el obrar antijurídico a otra persona, toda vez que ningún perjuicio se indemniza en el vacío, sino en vista de un concreto antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad, por ejemplo: si el hecho ha lesionado un interés del actor, si es antijurídico, si su autor lo ejecutó culpablemente y si tiene idoneidad suficiente como para haber causado adecuadamente el daño ( conf. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, 2° edición, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1997, t. 3, p. 138).

En función de todo lo expuesto mi voto es propiciando el rechazo del rubro daño moral reclamado, con imposición de costas a la actora.

Llegado el turno de emitir su voto, el Dr. Juan Ambrosio Huenumilla, dijo: Tal como viene planteado el Acuerdo, considerando que mis dos distinguidas colegas han votado en el mismo sentido sobre la mayoría de los temas a decidir, existiendo disidencia solamente en lo referido a la pretensión de la actora sobre el rubro daño moral.

De esta manera se acota el tema sobre el que debo opinar, analizando el marco probatorio colectado en el expediente, que posee la particularidad de haberse tramitado con la demandada en rebeldía.

En la etapa probatoria se realizó una pericia psicológica, cargo del Lic. Sebastián Sotelo, la que no recibió impugnaciones, y este hecho procesal conlleva la conclusión de que la pericia fue consentida por las partes.

Este ha sido mi criterio en otras causas, partiendo del caso "CONTRERAS HECTOR SANTOS C/ LA SEGUNDA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (L)" (RO-05251-L-0000), sentencia del 08-08-2019. El criterio fue avalado por el Excmo. Superior Tribunal en ese mismo expediente, caratulado "LA SEGUNDA ART S.A. S- QUEJA EN: CONTRERAS, HECTOR SANTOS C/ LA SEGUNDA ART S.A. S- ACCIDENTE DE TRABAJO S/ QUEJA", en la resolución del 30-10-2020.

Allí el Superior Tribunal dijo: "Valga entonces lo expuesto para corroborar que los agravios elevados no resultan conducentes para lograr la revisión y anulación de lo decidido por la Cámara, con asidero en las constancias del expediente y en el cauce de la normativa aplicable. A ello cabe sumar que la ahora recurrente consintió -no impugnó- en su momento el dictamen pericial, tal como lo puso de manifiesto el Tribunal de origen al denegar el Recurso de Inaplicabilidad de ley".

Y finalizó sopesando: "Por el contrario, en el caso puntual que ahora nos ocupa la Cámara del Trabajo tomó en cuenta el informe médico y el dictamen pericial para determinar con exactitud la enfermedad que padece el actor y el grado de incapacidad que ella le provoca. Con base en tales elementos, tuvo por cierta la existencia de nexo causal entre las circunstancias laborales y la enfermedad profesional, la que -también sostuvo- se encontraba incluida en el listado del Decreto 659/96 (cf. STJRNS3: Se. 81/11 "Guzmán")".

Así las cosas, debo tener por ciertos los padecimientos informados por el perito, quien además aplicó técnicas destinadas a verificar la presencia de simulación, la que fue desechada en el caso concreto. Ergo lo relatado aparece como verosímil. 

La Dra. Perramón en su voto ha desarrollado y transcripto las partes pertinentes de la pericia, donde se informan los actos de acoso laboral que padeció la actora y las secuelas directas en su salud psicológica. Entonces habiendo sido víctima de malos tratos, surge el derecho a ser reparada por el daño moral que reclama.

Por lo analizado, y manteniendo el criterio sobre la validez e importancia procesal de una pericia no impugnada, adhiero al voto de la Dra. Perramón, propiciando hacer lugar al daño moral, tal cual fuera estimado en el primer voto de esta sentencia. TAL MI VOTO.