Fallo Completo STJ

De su contenido, que se erigen como doctrina obligatoria, en lo que aquí concierne textualmente resulta: "Como se expresa más arriba, no escapa al conocimiento de éste Cuerpo que la Tasa de Interés actualmente vigente, establecida en el precedente "Fleitas", no recompone de modo íntegro en la actualidad el daño producido por la mora; especialmente en periodos transcurridos con una situación de inestabilidad económica del país, que es de público conocimiento.

La aspiración ha sido siempre establecer como Doctrina Legal un interés que cumpla, además una función moralizadora, evitando que el deudor se vea premiado o compensado con una tasa mínima, porque ello implica un premio indebido a una conducta socialmente reprochable / STJRN: Se, 43/10 "Loza Longo"; STJRN3: SE 105/15; Jerez; Se. 76/16 "Guichaqueo" y Se 62/18 "Fleitas".

En consecuencia, se impone adoptar, con carácter de nueva Doctrina Legal, la tasa nominal anual (T.N.A.) establecida por el banco Patagonia - Agente Financiero de la Provincia - para préstamos personales Patagonia Simple.

Dicha Tasa es aplicable a los procesos que no cuenten, al momento de la presente, con sentencia firme y consentida sobre el punto. Regirá a partir de Mayo de 2023 momento en el cual la degradación de la moneda más se aleja de la recomposición que ofrecía la Doctrina del precedente Fleitas."

Delimitado de esa forma el marco de aplicación de la nueva doctrina legal obligatoria en materia de intereses moratorios (tasa), y surgiendo del análisis de estos autos que en fecha 02/09/2021 se dictó sentencia definitiva, poniendo fin allí a la discusión sobre la contienda suscitada entre las partes y en donde expresamente se determinó la tasa de interés aplicable al monto de condena, solo cabe poner de resalto que tal pronunciamiento se encontraba firme y consentido (e incluso en etapa de ejecución de sentencia) a la fecha del pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia en la causa "MACHIN".

Por ende, en consonancia con la jerarquía constitucional que se reconoce a la cosa juzgada por su directa relación con los derechos de propiedad y defensa en juicio, aparte de la seguridad jurídica, entiendo que no resulta de aplicación en estos autos la tasa de interés allí establecida -sino la anterior vigente "FLEITAS"-, correspondiendo en consecuencia también en este punto hacer lugar a la impugnación de planilla efectuada por la ejecutada.

 8.- En tercer lugar, cabe determinar si la aplicación de la multa del 10% fijada por la Cámara de Apelaciones en su resolución de 03/07/2024 incluye todas las costas generadas en el pleito, o si solamente se proyecta sobre el monto de condena propiamente dicho (o principal), considerando tal al crédito por capital e intereses reconocido en la sentencia definitiva a la parte actora -Quatro SRL- y que se condenó a pagar a la demandada -Rental Equipamientos S.R.L.-

Al respecto, en el punto 12) de esa sentencia de segunda instancia, quedó expresado: "..fijar como sanción a la demandada “Rental Equipamientos S.R.L.” una multa del diez por ciento (10%) sobre los importes de condena, a calcular con sus respectivos intereses incluidos, y en favor de la actora (art. 34 inc. 6, art. 45 y ccdtes. del CPCC)...."

Aunque sin ser el autor, ni por lo tanto el interprete directo de dicha expresión, del mismo modo que la parte ejecutada entiendo que los importes de condena a los que allí se alude comprenden el capital que se condena a pagar a la deudora, con sus intereses respectivos. Es decir, $2.987.913,50 por facturas impagas, más la suma de $7.417.842,33 por intereses devengados y calculados hasta la fecha de la sentencia (en total $10.405.783,83), como así también los devengados con posterioridad. Quedando afuera todo lo atinente a los gastos causídicos (tasa, sellado, contribuciones, carta documento, diligenciamientos, anotación de embargo, etc.) y a los honorarios profesionales.

En este último aspecto entiendo que lo dicho por la Cámara es claro en cuanto refiere, sobre la multa, que es "en favor de la actora" (sin ninguna mención que incluya a los letrados).

9.- Por último, queda establecer si corresponde descontar de la suma adeudada los importes correspondientes a los embargos trabados en autos sobre fondos existentes en cuentas bancarias de la ejecutada. 

Conforme surge de las constancias de autos, en fecha 15/05/2024 el Banco Patagonia informó que ha sido trabado embargo a Rental Equipamientos SRL  por un monto de $13.405.783,83; los cuales fueron transferidos a la cuenta pertenecientes a este juzgado y puestos a plazo fijo mediante providencia de fecha 23/05/2024, a solicitud del Dr. Kohon (quien en esa oportunidad aclaró que tal embargo fue ordenado al momento de despacharse la ejecución de sentencia, esto es, con anterioridad al decreto de la suspensión de la subasta).

Ahora bien, sin perjuicio de encontrarse en curso, o mejor dicho en estado de proseguirse el trámite de la subasta decretada sobre el bien inmueble de la ejecutada -proceso de carácter forzoso- (el cual fue suspendido a raíz del la incidencia generada), las sumas embargadas en ningún momento fueron dadas en pago como afirma la deudora en su escrito impugnatorio y en las fechas mencionadas. 

Cabe tener en cuenta que conforme dispone el art. 531 del CPCC, la suma presupuestada para intereses y costas queda sujeta a la liquidación definitiva. De modo que, aunque hubiese cumplido la ejecutada con el depósito de manera oportuna, abonando lo adeudado por capital ($10.405.755,83), más la suma presupuestada provisoriamente para intereses y costas, o inclusive una suma mayor, no es posible otorgar a ese pago carácter liberatorio (como pretende la ejecutada), sino hasta tanto exista planilla liquidación aprobada y firme, y solo en la medida que lo depositado resulte suficiente para cubrir el importe total de la liquidación. 

Relacionado con ello, el art. 561 del CPCC dispone que  "Cuando lo embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza a que se refiere el artículo 555, el acreedor practicará liquidación del capital, intereses y costas, de la que se dará vista al ejecutado. Aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare. El acreedor podrá solicitar la percepción del capital con reserva de las sumas que resulten de intereses y costas de la liquidación." 

De lo que se sigue que, previo a la eventual o posible ("podrá") solicitud de fondos del acreedor, necesariamente debe practicarse, sustanciarse y aprobarse la liquidación. Actos procesales que no se produjeron, sino recién con motivo de la la planilla ahora tratada.  

Por otro lado, el acreedor no está obligado a recibir una prestación distinta a la debida (cualquiera sea su valor), ni a recibir pagos parciales (art. 867, 868 y 868 del CCyC). Por lo cual los depósitos parciales constituyen actos que, por sí solos, no revisten la calidad de extintivos y sus efectos recién se perfeccionan cuando el acreedor acepta el pago incompleto (supuesto no verificado en el caso).

Además, si el pago consiste en una suma de dinero con intereses, únicamente será íntegro al incluir el capital y los intereses totales hasta la fecha de su efectivización (art. 865 de la citada norma legal).

No obstante lo expuesto, en el caso particular -reitero- la deudora no dio en pago suma alguna, sino apenas de modo implícito y recién en esta instancia, al pretender de manera unilateral e improcedentemente que se detraiga de la liquidación el monto de las sumas retenidas (dinero embargado), y además con sus intereses desde que se efectivizó la medida.  

En este punto claramente no puede receptarse el planteo impugnatorio, sin que ello impida que una vez que exista liquidación aprobada y firme se puedan aplicar los fondos embargados, incluyendo los intereses que se hayan devengado por su imposición a plazo fijo, como pago a cuenta de lo adeudado, siempre que así fuera admitido por los acreedores (cfr. citado art. 561 CPCC), , 

10.- En definitiva, según las pautas expuestas, que mayormente receptan lo que fue materia de impugnación por parte de la ejecutada (con excepción de los "pagos" o embargos que imputó como débitos), la planilla resultante al 31 de agosto de 2024, y en mi opinión correcta, es la siguiente:

 Detalle de los Cálculos:

11.- En atención al modo en que se resuelve, teniendo en cuenta la procedencia parcial de la impugnación de la ejecutada y la medida o proporción de la consiguiente desestimación de la planilla efectuada por los acreedores ($165.870.336,66, es decir excediendo en $114.557.282,16 el monto de la liquidación aprobada), las costas se distribuirán en un 70% a cargo de la parte ejecutante y en un 30% a cargo de la ejecutada.

En el caso de los ejecutantes (70%), según la proporción que entre ellos mismos corresponda distinguir y asignar al crédito de QUATRO S.R.L. y al propio de cada uno de los letrados también ejecutantes y parcialmente perdidosos en la incidencia.

En materia arancelaria, se computará como monto base $114.557.282,16.- definido por la diferencia entre la planilla impugnada y la que en definitiva se aprueba. Y la regulación de honorarios se practicará según las pautas que rigen para los incidentes, tal como remite para supuestos como los del caso el art. 504 segundo párrafo del CPCC.

Teniendo en cuenta que la actuación de la Dra. María Laura Kohon en la incidencia se limitó a practicar y suscribir por sí (causa propia) la planilla de liquidación que incluyó su crédito por honorarios, se le asignará un 10% de lo que corresponda regular a los letrados de la parte ejecutante, y el restante 90% al Dr. Carlos Kohon. 

Por todo ello, RESUELVO: